El 12 de marzo de 2026, el mismo día en que José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile, el Subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, firmó un oficio ordinario dirigido a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, para retirar del trámite de toma de razón -validación jurídica- de más de 40 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente. 

Algunos de ellos tomaron años de elaboración y habían pasado por procesos de consulta indígena, participación ciudadana y aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Entre los decretos retirados figuran seis áreas protegidas en la región de Atacama —tres parques nacionales, dos reservas de región virgen y una reserva nacional— que buscan proteger 10 humedales de altura, entre salares y lagunas altoandinas, como parte de la apuesta de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por Boric para balancear la producción de litio con la conservación ambiental. Las áreas protegidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en noviembre de 2025 y los decretos supremos se firmaron a inicios de 2026.

También fueron detenidas otras áreas protegidas, entre ellas los parques nacionales marinos Mar de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas II; normas de emisión para termoeléctricas, fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico, normas de calidad del agua, planes de descontaminación, planes de recuperación de especies amenazadas y de control de especies invasoras, y otros de reglamentos vinculados a la preservación de la biodiversidad y a la estrategia climática del país. 

La reacción de organizaciones ambientales y científicos fue inmediata y categórica. “Hoy es un día negro para la protección de la naturaleza de Chile”, afirmó la científica Cristina Dorador, experta en salares, mientras que Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, una de las organizaciones con mayor incidencia política en Chile, calificó el hecho de un “estilo poco democrático” y una “falta de respeto”. 

El Gobierno por su parte justificó el oficio señalando que han iniciado un “proceso de revisión” de los decretos aún en trámite, “con el objetivo de asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes”.

La Red de Salares en la mira

En Chile, los decretos presidenciales deben ingresar para su “examen de juridicidad” en la Contraloría, siendo “tomados en razón” antes de su promulgación. En términos simples, sin toma de razón en Contraloría el decreto no tiene validez jurídica.

Las seis áreas protegidas retiradas del trámite de toma de razón forman parte de la llamada Red de Salares Protegidos, un compromiso asumido por Chile en la Estrategia Nacional del Litio promulgada en 2023, cuya meta es posicionar al país como el mayor productor mundial de este mineral crítico para la transición energética. Dado que para lograrlo será necesario aumentar la explotación de salares (actualmente, solo se extrae litio del salar de Atacama) el compromiso de proteger algunos de estos humedales actúa como un contrapeso a la actividad industrial. 

Las áreas protegidas que fueron retiradas del trámite en Contraloría son los parques nacionales Salar de Gorbea, Las Parinas y Lagunas Bravas; las reservas de región virgen Lagunas Collas y Las Pisacas; y la reserva nacional Salar de Pedernales, presentados formalmente en enero de este año. El gobierno chileno estuvo trabajando a contrarreloj para  sacar adelante la protección de esos humedales altoandinos, como contó Mongabay Latam en una investigación que forma parte del proyecto Litio en Conflicto, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reunió a diez medios para documentar los problemas de la industria de litio en la región.

Su protección está alineada también con el Acuerdo de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 de Biodiversidad en diciembre de 2022, en Canadá, donde Chile se comprometió a proteger el 30 % de sus ecosistemas para 2030. 

La ecóloga microbiana Cristina Dorador participó directamente en el levantamiento de información de campo para la creación de estas áreas. Describió el proceso como uno de larga duración que implicó más de dos años de trabajo, incluyendo expediciones a más de 4000 metros de altura para documentar por primera vez la biodiversidad y el funcionamiento de cuencas que hasta entonces habían permanecido inexploradas. “Fue un trabajo que incluyó consulta indígena, participación ciudadana y la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Pasó por varias instancias hasta que fue aprobado”, señaló.

Entre los salares que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad, Dorador destacó el Salar de Gorbea. “Es un salar ácido, uno de los pocos en el mundo, una rareza geológica que necesita protección y entendimiento de cómo funciona”, explicó. 

Para Mauricio Lorca, investigador y profesor de la Universidad de Atacama, es una decisión “súper lamentable”. “Estas áreas quedan a merced de la expansión del capital que toma forma de minería del litio”, dijo. Lorca, quien visitó en febrero pasado los salares que debían convertirse en áreas protegidas, describió la riqueza biológica del Salar de Las Parinas —uno de los decretos retirados— como extraordinaria. “La cantidad de flamencos que se divisaban era enorme”, recordó. También destacó el caso del Salar de Maricunga, que enfrenta una contradicción estructural: su zona sur tiene categoría de parque nacional mientras que en la parte norte opera la minería.

