Marcas globales como Ifood, Uber, Spotify y Google han desembolsado millones de dólares para neutralizar sus emisiones de gases de efecto invernadero con proyectos que, en la práctica, pueden no tener garantías de integridad climática. Un análisis de InfoAmazonia revela que más de la mitad (61%) de todos los créditos de carbono vendidos en la Amazonia brasileña se encuentra en zonas también destinadas a la minería, según datos de la Agencia Nacional de Minería de ese país.

En total, hay 40,1 millones de toneladas de carbono generadas en áreas donde hay o podría haber minería, de un total de 65,8 millones de toneladas vendidas en el país. Esta cantidad de créditos potencialmente “contaminados” –una cantidad mayor a la que emite todo Brasil para su propia producción anual de electricidad- fue negociada por 31 proyectos, todos ellos basados en la metodología REDD+, creada en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU. El objetivo es preservar las reservas de carbono de los bosques, que ahora tienen un valor financiero por la deforestación evitada: cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono (CO?) que deja de emitirse gracias a la supuesta preservación del bosque.

Más de 3.600 empresas, entidades y organizaciones internacionales, entre ellas marcas globales del comercio minorista, la aviación, la tecnología y el mercado financiero, han comprado estos créditos de carbono, incluidas también algunas empresas mineras, como Vale y Sigma.

Este reportaje se basa en la base de datos del proyecto Carbono Opaco, desarrollado en colaboración entre InfoAmazonia y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), con apoyo del Centro Pulitzer, que ha mapeado todos los proyectos REDD+ y las empresas que operan en este segmento del mercado voluntario de carbono en Brasil, Perú y Colombia. InfoAmazonia se ha encargado de recopilar los datos brasileños. La base completa se publicará en julio.

Nuestro análisis identificó 114 proyectos de carbono REDD+ en el país, de los cuales 73 se superponen total o parcialmente o tocan el límite de las áreas destinadas a la minería. Entre ellos, 31 ya han comercializado créditos (30 a través de Verra, la mayor certificadora del mundo, y uno a través de la colombiana Cercarbono).

Hay casos en los que la minería ya ha sido autorizada y, aun así, se siguen emitiendo créditos. En otros, los proyectos de carbono han sido abandonados para dar paso a la exploración minera. También hay zonas donde la deforestación ya ha comprometido la integridad del bosque, condición esencial para generar créditos. En algunos casos, los proyectos siguen adelante en tierras indígenas con minería activa.

“Estamos frente a una economía altamente destructiva por un lado, que es la minería, y a una economía supuestamente verde por el otro, ambas en el mismo territorio”, dice la investigadora Marcela Vecchione Gonçalves, del Centro de Estudios Alto Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (UFPA), que también fue consultora científica de este informe. “Se está utilizando la misma zona como activo financiero para atraer inversiones tanto de la industria minera como del mercado de carbono, lo que es absolutamente incompatible”, añade.

Los créditos se venden para que las empresas puedan neutralizar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, compensándolas con la conservación de los bosques tropicales. Estas transacciones se citan en los informes de sostenibilidad y ESG (ambiental, social y de gobernanza) de las empresas, lo que ayuda a atraer inversiones y acceder a financiación verde.

Alrededor del 40% de los procesos mineros en conflicto con zonas de créditos de carbono están en fase de exploración, la etapa que permite la excavación y la supresión de la vegetación. Otro 21% son solicitudes de instalación de explotaciones mineras y al menos 33 procesos (3,8%) cuentan con una concesión estatal de explotación minera, la etapa que autoriza la operación completa de la mina. El mineral más solicitado en el ámbito de los créditos de carbono es el oro, con al menos 239 solicitudes registradas en la ANM. Otros 134 procesos son para bauxita y 68 para casiterita. 

El estado de Pará lidera el ranking de conflictos entre minería y proyectos de carbono, con 12 áreas identificadas, seguido por Amazonas, con 8, y luego Rondônia, con 6. Los proyectos forman parte del llamado mercado voluntario de carbono, un sistema no regulado que permite a las empresas comprar créditos sin que cuenten para los objetivos oficiales de los países contemplados en los acuerdos climáticos de la ONU.

