En 2017, la central termoeléctrica de Bijao en el noroccidente de Honduras, también conocida como Becosa, hizo un cambio importante: pasó de generar electricidad con carbón a hacerlo con un derivado del petróleo llamado petcoke o coque de petróleo.

Esa transformación significó un hito: desde entonces Honduras no tiene ninguna termoeléctrica activa que quema carbón, el más contaminante de los combustibles fósiles. Su matriz energética depende hoy sobre todo de la generación térmica a base de combustibles bunker y diésel con 22 plantas en el país, que aportan el 40.5% de la generación eléctrica nacional. El 59.5% restante se genera con hidroeléctricas, parques solares biomasa, generación eólica y geotermia (calor del subsuelo).

El gobierno hondureño ha dado varios pasos para consolidar ese logro. En mayo de 2025, se sumó a la alianza Powering Past Coal Alliance, un grupo de países y regiones que han asumido el compromiso voluntario de dejar de utilizar el carbón como fuente de generación de energía. Así, prometió aumentar en un 80% la producción de energías renovables. “El futuro de la energía en América Latina reside en las energías renovables, no en el carbón”, dijo el entonces Subsecretario de Energía Tomás Rodríguez.

Sin embargo, que Honduras pueda continuar cumpliendo ese compromiso depende de qué suceda con una central termoeléctrica que lleva en planes desde 2020.

Ubicada cerca del mayor puerto del país, a tan solo 12 kilómetros de la central reconvertida de Bijao, Puente Alto se ha promocionado como “un histórico proyecto de generación de energía que permitirá el desarrollo de Puerto Cortés y sus comunidades”. Es desarrollado por Puente Alto Energy S.A. de C.V. , una empresa que forma parte del conglomerado empresarial Grupo Emco Holding que tiene múltiples proyectos en el país, sobre todo más al norte, en el municipio de Tocoa, Colón.

Como presidente y primer representante legal de Puente Alto Energy está el empresario Lenir Pérez, quien actualmente enfrenta un juicio por presunta explotación ilegal de recursos y daño agravado al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, en Tocoa, por los presuntos daños causados por la minera Los Pinares que también forma parte del grupo Emco.

No es la única persona ligada al proyecto energético que ha sido cuestionada. El estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por la termoeléctrica fue elaborado por una consultora ambiental que ha asesorado otros proyectos controvertidos, cuyo apoderado legal está actualmente acusado de falsificación de documentos públicos, en un caso que también gira en torno a una empresa de Pérez.

Si bien el proyecto actualmente no cuenta con licencia ambiental y el gobierno anterior de Xiomara Castro descartó una nueva termoeléctrica a carbón, la decisión de revivirlo podría recaer en el actual gobierno de Nasry Asfura.

En las últimas semanas, Lenir Pérez se ha jactado en redes sociales de reuniones con funcionarios del gobierno de Donald Trump en los que dice haber discutido proyectos “en colaboración con el gobierno del presidente Asfura”, incluyendo de minería, y de su orgullo de asociarse “con el gobierno de Asfura en la creación de empleos, la generación de energía y el desarrollo económico”. Además donó 88 mil dólares al brazo electoral del Partido Republicano en mayo. También se reunió con la congresista republicana María Elvira Salazar, cercana a Trump y elogiosa de Asfura, a cuya campaña de reelección Pérez también donó 107 mil dólares en mayo de este año.

Esa cercanía de Pérez con el gobierno Trump, que retiró a Estados Unidos del acuerdo climático de París y anunció millonarias inversiones para revitalizar el sector del carbón, podría beneficiar sus negocios. 

Estos son los principales hallazgos de una investigación de Contracorriente medio aliado de la investigación colaborativa y transfronteriza, Las Ruinas del Carbón, que lidera el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a diez medios, sobre la salida de la energía a base de carbón en América Latina.

La propuesta central de Puente Alto

La que podría ser la primera termoeléctrica a base de carbón que se construya en una década en Honduras es descrita por sus propietarios como “un proyecto de generación de energía que planea producir más de 100 megawatt (MW) en su etapa inicial y que generará más de 400 puestos de empleo en su etapa de construcción y más de 800 trabajos cuando esté en operaciones». Operaría a partir del proceso de combustión de dos combustibles fósiles, carbón y petcoke, para producir vapor que a su vez mueve una turbina para generar energía eléctrica.

 

Sus impulsores son la empresa hondureña Puente Alto Energy S.A. de C.V. (también conocida como PAESA) y el Grupo Emco Holding de la que forma parte. Calcularon su inversión para este proyecto energético en 4.000 millones de lempiras (unos 164 millones de dólares). Sostienen sus promotores que la central “tiene un innovador concepto que será ejemplo al cumplir con los más exigentes estándares de calidad, seguridad y cuidado ambiental”.

