En septiembre de 2025, la organización de defensa de activistas climáticos Global Witness publicó un informe con números muy desafortunados para América Latina. El reporte encontró que, en 2024, 146 ambientalistas fueron asesinados o desaparecidos en todo el mundo. El 82% de ellos, es decir 117, fueron asesinados en América Latina. Cinco de los seis países en los que se registraron más asesinatos hacen parte de nuestra región: Colombia, Guatemala, México, Brasil y Honduras.

En Taladores Digitales, una colaboración liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, en la que participaron otros siete medios de la región, quisimos investigar uno de los factores de riesgo que pueden anteceder otras violencias: los ataques digitales. Es decir, campañas de desprestigio (como señalamientos descalificadores o acusaciones falsas), violaciones de privacidad (como ataques de doxing) y, en algunos casos, amenazas de violencia o de muerte directas que ocurren en redes sociales como Facebook, Instagram o X. Entre las publicaciones que encontramos y recopilamos para esta investigación encontramos insultos que apelan al racismo, al sexismo, al discurso de odio, y que buscan debilitar el liderazgo que estos defensores y defensoras, criminalizando sus protestas o poniendo en duda la integridad de su carácter.

No siempre los asesinatos de activistas ambientales son precedidos por ataques digitales y no siempre los ataques digitales derivan en asesinatos. Pero lo que sí encontró esta investigación es que estos ataques son parte de una tendencia creciente que busca minimizar el verdadero alcance de los impactos ambientales o sociales de megaproyectos mineros, inmobiliarios y otros, y cooptar la narrativa al respecto.

Nuestros monitoreos de redes sociales para esta investigación mostraron que, en repetidas ocasiones, como parte de campañas de desinformación sobre cambio climático, los activistas son llamados “falsos ambientalistas”, acusados de “delincuentes” y de “detener el progreso”. Estos mensajes suelen hacer parte de la construcción de un relato que, en algunos casos, ha justificado el procesamiento legal o, incluso, el ataque físico contra quienes se oponen a estos proyectos.

Los periodistas de esta investigación fueron a territorios en los que trabajan algunos de los ambientalistas reseñados y encontraron, como demuestran las historias de esta colaboración, que los activistas que reciben estas intimidaciones no sólo tienen que cargar con el peso de enfrentarse a grandes empresas, muchas veces multinacionales, para defender el medio ambiente y su territorio, sino que además tienen que vivir con la carga de recibir insultos, calumnias y hasta amenazas de muerte en forma constante durante largos períodos. Además de esto, en los países investigados (los cinco ya mencionados, además de Panamá), los activistas protagonistas de estas historias no cuentan con los recursos económicos para enfrentar esta violencia digital y, lo que es peor, las leyes existentes, a las cuales podrían recurrir para su protección, no son adecuadas o no son lo suficientemente específicas.

En algunos de los seis países investigados se especifican ciertos delitos digitales dentro de leyes más amplias. Este es el caso, por ejemplo, de Panamá, en donde la Ley 678 de 2025 incorporó al Código Penal penal delitos digitales como difusión de contenido íntimo sin consentimiento, acoso y hostigamiento digital (incluidos a menores de edad), suplantación de identidad, interceptación de datos y sextorsión. A través de esta ley es posible denunciar penalmente y lograr investigación y sanción (incluidos tres a seis años de prisión) en los casos mencionados.

Sin embargo, esta ley deja otros tipos de ataques digitales por fuera. Además, en Panamá no existe un mecanismo especializado de protección preventiva física (con evaluación de riesgo y medidas urgentes, como sí sucede con la Unidad Nacional de Protección en Colombia), lo que deja a los defensores más expuestos, especialmente frente a ataques coordinados o sostenidos.

En Guatemala existe la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Mientras que en México existen leyes federales que tipifican la violencia sexual digital contra mujeres y contra niñas, niños y adolescentes. Aunque no existe una ley nacional al respecto, el ciberacoso sí está tipificado en algunos códigos penales estatales. Por ejemplo, la Ley de Ciberseguridad de Puebla incorporó el delito de ciberasedio, el cual puede sancionar a quien insulte, agravie u hostigue reiteradamente a otra persona mediante redes sociales o medios digitales.

Por otra parte, en los últimos años se han presentado diversas iniciativas de reforma que buscan fortalecer el marco jurídico para prevenir y sancionar el ciberacoso y otras formas de violencia digital. En estas iniciativas se plantean ideas como adicionar diversos artículos al Código Penal Federal con el objetivo de tipificar de manera específica el delito de ciberacoso y establecer sanciones penales para quienes utilicen tecnologías digitales con fines de hostigamiento, intimidación o suplantación de identidad.

