El 26 de julio de 2021, a las 3:30 de la tarde, un mensaje llegó al sistema de comunicación interna de la oficina principal del Ibama, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, en São Paulo, la agencia gubernamental responsable de hacer cumplir las regulaciones ambientales.

“Algunos fabricantes de papel están importando restos de papel procedentes de la recolección de residuos domésticos”, decía el mensaje. “Esta importación está prohibida”.

“El mensaje se refería a una serie de envíos destinados a Jaepel Papéis e Embalagens, un productor de empaques del estado de Goiás, e incluía fotos de cartones moldeados mezclados con máscaras usadas, guantes y diversos artículos domésticos -una botella de plástico medio llena de líquido amarillo, una lata vacía de Monster Energy Drink y una escobilla de goma verde, entre otros. En una imagen, la cara sonriente de Mike Lindell, un destacado partidario de Trump y teórico de la conspiración en Estados Unidos, estaba impresa en un paquete que antes había contenido dos almohadas.”

“A juzgar por la foto, los residuos parecen proceder de Estados Unidos”, concluía la nota.

A partir de agosto de 2021, las autoridades del puerto de Santos detuvieron al menos 93 contenedores que transportaban papel usado para reciclaje mezclado con residuos domésticos. Aunque la empresa importadora negó haber cometido ninguna infracción, la normativa nacional e internacional impone estrictos controles sobre los movimientos transfronterizos de este tipo de materiales, y las autoridades brasileñas están investigando el caso como tráfico ilegal de residuos peligrosos.

Durante la pandemia de covid-19 se dispararon los envíos de residuos de papel usado a Brasil como efecto combinado de un aumento en la demanda de productos envasados y la interrupción en la recolección de materiales reciclables en los hogares.

El hallazgo en Brasil

Setenta y tres contenedores partieron de tres puertos de la costa este de Estados Unidos. Después de salir de las ciudades de Boston, Charleston y Baltimore, algunos hicieron escala en Panamá o Jamaica antes de llegar a su destino final en Santos, aproximadamente un mes después. Otros diez contenedores salieron del puerto de Cortés, en Honduras, y diez más del puerto de Caucedo, en la República Dominicana, y todos ellos llegaron a Brasil vía Cartagena, Colombia.

Una vez en Brasil, los contenedores se abrieron para su inspección. En su interior, los funcionarios del Ibama y de la Secretaría de Ingresos Federales encontraron varios tipos de plásticos y materiales potencialmente peligrosos -como platos desechables, latas de bebidas energéticas, ropa usada, cargadores, pañales geriátricos, guantes usados y máscaras de protección- mezclados con el cartón, según describe el Ibama en un informe. Las máscaras y los guantes preocuparon a algunas autoridades por la posible propagación de variantes del Covid-19.

Estos hallazgos alarmaron especialmente a Ana Angelica Alabarce, jefa del Ibama en Santos. “No hay modo de que esto entre a nuestro país”, dijo durante una transmisión en directo al canal de YouTube Porto360. “Esto no pertenece a nuestro país. De ninguna manera”.

La incautación de la carga se reportó primero en medios como G1, R7 y Agora São Paulo.

Los contenedores habían sido declarados bajo el código aduanero utilizado para el desecho de papel y cartón reciclable, que no requiere autorización previa para su envío. Sin embargo, el Ibama cuestionó la categorización de este material porque los residuos de los hogares estadounidenses no están permitidos en los envíos de cartón, cajas y papel reciclables. En su lugar, la agencia declaró que el material debería haberse clasificado como “residuos sólidos urbanos”.

Las directrices de la industria sí permiten una presencia limitada de contaminantes, que puede ser hasta de un 3% de impurezas -cualquier cosa que no sea reciclable- y un 1% de materiales prohibitivos, incluyendo cualquier material que haga inutilizables los fardos de papel. La empresa importadora afirma que se han respetado estos límites, aunque, según el Ibama, no deberían aplicarse a los materiales reciclables importados.

El organismo considera que la presencia de materiales contaminantes es suficiente para catalogarlos como residuos domésticos, a los que la legislación denomina “otros residuos”, y cuya importación está prohibida. Esto llevó al Ibama a investigar el caso como “tráfico ilegal de residuos peligrosos y otros residuos”, escribió un portavoz de la agencia en un correo electrónico.

