Biometría facial, mapeo delictivo y cruce de reportes policiales. Estas son algunas de las apuestas del gobierno de Paraná tras firmar un ambicioso acuerdo con Google Cloud para el uso de inteligencia artificial (IA) en la gestión estatal.

Lo que podría parecer un capítulo más en la transformación tecnológica de gobiernos y empresas enciende alertas sobre un posible conflicto de intereses, según fuentes consultadas por la Agência Pública. El proyecto fue articulado por el secretario estadual de Innovación e Inteligencia Artificial, Alex Canziani, padre de la diputada federal Luísa Canziani (PSD-PR), quien preside la comisión especial encargada de regular la IA en Brasil. Luísa también mantiene cercanía con las grandes tecnológicas: ha viajado al Silicon Valley en al menos dos ocasiones y ha publicado videos abrazando a una lobista de la industria.

Una comisión especial en la Cámara, como la que discute el proyecto de ley de IA (2338/2023), se instala cuando el tema es extenso o debería pasar por varias comisiones simultáneamente. Quien la preside organiza audiencias, asegura que diferentes voces sean escuchadas y, al final, puede influir en el texto elaborado por el relator antes de que llegue al pleno. Se trata de un cargo clave en la construcción de leyes y en la definición de acuerdos sobre determinados temas.

US$ 1,2 millones para IA en Paraná

El contrato con el gobierno de Paraná, con vigencia de cinco años, fue firmado el 6 de mayo en la oficina de Google Cloud en São Paulo. La ceremonia incluyó la clásica foto de manos estrechadas frente al logotipo multicolor de la multinacional. Allí, con sonrisas y abrazos, el gobernador Carlos Massa Ratinho Junior y Alex Canziani saludaron al presidente de Google Cloud América Latina, Eduardo Lopez, y al líder de proyectos estratégicos de gobierno en Google Brasil, Daniel Mamoré.

La alianza prevé el uso de tecnologías de Google Cloud en áreas como seguridad, tránsito, infraestructura, educación y previsión social, durante 60 meses. Entre ellas se incluyen herramientas educativas para lectura y escritura, además de la implementación de autob iometría facial en el Detran-PR. Según la Agencia Estadual de Noticias (AEN), el contrato también cubre sostenibilidad y seguridad pública, con proyectos de mapeo delictivo y cruce de reportes policiales mediante IA.

También estuvieron presentes los secretarios de Ciudades, Guto Silva; Planificación, Ulisses Maia; Educación, Roni Miranda; Comunicación, Cleber Mata; y el director presidente de la Compañía de Tecnología de la Información y Comunicación de Paraná (Celepar), Gustavo Garbosa.

Créditos: Jonathan Campos/AEN

También asistieron los secretarios de Ciudades, Guto Silva; Planeación, Ulisses Maia; Educación, Roni Miranda; Comunicación, Cleber Mata; además del director-presidente de la Compañía de Tecnología de la Información y Comunicación de Paraná (Celepar), Gustavo Garbosa.

El contrato fue firmado por Celepar, que se convierte en revendedor e integrador autorizado de las soluciones de Google. La ejecución quedará a cargo del Consejo Estadual de Inteligencia Artificial (COIA), presidido por la Secretaría de Innovación e Inteligencia Artificial (Seia).

En una nota oficial, la Seia aseguró que no habrá transferencia de infraestructura crítica ni de datos sensibles, dado que estos permanecen bajo custodia del poder público. Celepar, junto con las dependencias estatales, actúa como controladora, mientras que Google opera como procesador de datos. Según la nota, todo se ajusta a la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD).

Dos semanas más tarde, el gobernador Ratinho Junior firmó un decreto que destina el 10% de los recursos presupuestarios de tecnología, previstos en la Ley de Presupuesto Anual (LOA), al desarrollo de soluciones con IA. Con base en la LOA 2025, el monto podría alcanzar US$ 1,26 millones, con un incremento proyectado para 2026.

El decreto, sin embargo, no establece criterios técnicos ni impone restricciones a proveedores. Además, otorga a la Seia la presidencia del grupo de trabajo encargado de coordinar, planear y aprobar iniciativas financiadas con recursos públicos. La misma secretaría, que ha mostrado cercanía con Google, también podrá invitar a representantes externos de organismos y entidades públicas o privadas a integrar el grupo.

“Este volumen de recursos para formación, contratación y desarrollo de políticas va a beneficiar no solo al gobierno internamente, sino al estado en su conjunto”, declaró el secretario Canziani. “Es una visión clara de transformar cada vez más al estado, que ya es el más innovador de Brasil, también en referencia nacional e internacional en inteligencia artificial”.

