Cuando Santiago Bausili dejó su puesto en el Deutsche Bank para incorporarse al gobierno de Mauricio Macri, en enero de 2016, la entidad alemana activó sus mecanismos internos para prevenir posibles conflictos de interés. La Unidad de Crimen Financiero (AFC, por sus siglas en inglés) analizó el caso de su antiguo director, que había manejado negocios vinculados con la deuda pública argentina y de otros países del Cono Sur, y advirtió sobre los riesgos que podía generar su desembarco en el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, mientras Bausili ocupaba distintos cargos en el área económica del gobierno de Macri, el Deutsche Bank continuó haciendo negocios con el Estado argentino. Fue uno de los colocadores de una de las emisiones de deuda pública más importantes de la historia argentina, todavía bajo investigación judicial; participó en la salida de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al mercado internacional por US$500 millones y financió parte de un préstamo para que Trenes Argentinos comprara frenos ferroviarios, entre otras operaciones.
Los nuevos datos surgen de la filtración que dio origen a Inside Deutsche Bank, una investigación coordinada por Barracuda Media. Los documentos, analizados por LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), permiten reconstruir los procedimientos internos del banco antes y después del ingreso de Bausili a la función pública. También revelan que, pese a vender su filial minorista en la Argentina, la entidad conservó una estructura enfocada en grandes clientes corporativos y contratos con el Estado.
“Estrictamente confidencial”. Esa era la etiqueta de los documentos de la unidad AFC sobre casos sensibles. Allí apareció Bausili y un “posible conflicto de interés”. El análisis examinaba las negociaciones del banco con el gobierno argentino y los pagos diferidos que el exejecutivo seguía recibiendo de su antiguo empleador mientras trabajaba para el Estado.

“Un antiguo empleado recibió una bonificación diferida de DB mientras era empleado de RoA (República Argentina), lo que presenta un posible conflicto de intereses”, señaló uno de los documentos.
Los pagos se realizaron mediante acciones del banco y correspondían a compensaciones diferidas que se extendieron hasta septiembre de 2018. Según documentos judiciales, Bausili recibió 13.025 acciones, con un valor nominal de US13,80 cada una,equivalentes a casi US180.000.
La Justicia argentina investigó esas compensaciones, percibidas durante 2016, 2017 y 2018, mientras Bausili se desempeñaba primero como subsecretario de Financiamiento (2016-2017) y luego como secretario de Finanzas (2017-2019).
El juez federal Sebastián Casanello lo procesó dos veces por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Consideró que pudo haber influido para beneficiar a su antiguo empleador, que cobró un 0,12% por la colocación de bonos argentinos de 2017. La comisión del Deutsche Bank por esa operación sumó aproximadamente US$1,4 millones, según estimaciones judiciales.
En ambas oportunidades, sin embargo, la Cámara Federal revocó los procesamientos. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que no había pruebas de que Bausili hubiera incidido en la selección, los alcances o las condiciones de las operaciones en las que participó el banco, elementos que juzgaron necesarios para configurar el delito. La investigación continúa abierta y, según fuentes con acceso al expediente, en las últimas semanas se adoptaron nuevas medidas de prueba.
“Las compensaciones diferidas no son a opción del empleado: el empleado siempre preferiría cobrar antes y no diferir cobros”, sostuvo Bausili ante la consulta de esta alianza. En la causa judicial, siempre negó que haya existido un conflicto de interés.
El tema volvió a cobrar relevancia el mes pasado cuando Bausili tuvo que dar explicaciones públicas, ahora como presidente del Banco Central, sobre el manejo del oro del Tesoro argentino. Reconoció que el Deutsche Bank había sido contratado por el Estado para realizar el 10% de las coberturas del oro durante 2025. Argumentó que la entidad había ofrecido las mejores condiciones y sostuvo que no había intervenido en el proceso.

Los negocios con el Estado
Como ocurrió en buena parte de América Latina, el Deutsche Bank analizó en 2015 abandonar su negocio minorista en la Argentina. Documentos internos mencionaban los “problemas de capitales atrapados” durante el último período del gobierno de Cristina Kirchner y el temor a que se impusieran trabas para repatriar fondos.
La entidad anunció en 2016 que vendería su filial argentina al Banco Comafi. La operación incluyó personal, clientes institucionales y negocios de administración financiera. Pese a esa retirada, conservó una oficina de representación en el país, con una estructura reducida y enfocada en grandes clientes corporativos y contratos con el Estado.
Uno de ellos fue el financiamiento de Trenes Argentinos SA. En septiembre de 2017, el Gobierno anunció un crédito de US$53 millones para comprar frenos con el sistema ATS. El 60% del presupuesto sería aportado por el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y el 40% restante por el Deutsche Bank, según respondió el Ministerio de Economía a un pedido de acceso a la información pública.
Los documentos internos no muestran una intervención de Bausili en esa operación. Sí aparece un posteo suyo en X sobre el financiamiento, aunque sin mencionar a su antiguo empleador. “Apoyo de Japón: El 85% del costo de los frenos se financió con la agencia de financiación de exportaciones de Japón”, escribió. Y agregó: “Préstamo: USD53 millones. Se evitaba la tragedia de Once”, en alusión al choque ferroviario de 2012 que provocó 52 muertes.

