La tierra que ya no es

1.

Los palos de mango que Hilda Arrieta disfruta en el patio de su casa son altos, fornidos y frondosos. En horas de sol aciago, cuando la temperatura toca los 38 grados centígrados, arrojan enormes sombras sobre el techo y merman el sofoco en las habitaciones. Doña Hilda, como le dicen los vecinos, recoge los mangos en unas poncheras que va situando en rincones de su casa como para tenerlos a la mano y que no se pierdan. Pero de un tiempo para acá, no sabe cuánto con exactitud, esos mangos vienen enfermos. No importa si son los que levanta del suelo o los que jala desde las ramas. La cáscara trae unas manchas negras que no parecen ser las mismas que anuncian que el mango se está pudriendo. A veces pasa, dice, que se ven sanos y apetitosos, pero nomás los abre encuentra la pulpa dañada. «Muy poquitos salen buenos».

Además de plantas ornamentales y medicinales, en este patio hay limoneros y plátano. A sus 58 años, doña Hilda sostiene que estas matas también se han enfermado al punto en que no aguantan la cosecha. Parece que a partir de cierto peso del racimo, el tallo se quiebra, «se troncha porque se pone blanditico» y se pudre. Doña Hilda observa que no son sólo sus árboles, que a todos en La Loma les ocurre lo mismo, que ya ninguno de sus habitantes puede disfrutar de la tierra que antes sí. «Aquí, si se sembraba una yuca, una yuca salía».

En la misma cuadra, varias casas más allá, una madre de familia de 50 años llamada Jaidy Maestre Trespalacios me muestra las plantas aromáticas y medicinales que aprendió a cultivar desde niña. Aunque se ven erguidas y saludables y combinan un coqueto antejardín, Jaidy dice que la contaminación las mantiene «muy afectadas» porque las hojas se tornan amarillas y sus aromas pierden intensidad. Con las frutas del patio trasero, lo mismo: los papayos, el plátano y el mango enferman hasta arruinarse. «Al amanecer uno va y mira, y es como si le hubieran tirado carbón molido a las hojas. Es horrible».

Sin estudios a la mano, decididas por la intuición, Jaidy y doña Hilda le atribuyen esos daños al polvillo de carbón o carbonilla que el viento trae desde las minas cercanas hasta posarlo en cada superficie. Y no les parece una conclusión exagerada sino apenas lógica, porque las plantas enfermas no han sido una preocupación de toda la vida sino desde que las empresas mineras convirtieron el suelo que rodea La Loma en tajos a cielo abierto. «Para mí que la carbonilla dañó la biología de las plantas —dice Jaidy—. ¿No ve que antes eso no pasaba?».

2. 

La Loma de Calenturas o simplemente La Loma es la población que ha concentrado la más ingente explotación de carbón térmico dentro de una región al nororiente de Colombia conocida como Zona Minera del Centro del Cesar: unas 565.000 hectáreas entre los municipios de Agustín Codazzi, Becerril y Chiriguaná, además de El Paso y de La Jagua de Ibirico, siempre delimitadas al oriente por las montañas amables de la Serranía del Perijá.

Aunque la fisonomía de la Loma es la de un municipio de veinte mil habitantes —alguna vía de dos carriles con separador, amplio hospital, plaza con tarima y parroquia central—, es apenas una jurisdicción del municipio de El Paso: un corregimiento que por efecto de las multinacionales instaladas en sus inmediaciones se volvió lugar de acogida para rebuscadores y profesionales de esta minería, así como para altos ejecutivos foráneos. Si en los años ochenta La Loma era un caserío de cinco calles en medio de una polvareda, tres décadas más tarde, justo antes de la pandemia, ya era un casco urbano extendido sobre treintaidós barrios formalizados.

Madeleine Castillejo, líder comunitaria de 41 años, me explica que cuando La Loma era esa juntura de ranchos levantados al pie de una carretera de sedimentos cobrizos, casi toda la tierra productiva era de un hato que abastecía de leche, queso y carne a los mercados de los pueblos vecinos. Si bien las cercas de las propiedades privadas atrapaban largos tramos de los ríos, los lugareños se movían libremente por la sabana hasta llegar a las orillas en las que pescaban y lavaban ropa. «Así alcancé a conocer La Loma», dice en un tono de asombro por lo mucho que ha cambiado el lugar.

Jaidy Maestre Trespalacios coincide en que «cada señor de finca» permitía que en sus tierras las familias del caserío sembraran unos pocos alimentos de pancoger a cambio de alguna ayuda en el hato. Y a la hora de la cosecha todos compartían un poquito de cada cosa. Había fríjol de cabeza negra, melón, ahuyama, varias clases de maíz, cacao y cereales como el millo, sorgo y arroz. Las familias acumulaban su riqueza en cabezas de chivo; por pobres que fueran contaban con las suficientes para gozar de carne y leche, y para cerrar transacciones entre vecinos. Completaban la rosa, como llaman a la parcela productiva, con gallinas, cerdos y burros para el transporte. «La verdad: era una época muy bonita. Y apenas reventaron las minas, todo eso se acabó».

El río Calenturitas, tutelar de La Loma, existe en la memoria de los locales como un afluente veloz y caudaloso en el que abundaban especies carnudas como la dorada, el blanquillo y el bocachico. Los campesinos pescaban para ganar el alimento de la familia, no para comerciar, así que les bastaba con unos pocos lances de la atarraya. En su recuerdo de hace cuarenta años, cuando Jaidy era una niña que jugaba en los pastizales, Calenturitas era un río poderoso y nadie sospechaba verlo escaso de agua o seco. Con la apertura de una mina bautizada con el mismo nombre, «Calenturitas», el cauce fue intervenido con la usual indolencia de las multinacionales: le cortaron quebradas afluentes, lo privaron de acuíferos subterráneos y le desviaron la ronda. «Hoy ese río se seca —dice, indignada—. Es para no creer».

Uno de los principales tributarios del Calenturitas es el río Tucuy. Bernardo Ospino, líder campesino de Boquerón, una comunidad cercana a la ronda, me explica más o menos lo mismo que Jaidy: antes del auge carbonífero, el Tucuy era una despensa, las familias no se preocupaban por ir a comprar sino por ir a pescar. Pero luego abrieron los tajos y el caudal se vio disminuido, el cauce fue entrecortado y el agua perdió la nitidez de la pureza porque se fue contaminando con la carbonilla y fragmentos de mayor volumen que salían como desechos mineros. «Usted iba al río por una volqueta de arena y mínimo el treinta por ciento era carbón. Y por más que la mina ya no esté activa, usted todavía puede encontrar trazas entre el agua y la arena».

3.

El carbón térmico es un tipo de sedimento usado para generar electricidad. Molido o reducido a un estado similar al de la arena, es combustible para las calderas de las termoeléctricas. La masificación de su uso está ligada a la invención de las máquinas a vapor que permitieron la Revolución Industrial.

A comienzos del siglo XX, tras la entronización de los motores dependientes del petróleo y sus derivados, esta roca de calor perdió su preponderancia en la producción de energía. Sin embargo, en 1973, con la crisis petrolera global desatada por las decisiones políticas de la OPEP que prohibieron la exportación de crudo a los estados occidentales que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kipur, algunos de los países más industrializados del mundo como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y Países Bajos se vieron forzados a actualizar tecnologías para aprovechar el carbón térmico.

Desde entonces, este combustible ha encontrado una línea propia de consumo y un mercado cuantioso y estable. Si bien el petróleo es dominante en el transporte y el gas es un buen complemento para la calefacción y las estufas, el carbón térmico se ha vuelto esencial para alimentar las termoeléctricas que proveen la energía para grandes concentraciones urbanas, así como para los complejos industriales. Y todo por su bajo costo: mientras los yacimientos de petróleo y gas obligan onerosos mecanismos de sofisticación tecnológica, los del carbón térmico siguen siendo operativos con tecnologías de extracción casi premodernas como picas y palas para excavación —automatizadas, eso sí— y camiones, volquetas y trenes para el transporte.

En Colombia la explotación a gran escala comenzó en 1982 en el departamento de La Guajira con la mina del Cerrejón, por manos de una sociedad entre la compañía estatal, Carbocol, y una filial de la multinacional petrolera Exxon llamada Intercor. Las exploraciones posteriores dieron con nuevos y abundantes yacimientos en la sabana del departamento del Cesar —unas pocas horas al sur del Cerrejón—, que entre 1987 y 1989 empezaron a ser operados por la minera estadounidense Drummond y por C.I. Prodeco, empresa de capital colombiano. Fueron estos los primeros tajos abiertos en inmediaciones de La Loma y recibieron nombres a gusto de las empresas: «Pribbenow», el de Drummond, y «Calenturitas», el de C.I. Prodeco.

Ya en los años noventa, en pleno desarrollo de la globalización, este carbón llegó a ser la materia prima de la tercera parte de la matriz energética del mundo, gracias a la vertiginosa industrialización de China y otros países asiáticos. Las multinacionales que se habían enriquecido siendo apenas comercializadoras de materias primas entendieron que para hacerse más poderosas debían participar directamente desde la base de la cadena de suministro: acceder a yacimientos prometedores, desarrollar o hacerse a sistemas de transporte, y comprar a las pequeñas empresas locales que tuvieran en sus manos esas explotaciones. Proceso conocido como «Integración vertical».

Un claro ejemplo de esta fórmula de éxito fue Glencore. En su origen, esta compañía había sido una sociedad de inversionistas que desde 1983 participaba en la comercialización de materias primas bajo el liderazgo de un viejo trader de petróleo llamado Marc Rich. Pero en 1993, tras una racha de pérdidas, la sociedad se deshizo de Rich culpándolo de haber expuesto la empresa a la quiebra y le dio vida a una marca que no sólo iba a comisionar en el mercado sino que también tendría la capacidad de operar yacimientos de materias primas y de metales preciosos. La bautizó con el acrónimo Glencore, que son las iniciales de: Global Energy Commodity and Resource. En español: Recursos y Productos Básicos de Energía Global.

Un año y medio después, en 1995, posiblemente motivados por las operaciones de Drummond y de otros proyectos que apenas iniciaban en la Zona Minera del Centro del Cesar, Glencore compró a C.I. Prodeco y, con ella, los contratos de concesión sobre el tajo de Calenturitas. Fue el primer movimiento financiero que le permitió a la multinacional concretar la integración vertical: en los años que siguieron, Glencore amplió y profundizó el tajo para elevar la producción y se hizo accionista de la concesión que administra la red férrea que conecta los complejos carboníferos con los puertos del caribe. Más tarde, en 2005, tras fagocitar a un puñado de pequeñas mineras nacionales que trabajaban un tajo llamado La Jagua —situado a las afueras de ese municipio—, creó el Grupo Prodeco, que vino a ser la consolidación de lo que parecía la estrategia corporativa: un enjambre de empresas que en el contexto colombiano pudieran ser tomadas como distintas, pero reunidas bajo un nombre reconocido como filial de la multinacional.

Hacia 2010 el negocio del carbón térmico era tan próspero que los otros dos tajos abiertos en torno a La Loma, llamados El Hatillo y La Francia, ya habían sido adquiridos por Colombian Natural Resources (CNR) —otra multinacional, primero propiedad de la brasileña Vale y luego del banco Goldman Sachs—, con lo cual el capital extranjero se había apoderado de todos los yacimientos a cielo abierto que Colombia tenía en la Zona Minera del Centro del Cesar. Los beneficios parecían de aplaudir: nueve mil empleos directos más veinte mil indirectos y el efecto derrame sobre cada una de estas familias representaban una marca de estabilidad en más de la mitad de los 150.000 habitantes que sumaban los cinco municipios de la Zona. De los 1,23 billones de pesos (unos 648 millones de dólares) que el Estado recibía por regalías mineras al año, el carbón térmico aportaba el 72% y Colombia se afincaba como el quinto mayor exportador de este mineral en el mundo.

