En su patio nuevo, en un país lejano y frío, Reynaldo usa el poco tiempo libre que le queda para cultivar la tierra. «Donde sea que vayamos, nosotros vamos a producir», dice. Es la segunda vez que lo vemos con su familia lejos de su comunidad, huyeron de un conflicto minero que primero se ensañó con ellos en redes sociales y que después escaló con el asesinato de tres defensores del río Guapinol, al norte de Honduras, y uno de sus hermanos. A miles de kilómetros de ese lugar, aquí ahora hay una hortaliza, un gallinero, un frijolar y 43 personas de una sola familia que no deberían estar acá, sino en el lugar de donde tuvieron que huir, allí donde Reynaldo nació y donde quiere ser enterrado.

«Estos países se prestan para individualizar a las personas, pero yo digo que si nos mantenemos unidos todo va a salir bien», agrega mientras nos muestra el área en donde ya cosechó los tomates y los chiles. Con 61 años, adaptarse a un nuevo país es un reto, Reynaldo vive con diabetes y trabaja en lo que le salga. Su esposa, sus hijas y sus hijos también acomodan horas como cuidadores de bebés, en limpieza de casas o poniendo techos y cercos para establecimientos de grandes empresas. Salieron como refugiados con apoyo de una agencia internacional y de parientes que habían migrado de Honduras hacía décadas.

Cuando mataron a los hermanos de Reynaldo, Aly Domínguez, en enero de 2023 , y luego a Óscar Oquelí Domínguez, en junio del mismo año, la sentencia ya estaba escrita: el siguiente era Reynaldo. Después de ocho años defendiendo el río Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el norte del país, ya intuía que la violencia los iba a alcanzar. Lo decían las redes sociales y lo confirmaba la impunidad con la que operaba la empresa minera. Pero cuando mataron a sus dos hermanos —a Oquelí delante de su familia— Reynaldo cargó con su esposa, sus hijos y sus nietos y se movió a otra ciudad de Honduras, a una casa donde apenas cabían, añorando el río, los potreros y los cultivos que dejó atrás.

Ana Mabel, su esposa, cuenta que ella siente que todo esto es una repetición de la historia. De jovencita vio a su padre, don Isaías de la O, luchar al lado de Carlos Escaleras, uno de los primeros ambientalistas de la zona y considerado el primer mártir del Aguán por la defensa del parque nacional «Montaña de Botaderos», asesinado en 1997 en un conflicto provocado por la instalación de una planta de extracción de aceite de palma propiedad del empresario Miguel Facussé (fallecido en 2015) cerca del río Guapinol. Ese parque, hoy lleva el nombre de Carlos Escaleras.

«Carlitos le dijo a mi papá: “vos ándate, que a vos te van a encontrar primero, que estás en la comunidad; yo me puedo esconder más fácil”. Mi papá se fue, y cuando iba por Guatemala mataron a Carlos», recuerda Mabel y se le ahoga la voz cuando recuerda el sufrimiento de su padre.

Décadas después, el megaproyecto minero Los Pinares, propiedad de Ana Facussé (hija de Miguel Facussé) y su esposo Lenir Pérez, se instaló justo en la zona que Escaleras y don Isaías habían defendido. El sufrimiento volvió. «Mi papá motivaba a los jóvenes; allí iba a las protestas y en el campamento. Hasta lo gasearon y tuvo que ir la ambulancia. Por eso después quedó mal de los pulmones», cuenta Mabel. La última vez que lo vio, su padre, con la memoria ya frágil, le pedía que le contara una y otra vez la lucha de Reynaldo y de los defensores de Guapinol.

En abril de 2025, cuando Mabel y su familia ya llevaban varios meses fuera del país, don Isaías murió. «No pude verlo, solo lo miraba por teléfono. Desde que se enfermó no pudo levantarse. La ausencia de nosotros lo entristeció mucho».

Reynaldo cuenta que Juan López, ambientalista asesinado en septiembre de 2024 y su compañero más cercano, le dijo casi las mismas palabras que Carlos Escaleras le había dicho a su suegro: «usted váyase, que van a venir por usted». Reynaldo se fue, pero Juan se quedó y fue asesinado.

«En las redes dicen que somos gente mala, que por borrachos, por malos mataron a los compañeros. Yo me ponía a responder, pero después alguien me dijo: “ya no les responda”. Yo sé que esa no es la verdad», dice Reynaldo.

Mabel tiene el llanto contenido permanentemente. Dice que no llora frente a Reynaldo y que evita hablar de lo que extraña, porque le duele: extraña todo, y sabe que ni siquiera regresando las cosas serán iguales.

El patrón: difamación, exilio, asesinato

El megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares afectó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol, San Pedro y La Ceibita, fuentes de agua para la comunidad de Guapinol, 13 comunidades del sector San Pedro y 14 del sector La Abisinia en las espesas montañas cercanas al Caribe hondureño.

