Participaron en este reportaje socios de la alianza periodística Centinela Covid-19, que cuenta con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y de Oxfam, junto con Columbia Journalism Investigations y Mercedes Agüero R de Televisión Pública Costa Rica (Canal 13). 

Cuando se supo la noticia de que Covid-19 había llegado al estado mexicano de Baja California, una inspectora de calidad que trabajaba en una fábrica de Smiths Medical que produce respiradores artificiales tenía temor de ir a trabajar todos los días.

La fábrica, dijo, no proporcionaba ningún equipo de protección personal.

“Era pésimo, no me sentía segura. No te daban nada, ni siquiera para cubrirte las manos”, le contó a reporteros de Columbia Journalism Investigations (CJI), quienes junto con la alianza periodística Centinela Covid-19 y la Televisión Pública de Costa Rica (Canal 13), produjeron esta investigación.

Los trabajadores trataron de organizar una huelga, pero sus supervisores les advirtieron que serían despedidos si tomaban medidas. La inspectora, que prefirió permanecer anónima en este reportaje, renunció a su trabajo cuando se enteró de las primeras muertes de Covid-19 en la fábrica.

CJI intentó múltiples veces conocer la versión de la empresa, pero no recibió respuesta.

Días después, esa misma instalación fue cerrada por el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, porque Smiths Medical se había negado a vender respiradores a Baja California.

Aunque México es un operador relevante en la compleja cadena mundial de suministro de respiradores mecánicos, en medio de la epidemia el país enfrenta una encrucijada que le obliga a exportar prácticamente todos los respiradores que produce, mientras que su gobierno tiene que salir al mercado internacional a comprar los aparatos que necesita, y sus procesos de adquisición han estado empañados por irregularidades, denuncias de favoritismo y sobreprecios.

Sólo en marzo, México exportó más de 200 millones de dólares en respiradores y componentes, según la base de datos de comercio global Panjiva. De acuerdo con la misma fuente, el 95% de estos productos va a Estados Unidos.

Esta cadena de suministro es muy compleja. Por ejemplo: el respirador Puritan Bennett 980 de Medtronic consta de más de 1,500 piezas, procedentes de 100 empresas ubicadas en 14 países, según explicó un portavoz de la empresa.

La industria está concentrada en menos de una docena de empresas. Tres de esas compañías (las estadounidenses Vyaire Medical y Medtronic, y la holandesa Philips) representan más del 70% de la cuota de mercado mundial de respiradores, según un reciente informe de IbisWorld.

De estas grandes empresas, Vyaire Medical tiene una fábrica de respiradores en Mexicali. En suelo bajacaliforniano, además de las mencionadas Vyaire y Smiths Medical, también está Hillrom en Tijuana.

El programa gubernamental IMMEX en México ofrece incentivos fiscales a las empresas multinacionales que monten sus fábricas en las zonas fronterizas. Las empresas también localizan allí sus industrias porque el costo laboral es más bajo.

Para mantener los beneficios tributarios, las empresas están obligadas a exportar el 100% de sus productos. De lo contrario, deben pagar aranceles sobre los materiales importados que usaron para producir los respiradores. Cambiar una licencia de exportación puede llevar entre dos semanas y dos meses.

Carlos Higuera, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, dijo al México News Daily que sería ilegal que Smiths Medical vendiera sus productos a Baja California debido a la inscripción de la compañía en IMMEX.

“El estatus legal de las empresas les obliga a vender todo lo que producen en el extranjero”, dijo Higuera al periódico.

Después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Baja California, la fábrica de Smiths Medical reabrió el 13 de abril. La empresa aceptó donar cinco respiradores al estado, junto con 1,200 tubos respiratorios y otros suministros hospitalarios, según un tuit de la Secretaría de Salud de Baja California.

Costa Rica, el otro gran contribuyente latinoamericano de esta cadena de suministros de respiradores, a febrero de este año exportó US$632 millones en equipos de precisión y médicos. El país centroamericano no ensambla respiradores como las maquilas mexicanas, pero sus zonas francas sí producen varios de los componentes fundamentales de estos aparatos médicos, como conectores, sensores de CO2 y switches.