Aunque no existe una prohibición legal para que proyectos de carbono y mineros ocupen el mismo espacio, expertos consultados por esta alianza periodística consideran que ambas actividades son incompatibles desde el punto de vista ambiental y climático. La lógica de los proyectos de carbono, especialmente los REDD+, es evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la conservación forestal a largo plazo, mientras que la minería suele implicar emisiones significativas de carbono y supresión de vegetación. 

La nueva Ley n.º 15.042/2024, que instituyó el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE), prevé que las áreas que generan créditos de carbono permanezcan protegidas de una futura deforestación. Si esto sucediese, los proyectos podrían violar los criterios de adicionalidad (el hecho de que esa reducción de las emisiones de CO? se produzca gracias al proyecto y no hubiese ocurrido en un escenario normal) y permanencia en el tiempo del bosquee, que son obligatorios para validación y mantener esos créditos en el mercado.

La ley también refuerza la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales antes de la implementación de proyectos de carbono, de forma libre e informada, tal y como establecen el Convenio 169 de la OIT y los protocolos de consulta propios de cada pueblo.

Vecchione subraya que la integridad climática establecida en el Acuerdo de París en 2015 no se limita únicamente a la adicionalidad o la permanencia en el tiempo de las reducciones de emisiones. También incluye un compromiso explícito con la integridad socioambiental. “El preámbulo del Acuerdo deja claro que las medidas contra el cambio climático deben respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, además de promover el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Esto no es accesorio, está escrito en el texto base del Acuerdo de París”, destaca.

Tras vender miles de créditos, se deforesta un área para satisfacer la demanda de minerales estratégicos

Al menos seis proyectos de carbono identificados en áreas de minería han sido suspendidos después de que la certificadora Verra constatara irregularidades. Algunos de ellos vendieron millones de créditos antes de que las zonas comenzaran a ser deforestadas para proyectos mineros.

El Proyecto Maísa REDD+, en el municipio de Moju, en Pará, vendió 635 mil créditos de carbono a 317 compradores, incluyendo minoristas, y a marcas famosas como Uber, Google, Giorgio Armani, AstraZeneca y TIM, entre otras.

En 2022, la empresa Maísa Agropecuária desistió del proyecto de carbono y rompió su contrato de preservación del área, que era por 30 años, para desarrollar minería y haciendas en el lugar. Desde entonces, la deforestación en la zona se ha disparado y, en 2023, la ANM emitió cinco autorizaciones para minería de tierras raras, que están entre los minerales considerados estratégicos para la transición energética, en toda el área anteriormente destinada al proyecto de carbono. En total, se han talado más de 6.400 hectáreas de bosque en la propiedad desde 2022. 

En junio de 2023, una operación del Ministerio de Trabajo rescató a 16 personas en condiciones análogas a la esclavitud en una propiedad incluida en el proyecto Maísa. Los trabajadores fueron encontrados talando 477 hectáreas de bosque nativo. En 2024, el Ibama multó a Maísa Agropecuária con 3,6 millones de reales por haber deforestado en la zona sin autorización legal.

Impulsado por la desarrolladora Biofílica en asociación con Maísa Agropecuária, el proyecto de carbono original prometía preservar más de 28 mil hectáreas de bosque durante al menos 30 años, entre 2012 y 2052, pero fue cerrado por “desequilibrio financiero, debido a los precios de venta de los créditos de carbono”, según le dijo Maísa Agropecuária al medio Repórter Brasil, tras el rescate de los trabajadores de la finca. El estatus del proyecto, según la plataforma de Verra, es “inactivo”.

Uber, por ejemplo, utilizó créditos del proyecto Maísa, adquiridos a través de la consultora ambiental Anaconda Carbon S.A, para neutralizar 1.545 toneladas de CO2 de sus operaciones en México, Colombia, Ecuador, Panamá y República Dominicana. 

El Banco Votorantim (BV) usó 140 mil créditos de carbono del proyecto Maísa para neutralizar las emisiones de los vehículos financiados por el banco. Google neutralizó cinco toneladas de CO2 de su proyecto Google Cloud. La larga lista incluye a empresas como la farmacéutica AstraZeneca y a la compañía telefónica TIM.