El último plan de manejo del Parque elaborado en 2013 por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), describe la importancia de esta zona ubicada en el corredor biológico mesoamericano del Caribe hondureño: con una extensión de 96,755 hectáreas distribuidas entre los departamentos de Colón, Olancho y Yoro, la montaña da origen a ocho subcuencas y alberga 34 microcuencas que abastecen de agua potable a seis municipios de la zona. En términos de biodiversidad, el documento describe que el área es el hábitat de una diversidad de mamíferos como el tigrillo, venados, ardillas, monos, aves y serpientes, así como una gran variedad de especies forestales maderables y no maderables. Entre las especies de principal atención están el colibrí esmeralda hondureño (Amazilia luciae) —endémico del país— y el pajuil (Crax rubra), clasificado como especie en amenaza.

Ante la instalación del megaproyecto minero Los Pinares, los comités ambientales de las comunidades de influencia se agruparon en el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMBCPT). Ese comité estuvo liderado por Juan López y Reynaldo Domínguez, pero ellos ya no están y quienes han quedado estiman que son 400 las personas desplazadas forzosamente a causa del conflicto socioambiental. La más golpeada es Guapinol, a unos 20 minutos de la ciudad de Tocoa.

El desplazamiento –dicen integrantes del Comité– rompió el frágil tejido social de la zona y obligó a los ambientalistas a replantear su lucha.

Gabriela Sorto, integrante del Comité e hija de Porfirio Sorto, uno de los ambientalistas encarcelados en 2019 por los delitos de incendio agravado y privación ilegal de la libertad tras un incidente de septiembre de 2018 en el que personal de seguridad de la empresa minera disparó a un manifestante y los protestantes retuvieron a un contratista antes de entregarlo a la policía, dice que el quiebre se hizo evidente cuando Reynaldo y su familia se fueron, algo impensable por el lugar que él ocupaba en la organización comunitaria.

«Imagínese: el Rey, un compa que en el campamento decía “compañeras, aquí es hasta la muerte, aquí no vamos a dejar la lucha”. Y no tuvo de otra, se fue. Empezaron con la familia, con sus hermanos, con la mamá. El patrón de estas empresas es meterse con la familia, y a él le pasó eso. Crearon terror en la comunidad. La gente decía: “hay que irnos o nos van a asesinar”. Mucha gente empezó a salir hacia Estados Unidos, también a España, también dentro del país».

Para el Comité, las campañas de desprestigio en redes y páginas web cumplen funciones precisas y siguen patrones reconocibles. La primera función, explica Gabriela, es servir como antesala al asesinato. Estos patrones también fueron comprobados por Contracorriente durante la investigación colaborativa «Taladores Digitales» que buscó desentrañar qué intereses están detrás de las campañas de desprestigio en el espacio digital en contra de activistas ambientales de seis países latinoamericanos. Fue realizada en alianza con siete medios y coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP.

«Es un patrón que después conlleva a la muerte. Con Reynaldo empezaron a decir que él y su familia eran asesinos, que tenían problemas. Y cuando ya pasan las cosas, cuando asesinan a un compañero, la gente no cree que fue por la lucha ambiental, porque la campaña de desprestigio venía mucho antes, y eso se mete en la mente de las personas».

Cuando la difamación no termina en asesinato, dice Gabriela, igual rompe el tejido comunitario: instala odio hacia los defensores y los deja más expuestos. En el día a día, en la calle, les dicen «ahí va el que no deja entrar el desarrollo».

La red detrás del asesinato de Oquelí

El 15 de junio de 2023, el mismo día en que Oquelí Domínguez fue asesinado dentro de su vivienda en Guapinol, una campaña coordinada en redes sociales —con indicios de comportamiento inauténtico— se activó en cuestión de horas.

De una red de 26 cuentas dedicadas a promover el Aeropuerto Internacional Palmerola y la empresa Alutech, 16 perfiles en X (entonces Twitter) publicaron, entre las 16:20 y las 18:00 (hora de Honduras), uno o dos tuits sobre el asesinato de Domínguez. Las publicaciones, en respuesta a tuits de medios nacionales, lo desacreditaban: negaban su condición de defensor ambiental y lo criminalizaban.

Los textos eran similares pero no idénticos, lo que sugiere que fueron escritos por una persona y no por un sistema automatizado.

La cuenta @JustinM26746499, por ejemplo, respondió a TV Azteca Honduras: «Queremos ver la investigación de este caso porque están distorsionando la información, buena cosa, ni defensor ambiental era él». Todas las publicaciones propias de esa cuenta, entre el 10 de abril de 2023 y el 5 de febrero de 2024, promueven al Aeropuerto Palmerola.

Según un análisis compartido por investigadores independientes especializados en investigación de riesgos digitales y protección de defensores de derechos humanos, que pidieron omitir su nombre, y las verificaciones de Contracorriente, las 16 cuentas forman parte de una red coordinada. Así lo indican varias características: la mayoría de las cuentas fueron creadas en enero de 2023, dos en marzo del mismo año. Tres usan fotos tomadas de cuentas de Instagram en otros países; dos comparten la misma imagen. Tienen poca actividad orgánica: la cuenta con más seguidores apenas alcanza 31, y muchas se siguen entre sí.

