Este reportaje de Centinela Covid-19 cuenta con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y de Oxfam.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro aprobó el 6 de febrero una ley con medidas para hacer frente a la pandemia, que incluyó la posibilidad de “solicitar bienes y servicios a personas físicas y jurídicas”. Eso le permitió al gobierno federal solicitar a los fabricantes de respiradores nacionales venderle su producción para luego distribuirla entre los 26 estados y al Distrito Federal del país, según los criterios del Ministerio de Salud.

Esa decisión le hizo entrar en conflicto con algunos gobiernos estatales y municipales que también habían hecho compras a esos mismos fabricantes. Algunos, como el estado de Pernambuco y el municipio de Río de Janeiro, han recurrido a la justicia para intentar garantizar que reciben los dispositivos que habían adquirido.

Tras una compra fallida de 15.000 ventiladores en Macao, China, el Ministerio de Salud de Bolsonaro se enfocó en su mercado interno, comprando 16.252 ventiladores a cinco empresas que operan en Brasil: Intermed (4.300 equipos), Magnamed (6.500), KTK (3.300), Weg Drives & Controls (950) y la argentina Leistung (1.202), que tiene una planta en Santa Catarina. El costo total fue de casi 140 millones de dólares.

Sin embargo, al 18 de junio el Gobierno sólo había distribuido 4.435 de estos dispositivos a los distintos estados. Rio de Janeiro – el segundo estado con más casos confirmados de Covid-19 y el cuarto con más mortalidad por cada 100 mil habitantes, según datos del Ministério de Salud – fue el que más respiraciones recibió del Ministerio de Salud: 737. En segundo lugar, con 645 ventiladores cada uno, están São Paulo – el epicentro de la epidemia en Brasil, con el mayor número de casos – y Pará (394), el tercer estado en tasa de mortalidad y el cuarto en número de casos.

Según le explicaron fabricantes a Agência Pública, la mayor dificultad para cumplir el cronograma ha sido la falta de disponibilidad de componentes para ensamblar los ventiladores, siendo pocos los proveedores mundiales de piezas capaces de venderlas en medio de una gran demanda mundial. Eso ha causado que, de los 16.252, hasta el 18 de junio solo se habían entregado 4.435 equipos nuevos.

Los cinco contratos firmados por el Gobierno federal tienen el mismo valor unitario para respiradores de UCI: 60 mil reales (unos 11.220 dólares). En los ventiladores de transporte hay alguna variación en los precios: se pagó 18.400 reales (3.448 dólares) a Leistung, 20 mil reales (3.740 dólares) a KTK y 41.100 reales (7.686 dólares) a Magnamed.

Algunos gobiernos estatales y municipales han sido investigados por compras sospechosas de respiradores.

El Tribunal de Cuentas de Rio de Janeiro llegó a la conclusión de que hubo sobrefacturación de 123 millones de reales en compras de dispositivos – según el tribunal, las tres empresas contratadas por el gobierno estatal los vendieron a un precio tres veces superior al de referencia del mercado. Una de las empresas comercializa productos y servicios informáticos, sin experiencia en la producción o importación de ventiladores pulmonares. De los mil respiradores comprados por el gobierno de Rio a los tres proveedores, sólo se entregaron 52, que no sirven para tratar a los pacientes de Covid-19.

El caso, investigado por el Ministerio Público de Rio de Janeiro, llevó a la dimisión del secretario y del subsecretario de salud del estado (el último fue arrestado). El gobernador Wilson Witzel también es investigado por irregularidades en la contratación de una organización que construiría siete hospitales de emergencia en el estado, de los cuales sólo uno ha sido entregado hasta ahora.

En el estado de Santa Catarina hubo otro escándalo: el gobierno gastó 33 millones de reales en la compra, sin licitación, de 200 respiradores pulmonares. La empresa contratada, ubicada en Rio de Janeiro, no tiene antecedentes de venta de los dispositivos. Una comisión en el parlamento estatal investiga el caso.

El gobierno de São Paulo es investigado en dos frentes por la compra, sin licitación, de 3 mil respiradores de China por un monto de 550 millones de reales. El Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público del estado averiguan la posible sobrefacturación de los dispositivos. En Roraima, el secretario de salud del estado fue exonerado después que las autoridades comenzaran a investigar la compra de 30 ventiladores por aproximadamente 215 mil reales cada uno a una sola compañía china, con pago anticipado y renuncia a la licitación.

Compras de respiradores en el noreste del país también son objeto de una investigación del Ministerio Público Federal. El Consorcio del Noreste – un grupo formado por los nueve estados de la región para realizar diversas asociaciones, incluidas acciones para combatir el nuevo coronavirus – adquirió 300 respiradores de una sola empresa, cada uno por un monto 3.000% mayor que el valor de producción, en una operación que costó 48,74 millones de reales. Hasta hoy, ninguno de los dispositivos ha sido entregado. A principios de junio, una operación policial arrestó a los propietarios de la empresa.

Aunque no se debe a la compra de respiradores, el Ministerio de Salud también está en la mira de las autoridades. En mayo, el Ministerio Público junto al Tribunal Federal de Cuentas solicitó una investigación sobre un contrato de 10,5 millones de reales realizado sin licitación para la construcción de un hospital de emergencia para pacientes de Covid-19 en el estado de Goiás, en la región centro-oeste del país. El gobierno federal no consultó a ninguna otra empresa antes de contratar a Progen, la responsable de la construcción, acusada de haber sido favorecida en otro contrato por las autoridades del estado de Piauí.