Consultado, Google aseguró que “nunca vende datos de clientes o servicios a terceros” y que “no utiliza los datos de clientes para entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin autorización”. Sin embargo, la empresa no respondió sobre el posible conflicto de intereses que involucra a la diputada Luísa ni aclaró si, en este caso, se autorizó el uso de datos para entrenar sus modelos de IA.

La redacción buscó insistentemente a las dependencias responsables del contrato para obtener más información sobre los términos y valores, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta nota. El contrato también fue solicitado vía Ley de Acceso a la Información. Si se emite alguna manifestación, este espacio será actualizado.

Luísa Canziani, la aliada de las Big Techs

Pocos días antes de asumir la presidencia de la comisión que analiza la regulación de la inteligencia artificial en la Cámara, Luísa Canziani apareció sonriente frente al logotipo multicolor de Google en California. En abril de este año integró una comitiva parlamentaria que visitó la sede de la empresa en Silicon Valley.

“Una visita inspiradora a la sede de Google. Innovación, inteligencia artificial, atención primaria, educación médica, asociaciones público-privadas y mucho más”, escribió Luísa en su perfil oficial de Instagram. En las fotos se la ve frente a la fachada de la empresa y posando sonriente entre bicicletas de colores. En otra aparece junto a Daniel Mamoré, líder de proyectos de Google Brasil, el mismo que semanas después participó en la foto oficial del contrato firmado por la compañía con su padre.

En otro video publicado en sus redes, la diputada abraza a la gerente de Relaciones Gubernamentales de la empresa, Roberta Rios, a quien llama “amiga querida”.

Rios es uno de los principales nombres en la actuación política de la empresa en Brasilia. Entre 2024 y 2025, su nombre figura en al menos 11 reuniones con autoridades del gobierno federal. En junio, la gerente de Google fue una de las oradoras en el Café con Autoridades organizado por la Asociación Brasileña de Relaciones Institucionales y Gubernamentales (Abrig), en Brasilia, para discutir la regulación de la IA. En la mesa compartió lugar con el relator del proyecto de ley de IA, el diputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Luísa, Rios y Lopes también coincidieron en el viaje financiado por la Asociación Nacional de Hospitales Privados (Anahp), que los llevó a la sede de Google. Además de ellos, asistieron los diputados Lucas Redecker (PSDB-RS) y Geraldo Resende (PSDB-MS), así como los senadores Dr. Hiran (PP-RR), Esperidião Amin (PP-SC), Humberto Costa (PT-PE) y Efraim Filho (Unión Brasil-PB).

En respuesta a la Pública, la Anahp afirmó que la misión en Estados Unidos es “un evento anual planificado con mucha antelación”, por lo que Luísa aún no presidía la comisión de IA. También subrayó que la invitación fue enviada a todos los partidos, sin selección específica de participantes.

No obstante, este no fue el primer viaje de la diputada a sedes de grandes tecnológicas. En marzo de 2024, Luísa ya había estado en Washington como parte de una comitiva de la Frente Parlamentaria por un Brasil Competitivo (FPBC), con el objetivo de debatir el rumbo de la regulación de la IA. La agenda incluyó varias reuniones estratégicas, con paradas en las sedes de Google, Microsoft, Amazon y Starlink.

La propuesta de la misión, según el documento obtenido por la Pública vía Ley de Acceso a la Información (LAI), fue capacitar a los parlamentarios para “la toma de decisiones y la elaboración de legislaciones relacionadas con la IA en Brasil”. En la comitiva también participaron Marcos Pontes (PL-SP), Adriana Ventura (Novo-SP), Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), Eduardo Bismarck (PDT-CE) y Júlio Lopes (PP-RJ).

El Reglamento Interno de la Cámara establece que los parlamentarios deben presentar informes cuando participan en misiones oficiales. Sin embargo, solo Bismarck y Luísa no clasificaron ese viaje como tal y, en consecuencia, no hicieron público el itinerario que siguieron en Estados Unidos.

“Un momento de mucho aprendizaje, contactos importantes y de personas bien relacionadas en Estados Unidos, en el sector de tecnología, innovación e inteligencia artificial”, celebró Luísa en un video publicado en la cuenta de la FPBC en Instagram.

Desde el inicio de su mandato, la diputada ha acumulado gestos de afinidad con las Big Techs. Entre 2021 y 2022 presidió la Frente Digital, integrada por un grupo de parlamentarios que discuten temas de tecnología e innovación en el Congreso. En la ceremonia de instalación, quien abrió los trabajos fue Fábio Coelho, presidente de Google Brasil desde 2011.

“Tratar a las empresas como villanas, al final, es la salida más perezosa. Ellos están trayendo inversiones, generando empleos e innovación. ¿Y todavía queremos que sobrevivan a un laberinto regulatorio? No puede ser así”, dijo Luísa, según reportaje de Intercept.