Esta red de cuentas, cuya primera publicación fue un comentario favorable sobre el Aeropuerto de Palmerola o la empresa Alutech —ambas parte del conglomerado de EMCO Holding Inc., una corporación registrada en Delaware, Estados Unidos, propiedad del empresario Lenir Pérez—, publicó hasta el 21 de junio de 2023 un total de 1,140 tuits en favor de empresas del grupo EMCO. Las 16 cuentas acumularon 2,540 publicaciones en total, con un promedio de entre 100 y 200 por perfil. El 45 % menciona al Aeropuerto Palmerola, y la mayoría son respuestas a otras publicaciones, una práctica que dificulta detectar la coordinación entre ellas.

También defendieron a Lenir Pérez en momentos críticos: cuando se conoció, a fines de abril de 2023, que el FBI lo había interrogado en Estados Unidos, nueve de las cuentas reaccionaron a publicaciones del tema calificando la información como falsa.

Otro patrón conecta a estas cuentas con el portal Hondunews: varias comparten como seguidor al usuario @hondunewshn. Por ejemplo, el único seguidor de @JustinM26746499 es @hondunewshn.

Entre el 9 de enero de 2023, después del asesinato de los defensores Jairo Bonilla y Aly Domínguez, y el 29 de junio de 2023 después del asesinato de Oquelí Domínguez, Hondunews publicó al menos ocho notas que sostienen la narrativa de los «falsos ambientalistas» contra los opositores al proyecto minero Los Pinares.

Al revisar el código fuente de Hondunews, uno de los usuarios y autores principales de los artículos es dvilleda, y los números de contacto en las redes sociales de la página corresponden a Daniel Villeda, quien en sus perfiles de redes sociales y LinkedIn se identifica como coordinador general del sitio de noticias. Según su perfil de LinkedIn, Villeda también es jefe de redacción del diario La Tribuna, uno de los periódicos de mayor historia y difusión en el país.

El portal también ha difundido contenidos favorables a Sergio Rodríguez, condenado en 2019 por el asesinato de la lideresa ambientalista Berta Cáceres, y publicó notas sobre las afectaciones del cierre de la mina Los Pinares cuando, en junio de 2023, el gobierno anunció que no le había aprobado licencia ambiental.

En entrevista para esta investigación, Daniel Villeda confirmó que es el propietario de Hondunews y que el usuario dvilleda en el código fuente del portal le corresponde. Villeda también aseguró que su actividad en Hondunews es completamente independiente de su cargo como jefe de redacción de La Tribuna: «No hay relación del periódico digital que yo dirijo con La Tribuna. La Tribuna tiene su política editorial definida. Son dos cosas distintas».

Villeda reconoció que él redactó las notas en las que se calificaba a los integrantes del Comité como «falsos ambientalistas». Justificó que en ese entonces trabajaba desde Tegucigalpa y reconoció que manejaba información limitada sobre el conflicto, basándose en lo que escuchaba en estaciones de radio y noticieros de televisión, así como en declaraciones de periodistas locales.

Además, Villeda reveló que Hondunews mantuvo contratos de publicidad con empresas del Grupo EMCO —Aeropuerto Internacional Palmerola y Alutech— aproximadamente entre 2019 y 2023. Confirmó que la relación comercial no se limitaba a anuncios pagados, sino que incluía la publicación de notas de prensa proporcionadas por las empresas.

Villeda admitió que algunas de esas notas de prensa se referían a los defensores ambientales como «falsos ambientalistas» y que fueron publicadas durante la vigencia de los contratos. Explicó que «mandaban boletines, y por la línea económica de cualquier medio de comunicación aquí en Honduras, por fuerza se tenían que publicar».

Las declaraciones de Villeda apuntan a la existencia de un circuito en el que empresas del Grupo EMCO pagaban publicidad a medios de comunicación y plataformas digitales, y en el marco de esos contratos, publicaban contenido que reforzaba las narrativas de «falsos ambientalistas» y material en el que los defensores del ambiente en Tocoa eran desprestigiados.

Sobre la conexión de Hondunews en X (antes Twitter) con las cuentas que esta investigación identificó como una red coordinada contra los defensores ambientales que operaba con contenido en favor de empresas de Grupo EMCO, Villeda explicó que Hondunews seguía esas cuentas como parte de una labor de investigación periodística; sin embargo, no pudo mostrar ninguna investigación publicada como resultado de ese seguimiento.

Sobre la publicación de contenido favorable a Sergio Rodríguez, condenado por el asesinato de Berta Cáceres, Villeda confirmó que redactó la nota y lo justificó como una técnica de infiltración: «Se defendió a esta persona, ¿Por qué? Porque de esa manera uno como periodista tiene acceso a información que no tiene si ya se pone a antagonizar», dijo. Tampoco en este caso presentó evidencia de que la supuesta infiltración haya producido alguna investigación publicada.

La operación se amplía: medios afines y momentos clave

Las cuentas vinculadas al Aeropuerto Palmerola y a Hondunews fueron solo una parte. Contracorriente detectó que entre el 9 de enero de 2023 y el 3 de octubre de 2025, al menos nueve medios de comunicación —algunos de alcance masivo, como La Tribuna— publicaron notas con contenido similar al de las notas de Hondunews, y eran similares entre sí. Las publicaciones difundieron desinformación y ataques reputacionales que señalaban a los defensores del Comité como «falsos ambientalistas» y «asesinos».