Madeleine Castillejo, la líder comunitaria de La Loma, me cuenta que un operario de máquinas en los yacimientos podía recibir salarios mensuales que oscilaban entre cinco y ocho millones de pesos (de 2600 a 4200 dólares), con lo cual «era una persona rica en este pueblo». Las familias pudieron comprar vivienda y mandar a sus hijos a cursar la universidad en otras ciudades. En pocos años, la población de La Loma y en general de la Zona se nutrió con profesionales en áreas diversas, casi siempre relacionadas con oficios que podían desempeñar en las empresas mineras: desde medicina, enfermería, sociología hasta ingenierías y geología. «Si no hubiera sido de esa manera —explica Madeleine—, los jóvenes de acá nunca hubieran podido acceder a la educación superior porque acá en La Loma no tenemos ni los cursos técnicos del Sena que son gratis». Un síntoma palpable del movimiento de la economía fue que las calles se llenaron de comercios y tres bancos abrieron puntos de atención con cajero. Con el tiempo, las regalías sirvieron para pavimentar vías y andenes, y para modernizar y ampliar el hospital. «La mayoría de los colegios de acá tienen aulas donadas por las empresas mineras».

4.

Era una abundancia que parecía incuestionable. Y sin embargo ya habían sonado varias alertas sobre la contaminación causada por estas minas. El Ministerio de Ambiente tenía los resultados de un estudio sobre la calidad del aire en la Zona Minera del Centro del Cesar que tres años antes le había encargado al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Según esta investigación, el aire de tres poblados minúsculos, El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, era irrespirable porque la concentración de material particulado rebasaba los límites permitidos. «En la noche uno prendía la luz o una linterna, y alcanzaba a ver el aire lleno de grumos», recuerda Bernardo Ospino sobre la atmósfera en Boquerón. Dada la gravedad de los datos y la rigidez contractual con las empresas mineras, lo procedente para el Estado era sacar a las comunidades de sus tierras para reubicarlas en lugares que no fueran alcanzados por la contaminación. En otras palabras: desarraigar a estas familias campesinas para que la explotación pudiera continuar.

Por medio de la resolución 1525 del 5 de agosto de 2010, el Minambiente le ordenó a las empresas mineras costear un plan de reasentamiento de esas comunidades, que incluyera la reposición de las viviendas y de los medios y herramientas necesarias para que la gente rehiciera la vida. Aunque los tres poblados estaban en un área polucionada por todos los tajos de la Zona, el estudio señalaba saldos graduales de acuerdo a los indicadores de contaminación y a la cercanía. A Drummond, con Pribbenow y El Descanso, le colgaba la mayor responsabilidad y por tanto debía aportar más recursos para el reasentamiento de las tres comunidades. Al Grupo Prodeco, con Calenturitas, le correspondía un alto porcentaje en Plan Bonito y Boquerón, y uno pequeño en El Hatillo. Casi que al contrario de CNR a quien, con La Francia y El Hatillo, le tocaba su mayor grado de compromiso con la comunidad del Hatillo y participaciones menores en las otras dos.

Cada reasentamiento tuvo dinámica propia. Los de Plan Bonito y El Hatillo fueron más o menos similares. Aunque hubo matices y casos rezagados, lo general fue que a las familias de estas comunidades les compraron la casa y la tierra, y les ayudaron con dinero y apoyo técnico para montar emprendimientos. A los jóvenes que quisieran les costeaban estudios de educación superior y les daban una suma para la manutención mientras se graduaban. El proceso de Plan Bonito comenzó en 2014 y antes de la pandemia ya había finalizado, pero el del Hatillo sólo pudo iniciar cuando ya no había cuarentenas. La queja común a los dos casos es que el Estado no se implicó en las decisiones. El grueso de las familias hubieran querido un respaldo más determinante para que las mineras hubiesen tenido menos libertad a la hora de hacer los ofrecimientos. Sobre todo porque no hay un cuerpo de leyes o jurisprudencia en Colombia que fije estándares para reasentamientos forzados por la industria minera. Jesualdo Vega, líder campesino del Hatillo, dice que todo el proceso quedó en manos de las empresas y que la concertación fue sobre lo que ellas permitieron, no sobre lo que hubiera querido la comunidad. «La responsabilidad del Estado no apareció por ninguna parte. En las reuniones esporádicas a las que estaba obligada la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales], que era la institución de la que podíamos esperar algo, nunca nos orientaron, nunca dijeron “ojo con esto, pidan tal cosa, no dejen pasar esto”. Nada. Y lo mismo con la Defensoría del Pueblo: asistía a las reuniones pero no tenía voz ni voto. Hacía algunas apreciaciones, pero hasta ahí».

Y sin embargo, Vega me dice que el reasentamiento del Hatillo fue tan exitoso como pudo ser. «De los que hasta el momento ha habido en el país, este ha sido el mejor». Basa buena parte de este juicio en un hecho paradójico: evitaron caer en los errores que primero sucedieron en Plan Bonito. «Eso fue cogiendo de aquí y de allá». Mientras allá no compensaron a los locales que durante el proceso residían por fuera de la comunidad y tenían en arriendo su vivienda y su tierra, en El Hatillo incluyeron a todas las personas propietarias así llevaran largo tiempo por fuera. Mientras en Plan Bonito a los adultos mayores que basaban el ingreso en el trabajo de la parcela los indemnizaron con una pequeña suma de dinero durante dos años, a los del Hatillo les montaron un negocio que le ha quedado como herencia a las familias. 

En ambos casos, las negociaciones fueron individuales por decisión comunitaria. A pesar de que las oenegés que acompañaron los procesos destacaron que había «cohesión social» en las actividades colectivas y en la convivencia diaria, las familias optaron por reasentamientos individuales. De un lado, fue la pérdida del sentido comunitario y de las relaciones de vecindaje y compadrazgo cultivadas desde el origen mismo de los poblados. Del otro, fue la oportunidad que las familias encontraron para acceder a las posibilidades de la vida urbana. A La Loma llegaron casi todas; algunas se asentaron en municipios cercanos; unas pocas terminaron en Valledupar y ciudades más retiradas como Barranquilla.

Boquerón fue historia aparte. Desde la resolución en 2010 hasta que iniciaron las cuarentenas por la pandemia en marzo de 2020, la comunidad asistió a las reuniones y talleres programados por la oenegé encargada de operar el reasentamiento. Todo parecía avanzar de acuerdo al plan. Pero el 2 de febrero de 2021, el Minambiente emitió una nueva resolución, la 0071, diciendo que dadas las últimas mediciones de la calidad del aire Boquerón ya no estaba expuesto a niveles extremos de contaminación y entonces no se hacía necesario su reasentamiento. La comunidad se sintió contrariada. «Fue un desgaste total de todos nosotros», observa Bernardo Ospino, el líder de Boquerón. Pero no porque la comunidad en pleno hubiera querido irse de su terruño sino porque durante una década venía asimilando la idea de estar forzada a dejar todo para mudarse a otro lugar y se había creado expectativas con el futuro, y de un momento a otro el Estado va y dice que ya no. «Pero cuando nos sacan del área fuente de contaminación comenzamos a pellizcarnos —añade Ospino—. Todo el daño que nos habían hecho esas empresas durante treinta años y ¿no iba pasar nada? ¿No les iba costar nada? Nos dijimos: “aquí tiene que pasar algo”».

En las semanas siguientes un comité de representantes de la comunidad sostuvo encuentros con los delegados de la ANLA, con el operador y con algunos empleados de las mineras. Y acordaron que para resarcir en parte la contaminación del aire y de las aguas y la desviación del río y en general los impactos sobre su ambiente, las empresas debían invertir dinero en un plan que ayudara al desarrollo del caserío. Lo llamaron Plan de Manejo Socioeconómico (PMS) y lo formalizaron por medio de la resolución 00640 del 7 de agosto de 2021 expedida por la ANLA. Cada punto de este plan fue ajustado según las explicaciones del comité, que también integró Ospino. «Le mostramos al Gobierno cuáles eran las necesidades que todo este proceso había dejado». En la repartición de esfuerzos, como dije líneas atrás, la mayor responsabilidad le tocó a Drummond, luego al Grupo Prodeco y por último a CNR. El plan incluyó, sobre todo, obras de infraestructura: canchas, parque, vías de pavimento, un ancianato, planta de tratamiento de agua, mejoras en el colegio, en el hogar infantil y en el centro de salud. Casi todas fueron iniciadas y culminadas a tiempo. Otras, sin embargo, continúan pendientes hoy, cinco años después. Entre ellas, el programa de proyectos productivos rurales y urbanos que le corresponde al Grupo Prodeco. Ospino me explica que este retraso se debe a detalles formales en los documentos que no han podido resolver. Tampoco ha podido comenzar la pavimentación de la cuadrícula de calles, que es deber de CNR, porque primero hay que resolver limitaciones del acueducto. «Ahí vamos», dice Ospino, en tono de conformidad. «Vamos avanzando en cada punto del plan».

Las minas que ya no son

5.

Hasta 2018, la producción en la Zona Minera del Centro del Cesar fue en crecimiento sostenido año tras año. De las 80 millones de toneladas de carbón térmico que el país producía en promedio por año, la Zona aportaba más o menos el 60%. Fue una temporada de precios altos que se vino abajo en 2019. Ese año la tonelada pasó de 82,5 a 51,4 dólares. Aun así, las regalías fueron más que significativas. En el periodo 2012-2019 sólo el Cesar recibió 2,2 billones de pesos, (unos 810 millones de dólares, con el dólar promediado a 2716 pesos), cifra equivalente al 35% de los ingresos totales del departamento.

La caída del precio fue explicada por una desaceleración de la demanda global, propiciada por un aumento de la oferta al mismo tiempo en que los países que más requerían de este combustible, como Alemania y Holanda, comenzaron a tomarse en serio el debate sobre la transición energética hacia fuentes menos contaminantes. En terreno, Drummond y CNR continuaron el trabajo con igual intensidad. Pero el Grupo Prodeco ralentizó las operaciones en las minas de Calenturitas y La Jagua. Luis Fernando Ramírez, antiguo trabajador y vicepresidente de Sintramienergética —uno de los sindicatos que agrupa a los trabajadores de estas minas—, recuerda que de un día para otro la orden fue detener las palas de algunos frentes de explotación enviándolas a mantenimiento. Cada pala que dejaba de horadar el subsuelo paralizaba una «línea de producción»: se apagaban retroexcavadoras, volquetas y tractores. «Y tres o cuatro trabajadores tercerizados perdían el empleo». El personal quedó boquiabierto: las líneas de producción solían rendir las 24 horas durante los siete días de la semana. Nunca antes y por ninguna excusa habían sido detenidas, ni siquiera cuando un operario sufría de un grave accidente. El sindicato, entonces, pidió una reunión con la gerencia para saber qué estaba pasando. «Los supervisores o mandos medios no daban respuesta».

Ramírez recuerda que en la reunión, a mediados de 2019, Dallas Core, el gerente operativo, informó al sindicato que esas medidas se debían al desplome de los precios y que si la situación no mejoraba en 2020, la compañía se vería obligada a continuar la disminución de los puestos de trabajo hasta lograr ser sostenible. Ramírez dice que cuando le preguntaron por el destino de los trabajadores, Core «no ofreció ninguna alternativa» porque esos eran los imponderables del mercado. Un año después, las restricciones impuestas por la pandemia del Covid 19 le ayudaron a la compañía a mandar a toda la nómina para la casa y solicitarle a la Agencia Nacional de Minería (ANM) una suspensión de operaciones por cuatro años alegando dificultades económicas tras «el ambiente actual de los mercados» y la incertidumbre por el «desarrollo de los planes mineros» derivado de un fallo de una acción de tutela, confirmado por la Corte Constitucional, que le ordenó a Prodeco no disponer de un terreno para depósito de material estéril hasta tanto el territorio ancestral del pueblo indígena Yukpa no fuera delimitado con exactitud para evitar que se traslapara. Como esta solicitud le fue negada, la compañía intentó otra por dos años que tampoco tuvo suerte. Para la ANM las motivaciones alegadas no probaban con suficiencia las dificultades económicas transitorias. En ese mismo escenario de precios menos buenos y de restricciones pandémicas, las minas vecinas en manos de Drummond y de CNR habían seguido activas. Ramírez dice que Prodeco nunca les contó a los trabajadores de los intentos de suspender las actividades. Aunque no era —no es— una obligación legal de las empresas informar a sus obreros sobre las decisiones de las directivas, Ramírez dice que hubieran preferido enterarse por boca de la gerencia y no porque un periodista les filtró la información.

