Al tomar posesión el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump anunció una nueva política comercial para Estados Unidos. “Estoy estableciendo una política comercial sólida y revitalizada que promueve la inversión y la productividad, y fortalece las ventajas industriales y tecnológicas de nuestra nación”, afirmó. El discurso se interpretó como un guiño a diferentes grupos de presión que abogan por la reducción de impuestos y aranceles a la exportación, en especial las grandes empresas tecnológicas.

Un mes después, la Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones (CCIA, por sus siglas en inglés) —entidad que representa a gigantes como Meta, Google, Amazon y Apple— publicó lo que sería su lista de prioridades para la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Cada año, la asociación envía comentarios al Gobierno estadounidense señalando medidas que deben incluirse en el Informe Nacional de Estimación Comercial (NTE). En octubre de 2024, la CCIA había identificado 395 “barreras no arancelarias” en 54 países.

Aprovechando el inicio de la nueva administración, la organización reforzó sus comentarios y pidió una “respuesta firme” contra las medidas adoptadas por 23 de esos países, sugiriendo el uso de “todas las herramientas diplomáticas y legales disponibles”, entre ellas “acuerdos bilaterales o incluso investigaciones en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”.

El gobierno Trump accedió a la petición y, hasta finales del año pasado, incluyó requisitos sobre servicios digitales en acuerdos o compromisos bilaterales con al menos diez países, según el reporteo realizado por Agencia Pública como parte de la investigación La mano invisible de las Big Tech, una coalición de 17 medios de comunicación en 13 países, codirigida con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), que investigó cómo actúa el lobby de estas empresas en diferentes países.

Muchos de estos acuerdos se firmaron en respuesta a los aranceles impuestos por el gobierno Trump, y sirvieron como instrumento de presión para evitar la regulación de las grandes tecnológicas en estos países. El más reciente fue con Indonesia, el 20 de febrero pasado.

“Los acuerdos abordan literalmente las principales demandas de las empresas tecnológicas, sin debates multilaterales ni regionales. Estas presentaron sus prioridades y el gobierno [de EE. UU.] simplemente las hizo suyas. Esto nunca había ocurrido antes”, afirma Burcu Kilic, investigadora del Centro para la Gobernanza Internacional y la Innovación (CIGI), un think tank con sede en Canadá.

Aunque hicieron parte de negociaciones comerciales, las cláusulas no se limitan a la reducción de impuestos y aranceles sobre los productos, sino que repercuten en las leyes y proyectos que regulan la actividad de las grandes tecnológicas en los países.

“En esencia, regular las plataformas no afecta necesariamente cuestiones comerciales, pero existe un intento de encajar el impacto económico de ello como una barrera no arancelaria, porque los proyectos de regulación prevén multas, por ejemplo”, explica Jamila Venturini, directora ejecutiva de la organización latinoamericana Derechos Digitales.

Al ser consultada por este medio, la CCIA afirmó que no existe una relación directa entre los acuerdos firmados con el Gobierno de EE. UU. y el retraso en los proyectos de regulación. “La relación entre las negociaciones arancelarias y los avances en la regulación de los servicios digitales varía significativamente entre jurisdicciones, y no siempre es posible establecer un vínculo directo o consistente”, afirmó el vicepresidente de Comercio Digital, Jonathan McHale.

La organización también afirmó que, en sus recomendaciones enviadas al gobierno de Estados Unidos y a las agencias reguladoras, dar prioridad “al compromiso de buena fe y a los enfoques orientados a abordar las barreras comerciales, en lugar de meros aumentos arancelarios”.

Por su parte, la USTR no respondió a las preguntas del reportaje. Este medio permanece abierto para comentarios.

Acuerdos en el sudeste asiático

El primer país en manifestar un compromiso de este tipo fue Indonesia, el 22 de julio de 2025, y dicho compromiso se convirtió en un acuerdo oficial el pasado mes de febrero. Para lograr reducir del 32 % al 19 % los aranceles impuestos por Estados Unidos, el país se comprometió, entre otras cosas, a “abordar las barreras que afectan al comercio, los servicios y la inversión digitales” y a “garantizar la seguridad jurídica en cuanto a la posibilidad de transferir datos personales desde su territorio a Estados Unidos”.

En la práctica, este compromiso contradice la ley de protección de datos del país, que exige el consentimiento explícito de los usuarios para la transferencia de datos a territorios extranjeros.