La mayoría de esas notas reproducía declaraciones de personas que se identifican como pobladores de comunidades de influencia del proyecto minero — en el Parque Nacional Carlos Escaleras— y que respaldan al megaproyecto. Varias de ellas fueron identificadas mostrando su apoyo a Lenir Pérez en la audiencia que enfrentó el 27 de marzo de 2026, por el caso que la Fiscalía de Honduras instruye en su contra por presuntos daños ambientales causados por la minera Los Pinares a la montaña protegida.

Las campañas digitales se han activado en momentos clave. Durante esa audiencia, cuatro cuentas de Facebook publicaron mensajes casi calcados que acusaban a los ambientalistas: «pobladores de sector montaña de Tocoa llegan a Tegucigalpa para exigir justicia por la muerte de 13 personas, en su mayoría empleados de empresas mineras, por supuestamente falsos ambientalistas que desde el 2018 han llegado como impostores a tomar decisiones por las verdaderas áreas de influencia».

Aunque en estas publicaciones se responsabiliza a los ambientalistas por la muerte de «13 personas» afines al proyecto minero, la empresa solo ha descrito públicamente a nueve en conferencias de prensa en las que ha pedido investigación: cuatro trabajadores del proyecto, dos militares y tres miembros de las comunidades, y aunque el Ministerio Público (MP) acusó a trece miembros del Comité y un juzgado mantuvo en prisión preventiva por más de dos años a ocho de los defensores, nunca se les acusó por delitos de asesinato. Además, todos los cargos relacionados con daños a propiedades de la empresa fueron desestimados.

Leonel George, integrante del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y una de las figuras más atacadas en estas campañas, lo describe: «en momentos donde había audiencias programadas para los compañeros privados de libertad, se activaban las campañas para decir: “son criminales, son asesinos, son vividores, están recibiendo dólares”. Esa mala imagen es para que la gente nos repudie. Cuando se iba a audiencia, cuando se hacían conferencias de prensa o denuncias contra la empresa, entonces se activaban las campañas».

Entre las cuentas señaladas por el Comité destaca la página de Facebook «Noticias de Colón», manejada por el periodista Héctor Madrid, quien publica constantemente en favor de Inversiones Los Pinares y del exalcalde Adán Fúnez, un reconocido caudillo del Partido Libertad y Refundación (Libre) actualmente acusado formalmente por el Ministerio Público por la presunta autoría intelectual del asesinato del ambientalista Juan López y además reconocido en un video publicado por InSight Crime en el que se le ve presuntamente negociando sobornos con narcotraficantes en favor de su partido. La página ha sido un vehículo recurrente de desinformación contra el Comité en momentos de tensión.

En el contexto de la audiencia contra Lenir Pérez, Noticias de Colón acusó a los integrantes del Comité de ser «falsos ambientalistas» y responsables del asesinato de 13 personas a favor del proyecto minero.

Entre el 6 de junio y el 5 de julio de 2024 —en torno al cabildo abierto en el que Tocoa votó en contra de la planta termoeléctrica del Grupo Emco— Noticias de Colón publicó al menos doce notas en las que llamaba a los ambientalistas «generadores de odio», «grupos organizados para delinquir» y «terroristas», y los responsabilizaba de muertes de personas afines a la empresa. Las publicaciones se replicaron en múltiples grupos de Facebook.

El 5 de julio de 2024, el día en que se incendiaron varias oficinas de la municipalidad de Tocoa —el incidente, según el cuerpo de bomberos, se originó en las áreas de tesorería y tributación—, la página de Madrid publicó una serie de fotos atribuyendo el daño al Comité: «Hasta cuando la campaña de Odio del Comite [sic] de Bienes Comunes de Tocoa grupo político disfrazado de ambiente [sic]. Ojo Programa ONU Medio Ambiente dejara [sic] de causar tanto daño a la paz de Tocoa? Y BASTA DE TANTO DESASTRE Tocoa no merece que estos grupos vandálicos hagan tanto daño» [sic].

Por su cargo de regidor, Juan López fue mencionado por nombre. El 14 de junio de 2024, Noticias de Colón los llamó «sinvergüenzas», «irresponsables» y «mentirosos» a él y a Leonel George —regidor también—. Tres meses después, Juan López, además de regidor, líder del Comité y delegado de la Palabra de la Iglesia católica, fue asesinado.

En noviembre de 2025, Contracorriente publicó una investigación que reveló que Héctor Madrid,corresponsal de la cadena de televisión hondureña Televicentro, recibió en 2016 la donación de un terreno en Tocoa por parte del entonces alcalde Adán Fúnez. La investigación documentó que sus plataformas en redes han sostenido campañas contra organizaciones campesinas del Bajo Aguán, han defendido a personas investigadas por el Ministerio Público por presuntos vínculos con el crimen organizado, y han promovido la gestión de Fúnez incluso después de la difusión del video publicado por el portal InSight Crime en el que se le ve presuntamente negociando con narcotraficantes.

