La sintonía política entre los expresidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez quedó plasmada en julio de 2004, cuando firmaron un convenio bilateral por el cual Argentina podía comprar combustible venezolano a bajo precio y depositar sus pagos en un fondo común que llamaron fideicomiso bilateral. Los empresarios argentinos exportarían distintos productos que necesitara Venezuela, desde alimentos hasta ascensores, y se les pagaría con el dinero del fideicomiso. En los papeles era un negocio para todos. En la realidad, el acuerdo alcanzó dimensiones multimillonarias y resultó una llave de oro para unos pocos oportunistas.
Los negocios fomentados por funcionarios kirchneristas, de un lado, y chavistas, del otro, llegaron a superar los US$ 2.500 millones durante más de una década. Fue el pico de la relación comercial entre estos países en sus 200 años de historia.
Empresarios de ambas orillas se hicieron millonarios con la venta de productos con sobreprecios a empresas públicas venezolanas, ante la vista gorda de los funcionarios que facilitaron las herramientas financieras estatales. Esos contratos de compra-venta son aún hoy investigados por la justicia argentina, con sospechas de que contribuyeron a desfalcar el patrimonio público en Venezuela, en medio de la emergencia humanitaria compleja que ya empezaba a padecer ese país.
Una alianza periodística integrada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y Tal Cual tuvo acceso a una filtración anónima de reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Estos documentos revelan los millonarios movimientos de dinero realizados por empresarios luego de vender productos a Venezuela mediante este fideicomiso bilateral. Por primera vez, este equipo periodístico detalla con ejemplos concretos, cuánto dinero ganaron, cómo ocultaron esos activos, en qué bienes invirtieron y, en muchas ocasiones, cómo aprovecharon el sinceramiento fiscal abierto por Argentina en 2016 para blanquear sus fondos sin dar explicaciones sobre su origen.
2.500 millones de dólares se movieron a través del fideicomiso entre Venezuela y Argentina en más de una década.
Los reportes, hasta ahora desconocidos, explican cómo los nuevos “bolichicos argentinos” usaron sociedades offshore y otras maniobras financieras para desviar los fondos públicos venezolanos a la compra de distintos bienes, como propiedades, vehículos de lujo y hasta embarcaciones en Miami. Mientras se sellaban estos negocios, la UIF de Argentina alertó sobre decenas de transferencias bancarias a contramano, es decir, desde cuentas bancarias vinculadas a los empresarios argentinos hacia sociedades en paraísos fiscales, cuyos beneficiarios finales eran venezolanos. Las autoridades sospechaban que estas transferencias podrían esconder coimas.
Los reportes, que abarcan el período 2009 – 2019, fueron construidos con base en información de organismos públicos argentinos, registros privados del exterior y datos enviados por otras unidades de inteligencia financiera de la región y de la FinCEN de Estados Unidos, entre otras fuentes.
Los informes ahora revelados exponen el bloqueo del gobierno de Venezuela sobre las causas judiciales abiertas en Argentina, que demora el trámite de los expedientes. A pesar de contar con información precisa sobre balances, contratos y hasta cuentas bancarias, los tribunales argentinos prácticamente no han avanzado en los últimos años en acusaciones concretas contra ninguno de los empresarios.
En Venezuela ni siquiera se ha anunciado públicamente alguna investigación oficial relacionada con las presuntas irregularidades documentadas por los organismos oficiales argentinos. En un documento judicial al que este equipo tuvo acceso, se menciona una investigación por irregularidades cometidas en el fideicomiso bilateral, pero no han trascendido más detalles al respecto. La fiscalía dirigida por Tarek William Saab tampoco ha respondido a las rogatorias que han enviado fiscales argentinos para avanzar en los casos, lo que ha llevado a cerrar algunos procesos en ese país.
El fideicomiso, anunciado como una herramienta que impulsaría la economía de ambos países, se desfiguró en la práctica. Las empresas argentinas vendían sus productos con sobreprecios y, en muchas ocasiones, ni siquiera eran productos propios, sino que triangulaban la compra en China para revender más caro en Venezuela. También aparecieron otros negocios menos tangibles, como las consultorías o asesorías, que implicaron contratos millonarios para supuestas capacitaciones a venezolanos sobre cómo usar maquinarias y otros productos que llegaban desde Argentina. Las autoridades argentinas entendieron que todas estas deformaciones del plan original del fideicomiso podrían esconder ilícitos. Sin embargo, nadie ha sido hasta ahora sancionado.
Todas esas operaciones se financiaron con dinero público de ambas orillas. El entonces ministro Julio De Vido y su mano derecha, José María Olazagasti, fueron los cerebros argentinos detrás del fideicomiso bilateral, coinciden las fuentes consultadas para esta investigación. Del lado venezolano, Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA bajo la gestión de Rafael Ramírez, estuvo a cargo del acuerdo. Tanto De Vido como Aular pasaron por prisión por diferentes casos de corrupción en los últimos años, pero no fueron acusados por el millonario fraude al Estado venezolano realizado desde este fondo común entre ambos países. Aular fue detenido en Venezuela en agosto de 2022 acusado de participar en un esquema de corrupción que involucró más de USD 4.000 millones. Se desconoce el estatus del proceso.
Aunque existen decenas de casos que huelen a corrupción dentro de este acuerdo, esta alianza periodística eligió cuatro ejemplos representativos de posibles delitos. Se revela por primera vez que Baldric SA, una empresa de fachada creada por un venezolano en Argentina ganó un contrato a medida por casi US$ 8 millones para reactivar un frigorífico en Machiques de Perijá que nunca repuntó. Esta investigación le da una segunda vida al ya conocido caso de “la embajada paralela” en Caracas, a través de los opacos movimientos de fondos de Ascensores Servas SA.
Se ha completado, por primera vez, la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos dueños de Paramérica SA, que multiplicaron sus bienes por sus negocios con el Estado venezolano. Y, por último, se ha reconstruido la historia de un empresario venezolano, que infló exportaciones de alimentos desde Argentina para obtener divisas preferenciales, según las autoridades de ese país
Lejos de las lujosas vidas que ahora gozan todos estos empresarios, millones de venezolanos sufren la consecuencia de los contratos incumplidos del fideicomiso bilateral. Este acuerdo fue cancelado por Argentina a mediados de 2016, tras la salida de Cristina Kirchner del gobierno ante las múltiples sospechas de corrupción. Pero el perjuicio en Venezuela es tan extenso que abarca desde la falta de instalación y mantenimiento de decenas de ascensores en edificios públicos, incluidos hospitales, hasta la producción de alimentos en un frigorífico que durante años no operó.
Este fideicomiso bilateral fue un negocio para unos pocos.
Esta investigación fue realizada por una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP) con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y Tal Cual.
