“Usualmente CLIP solamente publica investigaciones, pero en ocasiones extraordinarias como esta, cuando un gobierno ha despojado de su nacionalidad a centenares de ciudadanos destacados, entre ellos a varios periodistas, republicamos el editorial de Carlos Fernando Chamorro, director fundador de Confidencial de Nicaragua, y víctima de este ataque. Su reclamo por una sociedad libre es el de miles de sus compatriotas que hoy claman que se conozcan la verdad y se recupere la libertad”.

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Primero fue el ultraje contra los 222 ex presos políticos que el jueves pasado fueron despojados de su nacionalidad y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad, y desterrados a Estados Unidos.

Un día después, se ejecutó la condena del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a 26 años y cuatro meses de cárcel por el presunto de delito de “conspiración contra la soberanía nacional”, porque se rehusó a aceptar el destierro, y su reclusión en una celda de máxima seguridad en la cárcel “La Modelo”.

De esa manera, con una mano Daniel Ortega deshizo el gesto que intentó hacer con la otra, anulando el intento de oxigenar el aislamiento internacional de la dictadura con la excarcelación unilateral de los reos de conciencia.

Y para no dejar ninguna duda del salto al vacío de su radicalización autoritaria, este miércoles 15 de febrero la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el despojo de su nacionalidad contra 94 ciudadanos, entre ellos el obispo Silvio José Báez, los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, el empresario Gerardo Baltodano, la líder campesina Francisca Ramírez, este servidor y mi esposa Desirée Elizondo, y muchos más –una muestra de la pluralidad de activistas políticos, líderes cívicos, académicos, religiosos, periodistas, intelectuales, y exfuncionarios públicos—, a quienes pretenden despojarnos de nuestros derechos ciudadanos a perpetuidad, y de paso ejecutar una masiva confiscación de bienes como un acto de venganza.

Todas estas acciones delictivas, el despojo de la nacionalidad, la imposición de penas a perpetuidad y la confiscación de bienes, están prohibidas de forma taxativa por la Constitución de la República. Los dictadores Ortega y Murillo únicamente están reafirmando que desde hace muchos años Nicaragua dejó de ser una sociedad regida por la ley y la Constitución, en la que impera la ley de la venganza y el odio, contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre y democrática. Pero nunca podrán despojarnos de nuestra nacionalidad los que con desvergüenza actúan como peones de Vladímir Putin, el invasor de Ucrania.

Los castigados por estas acciones punitivas de la dictadura no son solamente los 94 ciudadanos, que hoy nos sumamos a los 222 expresos políticos despojados de sus derechos y nacionalidad, y al obispo Álvarez, sino todos los sectores económicos y sociales del país, incluidos los servidores públicos, que demandan un cambio con justicia y libertad.

En Nicaragua, todo mundo sabe que los únicos golpistas y traidores a la patria son Daniel Ortega y Rosario Murillo, ellos demolieron la democracia, hipotecaron la soberanía nacional con el empresario chino Wang Jing, masacraron al pueblo en las protestas cívicas de 2018, anularon la competencia política en la farsa electoral de 2021, y ahora nos recetan un futuro sin paz ni progreso económico, en el que tampoco habrá estabilidad ni una salida política a la crisis nacional, con una dictadura familiar que pretende entronizarse en el poder como una dinastía.

Con estas tres medidas punitivas, Ortega y Murillo han llevado al extremo la degradación de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Policía, los Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, y prácticamente todo el Estado de Nicaragua, poniendo de rodillas a los funcionarios públicos, civiles y militares, que no tienen responsabilidades en la represión y la corrupción, y que también son rehenes de la dictadura.

Al imponer la ley de la selva, Ortega y Murillo están cavando su propia tumba, al exhibir la enorme debilidad política de su régimen ante sus propios partidarios. Porque los castigos a perpetuidad, así como la condena a 26 años de cárcel de monseñor Rolando Álvarez, son apenas una ilusión demencial de la cúpula de la familia gobernante, la realidad es que el tiempo y la viabilidad del régimen dictatorial se está agotando, y Nicaragua necesita un cambio con urgencia. Un cambio con democracia y justicia sin impunidad, en el que participen todas las fuerzas vivas del país para enterrar el odio, la sed de venganza, y la corrupción pública que simboliza el Estado-familia de Ortega y Murillo.

Como todos los 94 ciudadanos condenados, como los 222 excarcelados que representan la esperanza de un cambio democrático, y con la fuerza espiritual de monseñor Rolando Álvarez, rechazamos con todas nuestras fuerzas la pretensión de despojarnos de nuestra nacionalidad y nuestros derechos ciudadanos. Y llamamos a todos los ciudadanos, y en especial a los servidores públicos a romper el silencio, a denunciar la corrupción, y a no acatar órdenes nacidas de una dictadura corrupta e inmoral. El ocaso de la dictadura es la hora de los servidores públicos, civiles y militares, para empezar a formar parte de una solución nacional.

Mientras tanto, a los periodistas nos corresponde hacer más y mejor periodismo para seguir investigando y contando la verdad, que es también el fracaso político, económico y moral de la dictadura hasta que, como proclamaba mi padre —quien desde la cárcel en 1959 también rechazó la condena por “traición a la patria” de la dictadura de los Somoza—, “Nicaragua volverá a ser República”.