Las fuerzas policiales de Río de Janeiro tenían una misión a las seis de la mañana del 28 de octubre: arrestar a Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca, líder de la organización criminal llamada Comando Vermelho, y cumplir además otras 99 órdenes de detención dictadas por la Justicia. En las calles, los agentes bautizaron la operación como “Contención”, y pocas horas después toda la ciudad de Río estaba en alerta por un intenso tiroteo concentrado en el Complejo de favelas de la Penha. A continuación, se cerraron calles, se secuestraron autobuses y el miedo se extendió hasta el punto de que la alcaldía emitió una alerta para que la población permaneciera en sus casas. Al final del día, ninguna de las órdenes judiciales fue cumplida. Doca, el líder del Comando Vermelho, seguía prófugo y se sabía que muchos habían muerto. La policía se llevó a 113 personas detenidas.
Cuando llegó la noche y cesaron los disparos, los vecinos comenzaron a salir de sus casas y, poco a poco, fueron encontrando decenas de cuerpos abandonados entre el follaje, sin que se preservaran las escenas del crimen. Fueron los propios residentes quienes, uno a uno, cargaron los cadáveres colina abajo hasta que una de las calles de la Praça São Lucas, en el barrio de la Penha, quedó tomada por una larga fila de cuerpos. La imagen dio la vuelta al mundo rápidamente. Con la calma, se conoció la cifra real: 121 personas había muerto en aquel enfrentamiento, de las cuales cuatro eran policías. Según datos oficiales, las víctimas tenían entre 14 y 55 años.
A la mañana siguiente, el miércoles 29, los cuerpos seguían tirados en la calle, sin haber sido retirados por el Instituto Médico Legal, cuando el gobernador de Río, Cláudio Castro, integrante del mismo partido que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, declaró: “Sacando la pérdida de las vidas de los policías, fue un éxito”. Así calificó la acción policial más violenta de la historia de Brasil.
Un discurso que contradice los hechos.
En aquel momento, además de no haber recogido los cuerpos, ni el gobernador, ni sus secretarios ni los propios agentes habían identificado los nombres de las personas muertas en la operación. Aun así, Castro y la cúpula de seguridad afirmaron categóricamente que todas las víctimas eran traficantes del Comando Vermelho. Sin embargo, documentos, videos, información y testimonios reunidos por reporteros del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de ICL indican que la versión oficial podría estar muy alejada de lo que realmente ocurrió durante la masacre, aunque el uso político del caso ya resultaba evidente.
Las fuerzas policiales informaron de una cifra llamativa: 118 armas incautadas, de las cuales 96 eran fusiles. Pero si se comparan los números de muertos y detenidos —230 personas en total—, surge una pregunta inevitable: ¿murieron o fueron arrestadas personas desarmadas? Consultados sobre la contradicción, los responsables no respondieron.
El secretario de Seguridad de Río, Victor Santos, explicó: “Todo el planeamiento se hizo para trasladar el conflicto fuera de la zona edificada de la comunidad. Allí vive mucha gente inocente. Al moverlo al área de selva, se reduce la posibilidad de afectar a civiles, sobre todo a esa hora del día. Difícilmente alguien que trabaja estará en medio del bosque, a menos que colabore con la organización criminal. Por eso, esa es la base para afirmar que los 117 muertos eran delincuentes”.
Un video de propaganda publicado por el gobierno del estado de Río de Janeiro en redes sociales tergiversó las cifras: “Fueron 118 narcoterroristas abatidos y 115 armas retiradas de circulación. Por cada arma, un neutralizado”. La insinuación, sin embargo, no es cierta, según los propios registros oficiales.