Cinco años después, el estatus del proyecto es incierto. El gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, anunció que lo cancelaría luego de sumarse a la alianza Powering Past Coal en mayo de 2025. Asimismo, la solicitud de licencia ambiental de la central fue denegada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) el 22 de febrero de 2024, a raíz de que la empresa no presentó una constancia de cabildo abierto que comprobaría la aceptación del proyecto por parte de las comunidades. Sin embargo, a marzo de 2026 la página web de grupo Emco todavía hablaba de que “en la División Energía, el grupo desarrolla un importante proyecto de generación energética con la empresa Puente Alto Energy, ubicada en la comunidad de Puente Alto, en Puerto Cortés, la cual planea producir más de 100 megawatt (MW) en su etapa inicial”, con lo cual aún existe la posibilidad de que presente nuevamente la solicitud de licencia ambiental. Esta alianza periodística confirmó, a través del Portal de Transparencia de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), que hasta junio de este año la Serna tampoco ha extendido un permiso o licencia para este proyecto.

El grupo Emco Holding, del que forma parte Puente Alto Energy, es un conglomerado empresarial con negocios asociados a la comercialización del acero, incluyendo Inversiones Los Pinares S.A., empresa que opera la mina de la que se extrae mineral de hierro usado para producir el metal en Tocoa y Alutech S.A. de C.V., la multinacional que comercializa acero y aluminio en Honduras, El Salvador y Guatemala. También incluye a Inversiones Ecotek S. A. de C. V., una planta peletizadora de óxido de hierro en Tocoa cuyo permiso de ampliación de una concesión fue denegado por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) en 2025 tras los intentos de la empresa de operar sin contar con una licencia ambiental, y Tocoa Energy, un proyecto de generación de energía a base de coque de petróleo en que despertó el rechazo de la población y organizaciones ambientalistas.

El accionista mayoritario de este conglomerado de empresas es Lenir Pérez, un empresario de 49 años fue interrogado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en su casa en Florida en abril de 2023. Las razones de esta indagación no se conocen públicamente. Además, Pérez aparecía como representante legal de Puente Alto Energy cuando solicitó a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) la inscripción como empresa generadora en 2021.

Además, en Honduras actualmente se están discutiendo reformas el sector eléctrico a través de un proyecto que propone una serie de cambios, entre ellos abrir el rubro de la transmisión de energía, que es controlado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a la inversión privada a través de un Operador del Sistema y del Mercado (OSM). Aunque funcionarios prometen la «modernización» de la empresa estatal a través de estas reformas, los otros dos rubros de la ENEE, la distribución y generación de energía, que están en manos de privados tampoco han registrado mejoras en los últimos años.

Los líos legales del dueño de Puente Alto

El pasado 27 de marzo de 2026, Lenir Pérez se presentó a una audiencia preliminar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para responder a la acusación por presunta explotación ilegal de recursos y daño agravado al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, que conserva 967 kilómetros cuadrados de un ecosistema conocido como el bosque húmedo del Atlántico centroamericano.

La llegada de Pérez a los juzgados se dio, después de que el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, suspendiera una orden de captura dictada el pasado 13 de enero en su contra. También se presentó luego de la realización de un juicio político para suspender de su cargo al ex Fiscal General de la República, Johel Zelaya, el 24 de marzo de 2026. Aunque los dos eventos parecerían no tener relación, en la prueba acusatoria contra el ex Fiscal General, una fiscal denunció que había sido destituida de sus funciones por negarse a modificar un requerimiento fiscal relacionado al homicidio del ambientalista Juan López. 

López fue un defensor ambiental criminalizado a raíz de su defensa del río Guapinol y asesinado el 14 de septiembre de 2024, tras denunciar la posible corrupción en la alcaldía de Tocoa y las irregularidades en torno al proyecto minero en el parque nacional, que puso a Pérez a responder ante la justicia.

Las comunidades aglutinadas en el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CDBCPT) han denunciado desde hace más de una década los daños a los ríos Guapinol y San Pedro a causa de la minería. Además, el 24 de septiembre de 2024 -diez días después del asesinato de Juan López- la Fiscalía Especial del Medio Ambiente presentó un requerimiento contra 12 personas vinculadas a Inversiones Los Pinares S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V. Las dos empresas forman parte del Grupo Emco. 

En esa audiencia preliminar del 27 de marzo, el juez aceptó la solicitud de la defensa de Lenir Pérez de defenderse en libertad y no ir a prisión durante el desarrollo del juicio luego de que este presentó pruebas de arraigo valoradas en 8 millones de lempiras (unos 298 mil dólares). La fecha para la audiencia inicial del proceso judicial se ha postergado en cinco ocasiones, quedando la próxima fecha para el 2 de septiembre.

Entre tanto, Lenir Pérez ha afianzado sus lazos con figuras relevantes del gobierno de Donald Trump y del Partido Republicano. 