A diferencia de México, sus trabajadores, según la reportería del canal público de televisión Canal 13, socio de esta alianza periodística, reciben mejores salarios y siguen protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. Pero tampoco han parado de trabajar, ampliando su personal y doblando turnos, para alimentar la voraz y competida demanda internacional.

El costo en vidas mexicanas

En las ciudades manufactureras a lo largo de la frontera, se han registrado algunas de las tasas de infección más altas de México. La Secretaría de Salud de Baja California reportó 6,089 casos positivos al 7 de junio. Es el tercer estado del país con más contagios, sólo en Tijuana, una de las ciudades principales de este estado, hay más de 2,300 casos confirmados y en la capital, Mexicali, hay más de 3,000.

Del total de defunciones en México, 7,394, Baja California representa el 9,3 por ciento (1,257 fallecidos hasta junio 7), sólo después de la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Tijuana ha sufrido hasta ahora 643 muertes por la epidemia y Mexicali casi 500.

Hasta el 16 de mayo, 432 de las personas contagiadas fallecidas en Baja eran trabajadores de las maquilas, informó a Quinto Elemento Lab, socio de esta alianza periodística, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico. También dijo que, de éstos, 303 habían estado hospitalizados.

Aún con los problemas graves de contagio, las maquiladoras de respiradores, sus componentes y otros insumos médicos vitales para atender la pandemia no podían parar. El coronavirus ha golpeado la cadena de suministro en todos los lados y la carga ha recaído desproporcionadamente en los trabajadores que ensamblan los productos durante largas horas con una remuneración no siempre adecuada, con un alto riesgo para su salud y con pocas opciones para organizarse.

El salario mínimo en las maquilas está alrededor de 186.56 pesos mexicanos por día (US$8.50), según dijo el Secretario de Trabajo de Baja California, Sergio Moctezuma Martínez López. Hay empresas que además les dan a sus trabajadores bonos de puntualidad y de compensación y vales de despensas, y por lo general, en una jornada de ocho horas, un empleado de maquila puede ganar hasta 275 pesos (US12,50 el día, aproximadamente). Esto es, en el mejor de los casos, y sólo descansando un día a la semana, un ingreso mensual de US$325.

Según conversaciones que tuvimos con las empresas maquiladoras, estas dicen estar luchando por evitar la propagación de Covid-19 dentro de sus propias instalaciones, incluso cuando el aumento de la demanda obliga a las fábricas a contratar trabajadores adicionales. Varias empresas han estado anunciando puestos de trabajo en Facebook.

Algunos trabajadores han sido enviados a casa con paga, pero incluso en esos casos, están recibiendo menos y ahora están buscando un segundo empleo, según Gladys Cisneros, la directora en México del Centro de Solidaridad, un grupo de defensa de los trabajadores con sede en Estados Unidos. Dijo que la pandemia ha expuesto vulnerabilidades que ya existían en la infraestructura laboral de México.

El Centro de Solidaridad ha recibido hasta ahora 700 quejas sobre violaciones a la salud y la seguridad de los trabajadores en todo el país. Cisneros cree que estas denuncias pueden aumentar a medida que más personas regresen al trabajo, a partir de este mes de junio.

Cisneros dijo que el nuevo Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, que entrará en vigor el 1 de julio, proporciona mecanismos para abordar cuestiones sistémicas, pero no está diseñado para violaciones de salud y seguridad, y no permite a los trabajadores presentar casos contra los empleadores.

Producción al máximo en Costa Rica

La situación de Costa Rica es parecida a la de México, pues exporta componentes para respiradores que son ensamblados en otros países, que fabrica en las zonas francas del país y que también gozan de un tratamiento impositivo favorable, siempre y cuando cumplan con un plan de inversión, generación de empleo y valor agregado.