La agencia minera autoriza la minería de oro y cobre en el área de un proyecto de carbono

La científica social Fabrina Furtado, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), una voz crítica del mercado de carbono en Brasil, afirma que este mecanismo de compensación de emisiones “tiene fallas estructurales”, que van desde dudas sobre la propiedad real de las áreas de los proyectos hasta cuestiones conceptuales, como la idea de que el mercado libre de carbono sea la salida a la crisis climática, lo que, según ella, permite que empresas y gobiernos eviten enfrentar las verdaderas causas de la crisis climática, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación vinculada al agronegocio y a la minería.

“Su origen está viciado, en la lógica de que el mercado va a resolver un problema que el mercado creó. Este mecanismo no va a combatir el cambio climático, ni va a reducir la deforestación”, subraya.

Furtado lleva más de una década estudiando los impactos de los proyectos REDD+ y señala que el sistema, lejos de reducir las emisiones, ha funcionado como un instrumento de flexibilización para los grandes emisores, como las empresas mineras y petroleras. 

El mayor emisor de créditos en un área en riesgo de minería en la Amazonia, el proyecto Florestal Santa María (FSM-REDD+), en el municipio de Colniza del estado de Mato Grosso, tiene al menos siete autorizaciones para exploración de oro y cobre dentro de sus límites, según datos de la ANM.  Las solicitudes están a nombre de las empresas mineras 3A Mining y Nexum Resources, que comunicaron el inicio de las actividades mineras formalmente a la agencia entre febrero y mayo de este año. 

Según datos disponibles en la plataforma pública de la certificadora Verra, el proyecto ya emitió 8 millones de créditos, vendidos a más de 300 compradores directos.

El proyecto FSM-REDD+ es desarrollado por Florestal Santa Maria S.A., controlada por la empresa Bela Aliança Agronegócios. Promete mantener intactas hasta 2039 más de 17.700 hectáreas de bosque nativo en el llamado “arco de la deforestación”, una de las regiones más amenazadas de la Amazonia brasileña. Pero toda esta área también está registrada para la minería, lo que, según los expertos, podría poner en peligro la continuidad del proyecto si la minería sigue adelante.

En abril, la ANM autorizó la extracción de oro en una superficie total de 9.800 hectáreas, que ocupan 1.300 hectáreas del proyecto de carbono de FSM. La autorización se concedió a la Cooperativa Mixta de Mineros de Oro Peixoto de Azevedo.

En el informe de riesgos enviado a Verra en 2012, los responsables del proyecto FSM minimizaron la posibilidad de un posible avance de la minería: “Se considera que la cantidad de recursos minerales disponibles en la hacienda FSM no justifica inversiones en minería“, escribieron. En aquel momento, la minería se consideraba un riesgo cero para el proyecto.

La lista de compradores de FSM es diversa: incluye a Boeing y a la minera Vale, que usaron esos créditos para compensar sus emisiones y promover metas de carbono neutralidad. También figura entre los compradores de estos créditos Moss Earth, la mayor comercializadora de créditos de Brasil. A pesar de las autorizaciones para la minería en la zona, el proyecto sigue activo en la plataforma Verra.

La minera Vale respondió a este reportaje que la neutralización de las emisiones de su cadena del proyecto FSM-REDD+ fue adquirida por un tercero “en nombre de Vale” para compensar las emisiones de dos eventos, la Conferencia Internacional Vale Amazônia y el stand de Vale en la Feria Industrial de Pará (FIPA). No reveló la identidad del tercero. Según la empresa, “Vale no tuvo participación ni responsabilidad en esta transacción”.

Conflictos sociales y acaparamiento de tierras

Según Marcela Vecchione, esta financiarización de la selva inmoviliza territorios en la Amazonia para que se destinen exclusivamente a estos proyectos y restringe el uso tradicional de la tierra por parte de los pueblos y comunidades locales. “La gente pierde autonomía en sus áreas, cambia sus formas de vida para cumplir los requisitos de un proyecto de carbono que a menudo no les genera ningún beneficio”, afirma.

Por otro lado, según la investigadora, casi nada cambia en las cadenas de producción. “Las empresas anuncian las compensaciones, pero no están cambiando nada en las formas y escalas de producción. No hay reducción, hay compensaciones que fallan en el objetivo de reducir emisiones”.

En las tierras indígenas (TI) Kayapó y Munduruku, donde existen proyectos registrados en Cercarbono, Infoamazonia identificó áreas de minería (‘garimpo’) ilegal sobrepuestas a las áreas destinadas a la generación de créditos de carbono.

