En trece años, siete defensores ambientales han sido asesinados en El Salvador, un país que no los reconoce sino que los acosa y criminaliza. Seis de estos casos son atribuidos a pandillas, lo que explica que estos ataques que sufren los ambientalistas queden registrados como delitos comunes o relacionados con pandilleros. Además, muchas personas que defienden el territorio o los recursos naturales han sido objeto de procesos judiciales tortuosos en su contra.
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