Días después de la COP30 en Belém, a finales de 2025, el Gobierno federal promulgó una ley para modernizar el sector eléctrico. En el texto aprobado, sin embargo, había una cláusula oculta (una disposición ajena al tema principal de la propuesta) – o lo que en Brasil se conoce como un “jabuti” o “tortuga”: la obligación de firmar Contratos de Compra de Energía de Reserva (CER) con centrales termoeléctricas a base de carbón hasta 2040. 

El principal beneficiario de esta medida era la central térmica (UTE) Candiota III, operada por Âmbar Energia y propiedad de J&F S.A., de los hermanos Joesley y Wesley Batista. Según el borrador del contrato, la remuneración prevista es de, como mínimo, 859,7 millones de reales (alrededor de 170 millones de dólares) al año.

El contrato ha sido objeto de una intensa polémica pública, que ha incluido presiones, sobornos, subvenciones y debates sobre la transición energética, tal y como muestra este reportaje de Matinal, que forma parte de la investigación transfronteriza y colaborativa «Las ruinas del carbón». El proyecto está liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y reúne a doce medios de comunicación en torno al fin de la energía del carbón en América Latina.

En enero de 2026, J&F S.A. solicitó al Ministerio de Minas y Energía (MME) la contratación de la central de Candiota III en base a la norma. En febrero, el ministerio presentó el borrador del contrato a consulta pública, con un plazo de solo siete días para presentar aportaciones. En abril, publicó el documento. 

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), en carácter de medida cautelar, suspendió, el 29 de abril, parte del pago, correspondiente a una partida de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE). Según la resolución, el importe podría constituir una «incorporación indebida de subsidio y la consiguiente oneración ilegal de los consumidores del SIN [Sistema Interconectado Nacional]». 

Sin esa partida, según el TCU, el valor del contrato se reduciría a 714,26 millones de reales (alrededor de 140 millones de dólares), lo que supone una reducción de aproximadamente 145,53 millones de reales (alrededor de 28 millones de dólares) al año. En 15 años, que es la duración del acuerdo, el ahorro ascendería a 2180 millones de reales (alrededor de 430 millones de dólares). 

La CDE la pagan todos los consumidores brasileños a través de la factura de la luz. Sirve, por ejemplo, para conceder descuentos a las personas con bajos ingresos. Pero también contribuye a incentivar algunas fuentes de energía, como el carbón. Según el «Subsidiômetro» de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), los subsidios para este mineral ascendieron a unos 1200 millones de reales (unos 238 millones de dólares) en 2025.   

La decisión del TCU se dirigió al Ministerio de Minas y Energía (MME), responsable de llevar a cabo el proceso de contratación y de definir las directrices legales y el precio, y a la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE), que representa a los consumidores y que firmaría formalmente el contrato. 

El MME informó a Matinal de que el contrato se firmó el 28 de abril, es decir, un día antes de la decisión del TCU. El medio preguntó al ministerio cuál sería el efecto práctico de la resolución, teniendo en cuenta que el acuerdo ya se había firmado, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.    

El MME también defendió su cálculo: «La partida de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) se utilizó en el cálculo para cumplir con la Ley n.º 15.269/2025, que estableció que los ingresos fijos vinculados al resto de partidas del nuevo contrato debían ser iguales al importe que se pagaba en el contrato anterior en la fecha de referencia (diciembre de 2022), según una resolución anterior de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)». 

También destacó la importancia de la central: «Por último, cabe destacar que la UTE Candiota III representa una parte importante de la capacidad de generación termoeléctrica de la región Sur, lo que implica ganancias en la energía almacenada en el subsistema y la posibilidad de preservar los embalses hidroeléctricos».

Durante la consulta pública, J&F S.A. llegó a impugnar la fórmula utilizada por el Gobierno, solicitando un aumento del valor del contrato. La reclamación no fue aceptada. La empresa solicitó también que el Gobierno reconociera la posibilidad de exportar energía a países como Uruguay y Argentina, lo cual fue contemplado. 