El 10 de mayo, un mes y medio después de la audiencia preliminar, Pérez publicó en su cuenta de X una foto junto a la congresista republicana María Elvira Salazar, en la que le agradeció por visitarlo por su casa en Palm Beach y por «su firme apoyo a la democracia hondureña» (en el mismo salón donde otras fotos mostraron a Salazar con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano).

 

Cinco días antes de su publicación, el empresario hizo tres donaciones por 107.000 dólares a la campaña de la congresista por el estado de Florida, quien busca la reelección por un cuarto periodo en noviembre. 

El 5 de mayo, Pérez donó 100 mil dólares al comité electoral Salazar Victory Committee, según consta en la plataforma de la Comisión Federal de Elecciones (FEC). El mismo día hizo otras dos donaciones que sumaron 7 mil dólares al comité Salazar For Congress. 

También ese mismo día hizo otras tres transacciones a otros vehículos electorales del Partido Republicano, dos al Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) por 88 mil dólares y una más al Freedom Force PAC por 5 mil. En las seis donaciones, Pérez se identificó como presidente de Emco Holding Inc.

Un mes después, el 10 de junio de 2026, Lenir Pérez publicó en su cuenta de X una foto junto a Caleb Orr, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado, para –según dijo Lenir– “discutir las inversiones de EMCO”. “Estamos orgullosos de asociarnos con el gobierno de Asfura en la creación de empleos, la generación de energía y el desarrollo económico a través de nuestras operaciones en acero, minería y aeropuertos”, dijo. 

Luego, el 5 de agosto, Pérez publicó una foto una reunión en el hotel Trump Doral con otra subsecretaria adjunta del Departamento de Estado, Ana Quintana-Lovett, para en sus palabras – “discutir los muchos proyectos que Emco está implementando en Honduras en colaboración con el gobierno del presidente Asfura enfocados en manufactura, logística y minería”.

 

La mina de Pérez estuvo vinculada al gigante siderúrgico Nucor Corporation, una de las principales productoras de acero de Estados Unidos, empresa que además fue donante de la campaña del presidente Donald Trump en 2016 y en 2020. La violencia desencadenada por el conflicto minero no sólo ha dejado asesinatos como el de Juan López, sino a más de 400 ambientalistas en el exilio. Al menos 13 de ellos fueron víctimas de campañas de desprestigio en redes sociales, medios y páginas web, a través de cuentas vinculadas a Grupo EMCO.

En Baracoa, aldea del departamento de Cortés, la comunidad local viene alertando con preocupación acerca de los daños que podría traer otro proyecto de Pérez: la planta termoeléctrica a base de carbón de Puente Alto.

Un proyecto con «impactos severos y de carácter permanente»

El 24 de junio de 2020, Puente Alto Energy presentó un estudio de impacto ambiental (EIA) como parte de su solicitud de licencia ambiental, en el que explica los potenciales impactos que la central podría traer a esas comunidades aledañas y al ambiente.

“Durante la etapa de operación los impactos serán severos y de carácter permanente en vista de la generación de gases de combustión”, dice el estudio de 188 páginas, elaborado por la firma consultora Asesores y Consultores Ambientales de Honduras S. de R.L. (Asecoah). De manera más precisa, indica que la termoeléctrica “tendrá un impacto ambiental directo en las emisiones por gases de combustión NOx (óxidos de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre) y gases de efecto invernadero CO2”.

Además, identifica otras fuentes posibles de impacto, incluyendo emisiones vehiculares generadas por “el acarreo de materiales a granel tanto como petcoke y cenizas”, “los altos niveles de ruido” por el funcionamiento de la maquinaria de la planta y “el impacto directo a las fuentes de agua subterránea por consumo de agua para producción de vapor por las calderas para generar electricidad”.

En total, el documento clasifica al proyecto en la categoría 4, lo que en la normativa hondureña se traduce como “un proyecto, obra o actividad de muy alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental”, según el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

A esos impactos se sumarían “las emisiones generadas por la planta minera que está adyacente al terreno”. Se refiere a la minera Agregados del Caribe S.A. de C.V. (Agrecasa), subsidiaria de la empresa estadounidense American Aggregates LLC, y a su controvertida operación de extracción de piedra caliza a solo 300 metros del sitio donde se construiría la termoeléctrica. Según el estudio de la termoeléctrica, Puente Alto Energy planea filtrar a través de piedra caliza los químicos que liberarán el carbón y petcoke al momento de su combustión para la generación de energía. 

La minera Agrecasa también ha despertado oposición en el poblado de Sapadril, otra comunidad del municipio de Puerto Cortés. La Secretaria de Recursos Naturales (Serna), a través de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), recomendó no renovar la licencia ambiental de la mina de caliza por la posible contaminación a los cuerpos de agua, riesgos de colapso ecosistémico, es decir, algo riesgo de pérdida drástica del sistema natural de la zona, y afectaciones a la salud pública de los habitantes. Hoy se encuentra detenido. En paralelo, 13 de los defensores del ambiente que se han opuesto a la minera Agrecasa están siendo judicializados por el delito de usurpación. 

