La granada de gas lacrimógeno disparada por la policía brasileña contra Genivaldo de Jesus Santos, de 38 años, era una granada modelo GL-309, I-REF, de la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais, líder mundial en la venta de armas “no letales”. Este fue uno de los hallazgos en la investigación del caso realizada por la Policía Federal. El CLIP tuvo acceso a un extracto del documento que mostraba el tipo de arma.
En total, Genivaldo fue sometido a gases tóxicos durante 11 minutos y 27 segundos dentro de un vehículo estacionado de la PRF (Carretera Federal de la Policía). Este es uno de los conclusiones de la investigación que adelanta la Policía Federal sobre el abordaje violento que resultó en su muerte.
CLIP abordó su caso y la presencia de Cóndor en la venta de este tipo de armas en Brasil y en el exterior en el especial El negocio de la represión, un reportaje resultado de una investigación colaborativa y transfronteriza liderada por el CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), en alianza con UOL, Interferencia de Chile y otros nueve medios de comunicación de América Latina y Estados Unidos. La investigación revela que el marketing de empresas como Cóndor es desmentido por la realidad.
En Chile, la senadora Fabiola Campillai quedó ciega al ser impactada en el rostro por una granada de gas lacrimógeno lanzada por un policía de ese país. Una investigación del Ministerio Público de Chile encontró documentos que indican que el carabinero responsable del ataque portaba ese día granadas tipo GL-203/L, fabricadas por la empresa brasileña Condor. Con estas pruebas y videos del momento de la agresión fue denunciado ante el Poder Judicial de Chile y fue condenado a 12 y 183 días de prisión. Como ella, varios otros chilenos resultaron heridos por granadas de gas fabricadas en Brasil.
Parado por no tener casco
Genivaldo de Jesus Santos, de 38 años, fue detenido por la Policía Federal de Caminos en el municipio de Umbaúba, en la costa sur de Sergipe, el 26 de mayo de 2022. Genivaldo iba en una motocicleta cuando fue abordado en un control de tráfico en la vía BR-101 porque estaba sin casco y posteriormente fue inmovilizado por agentes. En videos que circularon masivamente en las redes sociales, se vio a personas diciéndole a la Policía que él tenía una enfermedad mental. Su sobrino, Wallison de Jesus Santos, dijo a UOL que su tío llevaba su medicina con él.
Unos minutos después, Genivaldo fue arrojado a la cajuela del auto policial. En el video que circuló en internet se registra el momento en que quedó atrapado en la cajuela del auto y cómo, por las rendijas de la puerta trasera, que se mantenía semicerrada, salía humo. Al mismo tiempo, Genivaldo forcejeaba con las piernas colgando desesperado, mientras gritaba dentro del auto. Uno de los policías incluso le sujetó las piernas mientras el otro bombeaba un tipo de gas lacrimógeno dentro del auto por una de las rendijas.
Minutos después, un familiar se acercó y la policía llevó a Genivaldo a un hospital local, pero ya había muerto. Según un informe del IML (Instituto Médico Forense), la causa de la muerte fue “fallo agudo secundario a asfixia”. Después de muerto, la PRF multó a Genivaldo con un total de BRL 1.800 por estar ese día sin casco, sin licencia y con sandalias.
Según un reportaje de Fantástico, de TV Globo, la pericia de la Policía Federal concluyó que tras la detonación del gas lacrimógeno se liberaron gases tóxicos, como monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. En los exámenes se encontró una gran presencia de sulfuro de hidrógeno y esto pudo haber causado convulsiones e incapacidad para respirar. La pericia concluyó que los gases provocaron un colapso en el pulmón de Genivaldo.
El lunes, el MPF presentó una denuncia contra los tres policías acusados ??del crimen: William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas y Paulo Rodolpho Lima Nascimento. El Tribunal Federal analizará la denuncia y la apertura del proceso.
La abogada Ivis Melo, quien trabaja en la defensa de la familia de Genivaldo, dijo al CLIP que para el proceso penal el tipo de granada es indiferente a la responsabilidad penal de los policías. “Hay una orientación clara en el manual, que no se puede usar la granada. en un ambiente cerrado, lo que infiere del caso, a nuestro juicio, la intención directa de matar”, informó el abogado.
“Además, hubo un uso excesivo y desproporcionado de gas pimienta en varias ocasiones. Esto es un punto que se destaca. El ambiente en el que se utilizó fue un factor determinante para la letalidad. Pero además de eso, hay información sobre otros tipos de granadas, que han sido cuestionados por la propia policía“, añadió. El defensor también dijo que demandará a la Unión por una indemnización para la familia.
El abogado Glover Castro, quien trabaja en la defensa de los policías, informó al CLIP que los policías “en ningún momento quisieron el resultado de la muerte, ni previeron y/o consintieron”.