Luego de que la ANM hubiera negado la segunda solicitud, Ramírez pensó que al no haber más opciones las directivas iban a implementar los protocolos de bioseguridad contra el Covid 19 para que el personal retomara sus puestos. Y resultó que no. El 4 de febrero de 2021, el Grupo Prodeco radicó la carta de renuncia a los contratos y devolución de los títulos mineros de La Jagua y Calenturitas, «por razones técnicas y económicas». Fue un movimiento corporativo nunca antes visto en Colombia. Una sorpresa para la industria minera nacional. El Grupo dijo a la prensa que tal decisión no había sido «tomada de manera ligera» y que era «un resultado decepcionante», dando a entender que no había sido una decisión autónoma del todo sino obligada por las circunstancias. Sin duda, fue un lapo brutal y súbito para los trabajadores. «La empresa nunca nos dijo nada —recalca Luis Fernando Ramírez—. Y tuvieron el tiempo y hubo muchos momentos en que la empresa hubiera podido hablar con los trabajadores para contar la verdad de lo que estaba pasando. En vez de eso, lo hicieron a nuestras espaldas, sin que pudiéramos prepararnos para lo que se venía».

6.

Con la devolución de los títulos mineros, el Grupo Prodeco debió iniciar dos procesos paralelos: uno, la liquidación de contratos de concesión ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) y, dos, la puesta en marcha del plan de cierre de minas que había sido acordado con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) desde 2016.

La ANM tardó algunos meses antes de dar una respuesta. No contaba con antecedentes que orientaran la posición que debía asumir ante la multinacional. En el ambiente flotaba una incoherencia: en el mismo lapso en que Glencore adelantaba este trámite estaba comprando el 66,6% que le faltaba para hacerse dueño absoluto del Cerrejón, la más grande mina de carbón térmico a cielo abierto de Colombia. Si no tenía dinero para continuar las operaciones en Calenturitas y en La Jagua, ¿cómo es que sí avanzaba en una transacción que cerró en 100 millones de dólares y que en principio fue valorada en más de 500? ¿Cómo es que el negocio podía ser tan malo en el Cesar y en cambio muy promisorio en el vecino departamento de La Guajira? Entonces, a comienzos de mayo, un día antes de que se cumpliera el plazo máximo para evitar el silencio administrativo, la ANM respondió que no era viable la devolución de los títulos debido a no tener certeza del estado en que quedaban la infraestructura y la maquinaria. Fue una salida para ganar tiempo porque muy fácilmente la minera demostró que sí había enviado pruebas del estado del inventario: contaba con actas de visitas de los técnicos de la ANM a las minas en fechas probadas. Llegado septiembre de 2021, a la agencia no le quedó más que recibir los títulos porque el artículo 108 del Código de Minas permite que una empresa renuncie de manera unilateral a la concesión.

En cuanto al plan de cierre de minas, la compañía le informó a la ANLA que no iba a ser total sino parcial porque en los tajos abundaba el carbón y esto le daba la posibilidad a otra empresa de reactivar la producción. La ANLA no se opuso rotundamente; por el contrario, pareció aceptar la propuesta porque le pidió al Grupo Prodeco que actualizara el plan acordado en 2016 entregando datos recientes de la estabilidad física y química del área de las minas Calenturitas y La Jagua, y que implementara algunas medidas para reducir impactos ambientales. Fue como decir: del ahogado, el sombrero. Es más, en agosto de 2022 la ANLA publicó una «Guía para el plan de cierre y abandono de proyectos mineros», con lo cual dio a entender que esta situación podía volver a suceder y como no había forma de oponerse sólo restaba capacitar a los actores implicados para que todo fuera menos traumático.

A partir de este punto hay que tener en cuenta el cambio de mando presidencial del 7 de agosto de 2022, porque el entrante gobierno de Gustavo Petro incorporó el convencimiento político de «descarbonizar la economía» mediante una transición hacia las energías limpias. La idea por sí sola era una declaración de intenciones sobre una drástica intervención en el flujo económico nacional. En lo práctico era una propuesta de enfoque distinto, quizás contrario, a las decisiones que venían tomando las oficinas estatales encargadas de minas y energía.

Las directivas que se ocuparon de la ANLA desde finales de ese año y que fueron nombradas por el presidente Petro trataron de revertir la inercia con la que estaba avanzando el plan de cierre parcial y sentaron al Grupo Prodeco a una negociación. Bajo la certeza de que la Agencia Nacional de Minería no iba convocar a una subasta para conseguir un postor que retomara la explotación en Calenturitas y La Jagua, lograron que la multinacional renunciara a su aspiración inicial y se comprometiera con una solución definitiva que no era más que el plan de cierre total. 

Abro primer paréntesis. La diferencia entre los dos planes es radical: el cierre parcial es un simple acondicionamiento del terreno y de la maquinaria que apenas crea condiciones para que el trabajo minero prosiga más adelante. El cierre total consiste en varias  intervenciones a largo plazo que debe buscar la rehabilitación completa o casi completa del territorio. Cuando el impacto ambiental es tan drástico que resulta irrecuperable, las acciones deben ser compensatorias. Si acabamos con esto, te compensamos con esto. La rehabilitación también debe ser del tejido social: que las comunidades que dependieron del trabajo en esas minas durante tres décadas tengan los medios y el escenario para desarrollar una reconversión laboral que sostenga el nivel de vida tal como lo llevaban. Que luego de que las multinacionales hayan extraído hasta el último gramo de carbón y se hayan ido con los bolsillos repletos, la región no quede expoliada sino transformada hacia el progreso. La distancia entre los costos del plan parcial y el total, como parece obvio, se mide en años luz. Cierro 

Antes de posesionarse, Petro había tenido noticias de los conflictos sociales desatados tras la renuncia unilateral a los títulos de concesión minera por parte del Grupo Prodeco. Cuarentaidós organizaciones —de comunidades vecinas de las minas Calenturitas y La Jagua, sindicatos y grupos académicos— le habían hecho llegar una carta en la que le pidieron que ya como presidente suspendiera la aprobación del plan de cierre parcial debido a que nada de su contenido había sido compartido ni discutido con la gente que desde el origen de esas minas venía padeciendo los daños ambientales, laborales y de convivencia causados por la explotación de carbón en general y por los comportamientos particulares del Grupo Prodeco.

Más tarde, cuando ya estaba aceptado que había que trabajar en un plan de cierre total, las comunidades se dieron cuenta de que el Grupo Prodeco y la ANLA estaban actuando bajo el acuerdo tácito de que ese plan era una cuestión que sólo le competía a ellos, y que hasta no haber sido diseñado, elaborado y aprobado por ellos mismos sería puesto en conocimiento de las comunidades afectadas. Como quien dice: les tocó lo que les tocaba. La abogado Andrea del Rocío Torres, que hacía parte del equipo jurídico del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna y que estaba representando a esas comunidades, se opuso. «Advertí que ya había una jurisprudencia en Colombia que determinaba que todo documento ambiental que pueda generar impactos a largo plazo sobre el territorio y las personas debe ser consultado previamente, porque luego de su aprobación estatal no puede ser modificado». La cuestión terminó en una acción de tutela cuyo fallo tuvo primera y segunda instancia porque la multinacional no estuvo de acuerdo con la decisión del juzgado de primera instancia. Y en ambas veces la justicia le otorgó la razón a las comunidades. En la segunda instancia, vale la precisión, el Tribunal Administrativo del Cesar le ordenó al Grupo Prodeco convocar mesas de diálogo para discutir las obligaciones ambientales y sociales pendientes. La abogada Torres me dice que a pesar de esta orden «la empresa no quiso reunirse con nosotros para implementar el fallo».

Lo que hizo el Grupo Prodeco fue organizar unas reuniones, entre noviembre y diciembre de 2022, con personas que no necesariamente representaban del todo a las comunidades del área de influencia de las minas. En uno de esos encuentros quedaron pactados «nuevos espacios de participación» y una «gran mesa de diálogo» que nunca tuvieron lugar. Las comunidades se sintieron burladas y, a finales de mayo de 2023, interpusieron en el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar un «incidente de desacato» argumentando que, a pesar de que el plazo dado por el Tribunal era de un mes, habían transcurrido seis meses sin que el Grupo Prodeco acordara la metodología y las fechas para las nuevas mesas de diálogo. Basado en las actas de aquellas reuniones de finales de 2022, el juzgado se abstuvo «de dar apertura al incidente de desacato» diciendo que la multinacional sí había cumplido «con el elemento objetivo de la orden judicial». Ante la negativa, la comunidad instauró una tutela contra este juzgado por haber dado apertura al incidente que fue negada en primera y segunda instancia.

La sensación de que Prodeco se había salido con la suya duró entre la comunidad todo 2023 y hasta junio de 2024, fecha en que la Corte Constitucional eligió este caso para revisión. El momento definitivo llegó en febrero de 2025 cuando la Corte, con la sentencia T-029, le ordenó al Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar elaborar una «nueva decisión de fondo» teniendo en cuenta que la participación de las comunidades en el plan de cierre total de las minas debía ser más que un trámite de forma.

Como el recuerdo de un triunfo y bajo la sombra de sus palos de mango, doña Hilda me dice que si ese fallo les hubiera sido adverso «hoy en día nosotros estuviéramos aquí de brazos cruzados, el pueblo vuelto nada y Prodeco riéndose porque las compensaciones hubieran sido lo que les hubiera dado la gana». Para la abogada Andrea del Rocío Torres la decisión de la Corte Constitucional fue «la democratización de los procesos de cierre de minas en el marco de una transición energética justa».

Los trabajadores que fueron

7.

Hubo un tercer proceso que el Grupo Prodeco puso en funcionamiento apenas radicó la carta de renuncia a los contratos de concesión y devolución de títulos: el despido sostenido de trabajadores. La reducción de la nómina había comenzado en 2019, tras la caída de los precios del carbón. Aquellos casos de despido, como explicó Luis Fernando Ramírez, el vicepresidente de Sintramienergética, se entendían como la consecuencia de paralizar líneas completas de producción y sacar equipos a mantenimiento. Lo de 2021, en cambio, fue de otro calado: C.I. Prodeco y Consorcio Minero Unido, como las dos empresas que sumaban el grueso de la nómina del Grupo, le solicitaron al Ministerio de Trabajo la autorización para ejecutar un «despido colectivo»: deshacerse de todo el personal que fuera posible de un solo envión.

Abro segundo paréntesis. El Grupo Prodeco tenía en ese momento alrededor de 1200 empleados directos. La norma dice que en empresas de más de mil trabajadores un despido colectivo es cuando se deshace del 5% o más del total de la nómina, en un lapso de seis meses. Y es una figura legal y posible siempre y cuando el Mintrabajo acepte las justificaciones alegadas por el empleador. Cierro.