El estudio ambiental de Puente Alto también indica que “una pequeña quebrada permanente que limita con la propiedad será el cuerpo receptor del efluente proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales”. Aunque no la nombra, probablemente se refiere a la quebrada Los Chorros, a 600 metros del proyecto.

El informe también señala que la empresa aprovechará “la presencia de un acuífero altamente productivo” para “garantizar el abastecimiento de agua según los requerimientos necesarios para la caldera” y que esta será purificada antes de ser utilizada en la planta termoeléctrica. Por este motivo, advierte que el “aumento en la demanda de agua de fuentes subterráneas podría causar una disminución en la cantidad de agua disponible en el acuífero, e incidir en el balance hídrico local”. En este caso, el EIA apunta que el impacto será severo, al tener esta sección un valor de importancia de 62, ubicado entre 50 y 75, que corresponde a este nivel según la tabla de importancia de impacto ambiental del estudio.

Aunque el EIA presentado en junio de 2020 indica que para recaudar el agua necesaria para el funcionamiento del proyecto se perforarán cinco pozos, la empresa presentó un adendum el 29 de diciembre de ese mismo año para cambiar el sitio de extracción de agua al río Chamelecón, a través de una estación de bombeo superficial y por medio de la perforación de cinco pozos cercanos.

“El sitio donde se extraerá el agua del río, así como la zona donde se pretende la perforación de los pozos se localiza en la Comunidad de Sapadril Abajo, en una zona utilizada como campo de cultivo de palma africana”, indica esta solicitud posterior. Si bien el río Chamelecón es una fuente de agua natural a la que acceden varias de las comunidades al norte del país, esta solicitud fue aceptada por la Secretaría de Recursos Naturales el 7 de enero de 2021.

La Serna dio por completa la documentación técnica contenida en el estudio de impacto ambiental el 15 de julio de 2020. Dos semanas después, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la entidad ambiental extendió a la empresa una licencia operativa, que sólo concede actividades de corte y relleno del terreno donde se edificará el proyecto. 

También le señaló al apoderado legal de Puente Alto que, para continuar con el desarrollo del proyecto, la empresa debería presentar la constancia de cabildo abierto realizado con los patronatos de las comunidades en el área de influencia del proyecto. Le dio cuatro meses a Puente Alto para presentar la certificación de punto de acta municipal de Puerto Cortés en donde constara la socialización y aprobación del proyecto con todas las comunidades involucradas, así como los listados de asistencia al cabildo y fotografías de este.

Sin embargo, el estudio de impacto ambiental no detalla cuáles serían las comunidades afectadas ni el impacto preciso que podría tener en el agua, el suelo o la salud de los vecinos. Tampoco profundiza en las medidas de mitigación que propone si arranca el proyecto.

Para Lucía Vijil, investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) y experta en el estudio de conflictos socioterritoriales, lo que devela este estudio es que se haría  un reordenamiento en la hidrología de Baracoa si se lleva a cabo el proyecto. “Esto es crítico porque el proyecto no solo utiliza el agua, sino que en ecología política esto es reordenar la hidrología, y esto es extracción subterránea de agua que va a afectar las nacientes que ya están en la zona. El mayor riesgo ecológico no es solo la descarga de las aguas, sino la alteración que existe entre extraer agua subterránea, la reducción de la disponibilidad local del agua y la presión sobre otros nacientes y drenajes menores que puedan existir”, dice.

Vijil considera que, aunque en el estudio reconocen de forma superficial la generación de ceniza y cómo esto repercutirá en la contaminación del ambiente y la salud de las personas, el plan de mitigación de la empresa es insuficiente debido a que se limita a estudiar el área de influencia directa del proyecto, no todo el municipio de Puerto Cortés. En sus palabras, “una termoeléctrica aquí funciona como un enclave extractivo: no solo es el lote, sino que todo esto incluye la cadena logística portuaria, el transporte de carbón, los patios de almacenamiento, el tránsito de camiones, toda la cuestión eléctrica, la exposición de comunidades cercanas”, explica.

“Esta empresa estaría gastando por hora el agua que ocupan 100 personas en un año”, advierte Pedro Landa, fundador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería e investigador con experiencia en el análisis de concesiones y megaproyectos en Honduras. Llegó a esa estimación a partir de los números del estudio, que en su apartado sobre “requerimientos de agua” indica que el consumo de agua por 100 MW será de 103.44 metros cúbicos por hora y que inicialmente la empresa contará con dos tanques de almacenamiento con capacidad de 3.000 metros cúbicos cada uno. Eso significaría, calcula Landa, un consumo de 6 mil metros cúbicos de agua sólo en la primera fase de operación de Puente Alto, que luego plantea ampliar su capacidad de generación hasta 200 MW.