El Ipixuna REDD+ Project, único proyecto de la certificadora colombiana con créditos comercializados, se encuentra en la Tierra Indígena Ipixuna, en el estado de Amazonas, que comercializó 50 mil créditos. En esta zona hay tres procesos mineros activos en el límite de la tierra indígena. La ANM notificó a los tres solicitantes sobre el traslape en el territorio.

En la Tierra Indígena Munduruku, donde existen cuatro proyectos de carbono desarrollados por la empresa Indigenous Carbon LLC, el proyecto de carbono dividió a la comunidad. A pesar de contar con el consentimiento de la Asociación Indígena Pusuru, parte de los indígenas afirman no haber sido consultados sobre los proyectos. Argumentan un incumplimiento del Protocolo de Consulta Munduruku, que establece que todas las aldeas deben ser consultadas. Aun así, el proyecto fue registrado por la empresa certificadora y figura como activo.

Según la defensora pública Andreia Macedo Barreto, de Pará, los proyectos de carbono han generado un nuevo frente de apropiación indebida de tierras (‘grilagem’) y conflictos por la tierra. “El telón de fondo de todo es la tierra”, dice Barreto. Desde 2023, la Defensoría del Pueblo lleva a cabo un proyecto llamado “Combate al Grilagem del Carbono”, que fue galardonado con el Premio Innovare y dio como resultado el bloqueo de registros sospechosos de tierras en áreas forestales públicas utilizadas por proyectos de carbono.

La defensora pública señaló varios conflictos dentro de las comunidades asociadas a proyectos de carbono, como divisiones internas, disputas financieras y restricciones en el uso de la tierra. Andreia Barreto destacó la disparidad en los beneficios sociales ofrecidos a las comunidades, que generalmente reciben menos dinero que las empresas comercializadoras.  

En cuanto al traslape de los proyectos de carbono con zonas mineras, Andreia Barreto fue enfática: “La minería es absolutamente incompatible con un proyecto de carbono. No se puede prometer conservación y al mismo tiempo tener autorización oficial para excavar, talar bosques y abrir minas en el mismo territorio”, afirmó.

También señala que el poder económico de la minería dificulta cualquier confrontación: “Es un sistema mucho más estructurado, con el apoyo de la Unión [la República Federativa de Brasil], los estados y los municipios, que reciben regalías de la minería. Mientras tanto, el mercado del carbono sigue siendo nebuloso, mal fiscalizado y con mucha gente que finge entender cómo funciona”, dijo.

La defensora subraya que las métricas utilizadas para calcular los proyectos de carbono presuponen la deforestación de una zona, que es lo que da valor a un crédito por deforestación evitada en el mecanismo REDD+. “Lo que vemos hoy es un sistema que se alimenta de la desgracia de la deforestación. Si se acaba la deforestación, se acaban también los proyectos de créditos de carbono”, concluyó.

Norsul utilizó créditos para limpiar operaciones de mineras 

La Companhia de Navegação Norsul es una de las mayores compradoras de créditos de carbono procedentes de áreas en conflicto con la minería. En total, la empresa declaró a Verra la neutralización de 354.800 toneladas de CO?. Estos créditos se utilizaron para compensar las emisiones de grandes empresas mineras que utilizan su servicio de cabotaje, como Vale, Hydro, ArcelorMittal y Braskem.

Norsul se presenta como la primera naviera del país que consigue la neutralización total de las emisiones a través de su programa “Cabotaje Carbono Neutro“. La empresa utilizó créditos generados por el proyecto Maísa, que fue suspendido e declarado inactivo por Verra, así como de los proyectos Jari/Amapá y Jari/Pará.

Los proyectos Jari en Amapá y Pará, desarrollados por la empresa Jari Celulose en asociación con Biofílica Ambipar, vendieron 2,9 millones de créditos de carbono. En 2023, parte del proyecto en Pará fue suspendido por sospechas de acaparamiento de tierras públicas y falta de consulta adecuada a las comunidades que viven en la región, según investigaciones del Ministerio Público y la Fiscalía del Estado de Pará. Una auditoría de la certificadora Verra identificó contradicciones sobre las disputas por la tenencia de la tierra en la zona y la falta de consulta a las comunidades. El proyecto sigue activo en la certificadora, que espera aclaraciones de los proponentes del proyecto.

