Hugo Chávez atendió el teléfono mientras conducía “Aló Presidente”, el programa de TV para su tribuna. Del otro lado, un funcionario militar le contaba que, tal como le había ordenado, estaba expropiando el frigorífico Fricapeca en la localidad Machiques de Perijá, en el estado de Zulia. La medida era clave -según el mandatario- para garantizar la seguridad alimentaria allá por febrero de 2007. Chávez miró fijo a la cámara y lanzó: “Miren, el acuerdo con Argentina es muy importante, vamos a montar laboratorios genéticos en este frigorífico, esto se abandonó aquí mucho tiempo, los productores no tuvieron apoyo de ningún gobierno. Nosotros ahora queremos ayudarlos a todos”.
Tres años antes de este anuncio, Chávez había creado un fideicomiso bilateral con Argentina para vender combustibles de PDVSA a precios convenientes, a cambio de alimentos y maquinarias enviados desde Buenos Aires. La remodelación del frigorífico costó US$ 7,8 millones que salieron de ese fondo binacional. La empresa estatal venezolana CVA Leander Carnes y Pescados SA contrató a la argentina Baldric SA, que había sido creada apenas meses antes, mediante testaferros. El dueño era el ciudadano venezolano José Domingo Correia Leca. Esta empresa pantalla consiguió el negocio sin avalar su idoneidad ni experiencia.
El venezolano Correia Leca montó Baldric SA en Buenos Aires, usó testaferros para encubrir su identidad y ganó un contrato por casi USD 8 millones sin ningún tipo de antecedentes
Baldric fue contratada para suministrar y montar equipos frigoríficos, pero el proyecto demoró años en ponerse en funcionamiento y, un lustro después de ese contrato, en 2013, apenas funcionaba a menos del 20% de su capacidad. Una investigación periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) demostró que parte del dinero nunca se invirtió en el frigorífico y, en cambio, fue directamente a las cuentas personales de Correia Leca.
El empresario montó un entramado de sociedades offshore para mover los fondos y, años después, compró un pequeño centro comercial en Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación, que analizó informes secretos de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, registros oficiales, documentos públicos y filtraciones en paraísos fiscales. A pesar de que los organismos de control y otras entidades advirtieron sobre las maniobras sospechosas, la justicia argentina archivó la investigación argumentando la falta de respuesta desde Venezuela.
De la Villa Zabaleta a Caracas
Los inspectores de la AFIP, el organismo tributario argentino, tocaron la puerta de la casa de Walter Domingo Serrano, en el barrio humilde conocido como “Villa Zabaleta”, en Buenos Aires, para confirmar sus sospechas: este hombre que aparecía como presidente de Baldric era apenas un prestanombre. “Nunca escuché a Baldric, no tuve ningún tipo de relación con esta empresa”, dijo Serrano a los agentes, según consta en documentos oficiales. Tampoco había escuchado hablar de Correia Leca, el empresario venezolano detrás de la compañía.
La AFIP ya había acumulado varios indicios sobre esta sociedad. Primero, los inspectores acudieron a su domicilio legal, unas oficinas de alquiler temporal, pero nadie conocía a la compañía ni a sus accionistas. Las autoridades también constataron que, aún después de haber firmado el contrato con la empresa venezolana, Baldric no tenía ni un empleado. Es más: verificaron que, antes de firmar el contrato, Correia Leca no había realizado exportación alguna.
Antes de llegar hasta la casa humilde de Serrano, los agentes habían hablado con Oscar Antico, el primer presidente de la sociedad, que confesó que tanto él como su madre (que figuró como la vicepresidente de Baldric) habían prestado su identidad a esta firma, como ya lo habían hecho con otras 40 sociedades argentinas. Cuando las autoridades argentinas y venezolanas gestionaron la operación comercial para hacer el giro, nunca verificaron la autenticidad de la empresa, sus actividades previas ni la trayectoria de sus directivos.