Además, el acarreo del carbón desde Puerto Cortés, el principal puerto nacional, se haría en camiones “cubiertos con lonas para retención de polvo, con el fin de evitar contaminación del aire por partículas suspendidas”, según el informe.  Landa advierte que una lona no impediría que partículas con metales pesados provenientes del carbón y del petcoke contaminen en su recorrido. 

También cuestiona que el EIA no describe a la comunidad de Baracoa, quiénes y cuántos son sus pobladores o a qué se dedican. “Cuando hablan de la parte socioeconómica de la zona de influencia del proyecto se refieren a todo el municipio de [Puerto] Cortés, cuando las comunidades afectadas son dos: Baracoa y Sapadril Abajo. (…) Los indicadores socioeconómicos salen sobrando porque no se refieren a la población directamente afectada”, señala Landa, quien también es integrante de la Red Hondureña por el acuerdo ambiental regional de Escazú.

Por último, para Landa resulta insuficiente que el estudio sólo haya sido elaborado por cuatro profesionales en las áreas de biología, ingeniería industrial, agronomía y ambiente, y no haya incluido a expertos en ingeniería eléctrica, manejo de combustibles fósiles y epidemiología para evaluar posibles afectaciones en la salud. Por ejemplo, señala que el EIA habla de impactos “moderados y severos” en el agua y el aire, pero no esclarece cuántos kilómetros a la redonda del proyecto serían afectados, ni plantea un plan de medidas de mitigación efectivas. 

Las preocupaciones de la comunidad

Con el conflicto en Guapinol como antecedente, Puente Alto Energy se topó también con la oposición de los habitantes de la zona donde pretende instalar la planta de energía. 

En febrero de 2020, antes de que la pandemia por Covid-19 llegara a Honduras, representantes de la empresa visitaron ocho comunidades de Baracoa para socializar la central que, en sus palabras, “brindará apoyo para un vital proyecto de abastecimiento de agua, construcción de centros comunales y electrificación en diversas comunidades para beneficio de las personas menos favorecidas”.

Sin embargo, entre 2022 y 2024, muchos habitantes de ocho barrios de Baracoa, y preocupados por lo que vieron en el estudio de impacto de ambiental, salieron a protestar para oponerse al desarrollo de un cabildo abierto, un paso clave para la obtención de la licencia ambiental que es indispensable para echar a andar la termoeléctrica.

Consultados por esta alianza periodística, temen sobre todo que la generadora de electricidad a base de carbón afecte su acceso a la quebrada de los Chorros, la fuente de agua de la que dependen y que proviene de montañas cercanas a la zona.

 “Es una creciente de agua que sirve a aproximadamente 36 comunidades del sector bajo de Baracoa. Es agua potable, no necesita ningún tratamiento porque es 100% saludable. Por eso nos opusimos”, dice Leónidas Elvir, quien se dedica al cultivo de coco.

Con él coincide Cupertino Cartagena, sastre de la comunidad de Baracoa Johnson, a quien le preocupa lo que el estudio de impacto ambiental dice sobre el río Chamelecón. “Esta gente dijo que no iban a perjudicar absolutamente nada, que iban a traer el agua del río, pero no tiene lógica que vayan a cruzar todo lo que es el autopista hacia arriba para sacar el agua con bomba, ya que si ellos quieren utilizar agua del río Chamelecón la instalación tendrían que hacerla cerca del río para evitar costos”, dice. 

Aunque en su estudio de impacto ambiental la empresa confirma que necesitará de piedra caliza para operar el proyecto, no precisa de dónde la extraerá. Elvir teme que sea del cerro llamado La Pelota, una zona con cobertura arbórea y cuya extracción, cree él, podría ocasionar derrumbes y deslizamientos que podrían afectar a las comunidades cercanas.

Con temores como estos en mente, habitantes de las ocho comunidades de influencia del proyecto realizaron una toma de carretera en 2024 para impedir que se realizara un cabildo abierto en la municipalidad de Puerto Cortés, ante la falta de respuesta del gobierno local sobre la oposición de los vecinos al proyecto.

“Nosotros en ningún momento permitimos que se llevara a cabo el cabildo abierto, porque sabemos que vienen personas de otras comunidades -en muchos casos traídos y financiados por la alcaldía- a votar a la comunidad damnificada, y que no entienden el daño que ocasionan este tipo de empresas”, dice Elvir.

Los convenios con los patronatos

Otro factor que generó desconfianza fue que, cuando Puente Alto Energy llegó por primera vez a la comunidad en 2020, la empresa suscribió convenios con líderes de varios patronatos (las juntas directivas o comitivas a cargo de la toma de decisiones en un barrio o colonia) en Puerto Cortés, en los que prometieron realizar  proyectos en aquellas comunidades a que votaran favorablemente la aprobación de la central en el cabildo abierto. 