Perjuicio a las fuentes renovables 

Representantes de los consumidores y asociaciones de grandes industrias plantearon varias críticas durante la consulta pública. «Contratar sin subasta es un completo contrasentido, no es eficiente ni transparente, sobre todo teniendo en cuenta que los precios de contratación ya se sitúan muy por encima de la media de los demás contratos de energía de las distribuidoras», escribió en un comunicado el Consejo Nacional de Consumidores de Energía Eléctrica (Conacen). 

Las entidades también recordaron que la contratación de la central a base de carbón, que exigirá una generación mínima de energía, va en contra del avance de las energías renovables. Principalmente debido al exceso de oferta de fuentes como la eólica y la solar, lo que ha generado cortes forzados en la generación —el llamado «curtailment». 

Este aspecto también fue destacado por el TCU, que criticó el alto nivel de rigidez operativa de la central —una norma que obliga a Candiota III a mantener una generación mínima constante (el 70% de su capacidad) para garantizar el consumo de carbón nacional exigido por la ley—. «Esta característica reduce la eficiencia económica de la operación, lo que puede dar lugar a una mayor incidencia de curtailment (es decir, la reducción o limitación obligatoria de la generación de las centrales, especialmente las renovables, cuando hay un exceso de oferta o restricciones operativas del sistema eléctrico) y a la sustitución de alternativas de generación potencialmente más baratas y menos contaminantes para satisfacer la demanda», escribió el Tribunal de Cuentas de la Unión.

En opinión del Instituto Arayara, que aboga por la descarbonización del sector eléctrico, este contrato supone un grave error y un retroceso en la política energética brasileña. «En la práctica, este mecanismo garantiza una remuneración a las centrales termoeléctricas más contaminantes del país, transfiriendo a los consumidores los riesgos económicos y a la población los costes y los riesgos ambientales y financieros asociados a la continuidad de una fuente de energía contaminante y cada vez menos competitiva», escribió.  

Matinal envió preguntas a J&F en relación con el contrato. El 29 de abril, preguntó si la empresa firmaría el acuerdo a pesar de haber cuestionado la fórmula presentada por el Gobierno. El 7 de mayo, solicitó a la empresa su visión de la decisión del TCU. La empresa no respondió a estas preguntas. 

Esta alianza periodística también envió solicitudes de información y aclaraciones al Ministerio de Minas y Energía (MME) los días 4 y 20 de mayo. Preguntó si el ministerio recurriría la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), por qué se había utilizado la parte correspondiente a la CDE en el cálculo y qué políticas de transición energética estaban previstas para la región carbonífera de Rio Grande do Sul. Pero no recibió respuesta. 

De Bolsonaro a Lula: el camino hasta el contrato

El camino hasta llegar al contrato con Candiota III fue largo. Los contratos con la central térmica Candiota III y con el complejo termoeléctrico Jorge Lacerda, en Capivari de Baixo (en el estado de Santa Catarina), expirarían, respectivamente, en 2024 y 2025. En 2021, el Gobierno de Jair Bolsonaro detalló el «Programa para el Uso Sostenible del Carbón Mineral Nacional», centrado en la actividad minera en el sur de Brasil, ya que los yacimientos del mineral se concentran en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. 

Ese mismo día, el 9 de agosto de 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, que reúne a los científicos más respetados del mundo en materia climática, puso de manifiesto los efectos del carbón, el petróleo y el gas natural. Su informe halló que el cambio climático tiene efectos irreversibles y está impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles. 

A raíz del plan del Gobierno de Bolsonaro, a principios de 2022 se aprobó la Ley n.º 14.299, por la que se creaba el Programa de Transición Energética Justa (TEJ). Sin embargo, la norma solo contemplaba a Santa Catarina, dejando fuera a Rio Grande do Sul y Paraná. En territorio gaúcho, Candidato III se vería perjudicado, ya que Pampa Sul, la otra central a base de carbón del estado, tiene un contrato hasta 2043, firmado tras ganar una subasta. 