Mientras llegaba la respuesta, el Grupo Prodeco empezó a salir de personal. La reducción de la nómina era, según los trabajadores consultados, por dos caminos: despido sin justa causa y plan de retiro voluntario. El bufete de abogados Chapman Wilches contactó a cada trabajador para explicarle que si aceptaba el plan de retiro voluntario iba a recibir un dinero adicional como incentivo más la liquidación contractual final; debía renunciar, eso sí, a cualquier reclamación posterior. Si se negaba, le enviaban la carta de despido sin justa causa con la que le consignaban una liquidación según la tabla vigente y un bono para pagar pensión y salud durante unos meses. Un operario de máquinas que trabajó con el Grupo Prodeco durante diecisiete años, a quien llamaré D porque me pide omitir su nombre, me cuenta que cuando a él lo contactaron aceptó el plan de retiro voluntario. «Los abogados me dijeron que si me acogía al plan, me tocaban 120 millones de pesos. Y si no, me botaban y me daban 30 millones. Escogí el plan. ¿Qué más hacía?», se pregunta ahora con algo de culpa. D añade que la manera en que los abogados hacían el ofrecimiento del plan de retiro voluntario se sentía como una coacción porque ante la duda del trabajador, los abogados le daban a entender que era un único ofrecimiento, que su mejor opción era aceptar de una vez, que ellos podían repetirle la llamada más adelante, pero ya los montos serían menores. «A muchos compañeros les tocó lo mismo. Por eso yo digo que eso no fue un plan voluntario. Sólo faltó que nos apuntaran con una pistola para que escogiéramos».

Hubo un grupo de trabajadores para los que no hubo plan de retiro voluntario y fueron despedidos sin justa causa sin segundas oportunidades. Varios de ellos, si no todos, eran de mucha antigüedad en la empresa, gente que al quedarse sin empleo le iba a ser difícil encontrar espacio en otro lugar y menos comenzar en una labor distinta. Era fácil caer en la pista de que la empresa había actuado de esa manera para ahorrarse unos millones, pero con el tiempo los trabajadores empezaron a comprender que al Grupo Prodeco parecía no inquietarse con los montos individuales de indemnizaciones. «Lo que quería ofrecer, la empresa lo daba», dice Luis Fernando Ramírez. Para el sindicato, la estrategia corría por otro lado: era una forma de decirle a toda la masa laboral que nadie estaba exento, que si eso le había sucedido a los más respetados y expertos de la nómina nadie entonces se encontraba a salvo. «Yo pienso que nos querían dar un golpe moral, un impacto sobre nuestra psicología —explica Ramírez—. A nosotros nos dolía que esos trabajadores no tuvieran otra posibilidad».

Primeras preguntas para Prodeco:

– ¿Es cierto que los primeros despidos sin justa causa fueron los trabajadores que acumulaban los tiempos más altos de vinculación con el Grupo Prodeco y que no les dieron la opción de plan de retiro voluntario?

– ¿Podrían aclarar cómo fue el proceso de despidos individuales sin justa causa mientras llegaba la autorización del Mintrabajo para ejecutar despido colectivo?

-¿Cuáles fueron los criterios para elegir a los trabajadores a quienes les iban a ofrecer plan de retiro voluntario y a los que no se los iban a ofrecer?

-Ante la sensación de haberse sentido coaccionados descrita por los trabajadores entrevistados para este reportaje, ¿podrían aclarar cómo fue el mecanismo de los ofrecimientos?

Única respuesta de Prodeco:

Este proceso se ha ejecutado de conformidad y con pleno cumplimiento de la normativa laboral aplicable y de las autorizaciones otorgadas por el Ministerio del Trabajo. […] El Grupo Prodeco ofreció a sus trabajadores un generoso Plan de Retiro Voluntario (PRV), que supera significativamente las indemnizaciones y beneficios por terminación laboral establecidos por la ley y los estándares de la industria. La compensación ofrecida en el marco del PRV tiene como objetivo apoyar a los trabajadores que opten por esta alternativa y a sus familias durante su transición hacia nuevas oportunidades laborales, brindándoles una opción económica atractiva para acordar de manera mutua la terminación de su relación laboral. 

Seis meses más tarde, en agosto, otro lote de trabajadores corrió la misma suerte: plan de retiro voluntario o despido sin justa causa. En este personal, sin embargo, había varios afiliados a un sindicato alterno llamado Sintraindumes que se encontraba en una negociación abierta con el Grupo Prodeco, por lo cual estos afiliados contaban con «fuero circunstancial» y de ninguna manera los podían despedir hasta tanto no ocurriera la firma de una convención colectiva o la expedición de un laudo arbitral.

Geovanny Torres Ariza fue uno de ellos. Trabajó desde 2004 hasta 2021 como mecánico e inspector de equipo. El día que Chapman Wilches le dio las dos opciones, Geovanny sintió que podía pelear por sus derechos y les dijo que no iba a acogerse al plan de retiro voluntario. Estos abogados le dijeron que lo pensara, que le daban un tiempo. Días más tarde lo llamaron, que qué decisión había tomado. Geovanny había consultado con el presidente del sindicato y ambos confiaban en el fuero circunstancial. «No te pueden despedir», le diría el presidente. Además, Geovanny cargaba con lesiones en la columna y otras afectaciones a la salud causadas por el empleo en la mina y reportadas a la aseguradora de riesgos laborales (ARL). Según la ley, estas dolencias le debían representar un trato más favorable a la hora de botarlo. Así que reafirmó que no se acogía al plan. Los de Chapman Wilches colgaron de súbito y a los segundos le llegó la carta de despido al correo electrónico. Geovanny interpuso el pleito a pesar de ser consciente de que era contra una multinacional. Y lo hizo porque creyó que el Estado era más grande o más fuerte y que si un juez laboral sopesaba sin presiones sus argumentos, le iba a conceder la razón. «Yo creía que la ley me amparaba». Pero han transcurrido casi cinco años desde que iniciaron las audiencias y Geovanny no ve un desenlace cercano. «Tenemos un año en que no nos llaman a audiencias, todo está paralizado. No sé la razón. No sabemos si la empresa con todo ese poder económico está haciendo que este proceso se dilate lo más posible, pero es lo que uno sospecha. Los trabajadores somos una hormiga delante de ese grupo empresarial».

Segundas preguntas para Prodeco:

-Algunos trabajadores entrevistados para este reportaje tienen la sospecha de que el Grupo Prodeco hubiera logrado dilatar los procesos de demandas en los juzgados mediante sobornos, ¿qué puede decir la empresa para que estos trabajadores no tengan esta sospecha?

Única respuesta de Prodeco:

El Grupo Prodeco mantiene su compromiso de cumplir con toda la normativa aplicable, así como con las decisiones administrativas y judiciales relacionadas con el cierre anticipado de sus operaciones mineras en el Cesar. Esto incluye los procesos administrativos iniciados ante el Ministerio del Trabajo para obtener la autorización de despido colectivo de trabajadores. Dichos procesos deberán ser resueltos por las autoridades competentes, sin perjuicio de nuestra disposición permanente a seguir explorando alternativas de retiro voluntario que permitan a los trabajadores acceder a oportunidades de reempleo o emprendimiento, como lo hemos venido haciendo desde 2021.

Finalmente en mayo de 2022, catorce meses después de haber recibido la petición, el Mintrabajo respondió que sí autorizaba el despido colectivo de hasta 247 trabajadores sumados en las dos compañías. La sensación que se hizo general entre toda la masa de trabajadores fue de orfandad. Comprobaron que llegado el momento de confrontar a una multinacional, el Estado se ve a gatas. «A los trabajadores más nuestras familias nos tiraron al mar sin salvavidas», dice D, herido en su autoestima. 

Geovanny Torres Ariza, en cambio, nunca llegó a esperar nada de manos de la multinacional. Sus luchas laborales como parte de Sintraindumes, precisamente, surgieron desde la convicción de que el Grupo Prodeco no sostenía ni fertilizaba lo que él considera una relación justa entre el patrono agradecido por el devoto esfuerzo de sus obreros. «Todo lo contrario —dice—, el trato para con muchos de nosotros era feo. Y era peor cuando alguno enfermaba o se hería por el trabajo en la mina: la empresa nos hacía sentir discriminados».

Es posible pensar que el Grupo Prodeco estaba en condiciones de anticipar que haberse zafado de tal cantidad de trabajadores, por muy pulcro y ortodoxo que hubiera sido el proceso, le iba a traer demandas individuales y hasta colectivas. Pudo anticipar también que iba a perder algunas de esas demandas. El dato que permite pensarlo es que, según el informe anual de Glencore, para la vigencias 2021 y 2022, desde el año 2020 separó 147 millones de dólares para costos relacionados con el cierre e indemnizaciones por despido, en el contexto de la suspensión de operaciones del Grupo Prodeco en la pandemia. Esta cifra representó apenas el 3% de las ganancias brutas que el conglomerado reportó en 2018.

Y era, quizás, un dinero que estaba dispuesto a arriesgar, porque sólo había que esperar el día idóneo para lanzar un ataque que recuperara y multiplicara esos montos. Y parece que ese día idóneo fue en noviembre de 2023, cuando el Grupo Prodeco demandó al Estado colombiano ante un tribunal internacional de arbitraje. Hoy, Colombia afronta un litigio activo, cuyo monto millonario no ha sido público, en el que debe responder por la supuesta demora para haber aceptado el plan de cierre parcial de minas, la supuesta incertidumbre en que quedó sumida la empresa entre febrero y septiembre de 2021.

En los últimos diez años, Glencore ha demandado al Estado colombiano otras tres veces. Una de ellas, cuya aspiración era de 500 millones de dólares, fue fallada a favor de la empresa por 19 millones de dólares. Otra, por 600 millones de dólares, salió a favor de Colombia en su totalidad. Siguen pendientes: la interpuesta en mayo de 2021 por hechos en la mina del Cerrejón —la compañía se queja de que las decisiones estatales protectoras de minorías étnicas la dejaron sin posibilidad de trabajar la mina— y esta de noviembre de 2023.

William Enrique Orozco Molina, extrabajador del Grupo Prodeco. Tras una accidente laboral en una de las minas del Grupo, quedó con discapacitado. De la cama pasa a la silla de ruedas y a veces se yergue sobre la otra pierna para desplazarse unos pocos metros en la sala. Foto: Victor Galeano.

8.

Los despidos y retiros dejaron al descubierto una situación que hasta entonces no se había entendido como un problema: luego de tantos años en las minas, una cantidad indeterminada de trabajadores sufre incurables dolencias de salud que les condicionó el futuro.

En la terraza de una casa de un barrio silencioso y residencial de La Jagua de Ibirico, una decena de extrabajadores del Grupo Prodeco me cuenta los daños que quedaron en sus cuerpos. Ninguno quiere que lo identifiquen por el nombre. Son padres de familia entre los 50 y 55 años. Uno de ellos inicia la queja con una pregunta: «Todos entramos muy jóvenes a la mina, ¿cómo nos encontramos hoy?». Dicen que sufren del manguito rotador, algunos en los dos brazos; algunos otros quedaron con dolor del túnel carpiano. Lo explican porque los controles de varias de las máquinas eran tipo joystick «y usted operando esos controles en turnos de siete días seguidos…». Hablan, también, de pérdidas de audición debido al ruido minero cotidiano. 

Siguen con los compañeros que quedaron con afecciones respiratorias causadas, dicen ellos, por la polución del aire dentro de la mina y en los alrededores. Hablan de diagnósticos de antracosis —acumulación de partículas de carbón en los pulmones— y silicosis —acumulación de partículas cristalinas en los pulmones— en trabajadores que debieron buscar residencia lejos de la Zona para no seguir agravando la condición. Uno de los que está aquí abre su maletín para mostrarme varios medicamentos que debe consumir de por vida. Dice que quedó con obstrucciones en las vías respiratorias y que cualquier gripa se le puede convertir en bronconeumonía.

La queja grupal prosigue con las lesiones lumbares por accidente. Alguno se toma la palabra para contar su caso: conduciendo una motoniveladora chocó la cuchilla frontal contra la giba de una roca gigante que apenas sobresalía de la superficie del terreno. El filo alcanzó a prensar la giba y a extraerla casi toda hasta quedar por debajo de la motoniveladora. La cabina de mando recibió los dos golpes: el del choque inicial y el de la roca contra el chasís. El trabajador sintió el daño en la parte baja de la columna. El resumen médico dice que quedó con una hernia en el segmento vertebral L4 S1, que es en la parte más baja de la espalda.