Todas las empresas que producen estos materiales han aumentado su capacidad a todo dar para responder a la urgente demanda mundial. Samtec –empresa estadounidense que diseña componentes para respiradores establecida en Costa Rica desde hace 14 años –anunció que contratará 150 colaboradores más que se sumen a los 1.010 que actualmente tiene.

“La planta de Samtec Costa Rica representa alrededor de un 20% del total de la producción de la empresa globalmente,” explicó el gerente general de Samtec Costa Rica, José Sánchez a la TV Pública de Costa Rica, socio de la colaboración periodística.

La planta local de la holandesa Phillips, que manufactura sensores de oxígeno y de C02, ha aumentado su capacidad en 5000% en los últimos dos meses. Se espera que la compañía anuncie la contratación de más personal en los próximos días. La estadounidense Microtechnologies, con planta en Costa Rica desde hace 22 años, trabaja a tope para cumplir con la fabricación de 100.000 switches para los ventiladores pNeuton que está desarrollando la Ford en asocio con firma GE Healthcare.

Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), reconoció que sí han tenido contagios de Covid-19 en estos parques, aunque no precisó la cantidad.

Cuando la empresa detecta un caso, dijo, activa el protocolo del Ministerio de Salud y envía a la persona contagiada a una cuarentena de un mínimo de 14 días, así como a las personas con las que haya tenido contacto dentro del área de producción del afectado.

Ninguna empresa ha suspendido operaciones por contagios.

Otras medidas aplicadas para evitar la propagación del virus, amplió Wong, es la desinfección diaria de los autobuses donde viajan los empleados, control de temperatura antes de ingresar a la fábrica y distanciamiento social dentro de las empresas y ampliación de los turnos de trabajo, así como de las instalaciones de las fábricas.

Además, el esfuerzo de los trabajadores por abastecer al mundo en este momento crítico está bien remunerado. Los empleados de zonas francas en Costa Rica tienen salarios ligeramente más altos –en promedio US$1554 mensuales –que trabajadores en empleos similares fuera del régimen.

Tuvieron que salir a comprar

Aunque México y Costa Rica poseen plantas que manufacturan respiradores o sus partes para abastecer el mercado mundial, sus gobiernos han tenido que salir, como todos los demás, a competir para comprar los respiradores que se prevén necesarios para atender el pico de pacientes graves con Covid-19.

El primer caso de Covid-19 en Costa Rica se confirmó el 6 de marzo y el impacto de la pandemia ha sido bastante controlado. Hasta el cierre de mayo, apenas había habido diez fallecidos y 1.056 infectados en todo el país. Y de los que aún están enfermos, apenas cuatro personas están en UCI. Aún en el momento más crítico, cuando hubo más pacientes graves, apenas 15 personas necesitaron de un respirador.

Aún así, previendo que los contagios se pueden volver a dar, y para consolidar su atención en cuidados intensivos que ya contaba con 420 respiradores, la Caja Costarricense de Seguro Social, adjudicó la compra rápida de otros 311 ventiladores mecánicos a siete distintos proveedores. Los adquirió relativamente baratos, a pesar de los precios inflados de la pandemia, entre US$28,000 y US$37,000, cada uno. Invirtió en total casi diez millones de dólares en la compra.

Se espera que los respiradores lleguen en los siguientes dos meses.

En México, un país más grande un complejo, y con una situación sanitaria bastante más grave, las compras directas de respiradores para atender la pandemia ha sido bastante más complicada.

El primer caso de coronavirus en México se dio el 27 de febrero, y la primera muerte por Covid-19 sucedió el 18 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 19 de abril que México necesitaría 13 mil ventiladores para enfrentar la fase 3 de la pandemia, dadas las proyecciones de gente infectada que requeriría la ayuda de respiradores artificiales para mantenerlos con vida.

“Estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia, de acuerdo con los especialistas se va a presentar del 2 al 8 de mayo. Vamos a tener, en general, como 13 mil ventiladores”, dijo.