Dentro del área de los dos proyectos de Jari Celulose, existen 116 procesos mineros registrados, incluyendo solicitudes para explorar oro, casiterita, cobre y bauxita, entre otros, y en diferentes etapas de concesión en la ANM. Entre 2014 y 2024, el área de los proyectos Jari registró 39.500 hectáreas de deforestación, según datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Vale informó a InfoAmazonia que “no tiene relación con el Proyecto Maísa ni ha adquirido créditos de carbono procedentes de dicho proyecto”. La empresa minera afirma que su propio nombre “aparece mencionado en los registros de transacción de Verra debido a una acción voluntaria de neutralización llevada a cabo por la empresa Norsul”.

Créditos en una cadena de compensación alemana

La empresa alemana Zukunftswerk eG, especializada en soluciones de neutralización de carbono, compró 162 mil créditos de siete proyectos de carbono con traslapes de la minería, entre ellos los proyectos Jari en Amapá y Pará, Maísa, Fortaleza Ituxi y Rio Preto-Jacundá – este último es uno de los más deforestados entre los proyectos de carbono analizados por InfoAmazonia. 

Los créditos comprados por Zukunftswerk eG han sido utilizados por vinícolas, imprentas, empresas alimentarias y cadenas minoristas alemanas de moda como Peek & Cloppenburg (P&C). Tres de los siete proyectos REDD+ que usó Zukunftswerk cuentan con la participación de Biofílica Ambipar, una de las mayores desarrolladoras de proyectos de carbono de Brasil.

En respuesta a InfoAmazonia, Zukunftswerk eG dijo que “no tenía conocimiento de que los proyectos mencionados se superponen a áreas legalmente designadas para la minería”. La consultora dijo que no ha adquirido créditos de los proyectos FSM y Fortaleza Ituxi desde 2020, y afirmó que ha dejado de adquirir créditos de proyectos REDD+ “debido a la creciente incertidumbre en la estimación de la reducción real de emisiones”.

Zukunftswerk subrayó que su proceso incluía el chequeo del registro en Verra, de las auditorías de terceros y reuniones con Biofílica en Alemania antes de comprar los créditos. La empresa reconoce que los conflictos con la minería plantean riesgos sobre la integridad ambiental de los créditos y afirmó que, si surgen nuevas pruebas de irregularidades, aconsejará a sus clientes que revisen sus estrategias de compensación. 

“Si existe un riesgo creíble y documentado de que una zona forestal pueda ser talada legalmente para la minería, esto pone en peligro el valor ambiental del crédito. En nuestra opinión, tales riesgos deben ser revelados, abordados de forma transparente por los desarrolladores de proyectos y reflejados en procesos de certificación independientes”, declaró la consultora.

Biofílica dice que zonas mineras ‘son instrumentos formales contra la especulación’

En un comunicado, Biofílica Ambipar aseguró que todas las iniciativas REDD+ que desarrolla siguen un rigor técnico “acorde con las exigencias de las certificadoras y la legislación vigente”. La promotora de los proyectos de carbono Maísa y Jari afirmó que “los requerimientos mineros citados son sólo instrumentos formales y preventivos para proteger el territorio contra la especulación de la tierra y nunca se han convertido en minería”.

En cuanto al proyecto Maísa, la empresa dijo que se cerró en 2022, antes de que se produjera la deforestación en la zona y de las denuncias de irregularidades. “Todos los créditos emitidos fueron generados de acuerdo con las mejores prácticas y verificados por auditorías independientes, permaneciendo válidos y en cumplimiento de las normas establecidas en el momento”.

La ANM afirmó que no existe ninguna norma específica que regule la coexistencia de proyectos de carbono y concesiones mineras en la misma zona, y subrayó que “los recursos minerales pertenecen al Gobierno Federal, independientemente de la propiedad de la tierra”.

La ANM enfatizó que toda actividad minera depende de un licenciamiento ambiental y que actualmente no hay exigencia de consulta previa sobre la existencia de proyectos de carbono en las áreas solicitadas, ni integración formal con organismos de certificación de proyectos de carbono.