La queja dice que la empresa hacía todo lo posible por no elaborar el reporte oficial que informara del accidente de trabajo a la aseguradora de riesgos laborales (ARL). Con accidentes menores, el trabajador recibía atención en el centro médico de la mina. Una cortada, un machucón, un golpe sin heridas graves podía recibir curación inmediata y entre los jefes y el trabajador manejaban lo del reporte. Cuando el trabajador permitía que no lo redactaran era porque lograba negociar algún beneficio o se encontraba en carrera para un ascenso y uno de los requisitos para lograrlo era no presentar un accidente en un año. También porque le daba miedo quedarse a boca del despido, sobre todo cuando era tercerizado o cuando no contaba con la protección sindical. Si el trabajador exigía el reporte era porque desconfiaba por completo de la empresa y no quería darle ninguna ventaja. «Yo me cuidé de pedir que hicieran el reporte», me dice el extrabajador del accidente en la motoniveladora. 

Abro tercer paréntesis. En Colombia, los reportes de accidentes de trabajo van marcando el índice de accidentalidad de los trabajadores en una compañía. La ARL recibe los reportes y calcula el índice. Si la ARL identifica que el indicador de accidentalidad es más alto de lo común, puede adelantar visitas para constatar las condiciones de seguridad en el trabajo. En caso de que los accidentes no mermen, el Ministerio del Trabajo puede emprender una investigación cuyos resultados deciden si la empresa merece apenas un llamado a mejorar las condiciones o una multa o, incluso, una advertencia de cierre porque la situación es irreparable. Para el caso concreto de las empresas mineras, la Agencia Nacional de Minería (ANM) también reacciona a este indicador imponiendo medidas preventivas y, en casos graves, realizando una investigación con el fin de cancelar el título minero y el contrato de concesión. Cierro.

Otro extrabajador me cuenta que alguna vez sufrió una fisura en el dedo gordo de la mano derecha. Con las radiografías y el diagnóstico, volvió a la mina para informar y que redactaran el reporte. Este extrabajador me dice que el jefe le ofreció situarlo en «trabajo restringido» —actividades menos exigentes mientras el trabajador se recupera y que evitan afectar la extensión de la jornada y el salario—, a cambio de no hacer reporte. Este extrabajador me dice que aceptó y que lo ocuparon en un oficio que requería cerrar la mano sobre una perilla. Cosa que el dolor no le dejaba hacer. «El dedo gordo no cerraba bien ni podía apretar nada». Este trabajador me dice que el trato terminó siendo un engaño. Como él hacía parte de un sindicato, cree que por instrucción de la empresa su jefe lo puso a hacer una labor que no podía cumplir y así ir acumulando razones para en algún momento futuro construirle una causa justa de despido. «Para despedirme sin que se vieran afectados, porque esa empresa ha sido antisindical».

Los trabajadores de la terraza me conectan con otros que siguen viviendo en La Jagua de Ibirico y con otros que trasladaron su residencia a Valledupar y a Barranquilla. Por teléfono, uno recalca sobre lo que percibe como falta de consideración de la minera. Luego de que se hubiera volado medio meñique de la mano derecha y de que le hubieran realizado la curación en Urgencias, la compañía le puso un taxi afuera del centro médico para que lo trajera de vuelta a la mina. Al llegar, «el jefe me dijo que ahí estaba la caja de herramientas para que me pusiera a trabajar». Aterrado, pero adocenado en la sumisión obrera, este trabajador lo consideró. Vino a soltar todo luego de que los primeros movimientos le hubieran reavivado el dolor haciéndole caer en cuenta de que el accidente había sido una amputación, no un simple golpe, y se llenó de coraje y quiso salir del lugar caminando los varios kilómetros que lo separaban de la portada del complejo minero. Los compañeros me dicen que lo vieron fuera de sí, «enloquecido», superado por la indignación. «Me rebelé», me dice él. Ya llegando a la portada, el jefe lo alcanzó y lo calmó proponiéndole acomodarlo en trabajo restringido, con lo cual podía seguir recibiendo el salario sin afectaciones, a cambio de no elaborar el reporte. «Me quedé cinco días en mi casa recuperándome —dice— A ellos lo que les importaba era no dañar el récord de accidentes».

Terceras preguntas para Prodeco:

-¿Es cierto que Prodeco negociaba con los trabajadores la no elaboración de los reportes de accidente?

-Todos los extrabajadores entrevistados para este reportaje y que hicieron parte de algún sindicato acusan a esta empresa de ser antisindical, de perseguir a los dirigentes sindicales dificultándoles la gestión, y de comportarse de manera casi vengativa con los trabajadores sindicalizados. ¿Cuál es la versión de la empresa? 

No hubo respuestas de Prodeco.

9.

El Grupo Prodeco implementó un espacio dentro del complejo minero al que debían asistir los trabajadores que quedaban con alguna lesión luego de un accidente o que presentaban alguna enfermedad que les diezmara su capacidad laboral. También iban los trabajadores a quienes no les habían dado incapacidad, ya por decisión propia o por acuerdo con la empresa. Todos o casi todos estaban en ese estado intermedio de «trabajo restringido». Había casos de trabajadores que habían recibido una incapacidad muy larga a quienes la empresa les pedía que se hicieran ver del centro médico de la mina para valorar si podían acelerar la reincorporación en modo «trabajo restringido».

Aquel espacio empezó siendo un viejo barracón junto a la trituradora de carbón. Más adelante, pasó a ser un contenedor en un lugar menos apartado y adaptado con aire acondicionado, sillas, mesas y ventanas. Una reja terminaba de separarlo del resto del complejo minero. Los trabajadores podían pasar varios días sin que les tocara hacer nada; de pronto, algún jefe necesitaba apoyo para una actividad menor o para una tarea que pudiera resolver alguno de los que estaban allí sin que le afectara la recuperación. «Llegaba ese director de departamento y decía: “necesitamos un desechable”. Y no lo decía en chiste», cuenta un extrabajador que por accidente como operario de máquinas debió someterse a este proceso. «Otro director de departamento podía decirlo de manera más diplomática: “necesitamos un enfermo”. Alguien del centro médico iba a ese contenedor y llamaba a uno o a varios, los valoraba, les actualizaba las restricciones y los despachaba hacia esos departamentos. Luego, te hacían firmar un papel donde decía que tú eras “restringido reubicado”».

Entre los trabajadores existía el consenso de no querer estar en ese espacio. Les parecía un encierro obligado que al cabo de unos días los hacía sentir como si estuvieran en prisión. «Había compañeros que sufrían un accidente y se aguantaban el dolor para que no saliera reporte y no les tocara irse a encerrar en ese contenedor», dice un extrabajador que debió pasar por allí varias veces. «A los compañeros que les tocaba quedarse ahí por un tiempo largo yo notaba que empezaban a razonar de una manera agresiva». De ahí que a este contenedor, que en realidad cumplía las funciones de sala de espera, los trabajadores de la mina La Jagua lo hubieran bautizado «Guantánamo», el nombre de una cárcel por fuera del ordenamiento legal que Estados Unidos mantiene en una costa de Cuba y a la que envían a las personas sindicadas de terrorismo.

Los trabajadores de la terraza en la casa de La Jagua me dicen que Prodeco implementó esa sala de espera porque lo que le preocupaba era desmejorar el indicador de «ausentismo por causa médica». En caso de que fuera más alto de lo normal, la minera podía ser inspeccionada por el Mintrabajo y por la ANM. De lo hallado podían derivarse multas por falta de prevención de accidentes o por negligencia a la hora de mejorar las condiciones laborales o exceso de carga para los trabajadores. Una inspección motivada por ausentismo podía cruzar cifras y encontrar accidentes laborales de los cuales no existían reportes. Para Sintramienergética, la existencia de Guantánamo «fue una muestra de poder e intimidación por parte de la empresa». Luis Fernando Ramírez, el vicepresidente del sindicato dice que «era el método para debilitar mentalmente a los trabajadores. Muchos, ante el temor de que los hicieran ir a Guantánamo, se guardaban sus patologías».

William Enrique Orozco es un extrabajador que sufrió un accidente que lo dejó lisiado de una pierna. Siendo conductor de un camión de transporte de material, le soltaron una roca sobre la plataforma de carga cuyo peso levantó violentamente la cabina mientras él se encontraba sentado al timón. Su columna vertebral sufrió la onda del golpe de la caída de la roca y luego el golpe de la vuelta a tierra de la cabina. Esto sucedió en 2003, cuando la mina La Jagua aún no era explotada por Glencore. Pero a partir de 2005, cuando la multinacional ya había firmado los contratos de concesión y se había configurado la «sustitución patronal», Orozco me dice que recibió un «trato inhumano». En el tiempo de recuperación, luego de la segunda cirugía que tuvo lugar después de 2005, Orozco me dice que apenas se paró de la cama la empresa le ordenó ir a esperar en Guantánamo con la excusa de reubicarlo en alguna tarea de la mina que le fuera posible. Pero pasaron varios días sin que lo encargaran de nada. Como estaba consumiendo medicamentos para el dolor en la columna, Orozco me dice que no podía evitar quedarse dormido exponiéndose a que el supervisor lo viera y le acumulara una falta en la hoja de vida por «abandono del sitio de trabajo». Orozco me dice que todo eso fue «una trampa» que la empresa le tendió a él, porque sus jefes sabían que los medicamentos le inducían sueño e inevitablemente se iba quedar dormido si no lo ponían a hacer nada. «A los jefes no les importaba uno como persona. Si lo cogían a uno dormido, la empresa conseguía la causa justificada para despedirlo a uno».

Cuartas preguntas para Prodeco:

-¿La empresa cómo llamaba a esta sala de espera?

-¿Qué trabajadores debían ir a cumplir con las jornadas de espera en ese espacio? -¿Estos trabajadores estaban obligados a ir a esa sala o era algo que negociaban con la empresa?

-Algunos extrabajadores me explicaron que la implementación de esta sala de espera tenía como fin que los trabajadores entraran al complejo minero para que contara su asistencia y que así la empresa evitara el incremento del indicador de «ausentismo por causa médica». ¿Es correcta esta explicación? Si no es correcta, ¿cuál fue la razón para implementar esta sala de espera?

-¿Es cierto que a sabiendas de que los medicamentos contra el dolor le inducían sueño a un trabajador, la empresa aprovechaba para acumular una falta por abandono del puesto de trabajo si lo encontraban dormido en esa sala de espera? 

No hubo respuestas de Prodeco.

La queja termina con daños en la salud mental. La mayoría de los extrabajadores con los que he conversado pasan por seguimiento psiquiátrico: están medicados y cada tanto deben ir a consulta. Un diagnóstico común a todos es el insomnio. Algunos se lo atribuyen a las angustias cotidianas; otros le echan la culpa a los turnos en la noche. Las cargas diurnas eran de siete días de trabajo por tres de descanso; las nocturnas, siete por cuatro: siete noches seguidas viendo amanecer al volante de una máquina minera. Al llegar a la casa, con el primer sol de la mañana, estos trabajadores difícilmente lograban dormir las horas necesarias. El insomnio por la ruptura del ciclo circadiano causaba ansiedad. Y la acumulación de ansiedad, depresión.