Otros países, como Brasil, Colombia y Honduras, tienen leyes generales sobre delitos como calumnia, injuria o difamación, aunque las definiciones de estos delitos cambian según el país. Los códigos penales de Colombia y Honduras tienen disposiciones que aumentan las penas en caso de que estos delitos hayan sido cometidos a través de medios digitales. Mientras que las legislaciones de estos tres países, cuando mencionan delitos informáticos, se enfocan en delitos como el acceso ilegal a dispositivos, la violación de datos y el uso indebido de equipamiento (como programas informáticos) para cometer delitos.

En Guatemala, donde tampoco hay una ley específica sobre ataques digitales, hay una complicación adicional: los delitos de calumnia, injuria y difamación son de acción privada. Es decir que el Ministerio Público no está obligado a investigarlos. Quienes se crean víctimas de estos delitos deben presentar una querella ante un juzgado y pagar sus propios abogados.

Jovita Tzul, abogada especializada en derechos humanos, le dijo a esta alianza de medios que “debería haber un mecanismo para proteger, un tipo penal y medios de investigación adecuados. Hay que forzar mucho estos delitos de acción privada porque no llenan la naturaleza o el fondo de protección que necesitan. Fueron creados para disputas interpersonales, no con la complejidad que llevan los defensores de derechos humanos”.

Tzul, además, afirmó en entrevista con esta alianza que el hecho de que no exista una ley específica sobre ataques digitales crea una capa de complejidad adicional para poder perseguir estos delitos: muchos de los perpetradores se esconden tras identidades digitales anónimas y es poco claro cuál es el camino legal para investigar quiénes están realmente detrás de ellas. “Al no existir un delito que regule las amenazas digitales, tampoco se implementan nuevos medios de investigación para poder hacerlo y sin duda que dificulta“.

Guatemala intentó resolver este problema en 2022 con la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, que regulaba actividades virtuales. Fue archivada y nunca se convirtió en ley. Creaba delitos y adecuaba figuras penales acordes a delitos cibernéticos, pero también incluía elementos que según organizaciones de sociedad civil podrían vulnerar la libertad de expresión.

Y este es otro problema: poder darles herramientas a las personas víctimas de ataques digitales para defenderse sin crear herramientas para que grupos poderosos, o incluso los gobiernos, puedan censurar a sus críticos y opositores. Las legislaciones mencionadas de Honduras y de Puebla, por ejemplo, también han sido objetos de críticas por parte de grupos que abogan por los derechos digitales que las señalan de no contar con suficientes mecanismos para evitar esa posibilidad de que se usen para la censura.

Un problema adicional es que, como dice Tzul, “hay muy pocos casos en donde estas plataformas como Meta o X han querido dar información sobre determinadas páginas”. Los ataques digitales suceden en plataformas digitales y, como mostramos en nuestra investigación La Mano Invisible de las Big Tech, estas plataformas están dispuestas a invertir grandes cantidades de dinero en lobby para reducir sus responsabilidades legales y la cantidad de regulaciones a las que están sujetas.

Pero, como estas plataformas son tan grandes y poderosas, es poco lo que un país latinoamericano puede hacer al respecto. En la región, Brasil es el país donde se han tomado más acciones al respecto. Allí, en 2025 el Supremo Tribunal Federal definió parámetros para responsabilizar a las plataformas por contenidos de terceros.

Según dijo Rafael Maldonado, un abogado guatemalteco experto en temas ambientales, a esta alianza periodística, una posible solución es la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú. En su Artículo 9, este acuerdo, redactado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2018, dice que:

Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.

Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.

Cinco de los seis países que investigamos en esta alianza periodística con el CLIP firmaron el acuerdo, pero Honduras no lo ha hecho y ni Guatemala ni Brasil lo han ratificado. Y, como queda claro, los otro cuatro países no han desarrollado legislaciones que puedan realmente proteger a los activistas ambientales de los ataques digitales.

Tzul, la abogada, concluye: “la falta de regulación y legislación contribuye a la impunidad, queda en un plano totalmente normalizado para los y las defensoras. Se sabe que sí me amenazan, sí, me mandan este tipo de agresiones, pero no puedo hacer nada. Entonces genera como una situación de conformidad, las denuncias no proceden porque justamente no hay un tipo penal que regule esas conductas”.

Con pocas posibilidades de recurrir a la ley para evitar la persecución digital, con pocos recursos, estos defensores del territorio y del medio ambiente, quedan con herramientas limitadas ante estas campañas de desprestigio.