En entrevista con Contracorriente, Madrid defendió sus publicaciones y aseguró que sus acusaciones son sustentadas «en la vida real, en la vivencia, en la experiencia que tengo yo acá», y repitió sus señalamientos hacia los miembros del Comité como autores intelectuales de crímenes, aunque aseguró que no sabe quiénes serían los autores materiales de los mismos y que no tiene la evidencia para sustentar sus acusaciones. Por ejemplo, en el caso de sus acusaciones sobre el incendio en la municipalidad de Tocoa apuntó que «no tengo la evidencia, no tengo nada de eso. Entonces no puedo asegurar que fueron ellos».

Ante la insistencia de este medio sobre que el MP nunca acusó a los defensores por homicidio y desestimó los cargos por daños a propiedades, Madrid de igual forma replicó su posición: «Lo sigo manteniendo y lo voy a mantener hasta el último día de mi vida». Además, Madrid rechazó que sus publicaciones hayan contribuido a un clima de hostilidad contra los defensores ambientales, y los describió como «políticos disfrazados de ambientalistas».

Sobre si ha tenido algún tipo de relación comercial o laboral con las empresas de Grupo EMCO, Madrid admitió que mantuvo una relación comercial con el conglomerado empresarial a través de su empresa Producciones Madrid. Explicó que vendió publicidad al grupo empresarial de Lenir Pérez hasta que Inversiones Los Pinares suspendió operaciones en agosto de 2023. Madrid minimizó la relevancia del vínculo argumentando que también vende publicidad a otras empresas.

De esta forma, Madrid no solo recibió una donación de terreno del exalcalde Adán Fúnez, sino que además percibió ingresos por publicidad del mismo grupo empresarial cuyo proyecto minero defendía desde su plataforma Noticias de Colón.

Enviamos un correo a través de la página oficial del Grupo Emco, y al correo representantelegal@alutech.hn para dar el espacio correspondiente a la empresa para responder por su involucramiento en estas campañas de desprestigio contra defensores ambientales; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían respondido.

Esta alianza periodística contactó a un representante de Meta para pregutnarle si las cuentas de Facebook mencionadas en esta investigación podrían violar sus políticas de uso. Sin embargo, no recibimos respuesta antes de esta publicación.

El decreto que protegió el parque, atacado en redes

El asesinato de Aly y Oquelí ocurrió entre enero y junio de 2023, apenas un año después de que el gobierno de izquierda del Partido Libre, con Xiomara Castro en la presidencia, asumiera la conducción del país tras dos periodos y ocho años de control del conservador Partido Nacional, encabezado por Juan Orlando Hernández, quien posteriormente sería condenado por narcotráfico en Estados Unidos y luego indultado por Donald Trump en diciembre de 2025. Para Reynaldo este es un dato importante, sobre todo porque admite que trabajó para que el Partido Libre llegara al poder, creía en el proyecto que supuestamente llevaba la presidenta Xiomara Castro, el de una Honduras «socialista».

Aly fue criminalizado junto con Reynaldo y Juan López en 2019, y en ese entonces Aly era un activista del Partido Nacional, que gobernaba de la mano del expresidente y ex convicto Juan Orlando Hernández. «Yo le decía: “tu presidente te tiene preso”, él era el coordinador de Vida Mejor en la comunidad», cuenta Reynaldo que le decía a su hermano mientras pasaban ambos por la criminalización. «Vida Mejor» fue el programa clientelista más importante del gobierno de Hernández que prometía reducir la pobreza mediante ayudas sociales pero que organizaciones como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) señalaron por opacidad, clientelismo y manejo irregular de fondos públicos. Ese gobierno mantuvo a Honduras en una crisis política terminó y dio paso al gobierno de Xiomara Castro; un año después de eso, Aly fue asesinado junto con Jairo Bonilla, otro compañero ambientalista.

«Esas cosas nos dejan perdidos, nos pierden en este caminar de las luchas, ¿por qué no ocurrió esto cuando estaba el gobierno anterior de Juan Orlando? ¿Qué pasó allí? ¿Quién tiene culpa en esto? ¿cómo ocurrió esto en el gobierno de Xiomara al que nosotros le pusimos toda la esperanza, nos dimos una matada trabajando para que estas cosas realmente cambiaran», dice Reynaldo, aunque sí reconoce que en ese gobierno lograron que se aprobara la restitución de las coordenadas del Parque Nacional Montaña de Botaderos con lo que las concesiones mineras quedan prohibidas en toda el área que Los Pinares pretendía explotar. Ahora, dice Reynaldo «falta que lo implementen».

En mayo de 2024 entró en vigencia el decreto 18-2024, aprobado por el Congreso Nacional, que recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras Mejía», donde se había instalado parte del megaproyecto.

La emisión del decreto disparó una de las campañas de difamación digital que el Comité considera más efectivas y peligrosas, otra vez orquestada desde Noticias de Colón.

Las publicaciones acusaban al Comité de Bienes Comunes de Tocoa y a la Fundación San Alonso Rodríguez de impulsar el decreto, al que tildaban de «causante del inminente desplazamiento forzoso de al menos 50 mil personas». Otras señalaban a dos integrantes del Comité —entonces regidores municipales— como responsables de que familias del sector montaña perdieran sus tierras, y los acusaban de «usar la causa ambiental con fines políticos partidarios y de ocultar que los fallecidos en conflictos relacionados eran empleados de una empresa que operaba en la zona».