Un caso severo es el de Carlos Alfonso Bernal Velásquez. Un extrabajador de 58 años, 26 de los cuales trabajó en la mina como conductor, primero del bus y luego de las volquetas que cargaban material estéril. La esposa me dice que cuando llegaba a la casa a primera hora de la mañana «dormía dos o tres horas, se despertaba y se ponía a hacer cosas». A la semana siguiente, cuando tenía jornada diurna, dormía mal en las noches: «el sueño muy liviano». Con la rutina de reposo completamente rota, empezó a sufrir lapsos de vacío en la memoria reciente. Se montaba en el carro para salir a una cita médica y en el trayecto se perdía. Al volver a la casa le decía a su esposa que le había ido bien, como si en efecto hubiera llegado a la cita. En 2017 le diagnosticaron «demencia no especificada» ligada a la apnea de sueño. Los médicos no consiguieron atajar el deterioro y hoy este extrabajador del Grupo Prodeco perdió el habla y sólo expresa sonidos que la esposa acaso logra descifrar. «Es como un niño que está aprendiendo el lenguaje», me dice ella. Olvidó para qué es el sanitario y debe usar pañal. A la esposa le toca bañarlo, secarlo y vestirlo. Lo veo caminar por la casa, enajenado del todo. Se sienta en una mecedora. Al minuto se para. Mira hacia ninguna parte. Vuelve y se sienta. Nos da la espalda. Se para de nuevo y nos mira con ese gesto de no entender nada. Vuelve a sentarse. Y en esa indecisión se le va la tarde. «Yo creo que ese problema con el sueño le acarreó esa demencia», especula ella. «Era un muchacho sano. Todas las patologías que agarró fue en esa empresa. Yo digo que alguna culpa debe tener el trabajo que hizo».

El otro diagnóstico común es la depresión por ansiedad y frustraciones. Esa sensación de orfandad en la que quedaron los trabajadores al ver que el Estado no ha sido capaz de contener al Grupo Prodeco se ha ido juntado con la certeza de sentirse defraudados. El trabajador a quien llamé D me dice: «¿en dónde quedaron todos esos años que de nuestra vida le dimos a esta empresa? En ningún lado. Así de sencillito». Otro me cuenta que cuando se vieron obligados a firmar el plan de retiro voluntario llegaron a sentir que estaban salvando su cabeza egoístamente porque no habían podido asumir decisiones en grupo. «Ninguno de nosotros, hoy en día, se siente bien».

Para muchos de los extrabajadores del Grupo Prodeco con los que he conversado, la frustración mayor es que se quedaron sin empleo a una edad y en unas condiciones de salud que se les ha hecho imposible volver a un trabajo formal en el que coticen para la pensión. Son personas a las que les faltaron cincuenta, setenta, cien semanas para cumplir el tiempo legal para la jubilación. Uno lo explica así: «Usted trabajó quince, veinte años en la mina. Y esa empresa no fue leal con usted porque no le permitió una pensión digna». Otro extrabajador elabora una síntesis que puede ser leída como epílogo: «Nosotros trabajamos, prestamos un servicio, enriquecimos a la compañía, fuimos productivos para el Estado, quedamos sin empleo y enfermos, muchos no se pudieron pensionar, resultamos de enemigos de la empresa y desamparados del Estado».

Lo que queda

Uno: sobre el asunto del empleo vale decir que un grupo de trabajadores viene adelantando una demanda colectiva contra el Grupo Prodeco por posible «masacre laboral». Esta expresión, que no es una categoría judicial, enuncia un despido masivo o colectivo que sobrepasó lo permitido por la ley. Estos trabajadores consideran que en ese 2021 la empresa pudo haber despedido más gente de la que debía y, dada la presión a la que fueron sometidos para firmar los planes de retiro voluntario, la minera pudo haber incurrido en inducción al error.

No es claro qué pueda pasar si los trabajadores ganan la demanda. Cuando la Agencia Nacional de Minería aceptó la devolución de los títulos y la renuncia a los contratos de concesión, no activó o no hizo valer las pólizas laborales que contienen este tipo de contratos y que son la garantía de cumplimiento de casos pendientes en la eventualidad de que la empresa sea liquidada. La abogada Andrea del Rocío Torres cree que el Estado no activó esas pólizas por «un error de interpretación jurídica», lo cual fue «gravísimo» porque en caso de que el Grupo Prodeco sea liquidado antes de que sean proferidos los fallos de las demandas «no habrá quién las pague» en caso de que les sean adversas.

Con el tema de la jubilación sucede que unos cuantos trabajadores alcanzaron a cumplir los requisitos y hoy disfrutan de una pensión. Los que no la lograron deben permanecer en el rebusque de trabajos ocasionales, varios de ellos operando máquinas en las minas que siguen activas. Están inscritos en una figura que llaman «bolsa de empleo», que es una tercerización para prestación de servicios. «Uno cumple turnos», me dice el trabajador que se accidentó en la motoniveladora. «A uno lo llaman de acuerdo a la experiencia que necesitan. Son unos pagos ocasionales que en algo ayudan, pero no resuelven el problema. Acá el que ahorró tiene su negocio. Nada más. La crisis es total».

Algunos otros extrabajadores han buscado una «pensión por invalidez». Muy poquitos la han conseguido. El problema principal consiste en que la junta calificadora, que forma parte del sistema de seguridad social del Estado, no encuentra relación directa entre muchas afectaciones a la salud y el desempeño laboral en la mina. En un informe del Ministerio del Trabajo, publicado en 2024 con el título Vidas entre el carbón y la enfermedad, se lee que en la muestra analizada de trabajadores —de las tres multinacionales— se encontraron 12.874 enfermedades. Las juntas calificadoras concluyeron que el 55,83% tenían origen natural o común, y sólo el 18,19% eran consecuencia de los empleos en las minas. Aún más: que a los trabajadores les hayan reconocido dolencias de origen laboral no significa que automáticamente vayan a recibir la pensión por invalidez, porque eso depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral  que la junta determine según el daño. Si no supera el 50%, al trabajador le toca seguir moliendo.

Es posible que haya casos en los que la falta de reportes de accidente o enfermedad pudo haber ayudado a que el porcentaje de invalidez establecido por la junta calificadora no sobrepasara del 50% y por lo tanto al trabajador no se le hubiera reconocido la pensión por invalidez. «Desde el sindicato siempre les dijimos a los trabajadores que nunca dejaran de exigir el reporte, pero muchos no lo hacían para que no los fueran a incapacitar y pudieran seguir yendo a trabajar como si nada y seguir recibiendo el pago completo. Cambiaban el cuidado de la salud por la plata. Y hoy esos trabajadores no tienen salud y tampoco tienen la plata», explica Luis Fernando Ramírez.

Dos: sobre el plan de cierre total de minas vale decir que la multinacional ha venido sosteniendo la mesa de concertación con todas las comunidades debidas y que el documento sigue en construcción. Madeleine Castillejo, la líder social de La Loma, asiste rutinariamente a la mesa y supervisa que el Grupo Prodeco esté cumpliendo con el proceso en los tres municipios involucrados: La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril. «Este va a ser el primer plan de cierre total de minas que se va a dar», observa. «Nunca jamás en la vida le habían devuelto una mina a Colombia. Acá nadie estaba o está preparado: ni nosotros como comunidad ni el Estado ni la misma empresa. Entre todos estamos tratando de hacer un plan de cierre que sea ejemplo para los que vengan en el futuro. Yo digo que lo estamos haciendo bien, aunque nos preocupa la falta de acompañamiento de entidades territoriales».

Uno de los temas más discutidos ha sido el destino de los tajos. Estos huecos son colosales. De tamaño incalculable a simple vista. Calenturitas, que es el complejo minero más grande de esta empresa y el que compete directamente a La Loma, aparece registrado con 27,32 kilómetros cuadrados, unas 2.732 hectáreas de área intervenida. El mero cráter, que acá tiene dos frentes principales y algunos auxiliares, puede ser el 80% de ese tamaño. Unas veinticinco veces el campus de la Universidad Nacional en Bogotá o unas siete veces la superficie del aeropuerto El Dorado. Y con una profundidad de 250 metros. ¿Qué hacer con esto? Lo que han resuelto en otros países es dejar que estos cráteres se llenen del agua subterránea y de la lluvia para convertirlos en lagos recreativos y de reserva para aplacar sequías. Es una práctica tan común que tiene nombre técnico: pit lakes. Y en español, lagos mineros. Madeleine me dice que a la comunidad le suena la propuesta, le encuentran interés porque sería una transformación radical: en una zona de suelos tan áridos estos lagos traerían formas de vida diversa y nuevas oportunidades de trabajo.

La pregunta que el Grupo Prodeco ha dejado flotando en la mesa de concertación es ¿quién los va recibir?, que sería lo mismo que preguntar ¿quién los va a mantener? En países donde han implementado esta solución, como Alemania, ha sido el Estado. Y por la simple razón de que las minas han sido explotadas por una empresa minera estatal. La recuperación del tajo y su mantenimiento termina siendo responsabilidad del gobierno de turno. Pero acá, siendo las mineras privadas, ¿qué papel le compete al sector público? ¿Los ministerios y las agencias, más las alcaldías de los pueblos, más la Gobernación del Cesar, estarían en condiciones de financiar y luego mantener útiles y sanos estos lagos artificiales?

También ha sido discutido el destino de las construcciones que continúan en pie dentro de los complejos mineros: oficinas, barracones, bodegas, galpones. «Queremos que no las destruyan», me dice Madeleine. «En La Loma queremos que se vuelvan aulas de clase, que por lo menos sirvan de sede para un Sena agropecuario y que la Alcaldía ponga el bus para que lleve a los muchachos a que estudien. Acá no tenemos nada ni parecido».

Los asuntos de mayor rigor técnico, sin embargo, siguen siendo las maneras de rehabilitar los ecosistemas perdidos. Además del Calenturitas y el Tucuy, el Grupo Prodeco intervino el río Maracas, el arroyo Caimancito, y los caños Babilla, Ojinegro y Pedraza en aras de la explotación. De acuerdo con una auditoría de la Contraloría General de la Nación sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, publicada en 2022, no sólo se trata de haber cortado y desviado cauces sino también de una serie de daños estructurales que van desde «obras por fuera de los diseños aprobados», «intervenciones no autorizadas» en los cursos de agua, «invasión de rondas hídricas», «obstrucción y sedimentación» de arroyos y caños, descargas de sustancias nocivas «sin contar con los permisos correspondientes», y fallas en el control preventivo como la no entrega de modelos matemáticos de calidad de agua. ¿Cómo reparar para rehabilitar estos afluentes? ¿Cómo compensar el daño?

Por demás, el paisaje ha sido transformado de una manera casi irreversible: la sabana era un continuo de tierra plana que se extendía desde la última ladera occidental de la Serranía del Perijá hasta la margen derecha del río Magdalena. Pero con la tierra que removieron para abrir los tajos, las tres multinacionales crearon unas colinas de hasta cincuenta metros de altura que son los «botaderos de material estéril» —estéril no por ausencia de agentes infecciosos, sino por ausencia de carbón—. Estas colinas han servido como barreras protectoras para los complejos mineros dando la impresión de ser como los muros de una fortaleza. Y según los informes citados por la auditoría, la mala gestión de la escorrentía que deja la lluvia ha causado sedimentación en flujos de agua que resbalan desde el filo de estas colinas y van a parar a los ríos.

Todo junto —tajos, botaderos y las tareas accesorias dentro de los complejos mineros— interrumpió abruptamente la sabana como corredor biológico. El caso más citado en el informe de la Contraloría por haber conllevado una pérdida de biodiversidad y una degradación del suelo es el rompimiento de la conexión entre el río Calenturitas y la ciénaga Mata de Palma, un humedal de cuatrocientas hectáreas que recibía sus aguas. Atrás, como hierba que ha sido molida con roca y cascajo, quedan los restos de lo que fue un bosque seco tropical, quizás el ecosistema más amenazado y fragmentado de Colombia.

