El niño E, de 13 años en ese momento, caminaba para encontrarse con su madre en el centro de Rio Verde, una ciudad de 225 000 habitantes en el estado de Goiás, cuando dos hombres comenzaron a correr tras él. Todo sucedió el 16 de marzo de 2020. Asustado, corrió aproximadamente cinco manzanas hasta que logró despistar a los dos hombres y llamó a su madre después de esconderse en una tienda. El caso habría sido solo otro triste episodio de discriminación en Brasil si no fuera por el impacto de las redes sociales.

Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial grabaron el video de la persecución, y una página de Facebook lo filtró con la falsa acusación de que el adolescente estaba cometiendo robos en la región. “Tuve que presentar una denuncia para que se retirara el vídeo porque mi hijo empezó a recibir amenazas en las redes sociales. Estaba desorientado. Muchos comentarios maliciosos. Era un adolescente”, cuenta Shirlei Severino de Jesus, madre del adolescente, en entrevista a la coalición de la investigación colaborativa y transfronteriza La mano invisible de las Big Tech, una investigación liderada por la Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El caso del chico E, es uno de los 289 procesos judiciales analizados durante esta investigación y que involucran a las grandes tecnológicas que se tramitan en el STJ (Tribunal Superior de Justicia) y en el STF (Tribunal Supremo Federal). “Todo el mundo se sentía con derecho a decir cosas agresivas. Ni siquiera podía dormir”, se desahoga Shirlei, cuando contó que envió a su hijo a pasar casi un año con familiares en otro estado debido a la repercusión del video en la ciudad donde vivían.

La exposición llevó a Shirlei Severino de Jesus a acudir a los tribunales de Goiás no solo contra los responsables de la difusión del video, sino también contra Facebook, la plataforma utilizada para difundir la falsa acusación. La petición era que se eliminaran las publicaciones y que los responsables, entre ellos la megacorporación estadounidense, fueran condenados a pagar una indemnización de 41 800 reales brasileños (una US$7600) por daños morales.

Sin una regulación efectiva de las responsabilidades de las grandes empresas tecnológicas, el juez responsable del caso entendió que la empresa del multimillonario Mark Zuckerberg no tenía ninguna responsabilidad en el caso, que contraviene principios de protección de la infancia previstos en la legislación brasileña. Además, castigó a la madre del niño —Considerado pobre por el propio juez que aceptó su declaración de falta de recursos para cubrir los costos del proceso — con una multa equivalente al 10 % del valor de la causa, es decir, 4100 reales (unos US$760).

Los tribunales superiores brasileños han recibido en los últimos años cientos de demandas relacionadas con las grandes tecnológicas, y este proceso es solo una de ellas. La falta de normas claras sobre la responsabilidad de las plataformas y su omnipresencia en la vida cotidiana de los 212 millones de brasileños han creado un campo fértil para que se cometan delitos, desde ataques a la honorabilidad hasta estafas. Además, dificulta las investigaciones penales e incluso respalda casos de competencia comercial desleal.

Los processos fueron recopilados por la plataforma jurídica Jusbrasil, a pedido de la Alianza periodística para realizar un levantamiento de todos los casos que involucran empresas de tecnología en los Tribunales Superiores de Brasil, la forma más cercana de tener un mapa de los casos más relevantes en los 27 estados brasileños. Revelan el enorme impacto que las redes sociales han tenido en la vida cotidiana de la población brasileña.

El análisis de datos realizado en los processos por esta alianza periodística revela que las principales causas de los procesos que involucran a las grandes tecnológicas son la eliminación de contenidos considerados abusivos y la responsabilidad en casos de estafas virtuales. También hay casos de competencia desleal entre competidores comerciales que utilizan los servicios ofrecidos por las empresas, en este caso, sobre todo Google Adds, una herramienta de publicidad dirigida vinculada al buscador Google.

En total, alrededor del 40 % de los procesos judiciales se refieren a la eliminación de contenidos, ya sean publicaciones en redes sociales, en plataformas como YouTube o incluso anuncios en Google Adds, la plataforma publicitaria del gigante de las búsquedas. Las estafas virtuales representan el 15,5 % del total de las causas. Hay además un dato curioso: una de cada diez demandas se refiere a usuarios excluidos del juego virtual FreeFire; además de demandar a la productora del juego, los jugadores también demandaron a Google, que ofrece la descarga de la aplicación a través de Google Store.