«Utilizaban lo que pasaba en las áreas de reserva en Olancho, donde sí sacaron a familias de zonas protegidas, y decían: “eso mismo va a pasar aquí”. Hubo personas que formaban parte de la lucha y dijeron: “si nos van a sacar de aquí, entonces ya no luchamos”», recuerda Leonel George.

La desinformación llegó a las comunidades más alejadas, dentro y al borde del Parque Nacional. En el sector San Pedro, el rumor de que el decreto les quitaría la tierra derivó en amenazas.

José Olayo, habitante de Meangul —dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras— y uno de los primeros integrantes del Comité, recuerda lo más tenso de aquel momento: «Vinieron y le dijeron a la gente que el gobierno les iba a quitar las tierras. Algunos se enojaron y dijeron: “si llegan a quitarnos la tierra, los primeros que se van a ir son los miembros del comité”. Hasta llevaron grupos a protestar. Era una campaña falsa».

Algunos vecinos de esa comunidad llegaron a amenazar a integrantes del Comité, pero la confianza acumulada permitió contrarrestar la tensión, casa por casa, explicando el alcance real del decreto.

«El Comité ha andado de frente, y cuando dice algo tiene pruebas en la mano. Por eso hay campañas que no han hecho efecto. Si fuéramos falsos no andaríamos de frente. Hay documentación de todo: las denuncias que se han hecho, contra quiénes y por qué», dice Olayo.

Pese a ese trabajo, los asesinatos, los desplazamientos y las amenazas debilitaron la lucha. «Después de la muerte de Juan hubo un gran silencio. La familia siempre nos decía: “mataron a este hombre, él tenía medidas, no le valieron”. La familia de uno es la que lo hace sentir más temor y decir: “esto ya no vale la pena”. Pero hemos superado todos esos momentos».

Orbin Hernández, miembro del Comité procesado judicialmente en 2019 y habitante de Vado Ancho, dice que las campañas de desprestigio no lo afectan personalmente —«los casos no se ganan en redes sociales, se ganan en los tribunales»— pero sí afectan a su madre, que ahora padece parálisis facial por la tensión.

«La lucha es innegociable y no podemos dejarla. La responsabilidad de un ciudadano bien nacido es defender por lo menos donde vive. Si callamos lo que conocemos y no le explicamos al pueblo, terminan creyéndole más a ellos», sostiene.

Más abajo en la montaña, en Mala Falda, el profesor Javier Maradiaga, también del Comité, advierte sobre el alcance de las campañas incluso en zonas alejadas. «Al tener un medio como Noticias de Colón —una página social a la que mucha gente tiene acceso— las personas tienden a confundirse. Ellos están dando otra cara y, por sus propios intereses, deslegitiman la lucha social».

Sobre el desplazamiento de líderes como Reynaldo y el asesinato de Juan, Javier suma: «cuando se tocan miembros del grupo, afecta emocionalmente y genera mayor riesgo a quienes andamos al frente. No toda la gente tiene esa decisión de morir por una lucha; eso disminuye la voluntad del pueblo de enfrentar estos proyectos».

Javier vive en medio de la riqueza natural del Parque Nacional y tiene a 10 minutos la cascada de agua cristalina El Sereno que suele visitar junto a su familia para refrescarse del intenso calor de la costa hondureña. En su casa, debajo de un frondoso árbol, dice que no piensa en irse, pero su familia siente miedo, y las campañas de difamación les han limitado hasta la vida social. Apunta también contra la parcialidad de los entes de investigación y justicia: «cuando ellos pusieron sus denuncias falsas contra nosotros, el Ministerio Público actuó de oficio. Cuando hemos puesto denuncias contra estas personas que sí están difamando, no se ve la voluntad de investigarlos».

Reynaldo y Juan eran la cabeza del comité ambientalista, ambos viajaban, hacían giras nacionales e internacionales, se reunían con funcionarios, organizaban a las personas. En medio de una gira internacional Reynaldo se dio cuenta que mataron a Aly y Jairo, y cuando mataron a su otro hermano Oquelí, Reynaldo se encontraba en Estados Unidos durante otra gira de incidencia. Allí, en Estados Unidos, se encuentra una empresa con la que Los Pinares mantuvo transacciones comerciales activas hasta 2023, el gigante productor de acero Nucor Corporation.

«Se decía en redes sociales que en Guapinol hay gente mala, si nosotros fuéramos gente mala ¿por qué hasta ahora entre 2017 a 2024 son los muertos? Se decía también que hay familias enfrentadas, es mentira, allí las familias nos conocemos bien, somos gente muy próspera, cada quien empeñado en su trabajo. Guapinol tiene una virtud grande y es que la gente que migró a EE.UU. ha invertido su capital en la comunidad y tienen sus empresitas. Estas campañas, hacen labor de opacidad, van caminando a desmentir toda acción que sea cierta y van los jueces y fiscales se agarran de eso de creerle a las redes sociales» dice Reynaldo, mientras Mabel y sus hijas cocinan una sopa marinera después de haber buscado los ingredientes más cercanos al sabor hondureño posible.