Ambientalistas y científicos suponen que las otras seis áreas protegidas en la región de Antofagasta, que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó en marzo de 2026, la semana anterior al cambio de gobierno, no alcanzaron a ser ingresadas a Contraloría. Esta podría ser la razón por la cual no figuran en el listado de proyectos que el gobierno de Kast ordenó retirar. Estos nuevos seis parques nacionales, que se sumarían a los seis primeros, recibieron los nombres de Pili, Salar de Carcote, Loyoques – Quisquiro, Laguna Colache, Laguna Azufrera y Lessi Nisaya Hui’iantur Ckutckuntur. 

Con su creación, el gobierno Boric buscó cumplir su promesa de proteger un total de 26 salares y lagunas altoandinas en tres regiones del país. Los únicos que no llegaron a esa fase final fueron el salar Aguas Calientes 4 (o Sur Sur) y la Laguna Lejía en Antofagasta, y la Laguna Lagunillas en la región de Tarapacá.  

Lorca advirtió además sobre las consecuencias para la producción científica. Mongabay Latam reveló en otra investigación del proyecto Litio en Conflicto que Chile invierte 33 veces más en impulsar la industria del litio que en investigar cómo proteger los salares. Científicos temen que esa brecha pueda aumentar con el tiempo. Aunque la nueva Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, aseguró en una entrevista en televisión que “no se van a cortar los financiamientos”, las prioridades científicas del nuevo gobierno no están claras aún. 

Un retroceso sin precedentes, según organizaciones

Más allá de los salares, el retiro masivo de decretos fue catalogado como un hecho sin precedentes en la historia ambiental reciente del país. “Entendemos que esta es una facultad que tiene el Ejecutivo”, dijo Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram. Sin embargo, agregó que hay preocupación dada la cantidad de decretos supremos que fueron retirados. “No se había visto que otro gobierno retirara todos los reglamentos ingresados por un ministerio”, aseguró Sara Larraín, de Chile Sustentable. 

Liberona expresó la esperanza de que el retiro sea solo para revisión y pronto reingreso de los decretos supremos, aunque para la directora de Chile Sustentable se trata de “un acto agresivo que pretende dar un golpe y borrar lo que se avanzó.”

Muchas de las normas retiradas, como las de calidad del aire para plomo y arsénico, o la norma de emisión para termoeléctricas, son el resultado de procedimientos que duran entre cinco y 12 años, con comités técnicos ampliados que incluyen a empresas y sociedad civil, aseguran las expertas consultadas. “Cada uno de estos decretos pasó por todo un proceso de observaciones ciudadanas y comisiones multiministeriales. Hay un retroceso de años”, dijo Larraín. 

Ante las críticas, el Ministerio del Medio Ambiente emitió una declaración oficial en la que enmarcó la medida como parte de un “plan de auditoría interna del Gobierno del presidente Kast, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes”. El Ministerio también argumentó que el gobierno saliente había ingresado 21 decretos en los primeros días de marzo, 13 de ellos el último día de la administración Boric, y comprometió reingresar los decretos a la Contraloría una vez terminada la revisión. 

Sin embargo, para Cristina Dorador esa explicación no alcanza a justificar el impacto de la noticia que preocupa al mundo ambiental en Chile. “En ninguna parte se mencionó directamente en la campaña que esto se iba a hacer así. Por eso fue tan sorpresivo. Generalmente cuando hay cambios de Gobierno las cosas se hacen pensando en las consecuencias. Por eso es tan importante que la transferencia de poder sea armoniosa y que también, a pesar de las diferencias políticas, existan algunos caminos comunes”, sostuvo. 

Para Larraín, si bien “puede que reingresen algunos [decretos supremos a Contraloría], la señal, el daño, la prepotencia está muy patente, y ni el país ni el mundo necesita más actos de prepotencia y de violencia”. 

Más de 140 organizaciones de la sociedad civil y personas vinculadas al medio ambiente firmaron una declaración pública advirtiendo que “este retiro masivo envía una señal preocupante: en lugar de acelerar la implementación de herramientas acordadas y largamente esperadas, se opta por retroceder y postergarlas. Constituye además una falta de respeto para organizaciones, personas y empresas que han contribuido en estos procesos democráticos”. Hicieron un llamado al Gobierno a “transparentar los procesos y abrir el diálogo con la sociedad civil y científica, reafirmando la necesidad de contar con estos instrumentos. La ciudadanía no puede quedar en la incertidumbre frente a decisiones que afectan directamente su calidad de vida y el futuro de los ecosistemas del país que nos sustentan”, sostuvieron.

Lo que ocurra con estos decretos en las próximas semanas determinará si Chile mantiene o abandona compromisos ambientales asumidos incluso ante la comunidad internacional, y si los salares más biodiversos del norte seguirán teniendo alguna posibilidad de protección formal antes de que lleguen nuevas solicitudes de explotación minera.