El contrato fue firmado, por el lado de la firma argentina Baldric, por la ciudadana venezolana Luz Zambrano, según el reporte de la UIF. Los prestanombres la habían habilitado para manejar las cuentas bancarias de la empresa. Por parte de la compañía pública venezolana lo suscribió la funcionaria Maribel Zambrano. Las autoridades argentinas pidieron a sus pares de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Venezuela más información sobre esta relación porque sospechaban que existía un parentesco entre ellas, pero desde Caracas se negaron a aportar documentación en el expediente.
Los movimientos de fondos de Baldric también llamaron la atención de la UIF. Como anticipo del contrato, el banco estatal Bandes de Venezuela hizo dos giros por un total de US$ 3,9 millones en diciembre de 2008 y febrero de 2009, según consta en el reporte. El empresario Correia Leca se movió rápido. Incluso antes de haber recibido la segunda transferencia, retiró US$ 2 millones en efectivo, más de la mitad del dinero, de una sucursal del Banco Macro en Buenos Aires. “No podemos determinar qué destino se les dio a esos fondos”, escribieron los investigadores.
Correia Leca había dejado cabos sueltos en el camino. La casa de cambio Alhec Tours había alertado a las autoridades en enero de 2009, después de una sospechosa visita del venezolano a sus oficinas. El empresario se presentó en persona para abrir cuentas a nombre de Baldric “pretendiendo realizar dos transferencias a entidades financieras de Miami por un total de USD 2 millones”, indicaron desde Alhec, según el reporte. “Al ser consultado sobre el origen de los fondos, Correia Leca informó que correspondían a un contrato firmado entre Baldric y CVA Leander Carnes y Pescados”, agregaron. A raíz de esta información, los oficiales de la UIF entendieron este intento de mover los fondos a Estados Unidos como parte de una operación “no razonable” para el cumplimiento del contrato con Venezuela y que resultaba “carente de justificación económica”.
El Banco Macro, que emitió dos reportes, también advirtió sobre movimientos en las cuentas de Baldric. Sus saldos estaban en cero hasta firmar el contrato con la empresa pública venezolana. “De la visualización de los movimientos realizados por la empresa durante el semestre (diciembre de 2008 a junio de 2009) surge que, de los fondos recibidos hasta el momento, sólo ha aplicado al contrato alrededor del 25%, destinando el resto a atesoramiento en efectivo o como saldo en cuentas a la vista”, indicaron desde el banco argentino.
Dos organismos de control, un banco y una agencia de cambio alertaron en Argentina sobre los dudosos movimientos financieros de Baldric. La UIF recopiló todos estos reportes en un informe enviado a la justicia argentina que, tras cinco años de trámite, archivó el expediente en mayo de 2017, informaron fuentes judiciales. La fiscalía argentina pidió el archivo del expediente al considerar que era “imposible proceder” con la investigación, ante la falta de respuesta de un exhorto enviado a Venezuela que requería información sobre los involucrados en el expediente.
Este equipo periodístico intentó contactarse con Correia Leca a través de las direcciones y los teléfonos de sus empresas en Caracas, pero no fue posible ubicar al empresario. Tampoco respondió las consultas enviadas por correos electrónicos ni los mensajes por redes sociales.
¿Qué pasó con el frigorífico venezolano?
El frigorífico de Machiques sí recibió máquinas enviadas por “los argentinos”, dijeron fuentes que han trabajado allí a los reporteros de esta investigación. Sin embargo, los consultados coincidieron en que la fábrica no estuvo en funcionamiento en el lustro posterior a la firma del contrato con Baldric, una situación que también reconocieron públicamente desde el gobierno de Venezuela.
El 26 de abril de 2013, el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Yvan Gil, admitió durante una visita a las instalaciones que habían tenido varios retrasos. “El gobierno bolivariano se está comprometiendo a acelerar todos los trámites para la reactivación. Tenemos como meta que en cinco meses, el matadero comience a funcionar con un 25% de capacidad instalada”, dijo el ministro. Y agregó que esa reactivación sólo sería posible con la cooperación de Argentina, según consta en la nota de prensa de ese año.
Las quejas por la paralización del frigorífico continuaron. Cuando el lapso dado por el ministro transcurrió sin que se registraran cambios en la empresa, los trabajadores de Fricapeca y los vecinos de Machiques aseguraron que el retraso en los trabajos ponía en riesgo sus vidas. Ante la inoperatividad del matadero, algunos productores de la zona empezaron a matar el ganado de manera clandestina, sin controles sanitarios.