El silencio del Estado y un cambio municipal incierto

En enero de 2023, el Comité presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por difamación y calumnia contra Héctor Madrid, señalado como una fuente de las campañas. Según el Comité, la denuncia se cerró a inicios de 2025 por falta de investigación pero consiguieron que se aceptara una impugnación y ahora está en una mesa interfiscalías donde se dará seguimiento.

Además, en octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a 13 personas relacionadas con la lucha del Comité que habían sufrido persecución y amenazas por parte de grupos criminales y fuerzas de seguridad del Estado. Entre las personas beneficiarias se encontraban Reynaldo y Juan López, de quien la CIDH escribió en su resolución que «habría sido víctima de numerosas campañas de difamación». En su resolución para el otorgamiento de las medidas, la CIDH también aludió a la «prolongada campaña de desprestigio a través de publicaciones».

En noviembre de 2025, la organización legal latinoamericana Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), apuntó que hasta esa fecha el Estado de Honduras no había cumplido con la «implementación efectiva, integral y colectiva de las medidas». Actualmente integrantes del Comité siguen denunciando la falta de voluntad del Estado para protegerles.

Contracorriente consultó al Ministerio Público sobre el proceso de investigación de denuncias de campañas de desprestigio que difaman e injurian a defensores del ambiente, y sobre el estado de la denuncia realizada por el Comité en 2023. El 8 de mayo de 2026, uno de los voceros de la institución explicó que tenían que consultar sobre el tema. Hasta el momento de esta edición no habían respondido.

Otro de los señalados por el Comité como impulsor de las campañas es el exalcalde de Tocoa Adán Fúnez, quien después de tres periodos consecutivos —y de los cuestionamientos por el video publicado por InSight Crime en el que aparece negociando con narcotraficantes junto al ex secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales— le dejó la silla a Roger Banegas, del Partido Liberal. Ahora Fúnez enfrenta dos acusaciones del Ministerio Público, una por presunta asociación para delinquir en la autoría del asesinato del ambientalista Juan López, y otra por presunto abuso de autoridad en su gestión municipal.

En lo aparente, la municipalidad cambió. Pero integrantes del Comité denuncian que parte de la estructura de funcionarios que apoyaba a Fúnez sigue operando con la nueva administración. Señalan directamente la continuidad de la secretaria municipal Norma Agripina García, quien enfrenta una acusación del Ministerio Público por presunta falsificación de documentos públicos en un acta de cabildo abierto de 2016 que dio paso a la emisión de permisos de operación y licenciamientos ambientales en favor del proyecto minero.

En junio de 2025, el Juzgado de Letras Penal en San Pedro Sula resolvió auto de formal procesamiento en el caso contra Garcia; además, Contracorriente constató, a través de información oficial publicada por la alcaldía de Tocoa en su página de transparencia, que la funcionaria sigue laborando en la municipalidad.

Sin embargo, una de las promesas de la nueva administración es no continuar con las campañas de desprestigio. Lo afirma el vicealcalde Boris Reyes, «hemos tenido ya dos reuniones con la gente del Comité y les hemos garantizado que de parte de la nueva administración municipal no va a haber ninguna campaña de promoción para que las minas se instalen, ni una campaña de desprestigio contra los defensores del medio ambiente».

«Yo los conozco a todos, son unos ciudadanos ejemplares», asegura Reyes y afirma que como nueva administración «sin compromisos con empresas privadas», no van a invertir «un centavo» en campañas de desprestigio ni se le pagará a nadie para atacarlos. Reyes fungió como regidor municipal en las administraciones de Fúnez

El triunfo de Nasry Asfura en noviembre de 2025 —respaldado por Donald Trump— ha generado expectativa y temor en los defensores: temen que las actividades del proyecto minero, frenadas en los últimos años, vuelvan a activarse.

Reyes responde, «no estamos en condiciones de aprobar minería de cielo abierto, y eso lo queremos hacer con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía». Recuerda que en cabildo abierto Tocoa se declaró libre de minería, pero admite que, si el Gobierno Central aprueba los permisos, la municipalidad no podría detener el proyecto.

Pese a todo, Reynaldo sostiene la esperanza: «tengo fe en que volveremos con la frente en alto, como luchadores buenos, en defensa de una causa que es de todos. Esperamos que las cosas vayan cambiando con las nuevas autoridades, hijos de Tocoa que quieren el bien para Tocoa. La minería no es solución; hay otras maneras de desarrollar el municipio. Si nos fallan las autoridades, será una tragedia más».

Un proyecto de minería que, a esta altura, ya dejó mucha sangre y mucho dolor en el Valle del Aguán.

Mabel y Reynaldo casi no salen de la casa: solo cuando a alguno le sale algún trabajo. Ese día, sin embargo, vamos a un almacén. Uno de sus hijos maneja; su hija adolescente nos acompaña con su timidez y su desidia. No han pasado diez minutos cuando una mujer se les acerca casi llorando de la emoción: fue su vecina en Guapinol, hace años. Mabel me cuenta que la mujer migró hace cuatro años, y que como ella se fueron muchos otros de la comunidad. Hoy están desperdigados. Aquellos domingos en los que sacaban las sillas al solar a platicar son un sueño lejano. En este país, los reencuentros suceden por casualidad, en el pasillo de un almacén.

