Este artículo hace parte de la serie “Bandidos en uniforme” (Bandidos de farda ), publicada por el medio brasileño ICL Noticias y coordinada por Juliana Dal Piva
Colaboración de Francisca Skoknic (Clip)
El 10 de septiembre de 1973, militares bajo las órdenes del Centro de Informações do Exército (CIE) finalizaron una de las acciones clandestinas más audaces realizadas hasta entonces por la dictadura brasileña: llevaron al sur de Chile, a través de la frontera con Argentina, a Eduardo Díaz Herrera y Pablo Rodríguez Grez. Los dos eran líderes de Patria y Libertad, grupo paramilitar de extrema derecha, y volvían clandestinamente a Chile un día antes del golpe que derrocaría al gobierno del socialista Salvador Allende.
La infiltración de los dirigentes de Patria y Libertad en territorio chileno fue el punto culminante de la Operación Temuco, una de las seis creadas por la sección de contrainformación del CIE, bajo el mando directo del coronel Cyro Etchegoyen, para infiltrar agentes dobles en países del Cono Sur. Además de Chile, los infiltrados también actuaron en Argentina y Uruguay.
Las informaciones sobre los agentes dobles en el exterior forman parte de uno de los documentos del coronel Cyro Etchegoyen que se están publicando como parte del proyecto “Bandidos de farda” (“Bandidos en Uniforme”), de ICL Notícias, producido durante los últimos siete meses con una serie de reportajes y un documental.
El proyecto revela los crímenes que el coronel Etchegoyen ocultó en un inmenso archivo que mantuvo hasta su muerte. Se trata de 23 carpetas y 3.000 páginas de documentos públicos inéditos, que pertenecían al acervo del Ejército brasileño, pero que fueron sustraídos ilegalmente por el coronel Etchegoyen y que quedaron guardados con otro militar tras su fallecimiento. En octubre del año pasado, una fuente, cuya identidad se mantendrá en reserva por razones de seguridad, entregó una primera parte al Instituto Fernando Santa Cruz, creado por el expresidente de la Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Fernando era militante de la Ação Popular (AP), está desaparecido desde el 23 de febrero de 1974, y Felipe es su hijo. Una segunda parte fue entregada por la misma fuente en febrero de este año a la periodista Juliana Dal Piva.
Los detalles sobre la infiltración de agentes en el exterior están en un informe elaborado por Cyro Etchegoyen y otros oficiales del CIE en 1974, al inicio del gobierno de Ernesto Geisel, como una especie de rendición de cuentas de las actividades clandestinas realizadas durante la presidencia de Emílio Garrastazu Médici.
El informe tenía el objetivo de explicar los métodos de trabajo desarrollados por el CIE para aniquilar la lucha armada en el país. Entre esos métodos figuraba la cooptación de integrantes de organizaciones opositoras para convertirlos en agentes dobles infiltrados. Es en ese contexto en que se mencionan los agentes que actuaban en suelo extranjero.
Otra pieza de este rompecabezas proviene de un cuaderno utilizado por el coronel Cyro Etchegoyen para la contabilidad de las acciones del CIE entre 1969 y 1974. La libreta registra pagos de pasajes a Buenos Aires en septiembre de 1973 y gastos en la compra de revólveres para chilenos en febrero de 1974.
Las acciones de infiltración captaron desde autoridades de organismos de represión de los países vecinos hasta inmigrantes indocumentados. La colaboración con esos agentes en el exterior tenía algunos objetivos básicos: monitorear las actividades de exiliados brasileños en los países vecinos, obtener información sobre la política local e intercambiar información con organismos de represión sobre militantes extranjeros en Brasil.
En ese sentido, Chile era considerado de máxima prioridad por la dictadura brasileña, cuya cúpula militar consideraba esencial un cambio de régimen.
Apoyo al golpe en Chile
En plena Guerra Fría, el gobierno de Salvador Allende era un enclave socialista en una América del Sur dominada por dictaduras militares de extrema derecha. Allende asumió el gobierno chileno en noviembre de 1970, tras ser uno de los pocos líderes socialistas elegidos por vía democrática en ese período.