En abril de 2014, el diputado Juan Bernardo Romero denunció presuntas irregularidades en el contrato suscrito con Baldric y pidió iniciar una investigación en la Asamblea Nacional. A su juicio, el contrato al que tuvo acceso, “violaba las normativas vigentes”. Entre los documentos que entregó a la comisión había fotos de la fachada del lugar en el que supuestamente estaba la empresa en Argentina, pero no se correspondía con la empresa. La investigación en la Comisión de Contraloría, que entonces era dominada por el oficialismo, tampoco avanzó.
La administración de Fricapeca está ahora en manos de una empresa privada aliada con el Estado venezolano. Aún opera por debajo de su capacidad instalada. Fotos: Johandry Montiel
Casi una década después, en mayo de 2023, Fricapeca aún no estaba funcionando a toda su capacidad, según constató esta alianza periodística cuando visitó el frigorífico. Amira Álvarez, gerenta general de la planta recordó que, cuando su empresa privada recibió la administración, las instalaciones estaban en condiciones bastante precarias, con muchas áreas paradas.
La ruta del dinero
Dos años después de que Correia Leca retirara el dinero de un banco en Buenos Aires, el empresario montó una estructura legal mediante cuatro sociedades offshore registradas desde Hong Kong pasando por la isla portuguesa de Funchal – conocida por sus ventajas fiscales- hasta llegar a Panamá.
Las sociedades de papel están encadenadas, pero detrás de toda la estructura aparecen como beneficiarios finales Correia Leca y su familiar, Joao de Leca Correia, según los documentos que forman los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El empresario venezolano montó Full Sino Industrial Ltd en Hong Kong, que es manejada por Amalixos SGPS Unipessoal SA (Portugal) que, a su vez, era controlada por el fideicomiso Slippery Overseas SA desde Panamá.
Correia Leca respondió ante las autoridades de Hong Kong que Full Sino Industrial había sido constituida para comprar bienes en China y venderlos en América Latina, una movida que repitieron muchos de los empresarios argentinos que participaron del fideicomiso bilateral con Venezuela. Era pura ganancia. El fideicomiso les aseguraba que, sin riesgo alguno, recibían un adelanto del 60% del contrato incluso antes de que la mercadería saliera rumbo a Caracas.
“Full Sino Industrial comprará maquinaria pesada (para el sector de la industria alimentaria y el sector del transporte) y la venderá en Sudamérica. No es posible determinar las cantidades exactas, ya que se trata de una actividad en curso”, explicó Correia Leca en la documentación que revisó esta alianza periodística.
“Los fondos transferidos a la empresa proceden de las actividades empresariales y comerciales de los beneficiarios finales concretamente en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, en el sector de las materias primas y los productos alimenticios”, indicó Correia Leca antes de requerir la apertura de una cuenta bancaria.
La red de sociedades del empresario venezolano se extendió a otras tres firmas en Florida, Estados Unidos, el destino donde quería invertir esos US$ 2 millones desde Buenos Aires. El empresario venezolano compró un pequeño centro comercial valorado en US$ 3,3 millones a nombre de la sociedad Bom Investments LLC, según consta en los registros públicos. Es una propiedad comercial en las afueras de Orlando donde funcionan cinco locales, desde una pinturería hasta una tienda de teléfonos móviles.
A pesar de las pruebas recopiladas por la UIF, la justicia argentina archivó la investigación contra Correia Leca ante la falta de respuesta del gobierno venezolano.
Correia Leca, el dueño de ese emprendimiento, sigue activo y sin consecuencias por las operatorias de Baldric. Mantiene tres sociedades vigentes en Estados Unidos, otras tantas en Portugal y Venezuela, según los registros públicos. Los vecinos de Machiques todavía esperan que la reactivación del frigorífico les dé trabajo y los saque de la pobreza. Correia Leca y los funcionarios que avalaron su contrato nunca han tenido que dar explicaciones.
Con la colaboración de Johandry Montiel y Jesús Urbina.
Esta investigación fue realizada por una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP) con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y Tal Cual.