Este reportaje de Centinela Covid-19 cuenta con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y de Oxfam.

En medio de un mercado global con muchas disrupciones, varios gobiernos nacionales han depositado sus esperanzas en compras de respiradores que han terminado canceladas o anuladas. Esta alianza periodística encontró que al menos ocho contratos en cuatro países fueron reversados, bien sea por fallas de los fabricantes o de los distribuidores como por cuestionamientos por los vínculos políticos o la idoneidad de sus beneficiarios.

En México, el gobierno federal tuvo que rescindir un contrato a la compañía Levanting Global Servicios para la compra de 2.500 ventiladores, luego de que ésta incumpliera con la entrega de los aparatos. La compañía, propiedad de Baldemar Pérez Ríos, un empresario acusado de fraude en Estados Unidos y de crear empresas fantasma en México, había cobrado 93 millones de dólares por la transacción. Su oferta fue conseguir esos ventiladores con el fabricante chino Beijing Aeonmed, aunque la transacción no se concretó.

Otras dos compras se cayeron en ese país, en medio de cuestionamientos públicos por los vínculos políticos de los proveedores. El 20 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social concretó la compra de 20 aparatos con la empresa Cyber Robotics Solutions por unos 63 mil dólares cada uno, el precio más caro de los ventiladores ofertados hasta esa fecha. Su propietario es León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y un político cercano a López Obrador. El escándalo revelado por la prensa obligó a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación y el 13 de mayo el IMSS decidió cancelar la compra argumentando que los equipos incumplían las especificaciones requeridas.

Un caso similar fue el de la empresa Bidcom Energy, a la que el IMSS le asignó un contrato por unos 4.2 millones de dólares para la compra de 100 ventiladores, a razón de 42,700 dólares por unidad, a pesar de que la empresa fue creada apenas en agosto de 2019 y está ligada a una persona cercana a la secretaria de Energía Rocío Nahle. El 11 de mayo el IMSS inició el procedimiento para rescindirlo, por un incumplimiento en la entrega.

En Brasil, el Ministerio de Salud hizo una primera compra de 15.000 respiradores a principios de abril a la empresa Santos-Produtos do Brasil (Macau) Companhia de Investimento e de Comércio Lda, con sede en Macao, China, que en Brasil está representada por la empresa nacional Bio Ciência Produtos Científicos Ltda, de la capital Brasilia. A fines de abril, el Gobierno aún no había recibido los ventiladores y anunció que rompería el contrato. Según el Ministerio, el pago no fue liberado.

En Colombia, el Ministerio de Salud también debió anular su compra más grande, de 1.000 respiradores Crius V6 del fabricante chino Northern Meditec hecha el 16 de abril por un total de 35 millones de dólares, o 29.928 dólares por equipo, después de que el proveedor Allianz Group International S.A.S. no lograse conseguir las pólizas de seguros obligatorias por ley. “Sin póliza, el gobierno se quedaba sin garantías, bien sea de entrega del producto o de recuperación del monto en caso de que no llegaran los ventiladores. Como no se cumplió el requisito, se canceló el contrato”, dijo un portavoz del Ministerio a CLIP. El gerente de Allianz, John Garzón Herrera, no respondió a nuestras llamadas.

En Perú, 31 ventiladores PA7000B elaborados por el fabricante chino Nanjing Puao Medical Equipment Co fueron devueltos por incumplimiento en las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. El monto total del contrato, de 1,2 millones de dólares (a razón de 40.500 dólares por equipo, no fue desembolsado a la empresa proveedora IQ Medical Services LLC. Otros dos contratos con esa misma empresa, que sumaban 868.000 dólares por 62 ventiladores de la marca china Ambul, también fueron suspendidos.