Esa cifra salió de los 5500 respiradores que ya estaban en los hospitales nacionales, 5,000 adicionales que el gobierno anunció que compraría de forma directa, según un decreto del 17 de marzo, 1,270 que el gobierno de China prometió enviar y 1,000 más que el gobierno de Donald Trump les ofreció.

Los planes han resultado más difíciles de concretar de lo que auguraba el entusiasta discurso presidencial y no han estado libres de escándalo.

México: reparar lo que había

Cuando la pandemia tocó las puertas de México, el país, como muchos otros en la región, se demoró en abrir la primera contratación de respiradores.

“México no se preparó; nos agarró con los dedos en la puerta porque precisamente estamos haciendo compras de pánico para equipar al Sector Salud”, dijo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, en entrevista con Quinto Elemento Lab, socio de la alianza periodística Centinela-Covid-19. Campos explicó que, en 2019, México no ejecutó el 75% del presupuesto que tenía para la infraestructura de la salud. Con ello afectó, dijo, principalmente la adquisición de equipamiento médico de los hospitales nacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Se despreció el gasto en la salud el año pasado”, dijo Campos en la entrevista.

Así que mientras llegaban los respiradores que México compró en el exterior, comenzó a darles mantenimiento a los respiradores con los que contaba, muchos de los cuales no estaban en servicio.

Para el 19 de mayo abrieron siete licitaciones y 26 procesos de compra directa para darles mantenimiento, reparar y/o refaccionar respiradores en 15 estados del país. Estos contratos suman poco más de 26.5 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US$1.1 millones. No se ha especificado la cantidad total de aparatos ni el estatus de cada uno.

Uno de los contratos, por ejemplo, fue con la firma Servicios de Ingeniería en Medicina, para que pusiera a punto los respiradores del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Pero los equipos necesitaban bastante más que eso. De los 2,343 respiradores que tenía en todo el país, 1,364 no funcionan, dijo el propio director del Instituto Juan Antonio Ferrer, en un informe interno publicado en Latinus.

“Casi nos dieron equipo fuera de servicio”, corroboró Haydeé Morales, gerente de servicio de Servicios de Ingeniería en Medicina, quien explicó que el proyecto es rehabilitar los equipos que no sean funcionales.

Es decir, hoy el Insabi sólo tiene 979 respiradores artificiales operando.

Los que salió a comprar

El gobierno de México tuvo que rescindir uno de los contratos de compra de 2500 respiradores por US$93 millones (2,223 millones de pesos mexicanos del momento) –la mitad de los que el gobierno había propuesto adquirir—que había firmado con Levanting Global Servicios, luego de que ésta incumpliera con la entrega de los aparatos. Levanting era un intermediario que iba a conseguir esos respiradores con el fabricante chino Beijing Aeonmed Co.

Como propietario de la empresa distribuidora figura Baldemar Pérez Ríos, un empresario quien, según reportaje del portal periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha sido acusado de fraude en Estados Unidos y de crear empresas fantasma en México.

Con este contrato caído, en su afán de completar los 5,000 que se propuso adquirir en abril, el gobierno salió a comprar otros. Firmó, según consta en CompraNet, en un reporte al 20 de mayo, al menos 39 contratos para la compra de 719 ventiladores de diferentes marcas y modelos, por un monto de 770 millones de pesos (unos US$33.5 millones), tanto en México como en el extranjero, por adjudicación directa.

Los mexicanos están pagando en promedio $46.000 dólares por respirador, una suma similar a la que pagó Paraguay por respiradores comprados en esta época de pandemia (ver reportaje de El Surtidor, otro socio de Centinela), pero bastante mayor que los adquiridos por Costa Rica, que oscilaron entre los US$28,000 y los US$37,000. Estas comparaciones se hacen con cautela, pues la gama de respiradores es amplia y sus precios varían según los volúmenes, accesorios y condiciones en que se compren.

Estos 719 ventiladores deberán ser asignados a hospitales de 19 estados de México y su entrega continúa en proceso.