Más que un argumento retórico para sostener que el fantasma del comunismo rondaba Brasil, el Chile de Allende se convirtió en un refugio para los exiliados brasileños. Por eso, al percibir que un golpe militar era una posibilidad real, el CIE aceleró los gastos en operaciones que pudieran contribuir a que el derrocamiento de Allende fuera exitoso. En los 70 días que antecedieron al golpe en Chile, los agentes bajo el mando de Cyro Etchegoyen gastaron el equivalente a R$ 50.000 (unos US$10.000) en contactos con un informante a quien llaman Temuco y con otros infiltrados que tenían información sobre Chile.
Allende entró definitivamente en la mira de la dictadura brasileña en diciembre de 1970. La Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) secuestró al embajador de Suiza en Brasil, Giovanni Bucher, en plena Zona Sur de Río de Janeiro. El secuestro duró 40 días y solo terminó cuando la dictadura cedió. A cambio de la liberación del diplomático, la VPR exigió que 70 presos políticos fueran puestos en libertad. Estos fueron acogidos en el Chile de Allende en enero de 1971 y, desde allí, comenzaron a articular acciones en Brasil.
El derrocamiento de Allende pasó a ser visto como fundamental por la represión en Brasil. En un informe de la sección de contrainformación, liderada en ese entonces por Etchegoyen, hay una especie de balance de las actividades del CIE con informantes infiltrados. El documento de 68 páginas incluye información hasta el 15 de marzo de 1974, momento crucial en la integración de los aparatos de represión de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, todos bajo la tutela de dictaduras militares a partir de los años setenta. Ese período corresponde también al inicio del gobierno del presidente-dictador Ernesto Geisel en Brasil.
El documento resalta los resultados de la Operación Temuco:
“En el año de 1973, se destaca también la Operación TEMUCO, en la que contamos con la participación de elementos del partido clandestino chileno ‘PATRIA Y LIBERTAD’ en las actividades prerrevolucionarias que resultaron en la caída de ALLENDE”, escribe Etchegoyen.
El informe no nombra a los militantes del grupo fascista chileno que participaron, pero destaca la posición de mando del infiltrado Temuco y señala que era integrante del comando nacional de Patria y Libertad. El grupo chileno tenía tres principales liderazgos: Roberto Thieme y los ya mencionados Pablo Rodríguez Grez y Eduardo Díaz Herrera.
El nombre de la operación elegido por los agentes del CIE llama la atención: Temuco es una ciudad en el sur de Chile y, de los tres líderes del Patria y Libertad, solo Díaz Herrera mantenía vínculos con ese lugar. Vivía en la región y comenzó su actividad política en Temuco.
El portal Interferencia, de Chile, relató fragmentos de ese episodio. Tras cruzar la frontera chilena con el auxilio del CIE, Díaz Herrera y Rodríguez Grez fueron trasladados en un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Chile, operado por sectores que apoyaban el golpe contra Allende, hasta la ciudad de Temuco.
En el inédito informe del CIE de Etchegoyen se relata que la ayuda a los dirigentes del grupo chileno venía ocurriendo desde hacía tiempo y rindió frutos importantes para la dictadura brasileña tras la llegada de Pinochet al poder.
“Estos elementos recibieron entrenamiento en la S/103/CIE; fueron cruzados por la frontera por un equipo de seguridad y comenzaron a remitir informaciones sobre subversivos brasileños en CHILE, culminando con una invitación para que nuestros agentes fueran a SANTIAGO, poco después de la revolución, para identificación de extranjeros detenidos en el Estadio Nacional y otras prisiones.”
En el libro “O Brasil contra a democracia: A dictadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul”, del periodista Roberto Simon, publicado por Companhia das Letras, el autor también menciona detalladamente el papel de los chilenos del Patria y Libertad con los militares del CIE. A lo largo de los años, Eduardo Díaz Herrera, que tiene 82 años, se convirtió en un crítico del neoliberalismo y defensor de la causa Mapuche. Hace algunos años integró el Frente Amplio, demostrando apoyo a líderes como el expresidente chileno Gabriel Boric. ICL Notícias intentó contactar a Herrera, sin éxito. Los demás dirigentes de Patria y Libertad ya han fallecido.