Uno de sus primeros movimientos como líder de la Frente fue reunir a representantes de Facebook, Instagram, Google, TikTok, Twitter y Kwai con el entonces presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir el proyecto de ley 2.630/2020, conocido como PL de las Fake News.

Tras casi cuatro años de debate, Lira anunció en abril de 2024 que el texto quedaba archivado, enterrando la iniciativa que había estado más cerca de regular las redes sociales en el país.

¿Regular o liberar por completo?

“Ella es una aliada”, afirmó una fuente interna de una de las empresas tecnológicas consultadas por la Pública. “Está sabiendo comprender los puntos de las empresas de tecnología, y no solo de las extranjeras, sino también de los sectores brasileños afectados por el proyecto de ley de IA”.

Desde el 20 de mayo, Luísa está al frente de la Comisión Especial sobre Regulación de la IA en la Cámara. Apenas asumió, marcó el tono del debate: dos días después de la toma de posesión, enfatizó que los pilares del colegiado serían la libertad de expresión y el desarrollo tecnológico. “Queremos impedir cualquier control sobre lo que los brasileños pueden decir en las redes sociales y fomentar políticas públicas dirigidas a la educación y a la capacitación profesional”, declaró en su cuenta de Instagram.

No era la primera vez que la diputada se manifestaba públicamente en defensa de la libertad de las Big Techs bajo la legislación brasileña. En 2024, durante la tramitación del PL 8889/23, que prevé impuestos para plataformas de streaming como YouTube, Prime Video y Netflix, se posicionó en contra y escribió en redes sociales: “Movimientos que inhiban la innovación y el desarrollo de tecnologías vinculadas a nuevas formas de comunicación en internet tendrán mi NO”.

La defensa de la libertad de expresión como valor absoluto también apareció en septiembre de ese año, cuando Luísa se unió a otros 151 diputados en la petición de destitución del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). La motivación fue la decisión del magistrado de suspender temporalmente la red X (antes Twitter), después de que la plataforma se negara a designar un representante legal en el país, requisito obligatorio para todas las empresas extranjeras que ofrecen servicios en Brasil, de acuerdo con el Marco Civil de Internet y la LGPD.

“Estos proyectos [IA y regulación de las redes] jamás pueden avanzar juntos en la misma tramitación o en un único proyecto. El tema de los derechos de autor tampoco debe mezclarse con la regulación de la inteligencia artificial. En mi opinión, eso debe avanzar en un proyecto específico”, afirmó Luísa en entrevista con la Pública sobre iniciativas en el área de tecnología. La entrevista no abordó su relación con el padre, pues se realizó antes de la firma del contrato.

El tema de los derechos de autor es uno de los que más incomodan a las Big Techs. El proyecto de ley 2338/2023, en la versión aprobada por el Senado, prohíbe el uso de obras protegidas sin autorización y remuneración. Las empresas presionan para eliminar este artículo, argumentando que sería técnicamente inviable diferenciar entre obras protegidas y de libre uso.

En enero de este año, la diputada volvió al tema al celebrar con entusiasmo la decisión de Meta de renunciar al uso de verificadores de hechos en sus redes sociales. “Libertad de expresión, pilar fundamental de nuestra democracia. Qué bueno que esta decisión del CEO de Meta haya ocurrido. Que podamos tener otras decisiones que fortalezcan cada vez más la democracia”, declaró en su cuenta de Instagram. En esa ocasión, Mark Zuckerberg también prometió aliarse con el gobierno de Trump para frenar regulaciones en todo el mundo y mencionó indirectamente al STF al referirse a cortes latinoamericanas.

¿Conflicto de intereses?

Con la hija ya conocida como una entusiasta de las Big Techs, la conexión familiar con el universo tecnológico se profundizó cuando su padre, exdiputado federal con trayectoria principalmente en el área de educación, asumió en junio de 2024 la Secretaría de Innovación, Modernización y Transformación Digital (SEI) de Paraná.

Tras dejar la presidencia del Instituto de Desarrollo de Londrina (Codel), en su primer mes en el nuevo cargo el secretario ya coqueteaba con la agenda de la IA y afirmaba el objetivo de “hacer de Paraná un pionero en la implementación de la inteligencia artificial en el gobierno”.

Diez meses más tarde, ese compromiso se oficializó. La Secretaría pasó a llamarse SEIA —Secretaría de Innovación e Inteligencia Artificial— tras la promulgación de la ley estadual 22.324/2024, que estableció como foco de la dependencia la aplicación de IA en la gestión pública.

Aunque el Reglamento Interno de la Cámara no prohíbe que parientes de primer grado actúen en áreas semejantes, recomienda que los diputados se declaren impedidos en votaciones que involucren intereses personales o familiares. Expertos consultados por la Pública señalan que el caso puede configurar un conflicto de intereses.