En un primer convenio, se comprometió a instalar un transformador, postes, alambre primario y secundario en la comunidad de Nisperales. En otro, prometió la construcción de un centro comunal para servicios públicos en la comunidad de Morazán. Y en el último pactó un proyecto piloto para instalar un sistema de agua en las comunidades de Puente Alto, Nueva Puente Alto, El Triunfo, Gracias a Dios, Los Leones y Brisas de Baracoa.

En los tres convenios, firmados por el representante de Puente Alto, Raúl Alberto Doblado Maldonado, aparecía la frase que despertó alertas. “Las comunidades manifestaron apoyo y autorización para la instalación de la planta termoeléctrica siempre y cuando esta cumpla lo establecido en el convenio, que dará inicio después de que se obtenga la licencia ambiental y el cabildo abierto”, dicen. 

 

La certificación notarial de estos convenios la hizo la notaria Pamela Blanco Luque, quien ha sido apoderada legal en varias de las empresas de Lenir Pérez. 

Blanco Luque -quien es esposa de Tomás Vaquero, exministro de Gobernación en la administración de Xiomara Castro, y madre del diputado suplente Javier Marcelo Vaquero- ha trabajado con varias empresas del empresario dueño de Puente Alto Energy en el pasado. Luque tuvo “poder general para pleitos” en cinco empresas del Grupo Emco, según encontró una investigación de Contracorriente de enero de 2023. Estas son Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., Alutech S.A de C.V., Constructora EMCO S.A de C.V., Empresa Aduanera de Importaciones y Exportaciones S.A. de C.V. y Palmerola International Airport S.A. de C.V. 

En diciembre de 2024, Pamela Blanco Luque fue incluida en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden, por “socavar procesos e instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para obtener ciertos resultados, además de usar sus conexiones con funcionarios del gobierno para ejercer influencia”.

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Puente Alto Energy también realizó varias donaciones a las comunidades previo a al cabildo abierto. En mayo de 2020, y donó 62 bolsas con alimentos básicos e insumos de higiene personal a ocho de las comunidades de influencia, por un valor total de 200 mil lempiras (7,451 dólares) Un mes después, donó tratamientos tempranos para combatir el Covid-19 que tuvieron un valor de 239 mil lempiras (8,904 dólares). Y en septiembre de 2021, donó uniformes para un equipo de fútbol de la zona. 

Una de estas donaciones fue realizada por Fernando Castro, actual diputado del Partido Liberal a quien la publicación anunciando la donación describió como subdirector de Puente Alto Energy.

Castro ha tenido otros vínculos con el grupo Emco. En junio de 2024, fue grabado durante el cabildo abierto en La Ceibita en el cual, el entonces alcalde Adán Fúnez aprobó la planta termoeléctrica Ecotek de Grupo EMCO, proyecto que posteriormente fue denegado por las autoridades hondureñas. Fúnez fue capturado el 12 de mayo de este año por la presunta autoría intelectual del asesinato del defensor ambiental Juan López. Consultado por su rol en la termoeléctrica Puente Alto y si está en los planes del gobierno actual reactivarla, el congresista Castro solo respondió “Y eso qué quiere hablar de un proyecto que no está ni en construcción ni en funcionamiento?” . 

Esta alianza periodística contactó por correo electrónico a Marco Castro, José Vindel Wainright, Bryan Solorzano y Edwin Antúnez, abogados de Grupo Emco, a través de las direcciones de correo electrónico que están en los documentos a los que tuvimos acceso,  para conocer más sobre el estado actual del proyecto y si han existido avances o retrocesos en la instalación de este por parte de las autoridades estatales actualmente. Al cierre de este reportaje, no habían respondido.

El cabildo abierto no realizado

El 4 de diciembre de 2022, los patronatos de 17 colonias del sector de Baracoa y sitios aledaños presentaron a la Secretaría de Recursos Naturales un escrito en oposición al proyecto por sus potenciales afectaciones en la salud de las personas y en el ambiente. No recibieron respuesta.

Un año después, el 14 de febrero de 2024, decidieron buscar representación legal a través de Víctor Antonio Fernández Guzmán y Lestter José Castro Ramírez del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización que da acompañamiento legal a organizaciones y defensores del ambiente al norte de Honduras, para conocer avances en su solicitud en contra del proyecto.

Sin haber contestado a sus solicitudes en oposición al proyecto, la Serna otorgó una prórroga a la empresa Puente Alto Energy para dar cumplimiento al requisito de realizar un cabildo abierto  y le extendió el plazo del 14 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2024. 

Llegada esa fecha, ante la inexistencia de dicho cabildo, la entidad pública ambiental declaró “caducado e irrevocablemente perdido el plazo para presentar la documentación” para la solicitud de licencia ambiental. 

Los apoderados legales de Puente Alto Energy presentaron un recurso de nulidad argumentando que el atraso en presentar el acta de cabildo abierto se había dado porque la Corporación Municipal de Puerto Cortés no había reprogramado una sesión para realizar el mismo después de la oposición de las comunidades de Baracoa al proyecto.