Fraudes virtuales

Empresas como Google y Meta figuran en decenas de demandas relacionadas con estafas virtuales, un tipo de delito en plena expansión en Brasil. Google tiene prácticamente monopolio de los servicios y las búsquedas en línea en Brasil, mientras que Meta controla las redes sociales Facebook e Instagram y, además, la aplicación de mensajería WhatsApp, presente en al menos el 98 % de los teléfonos móviles del país, según estimaciones de consultoras especializadas.

Las plataformas se han utilizado para una amplia gama de estafas virtuales. Desde la venta de productos falsos o inversiones financieras basadas en perfiles pirateados en las redes sociales hasta el anuncio de falsas oportunidades de negocio en las búsquedas de Google.

El caso de Silvano dos Santos Fonseca, un proceso público, muestra cómo perdió aproximadamente 74 000 reales (unos US$13 000) después de que un sitio web fraudulento de subastas de automóviles lo engañó y apareció destacado en las búsquedas relacionadas en Google gracias al pago de anuncios en Google Ads.

La jueza del 1.º Juzgado Civil de Sertãozinho, ciudad del interior del estado de São Paulo, escribió que «es indiscutible que el demandante fue víctima de una estafa, cada vez más extendida en el país, en la que se simula una subasta con el fin de atraer a los consumidores con anuncios de automóviles a precios inferiores a los del mercado, con el objetivo de convencerlos de que realicen un depósito. Sin embargo, el vehículo nunca se entrega».

A pesar de ello, la magistrada consideró que Google, que se benefició del anuncio que hizo posible la estafa, no tenía ninguna responsabilidad en el caso. Fonseca recurrió, pero tanto el Tribunal de Justicia de São Paulo como el STJ mantuvieron la interpretación.

Disputa entre gigantes

Pero no solo hay casos de personas comunes que involucran directamente a las grandes tecnológicas. Las disputas comerciales, protagonizadas incluso por empresas multimillonarias, también se deslizan en las plataformas.

PagSeguro, gigante del sector de pagos digitales propiedad de la familia Frias, que también controla el periódico Folha de S. Paulo y el portal UOL, demandó a Google y a sus competidores GetNet y Mercado Pago, del minorista Mercado Livre, por violación de su marca.

Según la demanda, GetNet y Mercado Pago patrocinaron anuncios en Google Adds en búsquedas sobre PagSeguro, apareciendo por delante de la propia marca en las búsquedas sobre ella.

En la demanda, PagSeguro destacó la responsabilidad de Google en el caso: afirmó que la gran empresa tecnológica «corrobora y estimula la práctica del acto ilícito de los codemandados, ya que permite y/o pone a disposición de terceros la adquisición de la palabra clave «PagSeguro» en la plataforma Adwords, obteniendo beneficios desmesurados», y afirma además que la plataforma acaba «propiciando una cierta autofagia empresarial y creando casi una obligación de contratar el anuncio, incluso para la difusión de la propia marca, bajo pena de que, si no lo hace, lo hará la competencia».

El juez titular del 2.º Juzgado Empresarial de São Paulo aceptó las alegaciones de PagSeguro y prohibió a Google y a las empresas competidoras realizar nuevos anuncios relacionados con las marcas de PagSeguro. En una larga decisión, el magistrado desmontó la tesis sostenida por el buscador de que no tiene responsabilidad sobre el contenido de los anuncios que difunde.

«Evidentemente, al tratarse de una actividad empresarial lucrativa, no parece haber incentivos, al menos hasta el momento y en el plano regulatorio, para que Google presente un diseño más destacado, hasta el punto de alertar, incluso al consumidor más distraído, de que se trata de un resultado de búsqueda dirigido, orientado a la estrategia de marketing de un competidor del producto que imaginaba estar buscando en Internet de forma orgánica y libre», escribe en un fragmento de la sentencia.