“El conflicto de intereses se vuelve difuso justamente porque no hay un beneficio directo. Los parlamentarios no defienden directamente a una empresa, defienden un sector, y eso se camufla como un impulso económico, no necesariamente como un beneficio político directo”, explicó Aryell Calmon, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Brasilia (UnB), investigador de capital político familiar.

Para la profesora de Derecho Constitucional de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Luciana Ramos, “aunque no haya un beneficio directo, sí puede configurarse un conflicto de intereses”. “La ocurrencia de un conflicto de intereses no depende de que exista un daño al patrimonio público ni del recibo de una ventaja o ganancia por parte del agente público o de un tercero”, señaló.

El politólogo y socio de Hold Assessoria Legislativa, André Pereira César, coincidió en que el involucramiento de intereses propios, aunque difusos, debilita la credibilidad del proceso legislativo. “En casos como este, sería esperado que el parlamentario se declarara impedido de participar. Ya hay una base para decir: aquí no vamos a avanzar”, afirmó.

Consultada, Luísa Canziani negó cualquier vínculo entre su trabajo en la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Cámara y las acciones de la secretaría dirigida por su padre.

“Como presidenta de la comisión y diputada federal, busco escuchar y dialogar con todos los interesados e involucrados en el tema: sociedad civil organizada, pequeños, medianos y grandes desarrolladores, trabajadores y entidades gubernamentales. […] Nuestra misión es garantizar que todos los brasileños tengan voz, y trabajamos incansablemente para asegurar ese derecho”, señaló en una nota oficial.

Lobby por el PL de la IA

Aprobado en el Senado a finales de 2024, el PL 2338/23 clasifica los sistemas de IA por niveles de riesgo, prohíbe tecnologías consideradas peligrosas —como el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos— y establece salvaguardas para derechos fundamentales como privacidad, protección de datos e imagen. Ahora la propuesta está en manos de la Cámara de Diputados.

Para las Big Techs, hay mucho en juego. “Estas empresas han creado modelos de negocio totalmente dependientes de datos —de comportamiento, biométricos, de salud. No se trata solo de datos de registro”, explica Rodolfo Avelino, profesor del Insper, especialista en seguridad digital y miembro del Comité Gestor de Internet en Brasil. “Para estas empresas es crucial que no existan restricciones, o que sean mínimas. Primero, para acceder a datos, y segundo, para mantener en funcionamiento su modelo de negocio”.

El lobby es abierto y conocido: visitas a despachos, reuniones privadas, eventos organizados por frentes parlamentarias. “Es el mismo patrón que vimos en el PL de las Fake News […] Estas compañías conocen el Congreso desde dentro. Saben quién es quién, se acercan a los parlamentarios adecuados, ofrecen argumentos, beneficios”, añade el profesor del Insper.

Como reveló la investigación La Mano Invisible de las Big Techs, una coalición de 15 medios internacionales liderada por la Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), estas empresas despliegan diversas tácticas para influir en legisladores de varios países: visitas, presencia constante en el Congreso, invitaciones a viajes.

A fines de abril de este año, parlamentarios brasileños participaron en una cena en Brasilia organizada por la Frente Parlamentaria por un Brasil Competitivo para discutir el rumbo de la regulación de la IA. Durante el encuentro, el diputado Júlio Lopes (PP-RJ) fue claro: “Estamos siempre reunidos para escuchar al sector privado y trabajar por la competitividad de Brasil”, registró el Intercept.

Dos meses después, el 25 de junio, fue el turno de OpenAI, que organizó un evento en la capital federal con más de cien invitados, entre ellos asesores de los diputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator del proyecto, y Luísa. El encuentro terminó con un cóctel de confraternización patrocinado por OpenAI y Alandar, la consultora de lobby que asesora a la multinacional.

El cronograma de la Comisión Especial prevé al menos diez audiencias públicas y eventos regionales hasta noviembre, cuando el texto debe ser votado. Si se introducen cambios, la propuesta volverá al Senado, que tiene la palabra final.

Luísa dijo a la Pública que “respeta mucho el trabajo realizado en el Senado”, pero que “la Cámara, en mi opinión, debe dar la palabra final”.

Si la propuesta es aprobada en ambas cámaras, seguirá a la sanción presidencial, con un plazo de 15 días hábiles para su promulgación o veto. Si hay vetos, el Congreso deberá revisarlos.

“El proceso necesita ser más transparente y abierto a la sociedad civil y a la academia”, defiende Avelino, quien advierte sobre las consecuencias de no contar con regulación. “La regulación no es enemiga de la innovación; solo queremos tener derechos como ciudadanos, de decidir si se otorga o no consentimiento para el uso de nuestros datos […] Privacidad invadida, manipulación de comportamiento, juegos adictivos. Todo eso ya ocurre”.

Colaboración: Laura Scofield