Un equipo de Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, fue convocado por el Ibama para asistir al acto de aprehensión de los contenedores en Santos. En respuesta a una solicitud hecha en virtud de la ley brasileña de acceso a la información, Anvisa divulgó el auto de inspección que menciona 150 toneladas de fardos “de cartón contaminado con guantes quirúrgicos, envases vacíos de medicamentos, plásticos, es decir, no realizaron la correcta segregación de los residuos”.

En las páginas 18 y 19, Anvisa confirmó que “algunos fardos contenían residuos plásticos, guantes quirúrgicos, empaques farmacéuticos (blister) junto con el prospecto, paños usados y diversos envases de alimentos, incluyendo latas de aluminio, mezclados en los paquetes”.

Fuentes del Ibama informaron a UOL y a Columbia Journalism Investigations que el descubrimiento de la basura en los contenedores llevó a la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil – equivalente al IRS (Internal Revenue Service) norteamericano – a emitir un aviso nacional a todos sus puestos en los puertos brasileños para localizar otros contenedores con material similar.

Jaepel fue multada con 44 millones de reales -el equivalente a 7,9 millones de dólares al cambio oficial del 14 de enero de 2021-, lo que supone la mayor multa impuesta por el Ibama por este tipo de infracción desde 2010, según datos del organismo.

La multa aún no ha sido pagada porque Jaepel tiene derecho a una “conciliación”, un instrumento creado por el Ibama en el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro (2019) como una especie de negociación previa al pago de la multa. El Ibama está esperando una decisión judicial basada en un examen pericial de los fardos para programar la audiencia de “conciliación”, dijo un funcionario en un correo electrónico.

Jaepel

La sede de Jaepel se encuentra en el distrito industrial de la ciudad de Senador Canedo, a 208 km de la capital brasileña, Brasilia. Buscada para hablar del asunto en diciembre de 2021, la empresa se negó a hablar con los periodistas de UOL. Por medio del correo electrónico de su oficina de prensa, la empresa informó: “Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Lamentamos no poder ayudarle en su investigación. No tenemos información sobre su solicitud”.

En un segundo viaje a Senador Canedo, el 17 de diciembre, los periodistas pudieron conversar brevemente, frente a Jaepel, con uno de los principales directivos de la empresa, Marco Aurélio Cardoso, gerente de personal y gestión. Preguntado por la incautación de basura entre el papel importado, Cardoso dijo inicialmente que no sabía del asunto.

Los periodistas insistieron, preguntando la razón de la existencia de basura entre el papel importado. “Me gustaría hablar con ustedes más tarde. No hay basura”, dijo Cardoso. Al ser informado de la existencia de fotografías y videos que demostraban la presencia de basura, Cardoso subió la ventanilla del coche y se marchó.

Cardoso dijo que se pondría en contacto con los periodistas para concertar una entrevista, pero esto nunca ocurrió.

Los abogados de Jaepel en Belo Horizonte y Río de Janeiro no respondieron a nuestras solicitudes de comentario.

El representante de la empresa responsable de recibir, almacenar y transportar el material importado por Jaepel en el puerto de Santos, Gilberto José dos Santos, de la empresa G&D, proveedora de Jaepel, dijo que no podía hablar del asunto sin autorización de Jaepel.

“Es que somos proveedores de servicios y tenemos reglas aquí y espero que nos entiendan, no es que no queramos, porque no tenemos nada que ocultar”, dijo.

Los exportadores

Según un informe del Ibama, dos empleados de G&D, la empresa encargada de recibir la carga en el puerto, informaron a los inspectores del Ibama que cuando se abrieron los contenedores, “los primeros fardos colocados en la parte delantera eran diferentes”, pero poco después “se empezaron a sacar fardos que parecían residuos prensados con restos de cartón usados y desechados”.

Los funcionarios de la agencia describieron en el informe que los materiales “tienen características que permiten inferir que la importación se produjo de forma intencionada, ya que el importador ha estado recibiendo repetidos envíos desde principios de año.”

Desde enero de 2021, Jaepel ha importado más de 250 contenedores de residuos de papel. La mayoría de ellos procedían del mismo exportador de Estados Unidos y no fueron controlados por las autoridades de Brasil.

Al menos 48 de los contenedores procedentes de Estados Unidos fueron exportados por CellMark Inc, una comercializadora internacional de residuos de papel. La empresa no respondió a nuestras peticiones de comentarios a pesar de los numerosos intentos por teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos y correo postal. En su código de conducta, la empresa afirma que “cumplimos todas las normativas ambientales de las jurisdicciones en las que operamos”.