El peso sobre las familias

Gabriela vive en Guapinol, esa comunidad diezmada por la que ella y sus compañeros ambientalistas suelen caminar hipervigilantes, cuidándose del peligro; pero esta vez hablamos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), un búnker de muros altos y gruesos en una calle de tierra casi en el centro de Tocoa, blindado así después de que varios defensores del territorio sufrieran atentados en ese mismo lugar.

En una oficina que también funciona como cabina de radio, Gabriela habla de forma serena, con decisión, pero a la vez con una preocupación evidente por la continuidad del proyecto minero y de las campañas de desprestigio. Recuerda que, antes del asesinato de Juan López, al líder ambientalista le llegaban mensajes en redes en los que lo amenazaban con matarlo y con partirle dedo por dedo. Para Gabriela, las campañas se planifican con antelación hasta llegar al crimen, para después poder decir que el asesinato no se debió a la lucha ambiental.

Cuando las campañas no terminan en asesinato, igual golpean a las familias.

«Mi papá fue uno de los que estuvo privado de libertad, y decían: “no, ellos no son ambientalistas, son falsos ambientalistas”. Eso, psicológicamente, dañó a dos de mis hermanos menores. Tengo todavía un hermano que hace poco dejó de padecer ansiedad porque veía las redes y decía: “a mi papá lo van a matar, no va a salir de la cárcel”. A los que estamos metidos en esta lucha, lo que más nos afecta es la familia».

A miles de kilómetros de distancia, la familia de Reynaldo se ha dispersado, pero 26 de sus miembros lograron mantenerse cerca, repartidos en dos casas de vecindarios contiguos. Esta noche se juntaron. Es domingo y son las diez en este país lejano, pero son las ocho en Guapinol. Reynaldo y sus hermanos sobrevivientes siguen marcando, por dentro, la hora del pueblo. Una decena de niños, de entre dos y quince años, juega, grita y se mete entre los adultos que tomamos café con pan en una sala grande. Reynaldo no para de contar anécdotas. Habla de Juan; habla de sus otros hermanos. Mañana volverá a la rebusca en este lugar ajeno.

«Decía Juan: “si la vida hay que defenderla con la vida, adelante”. Juan ya hizo esa prueba. Las otras víctimas que le anteceden murieron con esa gana de ver correr el río claro», nos dice.

En la familia, él es el timón. En Guapinol fue presidente de la junta de agua. Su hermano Aly era presidente de la junta de padres de familia. Oquelí, vocal del patronato. Eran el pilar de una familia numerosa que vivía de lo que cultivaba y de los animales que criaba. Hoy esa familia está desperdigada y depende del trabajo del día.

«No podemos regresar, porque volveríamos a la misma lucha y nos estarían esperando. No somos enemigos del desarrollo, pero sí enemigos de la forma en que quieren explotar todo aquí. Las comunidades deben estar primero, siempre. Yo siento miedo, todos sentimos eso. Pero vivir sin agua algún día sería más terrible», dice Reynaldo.

Mabel extraña todo. Los hermanos de la iglesia, las madrugadas en que ordeñaba la vaca y bajaba al río, andar libre en su comunidad, en su Honduras. «Aquí no nos sentimos libres», dice.

También se acuerda de por qué pelearon: del agua del río que llegaba sucia y de los uniformes de los hijos que ya no se podían lavar. Y de cómo, después, vieron que el agua volvía a estar clara. «A pesar del miedo, uno saca valor para seguir luchando», dice. Pero la desconfianza persiste: «Esperamos que algún día protejan a los ambientalistas, a los que defendemos los bosques, el agua, a las familias. Porque uno está con temor allí, y no tenemos confianza de que las autoridades nos van a proteger».

Aunque no mira las redes, le contaron lo que se decía sobre la familia: que eran malos, que eran violentos. Le dolió. «Dos hombres conocedores de la palabra de Dios… yo me niego a escuchar eso».

La esperanza la tienen retratada en unos cuadros que colgaron con collages de fotos de Juan, Carlos Escaleras y los hermanos Domínguez fundidas en una imagen del río Guapinol, con eso invocan justicia para Juan, ese hombre que, dice Mabel, «era tan inocente; pero con todo y miedo siempre andaba al frente» y también el deseo de volver «pues yo quiero ser enterrado en mi tierra natal —dice Reynaldo—. No quiero ser enterrado acá».

Lo que les queda de Honduras —las recetas, los recuerdos de las madrugadas y de su vida entera en Guapinol los sigue sosteniendo. «Solo es posible por Dios y tantos ángeles en la tierra que nos apoyaron en todo momento», dice Mabel.

Y entonces sonríe entre lágrimas. Se levanta de la silla y vuelve con un pedazo de tortilla y un trozo de cuajada que nos ofrece, como si estuviéramos sentadas en su casa de Guapinol. «Esta cuajada la hago aquí, pero es con leche de bote», dice, y se ríe.