Estas son las tendencias principales que encontramos en le proyecto colaborativos Tierra de Resistentes, que reunió a periodistas de 10 países para investigar episodios de violencia contra defensores ambientales. Se puede leer en inglés y en portugués.
Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales están en América Latina, según el informe que el relator especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016.
Por eso, un equipo de 45 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela), incluyendo a CLIP, nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Seis de estos países son, tristemente, los de ese deshonroso listado.
El resultado de este proyecto investigativo en el que hemos trabajado desde hace un año, documenta una base de datos con 2.367 ataques que dejaron víctimas en los últimos once años (2009-2019) y 29 reportajes en profundidad (que pueden consultar en la barra lateral de navegación).
No pretendemos contar con un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Sin embargo, nuestra base de datos -construida a partir de más de 100 fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno- dibuja los principales rasgos de cómo está ocurriendo esta tragedia en el continente.
¿Qué encontramos?
En nuestra investigación encontramos 2.133 ataques que dejaron hombres y mujeres víctimas; y 234 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio.
El 78,7% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también encontramos 441 ataques contra mujeres – incluidos los que leerán en las historias sobre la líder pemona Lisa Henrito Percy en Venezuela, la dirigente siona Martha Liliana Piaguaje en Colombia o la kichwa Patricia Gualinga en Ecuador.
Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender el derecho de todos a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos -selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales- en sus territorios.
Las minorías étnicas muy golpeadas
El 48% de esos episodios de violencia (1.146 registros) ha ido dirigido contra alguna minoría étnica. Esto demuestra que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a los embates de intereses diversos, algunos abiertamente criminales, que buscan quedarse con sus tierras, sobre-explotar los recursos, contaminar impunemente o eliminar testigos incómodos.
Los datos nos arrojan 893 ataques contra integrantes de 159 etnias indígenas diferentes. Las que más presentan ataques son los lencas de Honduras (71), pueblo al que pertenecía la asesinada líder Berta Cáceres, seguidos por los guarani-kaiowá (54) y munduruku (39), ambos de Brasil. En Colombia, de 15 etnias afectadas, once han sido declaradas en riesgo de extinción por la Corte Constitucional.
Diecisiete de nuestros reportajes documentan agresiones contra comunidades indígenas que buscan salvaguardar sus tierras ancestrales – los lenca en Honduras, los kollas y atacamas en Argentina, los pemones en Venezuela, los shuar y kichwa en Ecuador, los piratapuyo, tucano, pijaos, siona, zenú y nutabe en Colombia, los guarani-kaiowa?, munduruku, karipuna y uru-eu-wau-wau en Brasil, los rarámuri y ódami en México, los moxeños trinitarios y torewa en Bolivia o los asháninka y tikuna en Perú.
Los datos también muestran 148 casos de violencia contra poblaciones afrodescendientes y 105 contra los garífuna, también de origen afro, en Honduras. Tres de nuestras investigaciones detallan ataques sufridos por comunidades afro en el Pacífico colombiano y en el noreste de Brasil.
¿Qué defienden y de qué se defienden?
Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, al sistematizar los datos, tuvimos en cuenta el recurso principal que defendían.
De igual manera, en muchos casos, los líderes y comunidades se vienen defendiendo de distintos tipos de actores. En nuestra categorización de datos, solo tuvimos en cuenta el principal sector que afecta a las comunidades defensoras: desde los legales, como agroindustria, explotación petrolera, minería, hidroeléctricas y carreteras hasta los ilegales, como narcotráfico y comercio clandestino de madera.
Los siguientes son los tipos violencia contra los líderes que mapeamos con base en los datos recabados. En varios casos los líderes o comunidades defensoras del medio ambiente han sufrido más de un ataque o agresión, por lo que escogimos el principal o el primero registrado.
Un porcentaje significativo de los ataques han ocurrido en las vastas regiones de la selva que albergan una parte importante de la riqueza natural que hacen a América Latina la región más biodiversa del mundo.
La Amazonia, centro de ataques
Más de la mitad de nuestros reportajes investigan violencia contra líderes, comunidades y guardaparques en la Amazonía de seis países distintos.
Estos 16 reportajes documentan cómo intereses diversos, y a veces, criminales, asedian decenas de territorios indígenas, agreden a comunidades ancestrales y ocupan parques nacionales en toda la cuenca amazónica. Allí encontramos y documentamos casos de colonos que invaden tierras comunales y de militares que agreden a dirigentes indígenas; de petroleras que omiten su responsabilidad por fuentes de agua contaminadas; narcotraficantes que obligan a comunidades a cultivar coca; y de taladores de maderas finas que persiguen a quienes protegen las especies que codician.
Poca justicia, mucha impunidad
La información más difícil de establecer fue el estado de los casos en la justicia. Solamente encontramos datos concluyentes de decisiones judiciales (sin importar si son sentencias condenatorias, absoluciones o indultos) en 303 casos (12,8% del total), lo que demuestra que la administración de justicia tiene una inmensa deuda con los defensores ambientales.
En buena parte de estos casos esas sentencias cobijan a los autores materiales, mas no a los intelectuales, como sucedió con las sentencias en México y Honduras a los asesinos de Isidro Baldenegro y Berta Cáceres, ambos ganadores del Premio Ambiental Goldman.
Peor aún, en más de mil casos -el 46% del total- no encontramos informacio?n sobre el estatus de las investigaciones.
Contrasta con la impunidad, nuestro hallazgo de que en al menos 1.325 casos (ó 56% del total), hubo denuncias por parte de las víctimas y sus comunidades frente a las autoridades, desde instituciones estatales hasta instancias internacionales.
En el reportaje con el que CLIP contribuyó a esta colaboración transfronteriza, encontramos que ni siquiera llevar un caso ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos organismos encargados de velar por los derechos humanos en América Latina, se traduce siempre en medidas efectivas de protección.
Trágicamente, a pesar de que la sabiduría popular dice que soldado advertido no debería morir en guerra, la violencia continuó o inclusive arreció contra líderes y comunidades en cinco países –Brasil, Colombia, Honduras, México y Venezuela–, cuyos Estados no hicieron lo suficiente por proteger a esos ciudadanos pese a que los cobijaban medidas cautelares o que sus autoridades habían sido alertadas previamente por entidades internacionales, del riesgo que corrían.
Si bien la nuestra no es una medición científica sino periodística, los dos años en que encontramos mayor número de episodios de violencia fueron 2017 (con 13.9% de los casos) y 2018 (con 10% de estos), lo que da una idea de que la situación se ha ido agravando. En 2019 representan el 7,4%, pero muchas de las fuentes consultadas no habían cerrado aun sus investigaciones. El asesinato de varios líderes indígenas en Brasil, México y Colombia en marzo y abril de 2020, sin embargo, muestra que ni la crisis de salud pública, ni siquiera la cuarentena en la que están casi todos los países, a raíz de la llegada de la pandemia del covid-19 a la región ha frenado la violencia.
Estos defensores protegen la tierra que les da vida a ellos, pero también las montañas que nos proveen de agua, los bosques que nos traen aire limpio a las ciudades, los ríos que nutren muchos acueductos, las selvas que producen el oxígeno del planeta, la biodiversidad que enriquece las economías, y menos visible pero igual de importante, defienden el estado de derecho en sus países, con mayor compromiso que las propias autoridades de sus países.
Están siendo amenazados y asesinados en números francamente aterradores. Y en cada ataque contra ellos, perdemos todos.
Cada uno de ellos es más que un número. Estas son sus historias de vida, de lucha, de resistencia.