Este era uno de los puntos prioritarios que la CCIA había remitido al Representante de Comercio de EE. UU. a principios de año. “Molestas por este requisito de la Ley de Protección de Datos, las empresas estadounidenses que operan en Indonesia intentaron influir en el Representante Comercial de Estados Unidos durante el proceso de negociación de aranceles entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Indonesia, incluyendo la ley como una barrera no arancelaria”, explicó Wahyudi Djafar, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Defensa de Indonesia, a este consorcio periodístico.

En respuesta, activistas digitales y de la sociedad civil organizaron protestas por todo el país. “La población reaccionó porque no le gustó que sus datos se utilizaran como moneda de cambio en las negociaciones arancelarias”, explicó Djafar.

Según Ardi Sutedja, presidente del Foro de Ciberseguridad de Indonesia, designar a Estados Unidos como una “jurisdicción fiable”, tal y como se estipula en el acuerdo, puede dar la impresión de que la protección de datos en Estados Unidos ya es adecuada. Pero, en realidad, las mejores prácticas internacionales siguen exigiendo transparencia y evaluaciones de riesgo, incluidas medidas para evitar el acceso ilegal por parte de gobiernos extranjeros.

El Gobierno indonesio, según Ardi, no puede ignorar el riesgo de que se produzcan brechas que permitan a las empresas extranjeras eludir los requisitos de protección de datos de Indonesia. Sin una regulación adecuada, las transferencias de datos pueden, por el contrario, facilitar la recopilación excesiva de datos, desde la elaboración de perfiles hasta el uso indebido con fines comerciales o políticos.

A pesar de ello, en los últimos meses se han enfriado los debates sobre la regulación de las redes sociales en el país. La puesta en marcha de la autoridad nacional de protección de datos, que debería haber sido nombrada por el presidente indonesio antes de 2024, por ejemplo, aún no se ha producido. “Las empresas saben que, si Indonesia aplica plenamente la Ley de Protección de Datos en el país, no podrán transferir los datos de Indonesia a Estados Unidos porque allí no existe una ley de protección de datos equivalente”, afirma Djafar.

Además, el acuerdo también ha suscitado preocupación en los medios de comunicación de Indonesia por el posible impacto en el pago de derechos por la producción periodística del país. Las organizaciones de prensa advierten que estas disposiciones pueden debilitar las obligaciones establecidas para que las grandes plataformas apoyen financieramente la producción de noticias mediante licencias y reparto de ingresos.

“El acuerdo pasa de ser obligatorio a voluntario”, declaró Sasmito Madrim, miembro del Comité de Derechos de los Editores, al periódico Tempo, medio que forma parte de la investigación La mano invisible de las Big Tech.

El acuerdo definitivo entre Indonesia y Estados Unidos se firmó el 20 de febrero, siguiendo los compromisos señalados para 2025. Según un análisis realizado por el think tank Public Citizen, el nuevo tratado “elimina tasas y regulaciones sobre privacidad y responsabilidad de las grandes tecnológicas”.

Otros países del sudeste asiático han seguido el mismo camino. El 26 de octubre, cinco países de la región avanzaron en las negociaciones sobre aranceles relacionados con el comercio digital. Sin dar muchos detalles, Vietnam incluyó una cláusula para “finalizar los compromisos en materia de comercio digital de servicios e inversiones” en las directrices para la formulación de un acuerdo arancelario con EE. UU.

Por su parte, los acuerdos firmados por Tailandia, Corea del Sur, Camboya y Malasia con Estados Unidos. fueron más contundentes. Los cuatro países se comprometieron a no aplicar medidas “discriminatorias” contra los servicios y productos digitales estadounidenses.

Para los expertos consultados por Agencia Pública, el término es impreciso y puede referirse a cualquier legislación que imponga límites a las plataformas digitales, ya que la gran mayoría de ellas se concentra en Estados Unidos. “Cuando te comprometes a no discriminar, en realidad acabas sin poder imponer ningún tipo de regulación sobre los servicios digitales, porque si quieres imponer una legislación sobre los servicios de búsqueda, por ejemplo, la ley se aplicará prácticamente solo a las empresas estadounidenses, lo que puede considerarse discriminatorio”, explica Burcu Kilic.

Anticipándose a esta posible interpretación, el gobierno de Malasia añadió una nota al pie de página a la cláusula de “no discriminación” en la que se indica que “para mayor seguridad jurídica, Malasia tiene derecho a regular en aras del interés público”. Sin embargo, esta observación no aparece en la versión publicada en la página web de la Casa Blanca.

Los activistas por los derechos digitales del país temen que el acuerdo dé continuidad a una política que da carta blanca a las empresas estadounidenses que utilizan datos de ciudadanos malayos. En enero de 2025, el gobierno había firmado una orden ejecutiva que excluía a algunas empresas, como Amazon, Microsoft y Google, de los requisitos impuestos por la Ley de Ciberseguridad aprobada en 2024 en el país.

