El descubrimiento de la mayor red de corrupción en América Latina a través la Operación Lava Jato, provocó un terremoto político en 2014 cuando se conocieron las empresas brasileñas involucradas en lavado de dinero, sobornos y financiamiento ilícito a campañas.
La más famosa de ellas: Odebrecht, que repartió coimas y pagos ilegales desde el Río Bravo hasta Tierra de Fuego y causó otro sismo al confesar sus crímenes ante la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza en 2016.
Este es un viaje al centro de Lava Jato, la operación que comenzó investigando un negocio de lavado de autos y terminó encontrando un lavadero de dinero sin precedentes en Latinoamérica. Es un recorrido para examinar lo sucedido en los últimos años y escrutar cómo enfrentó cada país el caso más emblemático de corrupción en el continente.
Periodistas y medios de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas encontraron que en todos los casos, las confesiones de Odebrecht resultaron verdades a medias, pues el monto de los pagos ilegales a las campañas políticas y de los sobornos a cambio de contratos fue mucho mayor al admitido inicialmente por la constructora.
Las prácticas corruptas de Odebrecht terminaron siendo un botín de millonarios sobornos y aportaciones ilícitas que llegaron a las manos de funcionarios y políticos latinoamericanos. Los gobiernos de esas naciones, sin embargo, poco o nada han recuperado de los flujos de dinero que llegaron a manos privadas en detrimento de las arcas públicas.
Los sistemas de procuración de justicia de algunas naciones como Argentina, Venezuela y México tampoco han logrado sentencias condenatorias en contra de la mayoría de los políticos y funcionarios que fueron indiciados o acusados de participar en la red de corrupción.
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En todos estos años solo se dictaron 68 sentencias contra las personas que participaron en el esquema de pagos ilegales fuera de Brasil. La revisión en las cuentas arroja que el país con más condenas es Perú, pero hay países donde ni una sola persona ha sido castigada.
En este ejercicio de revisión, periodistas de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas cuantificaron los montos destinados a campañas electorales, a comprar políticos y el importe de pagos ilegales para ganar contratos así como el grado de colaboración que cada gobierno ha solicitado a sus pares.
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Portadas e infografías: «Miguel MenSal»
*Este artículo forma parte de una serie sobre el caso Lava Jato en América Latina realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando Info (Venezuela).