Mayor desarrollador de proyectos de carbono tiene 11 iniciativas en tensión con minería

Carbonext, considerado el mayor promotor de proyectos de carbono de Brasil, ha participado en al menos 11 proyectos de carbono en la Amazonia con algún tipo de traslape con áreas de minería. Entre ellos se encuentran los proyectos Unitor, Fortaleza Ituxi y Evergreen, suspendidos el año pasado por sospechas de apropiación ilegal de tierras y explotación ilegal de madera.

Parte de estas zonas están destinadas a la minería de oro, casiterita y hierro. Más de 200 empresas han utilizado créditos de estos tres proyectos, entre ellas Spotify, el banco Itaú, la empresa de alquiler de vehículos Localiza y la minera Sigma, que explota litio para baterías de coches eléctricos. En conjunto, los tres proyectos de Carbonext han vendido más de 4 millones de créditos de carbono en el mercado voluntario.

En 2022, la petrolera Shell invirtió 200 millones de reales en la empresa para desarrollar proyectos de carbono en la Amazonia. En 2023, InfoAmazonia reveló que Carbonext había firmado contratos con comunidades indígenas que fueron considerados abusivos por las autoridades y comunidades locales.

La minería también avanza en proyectos de carbono que aún no han llegado al mercado. En Paragominas, en Pará, el Proyecto Ybyrá REDD+, creado por Carbonext y Coopercarbon, una cooperativa centrada en el agronegocio, promete proteger más de 76.000 hectáreas de selva amazónica repartidas en 74 propiedades rurales.

Sobre el papel, la zona se presenta como un activo ambiental para generar créditos de carbono que puedan servir a la agroindustria. En la práctica, sin embargo, está superpuesta a 84 procesos mineros, de los cuales al menos cuatro han sido autorizados oficialmente por la ANM para la explotación de bauxita, utilizada en la producción de aluminio. 

Las concesiones mineras en las áreas del proyecto Ybyrá pertenecen a la empresa minera Hydro y a la Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), propiedad del Grupo Votorantim. En julio de 2024, en una de esas áreas la ANM amplió el plazo para que Hydro inicie trabajos -es decir, la extracción efectiva del mineral- precisamente en la zona declarada “protegida” para efectos de compensación climática.

Contactada por InfoAmazonia, Carbonext señaló que adopta un riguroso proceso de verificación de la tenencia de la tierra y de la minería antes de iniciar cualquier proyecto de carbono. En caso de que se identifique algún riesgo, “se elabora un dictamen técnico especializado que evalúa la superposición geoespacial entre las áreas del proyecto y los derechos mineros”. Según Carbonext, la información sobre estos riesgos se comunica debidamente a las certificadoras.

Sobre el Proyecto Ybyrá, la empresa afirma que se han excluido las áreas con mayor riesgo de minería y que los procesos mineros cercanos “llevan más de 40 años sin iniciarse, con sucesivas solicitudes de prórroga”, lo que, en la evaluación de Carbonext, reduce el riesgo de impacto sobre la permanencia del carbono.

En relación con los proyectos Unitor, Ituxi y Evergreen, investigados por la Policía Federal, Carbonext afirmó haber actuado únicamente como prestadora de servicios técnicos, sin desempeñar ningún papel como desarrolladora, y que rescindió los contratos tan pronto como tuvo conocimiento de las investigaciones. La empresa también afirmó que mantiene canales de comunicación abiertos con los compradores y que aplica mecanismos de amortiguación o buffer (una reserva de créditos) para mitigar posibles riesgos futuros.

Verra afirma que la minería puede provocar la exclusión de áreas y la anulación de créditos

Verra, la principal certificadora mundial de créditos de carbono, dijo a InfoAmazonia que cuenta con mecanismos para gestionar los casos en los que los proyectos de compensación climática se traslapan con áreas con concesiones mineras. “Antes de que se puedan emitir los créditos, los proyectos pasan por un proceso de validación y revisión de precisión, durante el cual Verra analiza cuestiones como los derechos sobre la tierra y posibles superposiciones con áreas mineras”, afirmó Anne Thiel, portavoz de la certificadora.

Según Verra, si una concesión minera está activa en el momento del registro del proyecto de carbono, el área en cuestión tiende a ser excluida del alcance del proyecto. Si la minería se autoriza después del registro o la emisión de los créditos, “el proyecto probablemente tendrá que excluir esa parcela y asumir, de forma conservadora, que toda la emisión realizada en el área se ha perdido”. En casos como este, la certificadora considera que hay una “reversión inevitable”, es decir, que la selva que debería estar protegida ha sido deforestada, lo que puede llevar incluso a la interrupción del proyecto. “Los principales riesgos en un escenario como este son que el número de concesiones activas dé lugar a la reversión y a la posible finalización del proyecto”, añadió la representante de Verra.