El gobierno hondureño discrepó de esa visión, señalando en que “el cumplimiento de este requerimiento ha sido postergado por más de 3 años desde el 14 de diciembre del 2020 que se requirió por primera vez”, según un oficio firmado por el entonces Secretario General de la Serna, Melvin Ariel Madrid Rivas, que consta en el expediente al que esta alianza periodística tuvo acceso. “En reiteradas ocasiones esta Secretaria de Estado ha instado su cumplimiento haciendo caso omiso el peticionario a las múltiples providencias de requerimiento, de las cuales siquiera se notificó personalmente quien ejerció como su apoderado legal, esto pese a solicitar en al menos 6 ocasiones constancias de estar en trámite el licenciamiento ambiental, aprobadas modificaciones técnicas del Estudio ElA del proyecto y de la fecha de emisión de la licencia ambiental operativa, observándose en el transcurso del tiempo una notoria falta de diligencia atribuible al peticionario para lograr cumplir con este requerimiento», añadió.

Finalmente, la Serna archivó las diligencias de este trámite el 22 de febrero de 2024. Un día después, el entonces ministro de la Serna, Lucky Medina, aseguró en redes sociales que sólo restaba archivar el expediente de licencia ambiental. “Desde 2020, el proyecto Puente Alto Energy estaba obligado a presentar ante la Serna certificación de aprobación comunitaria. En noviembre 2022 se emplazó para que en 4 meses consultara a la población; plazo que fue solicitado en prórroga de 2 meses, ambos ya caducados por la no realización del cabildo abierto”, dijo.

Esa decisión administrativa y la declaración del ministro parecían haber sellado la suerte de la termoeléctrica.

Sin embargo, integrantes de la comunidad y especialistas del sector ambiental temen que no significa una cancelación definitiva del proyecto.

Un temor es que Puente Alto Energy intente hacer pasar conversaciones y socializaciones hechas con las comunidades como evidencia de la realización del cabildo abierto. “Verificamos que la empresa no estaba presentando el proceso de socialización con las comunidades, sino que estaban presentando varios informes y fotografías de diálogos que sostuvieron aisladamente con ciertos grupos de la población en donde daban ayudas y les mencionaban los beneficios que la empresa iba a tener”, explicó a esta alianza periodística Walter Miguel Díaz del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que acompaña a las comunidades de Baracoa en este caso.

En el expediente al que esta alianza periodística tuvo acceso se pueden constatar varias de estas reuniones. Como parte del proceso de solicitud de licencia ambiental, Puente Alto integró fotografías de reuniones con las comunidades y listados en los que aparecen las firmas y datos de los asistentes, sin que formaran parte de la realización de un cabildo abierto.

Otro proyecto de Lenir Pérez ya ha sido señalado de posibles irregularidades en relación a la socialización y cabildo abierto para la instalación de un proyecto. En junio de 2025, el Ministerio Público acusó a José Ernesto Vindel Wainright, abogado que constituyó varias de las empresas de Pérez, por presunta falsificación de documentos públicos mediante la manipulación de un acta correspondiente a un cabildo abierto realizado el 30 de junio de 2016 para la obtención irregular de concesiones mineras dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Según el ente acusador, Vindel Wainright y otras dos personas “habrían participado en la falsificación y uso de documentación con el fin de obtener licencias ambientales a favor de las empresas Inversiones Los Pinares y Grupo EMCO”. Para el Ministerio Público, “manipularon el contenido de un acta correspondiente a un cabildo abierto realizado el 30 de junio de 2016 por la municipalidad de Tocoa, y emitieron una certificación en la que se afirmaba falsamente que los proyectos habían sido socializados con los habitantes de la zona. Sin embargo, dicha socialización nunca se llevó a cabo”.

Esta alianza periodística contactó y buscó personalmente en la alcaldía de Puerto Cortés al alcalde Omar Giancarlo Rodríguez para conocer su postura sobre este proyecto y si existen nuevas solicitudes de cabildo abierto por parte de Puente Alto. A la fecha de publicación no había respondido. 

La consultora ambiental de Puente Alto y su apoderado legal investigado

Aunque el abogado José Ernesto Vindel Wainright fue señalado por la Fiscalía General por el presunto delito de falsificación de documentos en el caso ligado a la minera Inversiones Los Pinares, su papel en empresas con conexiones a Lenir Pérez va más allá de ese proyecto.

El Grupo Emco del empresario Pérez también aparece ligado a la consultora responsable de elaborar el estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica de Puente Alto. Esa empresa, Asesores y Consultores Ambientales de Honduras S. de R. L. (Asecoah), se ha presentado públicamente como parte del Grupo Emco. El ingeniero agrónomo Elvin Yassir Reyes Nieto, mayor accionista y gerente de Asecoah, listaba en su biografía en la red social profesional Linkedin el título de gerente propietario de Asecoah “de Grupo Emco». Aunque su perfil ya no aparece, esta alianza periodística obtuvo una copia antes de que esto fuera borrado.