En diciembre de 2024, el Congreso aprobó una ley que regula la energía eólica en alta mar, pero con un “mico” o “jabuti” legislativo: la obligación de contratar centrales termoeléctricas a carbón hasta 2050. El Gobierno de Lula, sin embargo, vetó esa disposición: «A pesar de la buena intención del legislador, la propuesta legislativa va en contra del interés público al obligar a la contratación de centrales termoeléctricas a base de carbón mineral, lo que repercutiría en los precios de las tarifas de energía, que correrían a cargo de los consumidores residenciales y del sector productivo».

El Gobierno también citó la contradicción climática para bloquear el carbón. «Además, la contratación de centrales de fuentes fósiles no es compatible con los compromisos internacionales asumidos por el país, ni con las políticas públicas orientadas a la transición energética, la mitigación del cambio climático y la descarbonización de la matriz energética brasileña». 

En febrero de 2025, casi un año después de las inundaciones que asolaron Rio Grande do Sul, el gobernador de la región, Eduardo Leite, entró en escena, junto con diputados y senadores. Solicitó al Gobierno una medida provisional para prorrogar el contrato con la central de Candiota III. «Lo que pedimos es precisamente la oportunidad de llevar a cabo esta transición de forma justa, sin dejar a nadie atrás. El gobierno estatal ha contratado a consultoras especializadas y estamos trabajando con WayCarbon y el Centro Brasil no Clima para respaldar un plan de acción», explicó en Brasilia. 

En marzo de 2025, el diputado de Rio Grande do Sul Afonso Hamm (del Partido Progressistas) presentó un proyecto de ley en el que se solicitaba que nuevos contratos con las centrales termoeléctricas se firmaran de aquí a 2050. A pesar de que este texto se encontraba en trámite, el senador de Santa Catarina Esperidião Amin (también del Partido Progressistas) presentó, en julio, una propuesta con el mismo contenido en un proyecto que abordaba la modernización del sector eléctrico, conocido como Medida Provisional (MP) del Sector Eléctrico. 

Un reportaje de DW Brasil reveló que el texto presentado por Amin era idéntico al de Hamm y fue redactado en el ordenador de Fernando Luiz Zancan, presidente de la Asociación Brasileña del Carbón Sostenible (ABCS), que agrupa a empresas de la cadena de valor del carbón y que antes se denominaba Asociación Brasileña del Carbón Mineral. La disposición se incorporó a la ley, pero con un plazo reducido hasta 2040. El Gobierno de Lula,  en esta ocasión, no vetó la disposición, a pesar de haber criticado anteriormente la expansión del carbón en proyectos de ley. 

Zancan explicó a Matinal que «el papel de una asociación profesional es precisamente ese». «No siempre los parlamentarios tienen la visión, ni siquiera el personal de las asesorías jurídicas tiene la fórmula. Por lo tanto, alguien tiene que tener la fórmula para que tú puedas resolver ese problema», justificó.

Según Zancan, la entidad trabaja en diversos proyectos de ley para llevar beneficios y recursos a las regiones carboníferas de Brasil. Citó, por ejemplo, el proyecto del Régimen Especial de Tributación para Centros de Datos (Redata), que se está tramitando en el Congreso y busca ofrecer incentivos para la instalación de centros de datos. Una enmienda del senador Esperidião Amin solicitó incluir a las regiones carboníferas del sur del país entre las beneficiarias. 

Fuente cara y contaminante

Según el análisis de Raissa Silva, investigadora del Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA), la presión para mantener el carbón proviene, en gran medida, de grupos de presión o lobby bien organizados vinculados a la cadena productiva y a regiones en las que esta actividad sigue siendo importante desde el punto de vista económico. «El argumento del empleo tiene un peso político real, pero acaba utilizándose para justificar el mantenimiento de centrales que, desde el punto de vista del sistema eléctrico, ya han perdido terreno». 

La inclusión de centrales a base de carbón como reserva de capacidad tampoco se justifica desde el punto de vista económico y técnico. «Estas centrales tardan más en ponerse en marcha y apagarse y tienen poca flexibilidad, lo que va en contra de lo que el sistema necesita hoy en día, que es responder rápidamente a las variaciones de la demanda». Para la investigadora, este tipo de contratación «tiende a mantener una fuente cara, rígida y más contaminante, en un momento en que el sistema eléctrico avanza en la dirección opuesta».