La certificadora afirma que cuenta con “requisitos robustos de salvaguardas ambientales y sociales” para garantizar que los proyectos no generen impactos negativos en las comunidades o la naturaleza. Sin embargo, considera que los impactos de la minería “no son responsabilidad del proponente del proyecto”, a menos que este sea también el titular de la concesión minera, algo que considera improbable. “Aún así, si se concede una concesión o esta se activa en un área del proyecto, esto puede alterar la base de cálculo de la integridad ambiental de los créditos emitidos”.

Sobre los casos citados en el reportaje, como los proyectos Maísa, Jari, Fortaleza Ituxi y Unitor, que han sido suspendidos o están bajo investigación, Verra afirmó que solo Maísa ha sido oficialmente cerrado, a petición del propio desarrollador. En este caso, los créditos de reserva del proyecto, denominados «buffer», han sido cancelados y la empresa responsable deberá reponerlos.

Los demás casos siguen siendo analizados de forma confidencial, y la certificadora informó que “Verra no hace comentarios sobre proyectos que están bajo revisión”, afirmó la certificadora.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de cancelar retroactivamente los créditos ya vendidos cuando surgen pruebas de graves violaciones socioambientales, Verra respondió que este tipo de revisión es posible y está prevista en su reglamento.

Específicamente sobre el proyecto FSM-REDD+, que recientemente ha visto parte de su área liberada para la extracción de oro, Verra dijo que espera que los responsables incluyan el episodio en el próximo informe de seguimiento. No obstante, informó que revisará la información y podría abrir una investigación a partir de su procedimiento de quejas. “Nuestro proceso de reclamos nos permite tramitar denuncias en cualquier momento”, afirmó. (Lea las respuestas completas de Verra)

Las empresas explican la compra de créditos

El banco Itaú respondió que adquirió nuevos créditos para compensar las emisiones de 2022 que había adquirido originalmente al proyecto Ituxi, suspendido por irregularidades. La institución financiera alega que, en el momento de las compras, el proyecto cumplía con los requisitos del banco.

“El proyecto en cuestión, para el que Carbonext fue proponente responsable de presentarlo a la plataforma, pasó por este proceso [de certificación] y por una auditoría externa, obteniendo también el registro en Verra, además de la calificación A en [la empresa de calificación de proyectos de carbono] Sylvera, en línea con las mejores prácticas de diligencia del mercado en materia de cuestiones técnicas y de generación de créditos de carbono. Debido a los acontecimientos mencionados por ustedes aquí, en ese momento Itaú decidió compensar las emisiones de 2022 referidas a este proyecto, unas 25 mil toneladas de carbono, mediante la adquisición de nuevos créditos de otros proyectos”, informó Itaú-Unibanco.

iFood señaló que, desde 2022, no realiza nuevas adquisiciones de créditos de carbono, centrando sus esfuerzos en acciones propias de descarbonización. “Las compensaciones realizadas anteriormente contaron con la participación de consultoras especializadas y utilizaron créditos de proyectos certificados por entidades reconocidas internacionalmente”, afirmó la plataforma de reparto.

“Entre 2021 y 2023, iFood adquirió créditos de carbono de proyectos como Maísa, Jari y Fortaleza Ituxi, a través de proveedores como Eccaplan y Moss, y estos proyectos ya no forman parte de la cartera de la empresa”, dijo en un comunicado.

La empresa de alquiler de vehículos Localiza afirmó “que no fue informada sobre la sobreposición de áreas con registros de minería en la ANM al adquirir los créditos de carbono del proyecto Fortaleza Ituxi”. Tras las irregularidades detectadas en la zona, dijo, “realizó una nueva compra de créditos de otro proyecto para su sustitución”. 