Complejo minero del Grupo Prodeco, en el centro del Cesar. El cierre definitivo de las minas abrió un proceso sin precedentes en Colombia para definir la restauración ambiental de los tajos, los ecosistemas intervenidos y el futuro de las comunidades que durante décadas dependieron de la actividad minera. Foto: Victor Galeano.Tres: sobre lo que les queda a las comunidades, hay que empezar por hablar de la crisis económica. Aunque La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril no viven sus mejores años, el caso crítico es La Loma porque es el poblado sobre el cual ha basculado la mayor parte del trabajo minero y porque en 2024 CNR detuvo operaciones en La Francia diciendo que ya habían extraído todo el carbón, y a finales de 2025 anunció las convocatorias con las comunidades para construir el plan de cierre total de la mina El Hatillo durante los próximos diez años. «El cierre de las minas de Prodeco y de CNR nos afectó mucho», me dice Madeleine. «Hoy hay mucho desempleo». Entre calles abundan los avisos de alquiler o de «se vende» en las ventanas y puertas de las casas. Ya no hay tres bancos con cajero; apenas uno. Y en cada familia hay al menos una persona, cuando no dos, que laboró largo tiempo en las minas y que el cierre dejó desocupado y sin perspectiva.

La pregunta por el futuro es la verdadera angustia de Madeleine como líder social: «¿Qué va a pasar con la gente de La Loma una vez cierren todas las minas? ¿A qué se va a dedicar?». Me cuenta que desde que el Grupo Prodeco clausuró Calenturitas, entre juntas de acción comunal salió a discusión el problema de la tierra: «Acá ya no tenemos tierra para cultivar —dice—, toda la compraron las minas». Aunque esta frase suena a generalización, los datos parecen respaldarla: mientras La Loma tiene 671 hectáreas sumando área rural y urbana, la extensión de los títulos mineros que las tres multinacionales poseen en torno a este corregimiento —y que abarcan linderos de varios municipios— suman unas 24.000 hectáreas. «En cada reunión venimos diciendo “metámosle al turismo y a los poquitos campesinos que todavía viven acá”», añade Madeleine. «Pero para hacer de la agricultura nuestro sustento y para sembrar pasto para el ganado habría que invertir en tecnología para adecuar una tierra tan seca. Acá prende el mango, pero la falta de agua nos afecta bastante».

Madeleine trae a la conversación dos cuestiones que suenan anecdóticas, pero que no dejan de mostrar fracturas en la comunidad. La primera: durante los años de máxima explotación de los yacimientos, los trabajadores se ganaron la fama de mujeriegos y promiscuos, «cachones», porque no eran pocos los que se emparrandaban en los días de descanso. Al mismo tiempo, las mujeres preferían y buscaban ennoviarse con mineros porque eran los que podían sostener una relación sin afugias económicas. Luego de los cierres de Calenturitas y La Francia, los trabajadores que no eran locales se regresaron para sus lugares de origen, muchos sin las mujeres y los hijos. «Algunas demandaron y les envían la mesada. Y no falta la que tiene tres hijos de tres mineros distintos y recibe tres mesadas. En estos municipios la mayoría de madres son solteras».

Y la segunda: en las reuniones del plan de cierre ha habido extrabajadores que le han pedido a la empresa que los incluyan en los proyectos productivos que están destinados para la comunidad. Madeleine me cuenta que en Becerril y en La Jagua de Ibirico estas peticiones han desatado algarabía y discusión porque los delegados de la comunidad se oponen diciendo que esas oportunidades son para las personas que nunca se emplearon en la mina. «Se forma un boroló». La gente le ha llegado a reclamar a los extrabajadores que ellos contribuyeron a contaminar las aguas y a desviar los ríos. «Y se arma la pelea».

Por su parte, doña Hilda, sentada en una silla de la sala de su casa, con el ventilador encima de nosotros, me habla muy orgullosa de una situación que las mujeres de La Loma se unieron para revertir. Desde la llegada de las multinacionales y hasta el cierre del Grupo Prodeco, las madres de familia, las abuelas, las hijas, buscaban arañar algunos pesos de los bolsillos de los empleados de las minas ofreciéndose como aseadoras, cocineras, lavanderas y auxiliares en el resto de actividades del servicio doméstico. Aunque no lo veían como algo indigno, llegó el momento en que empezaron a sentir el desajuste. Debido al atraso histórico del poblado y de la región en educación e igualdad de género, casi ninguna de las mujeres de La Loma sabía un oficio de conocimiento técnico que le permitiera realizar un trabajo que mereciera un ingreso menos exiguo. El desajuste era eso: la convivencia en unas pocas cuadras de tanta pobreza con empresas multimillonarias.

Con ayuda de una oenegé, un grupo de 180 mujeres de las cuales doña Hilda fue una de las motivadoras creó la Red de Mujeres del El Paso y en cuestión de unos meses se organizaron para recibir capacitaciones en temas de género y autoestima, y en alimentos, manufacturas y artesanías. «Ya hoy mis mujeres están preparadísimas con el Sena», me dice doña Hilda, llena de optimismo. «El Sena, tú sabes que es la universidad de nosotros los pobres». Las integrantes de la Red aprendieron a fabricar zapatos, sandalias, aretes y a hacer pan y yogur. «Hoy en día nosotros cambiamos: de irnos a vender empanadas por la calle a fabricar productos».

La Loma comparte con La Jagua de Ibirico lo que puede ser considerado una dolencia, que en realidad parece ser un daño involuntario por las actividades en las minas. En ambas poblaciones hay barrios con viviendas de paredes agrietadas. Los moradores dicen que esas grietas son resultado de la onda expansiva y de los temblores de tierra causados por las explosiones subterráneas en los tajos. La casa de Jaidy Maestre Trespalacios es una de ellas. Las grietas que me muestra ya están aliviadas con cemento, pero Jaidy dice que las explosiones ocurren a mediodía y que no sólo han cuarteado las paredes de varias casas sino que también esparcen un polvillo y un olor que ella cree que es contaminante. «Uno siente las explosiones, una detrás de otra, siempre a mediodía y a veces en la madrugada. Uno está durmiendo y siente el sacudón y la casa tambalea. Es horrible».

En el barrio Luis Carlos Galán, en el sur de La Jagua de Ibirico, los vecinos me cuentan más o menos lo mismo: que cuando la mina estaba activa las explosiones ocurrían a mediodía, que todo el barrio temblaba y que a lo largo de esa tarde un polvillo distinto a la carbonilla se posaba parsimoniosamente sobre los techos y las hojas de los árboles y los andenes. Las grietas que me dejan ver en sus casas son anchas y profundas: van de piso a techo y se dejan penetrar por los dedos de las manos. Algunas de estas viviendas dan la impresión de estar a punto de la ruina y sin embargo mantienen letreros de «Se vende» pegados en las ventanas. A uno de los dueños le pregunto quién podría interesarse en una construcción que amenaza con caerse y me dice que si alguien la compra es para tumbarla y levantar una nueva.

Uno de los extrabajadores del Grupo Prodeco me explica esto de las explosiones: para remover capas gigantes de subsuelo y descubrir los mantos de carbón en la mina La Jagua había que cavar hasta veinte barrenos para llenarlos, cada uno, con cincuenta o setenta kilos de explosivo —usualmente, anfo—. Así que las detonaciones podían ser una cadena de estallidos hasta completar el impacto de una bomba de 1000 a 1500 kilos.

Cuatro: sobre los reasentamientos de las comunidades del Hatillo y Plan Bonito hay que hablar de la tierra barrida o de la vida barrida. Plan Bonito estaba situado al pie de la vía que de La Jagua de Ibirico conduce a La Loma, a unos pocos kilómetros en diagonal a la mina Calenturitas. De lo que fue ese caserío no queda nada, salvo un viejo tanque de agua que se alza del suelo unos cinco metros sobre una estructura de cemento. Una cerca de alambre espino sobre pilotes de concreto delimita lo que ahora es un descampado rebosante de pasto saludable y árboles frondosos. Nada avisa que allí existió una comunidad campesina que fue borrada por la industria minera del carbón térmico. De repente, unos cuantos metros alejada de la carretera, existe una típica vivienda campesina —maderos, latas, esterilla— con el fogón de leña a las afueras y los tensores con la ropa colgada secándose al sol. Allí reside una familia que habitó Plan Bonito, a la que le dieron el dinero y los medios para el reasentamiento y que pasados varios años debió volver a lo que fue su parcela, pero ya en calidad de invasor de propiedad privada. Su caso no es excepcional: sin mayor orientación ni mínimas herramientas, se gastaron la plata recibida y se quedaron sin opciones de sobrevivir en una cabecera municipal. Preocupados por el momento en que alguna autoridad los vaya a sacar de ahí, se mantienen en constante alerta y son muy esquivos para conversar con extraños. Con los líderes del Hatillo y de Boquerón intenté un acercamiento con los antiguos líderes de Plan Bonito, para que me dieran su versión del proceso de reasentamiento. No fue posible. «Ninguno quiere dar la cara y menos a un periodista», me dijeron.

En cambio, de lo que fue El Hatillo todavía quedan los vestigios de casas que fueron demolidas, cascotes de concreto que asemejan fragmentos de paredes, el cascarón derruido de lo que fue el colegio. Los árboles han desplegado sus ramas y todo el lugar está protegido del sol por la sombra de las hojas. El proceso de abandono inició en 2023. Y por los días en que estoy en este trabajo de campo, abril de 2026, tres familias no han sido reasentadas y continúan habitando su casa en la misma calle, salvo que ya no hay vecinos ni caserío. A lo largo de dos años han presenciado la partida, una a una, de las familias con las que crecieron. Uno de estos rezagados es Luis Gallego con su esposa e hijos. «Primo, yo tengo más de 300 años de vivir aquí», me dice en un tono que revela indignación. «Yo fui nacido y criado aquí. Y en el cementerio de aquí están enterrados mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Y ahora quedarme sin tierra de un momento a otro…». En su parcela, Gallego tiene «terneros, chivos y puercos», gallinas y gallos, una mula en la que se mueve para toda parte y los perros cuidanderos. «Me tocará regalar estos animales», dice, entristecido, «no tengo para dónde llevarlos». En el casco urbano de La Loma es dueño de una casa, pero el patio es diminuto. «Acá tengo veinte animales chiquitos», dice refiriéndose a las crías. En un corral me muestra una marrana acostada de lado amamantando a una camada de cinco o seis marranitos. Con las lágrimas atravesadas en la voz, Gallego me cuenta que ya le han avisado que vienen a demoler su casa y él les ha pedido que lo esperen un momento más, que debe resolver la vida de sus animales. Su desazón y su impotencia tienen que ver con que es un hombre mayor de 60 años al que no le darán empleo en ninguna parte, dice él. «Yo vivo es de mis animales. Allá en La Loma, ¿de qué voy a vivir? Yo, la verdad, a veces me dan ganas es de ahorcarme».

Cinco: sobre el miedo que sienten algunos de los líderes que representan a las comunidades que fueron afectadas por la operación de las minas del Grupo Prodeco hay que hablar de una investigación judicial que va en curso. En 2023, luego del fallo de segunda instancia a favor de las organizaciones comunitarias que obligaba a la multinacional a poner en marcha las mesas de concertación sobre el plan de cierre total de las minas, ocho de los delegados de estas organizaciones fueron intimidados con llamadas, mensajes anónimos y seguimientos. A Andrea del Rocío Torres, como abogada de las organizaciones, la amenazaron. «Fue una persecución, un momento muy difícil», dice. El lugar común del mensaje era: «retírese de la tutela o ya sabe lo que le va a pasar». Para la multinacional fue una situación muy incómoda porque, a fin de cuentas, era la única de las partes a la que le convenía que las organizaciones se zafaran de la tutela. Entonces, como una acción defensiva de su reputación, el Grupo Prodeco publicó un comunicado de rechazo y activó un protocolo de apoyo para los líderes amenazados. 