Hubo compras a la carrera que intentó el gobierno, y que no están incluidos en estos 719, porque se cayeron por, escándalos. El 20 de abril, Cyber Robotics Solutions, cuyo propietario, León Manuel Bartlett Álvarez, es hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y personaje cercano al presidente López Obrador, vendió 20 respiradores a razón de 1.5 millones de pesos (unos USD$66,000) cada uno al IMSS. El portal periodístico MCCI, que denunció el caso, calculó un sobreprecio de 85% frente al mercado.

Un vocero del Instituto dijo que compró a esos precios porque la empresa garantizó rapidez en la instalación y operación. No obstante, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación, y el 13 de mayo, el IMSS decidió cancelar la compra, argumentando que los respiradores entregados por la empresa de Bartlett incumplían con las especificaciones requeridas.

Un caso similar fue el de la empresa Bidcom Energy, empresa de los sobrinos de Arturo Quintanilla, muy cercano a Rocío Nahle, la secretaría de Energía, a la que el IMSS le asignó un contrato por más de 98 millones de pesos (unos US$4.2 millones) para la compra de 100 ventiladores, a razón de 983 mil 550 pesos cada uno (unos 42,700 dólares). La empresa fue creada apenas en agosto de 2019, pero el 11 de mayo el IMSS inició el procedimiento para rescindirlo, debido al incumplimiento en la entrega de los aparatos.

De acuerdo con Mariana Campos, de México Evalúa, el gobierno está rezagado en vigilar la corrupción en el gasto público y no verifica el desempeño de los contratistas. “No sabemos, una vez que se adjudica el contrato, quién es un buen contratista que cumple con los términos de ese contrato, fechas de entrega y con la calidad que se establece en los términos del contrato. Si tuviéramos calificaciones de los proveedores reduciremos muchos de los riesgos que existen en la adjudicación directa”, le dijo a la alianza periodística Centinela.

Además, explica, el gobierno de López Obrador sigue empleando las leyes de contratación que datan de 2001 “y es clarísimo que ha evolucionado la práctica internacional en materia de adquisiciones y seguimos con las mismas leyes”.

Por último, hubo contratos que se hicieron en sigilo. El 30 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional contrató a la empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgo de Desastre para la compra de 600 ventiladores marca Hamilton, por el equivalente a US$37,300, y 730 ventiladores modelo Shangrila, de la marca Aeon Medics, por unos US$39,600. También el portal MCCI denunció posibles vínculos de la empresa intermediaria con la política.

“Ya se hizo el contrato de 1,330 ventiladores que vamos a requerir para utilizarlos en nuestros hospitales, en las unidades operativas que estamos convirtiendo en instalaciones hospitalarias”, declaró el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en una conferencia de prensa.

El contrato no ha sido publicado en el portal CompraNet y en él hay una cláusula de confidencialidad que dice: “No divulgar, ni publicar los términos y condiciones de este contrato, en cuyo caso asumirán la responsabilidad por este motivo”.

Los otros ventiladores para México

Por otro lado, los 1,000 respiradores que iba a mandar Estados Unidos también están demorados. Apenas el 5 de mayo fueron enviados los primeros 211 aparatos, el 13 de mayo envió otros 30 y una semana después otros 20, para un total de 261. Según el acuerdo al que llegaron el 17 de abril los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, el país vecino debía enviar 200 respiradores cada semana. Así, para esta fecha, ya han debido llegar los mil.

En mayo 12, China envió los primeros 48 respiradores que acordó enviarle a México, aunque según dijo el presidente López Obrador, el presidente Xi Jinping le había prometido enviarle 450 respiradores para el 2 de mayo.

Adicionalmente, el gobierno mexicano recibió durante la segunda quincena de mayo 1,000 ventiladores pulmonares donados por el grupo financiero BBVA y otros 2,000 donados por firmas mexicanas como Bimbo, Televisa, Grupo México, IEnova, IUSA y la Fundación Alberto Bailleres.