“Con esta orden, estas empresas quedaron exentas de la obligación de notificar incidentes de ciberseguridad y fugas de datos”, explicó Khairil Yusof, coordinador de Sinar Project, una organización dedicada a la transparencia digital. En su opinión, la cláusula de “no discriminación” podría ser un intento de “extender esta excepción a todas las empresas estadounidenses”, entre ellas Meta, de Mark Zuckerberg, y X, de Elon Musk.

El acuerdo bilateral garantizó además la transferencia transfronteriza de datos electrónicos entre Estados Unidos y Malasia “para la realización de actividades comerciales” y estableció una colaboración entre ambos países para “abordar los retos de ciberseguridad y asuntos de interés mutuo, lo que puede incluir el intercambio de información sobre amenazas y mejores prácticas”.

Se incluyeron cláusulas idénticas en el acuerdo firmado con Camboya.

“Estos acuerdos hacen que los países dependan aún más de los servicios digitales estadounidenses y, en consecuencia, pierdan la capacidad de regularlos”, afirma Kilic.

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Reducción del poder regulador en América Latina

El patrón se repitió en cuatro países de América Latina. Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala firmaron compromisos de negociación con Estados Unidos que incluyen cláusulas sobre servicios digitales.

En el caso de Argentina, además de la repetida cláusula de “no discriminación”, el país también acordó “reconocer a EE. UU. como una jurisdicción adecuada según la legislación argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales”.

Para Jamila Venturini, el acuerdo representa un intento de “eludir la ley de protección de datos local”, que, al igual que en Indonesia, exige el consentimiento de los usuarios para la transferencia de datos a terceros. “Están estableciendo, mediante un acuerdo bilateral, una autorización excepcional para compartir datos con un país que no cuenta con un nivel de protección equivalente”, afirma.

Los cuatro países también se comprometieron a respaldar la propuesta del gobierno de Trump de una moratoria permanente en la OMC (Organización Mundial del Comercio) sobre los aranceles aduaneros en las transacciones de comercio electrónico, uno de los temas principales de la conferencia ministerial celebrada en marzo, pero que concluyó sin que se formalizaran acuerdos.

Desde 1998, la organización mantiene un acuerdo que impide este tipo de gravámenes. La medida se ha reevaluado cada dos años entre los 166 países de la cumbre, que hasta   ahora han acordado prorrogar su vigencia. Estados Unidos, sin embargo, trabaja para que el tema deje de ser reevaluado, proponiendo una moratoria permanente.

En 2024, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, llegó a ser contactada por representantes de las grandes tecnológicas para tratar el tema. El año pasado, la presión pasó a ser respaldada también por Washington, que exigió el apoyo de los países en desarrollo a la moratoria permanente como moneda de cambio en las negociaciones arancelarias.

“Lo que Estados Unidos ha hecho a través de estos acuerdos bilaterales —lo cual también tiene que ver con la postura de este gobierno de no respetar los foros multilaterales— ha sido protegerse, blindarse contra cualquier cambio en este sentido”, explica Venturini.

Presión incluso sin acuerdos

La alianza entre Argentina, Ecuador y El Salvador se explica por la relación de proximidad entre sus presidentes —todos de derecha en el espectro político— y Donald Trump, pero los acuerdos abren la puerta a que otros países no aliados se sientan presionados a aceptar condiciones similares. “En el momento en que hay un grupo de cuatro o cinco países que ya han firmado estas condiciones, Estados Unidos podría validar esta estrategia”, dijo Venturini.

Es el caso de Brasil. Aunque el país no ha firmado ningún acuerdo ni compromiso con Estados Unidos y ha avanzado en algunos proyectos de regulación de las plataformas —como la aprobación de la ECA Digital el año pasado, que establece la responsabilidad, el control parental y la obligatoriedad de medidas para evitar la exposición de los niños a contenidos para adultos, apuestas y pornografía—, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha tenido repercusiones en los debates sobre los derechos digitales en el país.

Brasil también ha sido objeto de otras medidas de presión por parte de Estados Unidos. En julio de 2025, el Representante de Comercio de EE. UU. abrió una investigación sobre el país en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio, que incluye la “discriminación” contra las empresas digitales. La medida fue presentada por Donald Trump como respuesta a la supuesta “persecución” contra el expresidente Jair Bolsonaro (PL), pero ya había sido propuesta como uno de los recursos sugeridos por la CCIA para las negociaciones comerciales. La investigación, que debe concluir en julio de este año, podría dar lugar a nuevas sanciones contra Brasil.