El banco también buscó otros negocios con el Ministerio de Transporte. Elaboró un brochure para captar inversores israelíes interesados en el programa de Participación Público Privada (PPP) “Autopistas y Redes Seguras”. El entonces ministro Guillermo Dietrich se reunió con ejecutivos de la entidad el 4 de octubre de 2018, durante una gira por Estados Unidos. El proyecto finalmente no prosperó.
Otro contrato involucró la salida de AySA al mercado internacional por US$500 millones. El Gobierno anunció en enero de 2018 que era la primera vez que la empresa pública tomaba deuda. Los fondos se destinarían para obras previstas en su plan de inversiones y para cancelar deudas financieras y comerciales.
Una semana antes del anuncio, el 18 de enero, un correo electrónico con información de Bloomberg había llegado a los ejecutivos del Deutsche Bank. Informaba sobre reuniones en Londres, previstas para el 22 y el 23 de enero, y otra en Frankfurt, para el 24. La negociación incluyó 35 reuniones. Bausili, entonces secretario de Finanzas, estuvo presente en al menos una de ellas, según una fotografía publicada por Infobae.
Ante una consulta de LA NACION, AySA informó que el Deutsche Bank colocó U$ 159 millones de los US$ 500 emitido. Una fuente que participó del proceso sostuvo que no observó “una sola actitud” de Bausili orientada a beneficiar al banco durante los encuentros con inversores. También recordó que, como Deutsche Bank, también se seleccionaron otras tres entidades financieras: Citi, HSBC y Crédit Agricole.
El tercer episodio involucra a Córdoba. Una cadena de correos electrónicos identificados como “sólo para uso interno” muestra que, el 31 de octubre de 2018, un managing director de la filial londinense del Deutsche Bank pidió asesoramiento a sus colegas antes de autorizar un acuerdo con esa provincia. Consideraba que la operación podía representar un riesgo reputacional por la relación de Bausili con el Gobierno argentino.
“Confirmo que, desde la perspectiva empresarial, he considerado el riesgo potencial de reputación y lo considero mínimo, y que estamos efectivamente protegidos de cualquier problema potencial de riesgo de reputación”, respondió un jefe global del banco.