Columbia Journalism Investigations visitó el 16 de noviembre del año pasado la oficina estadounidense de Cellmark en Connecticut, donde trabaja Jimmy Derrico, director ejecutivo y presidente de la división de reciclaje de CellMark. Al igual que otros empleados, Derrico se negó a hacer comentarios. Concluida la jornada laboral, hablamos con Derrico en un restaurante cercano donde nos dijo que se avecinaba un litigio y que, por tanto, no quería responder a preguntas sobre los envíos. Derrico no dio detalles sobre la naturaleza o el origen de la demanda.

Los otros contenedores que procedían de Honduras y República Dominicana fueron enviados por una empresa suiza de comercialización de papel recuperado, Vipa Lausanne.

Un representante de Vipa inspeccionó los contenedores incautados y afirmó que cumplen tanto las normas comerciales como las del sector. “Más concretamente, el nivel de contaminación era del 0,3%, muy por debajo de los límites prescritos por la normativa internacional y brasileña”, escribió un portavoz de la empresa en un correo electrónico. “Como ocurre con todas nuestras transacciones, en Santos seleccionamos estrictamente instalaciones de reciclaje fiables como fuentes, y el material enviado desde las instalaciones de reciclaje pasó nuestros rigurosos controles”, dijo el portavoz.

Contexto estadounidense

Aunque Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de residuos, el sector carece en gran medida de regulación.

A diferencia de Brasil, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el Convenio de Basilea, un acuerdo internacional destinado a evitar que el comercio de residuos nocivos contamine el ambiente. El Convenio de Basilea incluye los residuos domésticos entre la categoría de “otros residuos”, que requieren el consentimiento previo de las autoridades del país importador antes de su exportación. Algunos de los residuos que Ibama encontró en los contenedores incautados eran residuos domésticos.

“Estados Unidos no aprueba de la exportación ilegal de residuos a Brasil”, escribió un portavoz de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos en un correo electrónico. Sin embargo, “no hay requisitos federales de exportación o importación de Estados Unidos bajo la normativa de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) para el envío transfronterizo de residuos médicos o infecciosos del tipo incautado recientemente en Santos, Brasil.”

El activista ambiental Jim Puckett calificó la no pertenencia de Estados Unidos al Convenio de Basilea como “completamente inaceptable e inmoral”. Puckett es el director ejecutivo y fundador de la Red de Acción de Basilea, una organización sin ánimo de lucro que aboga contra el comercio mundial de residuos nocivos.

“Si no formamos parte de eso, entonces la gente puede exportar en este país con impunidad”, dijo Puckett.

Como ejemplifica el caso de Brasil, el hecho de que Estados Unidos no sea miembro del Convenio de Basilea significa que los gobiernos de América Latina tienen la difícil tarea de detectar e impedir las importaciones de residuos mixtos, especialmente cuando el material está “disfrazado de materiales reciclables como el papel”, escribió en un correo electrónico Neil Tangri, director de ciencia y política de la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración (GAIA).

“No hay justificación para que un país altamente generador de residuos, en lugar de hacerse cargo de su problema, lo transfiera a otros territorios”, escribió Tangri. “En el caso de Brasil, la situación es extremadamente preocupante porque la llegada de residuos mixtos, incluso con residuos hospitalarios que deben tener una gestión totalmente diferente a la de los residuos municipales, supone un riesgo aún mayor”.

A pesar de la falta de regulación sobre este material, un portavoz de Homeland Security Investigations, la unidad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargada de investigar los delitos internacionales, confirmó que el caso les ha sido remitido y que no pueden hacer comentarios por tratarse de una investigación en curso.

Los contenedores enviados desde Honduras y la República Dominicana serán devueltos, dijo un portavoz del Ibama brasileño en un correo electrónico. En cuanto al material procedente de Estados Unidos, “las negociaciones para la devolución de la carga no pudieron llevarse a cabo, ya que las normas del Convenio [de Basilea] no son vinculantes para los países no firmantes”. En su lugar, el material será incinerado en una instalación autorizada y supervisada por funcionarios del Ibama, según el correo electrónico.

Esta investigación es una colaboración entre el Equipo Investigativo de UOL y Columbia Journalism Investigations, la unidad de investigación y reportería de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

**Con la colaboración del periodista Luiz Fernando Toledo, de la Universidad de Columbia