Como ICL Notícias informó en otro reportaje de la serie “Bandidos en Uniforme”, semanas después del golpe dos oficiales del CIE desembarcaron en Santiago: el mayor Victor de Castro Gomes, segundo de Etchegoyen en la sección de contrainformación, y el capitán Paulo Barreira participaron de interrogatorios de brasileños y personas de otras nacionalidades que estaban detenidas en el Estadio Nacional de Chile.
Además de proporcionar información sobre militantes brasileños en suelo chileno, Temuco tendió el puente entre el CIE y la represión chilena, según el informe.
Ese contacto derivó en otra operación en Chile: los militares tuvieron como nuevo informante a una persona bautizada con el sugestivo nombre en clave de Amistad. De acuerdo con los registros de Etchegoyen, ocupaba un cargo de jefatura en el Servicio de Contrainformación del Ministerio de Defensa de Chile.
Acciones en Argentina
El acervo de Etchegoyen revela los primeros momentos de la integración de los servicios de represión de las dictaduras del Cono Sur, ya a principios de la década de 1970.
Si en el caso de los chilenos Temuco y Amistad la motivación para colaborar con los militares brasileños era clasificada como “político-ideológica”, en el caso de Lobo, un integrante de nivel superior de la Policía Civil del Uruguay, era descrita como “financiera”, una forma diplomática de describir un soborno.
La ficha de Lobo deja en claro que recibía mensualmente un pago equivalente a aproximadamente R$ 2,5 mil (US$500 aprox.).
El documento, sin embargo, no identifica con sus verdaderos nombres a ninguno de los agentes en el exterior.
Al igual que hizo en Chile, el CIE también mantuvo contactos con agentes de represión y militantes de extrema derecha en Argentina. Una de las operaciones fue bautizada Gênese II e implicó el uso de residentes indocumentados en Buenos Aires para obtener información sobre el escenario político argentino.
En el momento en que el documento fue confeccionado, la operación Gênese II todavía estaba en fase de implementación. Para crear una fachada para su agente doble, los militares del CIE le proporcionaron una nueva identidad, consiguieron un empleo en una multinacional y crearon incluso un esquema clandestino para comunicaciones y transporte de material confidencial desde Buenos Aires. Aunque en estado preliminar, la acción ya comenzaba a dar frutos.
“Resultados obtenidos hasta la presente fecha: Primeros contactos con elementos de izquierda”, definió el coronel en la ficha de Gênese II.
Otro agente en Buenos Aires fue bautizado San Martín, probablemente en referencia al revolucionario José de San Martín, uno de los próceres de la independencia argentina. Al igual que había ocurrido en Chile, era un dirigente de un grupo político local.
Se trataba de uno de los fundadores del grupo Patria Libre. El agente doble colaboraba, entre otras funciones, en la cobertura de otros agentes de la dictadura brasileña en Argentina. Según Etchegoyen, el contacto ya había proporcionado información sobre “movimientos terroristas argentinos”.
El agente también habría suministrado información sobre el estado de salud del presidente Juan Domingo Perón, quien acabaría muriendo en julio de 1974, y sobre la influencia que el último dictador argentino hasta entonces, el general Alejandro Agustín Lanusse, mantenía sobre el ejército de ese país.
En 1974, Argentina vivía un breve paréntesis de gobiernos civiles ligados al peronismo en medio de los dictadores militares que se turnaban en el poder del país desde 1966.
Con la muerte de Perón, su esposa y vicepresidenta, Isabelita Perón, asumió la presidencia. Sería depuesta por los militares poco después, en marzo de 1976. La segunda fase de la dictadura argentina duró hasta 1983 y terminó con un saldo de aproximadamente 30.000 muertos y desaparecidos.