Madeleine y doña Hilda fueron dos de esas ocho. En medio de un llanto nervioso, doña Hilda me cuenta que no le llegó el mensaje directamente. Que fue a su hija a quien llamaron y que fue al hijo al que un hombre armado intimidó en la entrada de la casa. «Yo no puedo culpar a nadie de la minera», me dice. «Con decirte que se portaron mejor conmigo que las instituciones del Estado. Se nos pusieron a la orden y me mandaron una protección». Cuando le pregunto si se arriesga a sospechar de alguna de sus actividades sociales como fuente de la agresión, me dice que cualquier cosa pudo haber incentivado esa amenaza. «Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo; el estudio de seguridad que me hicieron dice que hasta personas cercanas a mí pudieron haber sido». Con la voz temblorosa, me dice que le pide fuerza a Dios, que se siente «una guerrera», que no ha dejado de luchar pero sí ha tratado de ser menos visible. «Acá pasan tantas cosas y uno se da cuenta, pero no habla. Acá no podemos alzar la voz porque nos mandan a matar».

Seis: en cuanto a la salud pública, es doña Hilda la que recupera el vigor de su voz para hacer el reclamo. «Aquí todos estamos contaminados», dice. «Anteriormente acá la gente no se enfermaba así». Enumera dolencias que considera presentes en la comunidad: afectaciones en los ojos, en la nariz y en los oídos, «aquí hay niños que nacen con la vista dañada»; habla de mujeres con lesiones en el sistema reproductor, «las mujeres no se reproducen como antes», y de bebés que nacen deformes; tiene la impresión de que muchas mujeres abortan involuntariamente «porque el vientre no lo tienen fuerte». Dice que la salud de los ancianos «es horrible», que muchos van con pipetas de oxígeno y que «los pelaitos mantienen con asma». Doña Hilda se desquita con los políticos de la región. «Ellos dicen que les duelen las comunidades, pero sólo para buscar el voto. Si eso fuera verdad, traerían unos médicos especialistas de esos que hacen estudios epidemiológicos para saber si estamos afectados o no, y si es por culpa de la minería o no».

Aunque lo prudente es decir que hay muy pocos datos científicos que relacionen directamente las patologías descritas por doña Hilda como una consecuencia de vivir junto a las minas de carbón, también es pertinente decir que la ausencia de datos abundantes y decisivos se debe a que no se han elaborado los estudios suficientes. Desde que llegaron las multinacionales hasta este 2026 sólo ha habido dos estudios epidemiológicos con poblaciones de la Zona Minera del Centro del Cesar. El primero fue publicado en 2012,  estuvo a cargo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia con el apoyo del Gobierno departamental e incluyó a médicos tan reconocidos como el epidemiólogo y salubrista Luis Jorge Hernández quien trabajó durante 12 años en vigilancia epidemiológica en la alcaldía de Bogotá. Se titula «Enfermedad y síntomas respiratorios en niños de cinco municipios carboníferos del Cesar, Colombia» y fue aceptado en 2012 por la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional. En un grupo de 1627 niños de hasta 10 años, habitantes de los municipios de la Zona y expuestos a diferentes niveles de material particulado entre 2008 y 2010, los investigadores encontraron una correlación directa entre la exposición y una mayor prevalencia de problemas bronquiales y cuadros de enfermedad respiratoria aguda. Encontraron también que entre más grueso o grande sea el material particulado más se elevaba la probabilidad de presentar sibilancias, tos persistente seca al despertar, rinitis alérgica, dificultad para respirar y ataques de asma. La conclusión científica del estudio fue que la contaminación del aire por minería de carbón «es un factor de riesgo agravante para la morbilidad respiratoria» en los niños de la Zona.

El segundo fue un estudio ordenado por el Minambiente en 2008, sobre la operación de las minas del Grupo Prodeco y las posibles afectaciones en las comunidades aledañas. Pero dada la proximidad de las otras minas, Drummond y CNR terminaron vinculándose. El estudio fue diseñado y ejecutado por el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. La población incluida en la muestra fue dividida entre las comunidades situadas a menos de tres kilómetros de las minas y las situadas a más de diez kilómetros. El estudio finalizó en 2021 y aunque es información pública los resultados no fueron divulgados en revistas especializadas; circularon apenas entre las oficinas del Estado y las multinacionales. Arrojó dos hallazgos centrales: una, que el material particulado grueso (PM10) puede causar serios problemas de salud al penetrar y alojarse en los pulmones, y el más fino (PM2.5) puede entrar directamente al torrente sanguíneo luego de haber recorrido las vías respiratorias. «La exposición crónica a [estas] partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como algunos tipos de cáncer», como el de pulmón, de estómago y un aumento en la incidencia de tumores cerebrales. La razón es que este material particulado no es sólo carbonilla sino una mezcla con sustancias generadas por las tareas en las minas como arsénico y cadmio, que son metales pesados, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que son sustancias surgidas de la quema de carbón, y como los gases y vapores químicos que emergen espontáneamente de los yacimientos. El hallazgo científico más preocupante, sin embargo, es que «no se ha podido identificar un umbral mínimo de seguridad por debajo del cual no se observen daños a la salud humana». Dicho sin la doble negación: hasta las concentraciones más bajas de material particulado causan daños a la salud humana.

Doña Hilda me conecta con la gerente del Hospital de El Paso, la doctora María Mónica Ángel Guerrero. Nos reunimos en el centro de salud de La Loma, que es una unidad materno infantil. La doctora Ángel es oriunda de este corregimiento y fue nombrada en el cargo luego de haber trabajado catorce años en el servicio médico acá mismo. Me cuenta que mientras estuvo atendiendo pacientes en Urgencias, hace más de diez años, notó que entraban muchos afectados por enfermedades respiratorias como asma y bronconeumonía, y que la mayoría eran habitantes de la vereda El Hatillo. A partir de algún momento que no tiene precisado, los pacientes adultos comenzaron a ser más numerosos que los niños. Y luego empezaron a presentarse pacientes con afectaciones del sistema digestivo. Me cita un registro reciente: entre octubre y diciembre de 2025, este centro de salud recibió 76 pacientes de todas las edades con gastroenteritis de origen infeccioso.

«No te puedo asegurar si estas patologías tienen origen en la contaminación causada por las minas», dice, con prudencia, «porque no tenemos las mediciones ni la tecnología para hacerlas. Pero nosotros las asociamos a eso, a la contaminación del aire y a la del agua». Uno de los datos que le permite arriesgar esta conclusión es que desde que cerraron Calenturitas estas cifras han mermado. «Quizás se deba a eso», observa habitando la duda como para no renunciar al rigor científico. «También siento que si la gravedad no es tan significativa como lo fue anteriormente, hace ocho o diez años atrás, se debe a que las empresas mineras han ejercido un mejor control».

Coda

Nada de lo que ha sucedido en la Zona Minera del Centro del Cesar es inédito. El negocio del carbón térmico lo tiene detectado desde hace varias décadas. Las advertencias científicas y los estudios sociales abundan, al menos, desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, con el caso dominante del «cinturón carbonífero» del oeste de Estados Unidos. Hace mucho se sabe que un territorio en el que incrustan un tajo a cielo abierto pasa por todos los estados descritos en este reportaje: primero, reina la idea de que llega el progreso seguido de algunas mejorías en infraestructura, muy persuasivas por visibles. Luego, pasados unos pocos años, empiezan a abundar las enfermedades respiratorias y digestivas entre los lugareños. Vienen las primeras alarmas. Después, cuando los daños a los ecosistemas ya no se camuflan entre el paisaje y los complejos mineros no pueden ocultarlos, empiezan los reclamos ambientales. La ciudadanía le exige controles al Estado que, maniatado por los contratos con las empresas y torpedeado por su propia demora en comprobar los hechos, no es mucho lo que pueda resolver. Al cabo del tiempo, las comunidades comprenden que ya no son lo que eran y se dan cuenta de que tampoco les ha quedado mucho del dinero que prometía la explotación. Las voces locales más agudas concluyen que sus vidas con sus historias en su tierra junto con las otras vidas vegetales y animales fueron sacrificadas a cambio del dinero que exigía el modelo del desarrollo nacional. Y hace rato que los académicos acuñaron el concepto «zonas de sacrificio» para condensar todo esto.

Los que al comienzo desconocían el desenlace de este hilo conductor son los propios afectados. Por eso este reportaje cierra con la pregunta obligada para ellos. Si en el origen de la Zona Minera del Centro del Cesar usted, ustedes, hubieran sido conscientes de este desenlace, ¿lo hubiesen aceptado?

Uno de los trabajadores a los que le noté mayor liderazgo entre sus compañeros me dice: «Las inversiones extranjeras son buenas, pero no contamos con el respaldo auténtico del Gobierno central. Un inversionista extranjero sí puede venir a invertir en Colombia, pero debe venir brindando garantías para los trabajadores, cumpliendo con la ley y que sea el Gobierno quien lo regule».

Otro trabajador que ahora sufre de lesiones lumbares me dice: «Ahora sabemos que cambiamos la salud por dinero. Cuando empecé nunca me imaginé que iba a quedar enfermo. Por muchos cuidados que la empresa hubiera dispuesto en salud ocupacional, sólo eran pañitos de agua tibia para las dolencias con las que quedamos».

Otro, quien desde hace varios años quedó subyugado al consumo de medicamentos para el dolor lumbar, para conjurar la ansiedad y la depresión, y para conciliar el sueño, me dice: «Hay un sabor agridulce. A pesar de las regalías que recibió el municipio, a mucha gente le tocó irse de La Jagua por la polución. Creíamos que entrando a trabajar a una empresa de estas iba a cambiar para bien nuestra manera de vivir. Grábeme: de yo saber que iba a quedar en estas condiciones jamás hubiera pedido empleo en esa empresa. Era cambiar mi salud por unos pesos que no compensan. Malvendí mi fuerza laboral. De saber que iba a perder mi libertad, porque no puedo salir de mi casa y permanezco encerrado en estas paredes, yo no hubiese entrado a laborar en esa minera».

Jaidy Maestre Trespalacios, parada en el antejardín contaminado de su casa, me dice: «Yo considero que las minas no son malas. Yo considero que el problema no se trata de la llegada de las minas, que la sola llegada de las minas nos cambió la vida. Yo pienso que deberían habernos tenido en cuenta como comunidad, habernos preguntado si eso era lo que deseábamos. Y no fue así. El problema es que otros eligieron por nosotros. Yo considero que, si las minas se hubieran puesto la mano en el corazón y hubieran trabajado con las comunidades, habría sido distinto. Acá cargamos sobre los hombros todas las cosas que traen las minas. ¿Y dónde están esas personas que deberían instruirnos y capacitarnos para poder enfrentar lo que estamos viviendo? Yo no las veo y eso nos aterra, nos asusta. Si acá hay tanta plata, ¿por qué la comunidad no tiene ni siquiera un hogar infantil en donde las mamás puedan dejar a sus hijos mientras trabajan? Si no podemos elegir, al menos hagan una minería responsable. Sería un poquito más justo».

Dejo la voz de doña Hilda para este final porque sus palabras emergen de la ingenua paradoja en la que se encuentran los países en desarrollo que basan su ingreso en la explotación de combustibles fósiles: «La minería no es mala. Cuando llegaron las empresas, acá todos éramos campesinos que solo habíamos hecho la primaria. No tuvimos mandatarios que nos defendieran. Desde eso hemos estado huérfanos. Acá sufrimos de todo lo que trajo el boom de la minería: sobrepoblación, inseguridad, prostitución, drogas, violencia. Pero la minería no es mala. Malos fueron los dirigentes que tuvimos. La minería no es mala. Sin minería no hubieran tantos profesionales aquí. Profesionales que cambiaron su salud por plata. Y tienen sus hijos que ya son profesionales y hoy en día esos hijos ya no quieren saber nada de las minas. La minería no es mala, pero si una empresa viene hoy, le vamos a pedir que sea responsable y no la haga a cielo abierto. Y si dicen que no, le vamos a decir que si no es como nosotros queremos es mejor que se vayan. Si realmente quieren el billetico que esta tierra les va a dar, se tendrán que someter. Acá no le vamos a echar la culpa a la mina. Las minas hicieron desastres, pero por culpa de nosotros mismos. Las empresas proponen y nosotros como comunidad disponemos».