Finalmente, la entidad concretó dos préstamos a Córdoba por un total de US$79 millones para financiar infraestructura en Educación y Salud. La operación tenía una particularidad: para endeudarse, incluso mediante financiamiento privado, la provincia necesitaba autorización del Estado nacional, de acuerdo con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Fuentes de la por entonces gestión cordobesa indicaron que trabajaron con la Oficina Nacional de Crédito Público y la Jefatura de Gabinete, sin mencionar nada específico sobre Bausili. Los documentos disponibles tampoco muestran que él hubiera intervenido directamente en la negociación de esos préstamos.
Ante las consultas de esta alianza periodística, el Deutsche Bank respondió: “Rechazamos categóricamente la insinuación de su pregunta. Deutsche Bank cuenta con una larga trayectoria de gran prestigio en la región. Nuestros clientes nos eligen por nuestra experiencia. Como banco, contamos con políticas, controles y procesos sólidos diseñados para identificar y gestionar posibles conflictos de interés”.
Las actuaciones y los bonos
El expediente judicial reconstruyó distintas intervenciones de Bausili en el proceso de colocación de deuda pública por hasta US$7.000 millones autorizado en 2017, apenas un año después de su salida del banco alemán. Entre otras actuaciones, el funcionario solicitó la opinión del Banco Central para tramitar la colocación y remitió la documentación a la Procuración del Tesoro para su revisión. Finalmente, envió el expediente a su superior, el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo, para disponer la “emisión de nuevos instrumentos de deuda pública”.
En febrero de 2017 también solicitó que se pagara al Deutsche Bank una factura de US$8.000 por su función como “agente fiscal, de registro y pago” de bonos con vencimiento en 2018 y 2031.
El expediente contiene, además, el memorándum de oferta de los bonos, con membrete confidencial, que establecía que la información incluida, salvo el plan de distribución, constituía una declaración pública oficial “en nombre de Santiago Bausili”. La propuesta formal de emisión fue firmada únicamente por Caputo. El plan de distribución asignó a seis entidades —Deutsche Bank, BBVA, Santander, HSBC, JP Morgan y Citi— aproximadamente US$1.166 millones a cada una, con una comisión del 0,12%.
Antes de aquella operación, Bausili había mantenido dos reuniones con representantes del Deutsche Bank: el 14 y el 22 de noviembre de 2016. El Registro de Audiencias Públicas identificó la primera como una “visita de cortesía” y la segunda como un encuentro por el “Programa de Financiamiento Económico de Argentina”. En enero de 2017, las propuestas de los bancos circularon por el sistema interno del Gobierno. La del Deutsche Bank estaba fechada el mismo día de la segunda audiencia y llevaba la referencia “DB 22NOV2016”.
La Ley de Ética Pública, en su artículo 15, establece que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en procesos relacionados con anteriores empleadores con los que hayan mantenido un vínculo durante los últimos tres años. Bausili había renunciado al Deutsche Bank en enero de 2016.
Cuando el caso se hizo público, la Oficina Anticorrupción (OA) le envió, en junio de 2018, una recomendación sobre las conductas que debía adoptar para evitar funciones incompatibles. Entre ellas figuraba abstenerse de participar en reuniones con representantes de empresas respecto de las cuales debía excusarse.
El 31 de enero de 2019, la OA sostuvo que Bausili había “incumplido” las conductas previstas por la Ley de Ética Pública, según reconstruyó Casanello. La Justicia destacó que el organismo había considerado que sus intervenciones en los expedientes no estaban legalmente permitidas, incluso si no habían sido decisivas para la designación del Deutsche Bank.
Sin embargo, en febrero de 2019, después de que Bausili ampliara su descargo, la OA modificó su criterio: reemplazó la afirmación de que había “incumplido” las normas por otra conclusión: “no se advierte una infracción”.
Ante la consulta de esta alianza, Bausili respondió: “Nunca incumplí la ley de ética pública durante los años que me alcanzaba como secretario de finanzas. Durante mi mandato como presidente del BCRA ya los plazos estaban largamente vencidos”. Y explicó el cambio de postura de la OA durante el gobierno de Macri: “Interpretaron que habría sido mejor no mantener reuniones con el banco durante los tres años de referencia de la ley, pero entendieron que no había incumplido ninguna norma”.
Una amonestación
La relación de Bausili con la deuda argentina había generado observaciones internas incluso antes de su ingreso al Gobierno. En junio de 2015, cuando todavía era director del Deutsche Bank para los mercados financieros del Cono Sur, la entidad lo amonestó por comprar 150 bonos argentinos sin solicitar autorización previa.

Un documento de las unidades internas de compliance, fechado a finales de junio de 2015, registró la operación: “El Sr. Bausili no solicitó la autorización previa para comprar 150 bonos de Argnt Bonar el 23 de junio de 2015. Se le envió una amonestación por correo electrónico, pero no fue necesario tomar ninguna otra medida”. El archivo clasificó el episodio como “Trading sin autorización previa”.
Seis meses después, Bausili ingresó al gobierno de Macri. En su declaración jurada informó que había comprado Bonar 17 en enero de 2015 y que en diciembre de ese año había adquirido Bonar 24 y Bonar 8,750%. Valuó esos títulos en más de 5millones,equivalentes a unos US350.000 al tipo de cambio de cierre de ese ejercicio.
La declaración no permite determinar si los 150 bonos comprados en junio, que motivaron la amonestación del Deutsche Bank, seguían en su poder al finalizar 2015. Bausili mantuvo títulos públicos durante 2016 y siguió comprando: en marzo de ese año adquirió más Bonar 24, que valuó en casi 10 millones, equivalentes a U$600.000. También compró Lebacs y Letes.
La investigación Inside Deutsche Bank nació a partir de una filtración obtenida por el periodista y escritor indio Josy Joseph y la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife. Fue coordinada globalmente por Barracuda Media NPC en Sudáfrica junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en América Latina. Contó con el apoyo técnico del Data and Research Center (DARC) en Alemania.
“Inside Deutsche Bank” es una investigación transnacional que nació a partir de la filtración de más de 15 millones de documentos del banco alemán. Fue liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con 56 medios aliados en 53 países. En Latinoamérica colaboraron Armando.info (Venezuela), Concolón (Panamá), IDL-Reporteros (Perú), El Universal (México), No Ficción (Guatemala), Cuestión Pública y El Armadillo (Colombia), Agencia Pública (Brasil) y La Nación (Argentina). Revisión legal: El Veinte.