“El peso de la presión recayó sobre el proyecto de inteligencia artificial”, dijo Alexandre Gonzales, miembro de la Coalición Derechos en la Red. El proyecto de ley 2338/23, que pretende regular el uso de la IA en el país, fue aprobado a finales de 2024 en el Senado y estaba previsto que pasara por la Cámara de Diputados en 2025, pero acabó perdiendo fuerza. La propuesta había sido incluida como una de las amenazas prioritarias presentadas por la CCIA al gobierno estadounidense en febrero de 2025, junto con los proyectos de regulación del streaming (PL 2331/2022) y de regulación de los mercados digitales (PL 2768/2022).

Según Gonzales, las tres propuestas sufrieron modificaciones o perdieron impulso tras la imposición de aranceles por parte de EE. UU. “Mi interpretación es que están presentando una versión anémica de propuestas regulatorias o arancelarias, supuestamente para apaciguar a la Casa Blanca y al lobby de estas grandes empresas y facilitar en cierta medida su tramitación”, afirma.

“Es algo que se mantiene como una presión subyacente constante, como una especie de medida que genera una autocensura legislativa generalizada. Así que cualquier intento de regular los servicios digitales puede acabar siendo silenciado por el temor a desencadenar sanciones comerciales por parte de Estados Unidos”, añade Venturini.

Además, a petición de las grandes tecnológicas, la embajada de EE. UU. envió a Matthew Lowe, asesor de Asuntos Económicos, al Senado federal para presionar en contra de la votación del proyecto de ley que regularía los servicios de streaming y las redes sociales que monetizan vídeos. El proyecto no se sometió a votación.

Se trata del denominado “efecto disuasorio”, señalado por un estudio de la organización Digital Policy Alert (DPA). “Los países están adaptando sus políticas digitales nacionales incluso sin haber firmado ningún acuerdo”, revela el estudio. Entre los ejemplos citados se encuentran la eliminación o reducción de las tasas sobre los servicios digitales en Canadá, Pakistán y la India. “La presión incide no solo sobre las políticas existentes, sino también sobre las propuestas y la aplicación de las leyes”, afirma.

A finales del año pasado, la CCIA elogió el “progreso” del gobierno estadounidense en las negociaciones sobre las tarifas digitales. “Los compromisos en materia de comercio digital firmados entre EE. UU. y Malasia, Indonesia y la Unión Europea en temas como las tasas sobre el uso de redes, los servicios digitales y los requisitos sobre contenidos locales han sido un éxito, y animamos a que se mantenga este enfoque sobre las principales barreras a la exportación de servicios digitales estadounidenses”, dice un comunicado publicado a finales de octubre.

“Los gobiernos con políticas digitales que entren en conflicto con los intereses de Estados Unidos deben esperar más presión, aprender unos de otros a nivel internacional y elaborar estrategias para la implementación a nivel nacional”, dijo Digital Policy Alert.

En esta labor continua, la organización ha remitido al gobierno una nueva lista de lo que considera “barreras no arancelarias” al comercio digital, en la que se citan 516 medidas de 61 países —un 30 % más que el año anterior—, especialmente en el sudeste asiático, Oceanía y América Latina. El documento cita como “iniciativas asimétricas de regulación de plataformas” los debates en Australia para la implementación de una ley de mercados digitales siguiendo el modelo europeo, y el proyecto de ley 4675/25 en Brasil. La CCIA también denomina “restricción de contenidos gubernamentales” a las medidas que exigen una mayor seguridad de los datos de niños y adolescentes en línea, como la ECA Digital en Brasil, la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años en Australia e iniciativas similares que se están debatiendo en Canadá, Colombia e Indonesia.

En Febrero, la Casa Blanca llevó a cabo negociaciones con India y Bangladesh para reducir los aranceles a productos de esos países. El marco para esos acuerdos tiene ecos de otras cláusulas que podrían debilitar la protección de datos y la regulación de las Big Tech, como la eliminación de las llamadas “barreras discriminatorias” y la imposición de una “transferencia libre de datos” entre países.

Aún cuando la Corte Suprema de EE. UU. tumbó los aranceles internacionales de Trump en febrero pasado, expertos dicen que Washington insistirá en limitar las regulaciones a los servicios digitales en otros países. “Los gobiernos con políticas digitales que vayan en contra de los intereses estadounidenses deben esperar mayores presiones, aprender unos de otros en el escenario internacional, e implementar de manera estratégica sus políticas nacionales”, asegura el reporte de Digital Policy Alert (DPA).

Lo que indica que la presión está lejos de terminar.