Mientras el gobierno sufría estos apuros por cumplir la meta de obtener ventiladores a toda velocidad, y con alto riesgo de irregularidades, las fábricas de maquila en Baja California estaban exportando respiradores mexicanos al mundo, a todo dar. Sólo en marzo, México exportó por lo menos 130 ventiladores a Rumania, Panamá y Costa Rica, entre otros.

Para comienzos de mayo, la curva de contagiados seguía cuesta arriba, el número de fallecidos ya superaba los 3,000 y la prensa anunciaba 62 hospitales del Valle de México con sus Unidades de Cuidados Intensivos copadas. La urgencia no daba tregua. Así que el gobierno recurrió al arrendamiento de respiradores vía adjudicación directa, es decir, sin realizar ningún proceso de competencia pública entre proveedores.

Según figuraba en CompraNet, hasta el 8 de mayo, cinco empresas han facturado 16.3 millones de pesos (aproximadamente US$715,000) por la renta de 18 respiradores que están siendo utilizados en los estados de Yucatán y Jalisco.

Los esfuerzos de dotar las UCI no sólo han sido del gobierno. En Sonora, al noroeste de México, ingenieros y estudiantes se unieron para crear un prototipo de ventilador capaz de dar respiración mecánica a seis personas conectadas a la vez, al que llamaron Máquina Automatizada de Respiración Asistida (MARA) y que está a la espera de recibir financiamiento gubernamental y la autorización sanitaria para empezar a fabricarlo en serie.

La ironía

Mientras el gobierno sufría estos apuros por cumplir la meta de obtener ventiladores a toda velocidad, y con alto riesgo de irregularidades, las fábricas de maquila estaban exportando respiradores mexicanos al mundo, a todo dar.  Sólo en marzo de 2020, México exportó 19,934 ventiladores médicos (categoría arancerlaria 9019.20.01), según la base de datos de Panjiva, la mayoría bajo régimen IMMEX.

Ni los viejos acuerdos comerciales, y al decir de Cisneros, tampoco los nuevos, contemplaron una situación así de paradójica: México gran exportador de respiradores, cuyos trabajadores están pagando incluso con sus vidas, para mantener la cadena de suministro mundial, no puede quedarse con los aparatos hechos con tanto sacrificio y tiene que salir al competido mercado internacional -y corriendo los riesgos de corrupción que trae la contratación directa-, a hacerse como pueda de respiradores para atender la pandemia en su propio país.

Sin importar el costo, los arreglos comerciales priman y continúa la presión para que el país aproveche su para impulsar la condición de México como uno de los principales actores en el comercio mundial.

“Es posible y esencial cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas”, tuiteó Christopher Landau, embajador de los Estados Unidos en México, provocando críticas de que estaba dando prioridad a la economía por encima de los trabajadores.

“Hay riesgo en todas partes, pero no todos nos quedamos en casa por miedo a estrellar el coche. La destrucción económica también amenaza la salud”, escribió en un tweet de seguimiento.

A finales de abril, la Asociación Nacional de Fabricantes, que representa a 11.000 miembros, envió una carta a López Obrador, pidiéndole que aclarara cuáles eran negocios “esenciales”, para proteger a los trabajadores, así como a las cadenas de suministro. El cierre de la manufactura podría debilitar la respuesta a la pandemia, según la carta, porque podría significar operaciones de cierre que “sirvan de columna vertebral a la infraestructura crítica en todo nuestro continente”.

Para Luis de la Calle, ex subsecretario de la Secretaría de Economía de México, la crisis puede servir como un impulso a la economía de México que podría cambiar su industria de exportación en los próximos años.

“Cada maquiladora que fabrica dispositivos médicos en México debería centrarse en la expansión de sus operaciones y en la venta de los productos”, dijo de la Calle. “Esta es una oportunidad. Si México se muestra como un productor confiable, la inversión podría ser enorme”.

Quizás no lo vería con los mismos ojos la inspectora de calidad que dejó su trabajo asustada por el creciente contagio en su fábrica y en la de otras maquiladoras.

¿Qué es la alianza Centinela-Covid19?

Centinela Covid-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al Covid-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

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