ArcelorMittal Brasil informó que no participó en la compra de créditos de carbono de los proyectos Maísa y Jari, y que “la adquisición fue realizada por una empresa externa, Norsul, para compensar las emisiones del transporte marítimo, sin previo conocimiento de ArcelorMittal”. La empresa confirmó haber adquirido una pequeña cantidad de créditos (equivalente a cinco toneladas de CO2) del proyecto FSM-REDD, en Mato Grosso, y afirmó que adopta un programa de gestión de sus proveedores mediante auditorías, debida diligencia y monitoreo para garantizar el cumplimiento de la legislación y los protocolos internos.

Consultada por InfoAmazonia, Moss informó que dejó de intermediar créditos del proyecto FSM-REDD y que, en el momento de las transacciones, realizó las diligencias pertinentes en materia de propiedad y minería, sin identificar impedimentos. Sobre el proyecto Fortaleza Ituxi REDD+, la empresa confirmó haber comercializado créditos antes de la suspensión por parte de Verra en 2024, pero afirma haber informado a los compradores institucionales después de lo ocurrido, subrayando que los créditos ya retirados siguen siendo válidos. Moss destacó además que los riesgos mineros y de propiedad de la tierra son responsabilidad de los desarrolladores de los proyectos y de los auditores independientes, y que la integridad de los créditos está garantizada por el mecanismo de amortiguación de Verra, que cubre las posibles pérdidas de permanencia. Actualmente, la empresa afirma que ya no actúa como intermediaria de créditos de terceros y que revisa continuamente sus políticas internas de gobernanza y debida diligencia.

Braskem, que también compensó sus emisiones a través de Norsul, informó que “solicitó aclaraciones a la certificadora responsable del registro de dichos proyectos y a la titular original de los créditos (Norsul)”.

El Banco Votorantim (BV) afirmó que adquirió créditos del proyecto Maísa en 2021, cuando el proyecto estaba activo y debidamente validado y verificado según los estándares internacionales de la certificadora Verra, sin que en ese momento hubiera ninguna mención a un traslape con procesos mineros en las auditorías técnicas disponibles. El BV informó además que, ante las recientes preguntas sobre los proyectos REDD+, ha llevado a cabo revisiones internas continuas y está evaluando formas de compensar las emisiones previamente neutralizadas con créditos de Maísa.

La minera Hydro, que tiene una concesión para extraer bauxita en la zona del proyecto Ybyrá, informó que las áreas destinadas a la minería son anteriores al proyecto de carbono. “Entendemos que la responsabilidad de evaluar la compatibilidad de un proyecto de carbono REDD+ con actividades existentes o de dominio público (como actividades mineras que pueden verificarse en la base de datos de la ANM) en el área del proyecto recae en la entidad que desarrolla el proyecto de carbono”, afirmó la empresa minera, que dijo no haber sido “contactada por la empresa Carbonext, responsable del Proyecto REDD+ Ybyrá”.

La empresa naviera Norsul informó que tuvo conocimiento de las posibles irregularidades en los proyectos de carbono Maísa y Jari en junio de 2023 y, desde entonces, suspendió inmediatamente el uso de los créditos asociados a esas áreas: “Cuando la empresa tuvo conocimiento de las irregularidades, todos los créditos asociados a estos proyectos fueron suspendidos y ya no se contabilizan en las prácticas de neutralización de Norsul”, informó. Según Norsul, los créditos habían sido adquiridos a Biofílica, con certificación de Verra.

Uber informó que desde 2023 ya no utiliza créditos de carbono de la consultora Anaconda Carbon. La Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) dijo que no se pronunciará al respecto. 

InfoAmazonia también se puso en contacto con todas las demás empresas citadas en el reportaje, incluyendo desarrolladoras y clientes de los proyectos de carbono: Google, Tim, Sigma Lithium, AstraZeneca, Maísa Agroindustrial, Florestal Santa Maria, Boeing, Jari Celulose, Giorgio Armani, 3A Mining, Anaconda Carbon S.A. y Spotify. Sin embargo, no habían respondido al momento de la publicación.

Este reportaje fue elaborado por la Unidad de Geoperiodismo InfoAmazonia, con el apoyo del Instituto Serrapilheira.

Texto: Fábio Bispo

Análisis de datos: Renata Hirota

Visualización de datos: Carolina Passos

Edición: Carolina Dantas y Andrés Bermúdez Liévano / CLIP

Dirección editorial: Juliana Mori

El trabajo de InfoAmazonia y CLIP en la construcción de la base de datos ha sido apoyado por Pulitzer Center.