Vindel Wainright, vocal 1 y gerente general de Puente Alto inicialmente, también fue apoderado legal de PAESA hasta el 13 de septiembre de 2021, pero continuó vinculado a la empresa que realizó el estudio ambiental para la instalación de la planta termoeléctrica.

Los registros societarios de Asecoah indican que al 16 de febrero de 2024 sus propietarios eran Reyes Nieto, con el 96% de las acciones y Karla Lorena Reyes Nieto con el restante 4%. Aunque Aseocah no definió un apoderado legal en sus registros, el nombre del abogado José Ernesto Vindel Wainright —el mismo que fue acusado por el Ministerio Público de presuntamente haber falsificado documentos públicos— fue quien realizó pagos al banco para los cambios en la estructura societaria de Asecoah en 2023 y 2024, según verificó esta alianza periodística en la documentación de la consultora ambiental.

La consultora ambiental ha asesorado otros proyectos de empresas de Lenir Pérez: realizó estudios para el Aeropuerto Internacional Palmerola (PIA) y trabajos en Alutech, ambas empresas que forman parte del conglomerado de Pérez, según promocionaron en su cuenta de Instagram.

Asecoah también fue la encargada de realizar el estudio de impacto ambiental para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, un controvertido proyecto en un archipiélago al norte de Honduras que no logró desarrollarse en el gobierno de Xiomara Castro debido a la oposición de la sociedad civil y de científicos ambientales, como contó Contracorriente en una investigación de 2024.

Honduras fija la descarbonización como meta, pero no dice cómo lograrla

En mayo de 2025, Tomás Rodríguez, el subsecretario de energía del gobierno anterior, aseguró a medios que después de integrarse a la Powering Past Coal Alliance (Ppca), como se explicó arriba, una iniciativa global voluntaria que impulsa la transición en la generación de electricidad del carbón hacia fuentes limpias y sostenibles, se cancelarían por completo las iniciativas de proyectos de generación de a base de carbón como el de Puente Alto Energy.

“Nos entusiasma unirnos a más de 60 países en esta alianza. Esperamos compartir nuestra experiencia con otras economías emergentes que buscan dar un salto similar hacia energías limpias y sostenibles”, dijo.

Aunque Honduras no es un gran emisor de gases de efecto invernadero a nivel global, tiene el compromiso de reducirlas para ayudar a evitar los peores escenarios de la crisis climática. En la más reciente Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC en inglés), el plan de implementación del acuerdo climático de París a cinco años, el gobierno listó cuáles son las principales fuentes de emisiones del país. Según el documento presentado a Naciones Unidas en abril de 2025, tras excluir los cambios en el uso del suelo por deforestación y expansión de la frontera agropecuaria, el sector energético -incluyendo transporte- aportó la mitad de todas las emisiones de Honduras en 2022. Le siguió el sector agropecuario con el 29% y la gestión de residuos con el 9%.

Eso implica que la descarbonización de su matriz eléctrica debería ser una de las prioridades en política climática del país. De ahí que la NDC haya trazado la meta de incrementar la participación de energías renovables hasta que estas alcancen el 70% en la matriz energética para 2030 y mantenerla por encima de esos niveles en los años sucesivos, con el ánimo de “de diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Es decir, una meta incompatible con abrir nuevas centrales termoeléctricas a base de carbón y petcoke.

Además de eso, el gobierno priorizó mejorar la eficiencia energética de hogares, industrias y comercios, reducir el uso de leña en estufas caseras sobre todo de zonas rurales y promover la electrificación de buena parte del transporte público y privado.

A pesar de estas metas ambiciosas, el Estado hondureño no detalló en el NDC cuáles serán las herramientas y planes para descarbonizar su generación de electricidad.

Esta alianza periodística contactó a Grupo Emco por correo electrónico para conocer más sobre el estado actual del proyecto frente a la suscripción de esta alianza por parte del gobierno anterior, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.

También contactamos al exministro de la Serna, Lucky Medina, así como al exviceministro de esta misma secretaría, Malcolm Stufkens, para conocer cuáles fueron sus acercamientos o acuerdos con Puente Alto Energy en la administración anterior. Ninguno respondió. Además enviamos preguntas al actual ministro de la secretaría de Energía, Eduardo Oviedo García, y al actual ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), Juan Carlos Ramos, para conocer su plan frente a la descarbonización y a los distintos compromisos suscritos por Honduras. Tampoco respondieron.

Al final, que Honduras pueda seguir honrando su compromiso de mantener su matriz energética libre de carbón dependerá de qué pase con los planes para construir una central termoeléctrica que es impulsada por un empresario que pronto irá a juicio por presuntos delitos ambientales y que se jacta públicamente de asociarse con el gobierno de Asfura para la generación de energía.