Otro dato refuerza la hipótesis de que la Operación Contención no cumplió los objetivos que justificaron su puesta en marcha. Según la información oficial, la meta era ejecutar cien órdenes de arresto: setenta emitidas por la Justicia de Río de Janeiro y treinta por la Justicia de Pará. Sin embargo, ninguno de los muertos figuraba en la lista de personas buscadas por la policía. Además, casi una semana después, el 3 de noviembre, las autoridades informaron que 17 de los fallecidos no tenían antecedentes criminales registrados en los sistemas judiciales brasileños. Entre las víctimas se encontraba también un niño de apenas 14 años. Cuando fue contactada por CLIP, su madre —que trabaja como limpiadora— respondió que se encontraba en su empleo y que no tenía condiciones de hablar.
La política de la muerte
El tema, acompañado del lema sobre el “narcoterrorismo”, fue ampliamente explotado por Cláudio Castro y por las autoridades de su gobierno con fines políticos. Tras la masacre, el gobernador ganó casi un millón de seguidores en Instagram en solo cuatro días. El secretario de Policía Civil, el delegado Felipe Curi, comenzó a ser considerado posible candidato del PL —el partido de extrema derecha liderado por la familia Bolsonaro, al cual pertenece el propio Castro— para la gobernación del estado en 2026. El nombre del delegado será incluido en encuestas electorales internas que el partido de Bolsonaro planea encargar en las próximas semanas.
Pocos sabían que el gobierno de Castro había enviado seis meses antes un informe titulado “Análisis Estratégico: Inclusión del Comando Vermelho en las listas de sanciones y designaciones de Estados Unidos” a la Embajada de EE. UU. en Brasil. Según el discurso oficial, el objetivo de Castro era facilitar extradiciones y frenar alianzas económicas internacionales del grupo criminal. Durante los últimos días, el gobernador también se reunió con otros mandatarios de derecha, con el pretexto de debatir políticas de seguridad pública.
En los bastidores políticos, sin embargo, se interpreta como una estrategia para formar un frente contra Lula, de izquierda, de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El sociólogo José Cláudio Souza Alves, de la Universidad Federal Rural Fluminense, experto en crimen organizado en Río de Janeiro, sostiene que la masacre tiene como objetivo las elecciones. “Es una plataforma electoral del gobernador, que afirma que el único criminal bueno es un criminal muerto”, declaró Alves. “Conspiraron y orquestaron este efecto electoral, y creo que Cláudio Castro consultó a la extrema derecha para convertirlo en un acontecimiento importante. Este eslogan, por cierto, lleva circulando más de seis décadas.”
A pesar del amplio despliegue de efectivos y del apoyo de 32 vehículos blindados, la estrategia trazada por los mandos policiales maximizó el número de muertes y expuso a los agentes a un riesgo mucho mayor de lo habitual. “Fueron acorralados y rodeados en una operación a gran escala. La policía los rodeó con la intención de matarlos. No hubo ninguna orden judicial. Todo fue calculado para lograr este resultado. Además, el gobernador comenzó a recibir apoyo de quienes defienden este tipo de acciones violentas”, afirmó el sociólogo.
Hubo policías asesinados antes del enfrentamiento en la selva, revelan los documentos
Los complejos del Alemão y de la Penha ocupan los dos lados de la Serra da Misericórdia, una zona montañosa de hasta 260 metros de altura que se extiende por más de 40 km² en la zona norte de Río de Janeiro. Ambos conjuntos de favelas están conectados por un área de selva deshabitada en la cima de la sierra. Fue allí, en el lugar conocido como Vacaria, donde la policía ejecutó gran parte de las muertes de la Operación Contención.
De acuerdo con la cúpula de seguridad pública de Río, la táctica consistía en hacer que los delincuentes huyeran hacia la Vacaria, donde serían emboscados por un grupo del BOPE (Batalhão de Operações Especiais), que formó un “muro humano”. El BOPE —conocido por su entrenamiento riguroso y su alta letalidad en operaciones dentro de favelas— ganó fama internacional gracias a la película Tropa de Elite, protagonizada por Wagner Moura (quien también interpretó a Pablo Escobar en Narcos).
Documentos obtenidos por CLIP indican que al menos dos de los cuatro policías muertos durante la Operación Contención fueron alcanzados antes del cerco en la selva. Fue precisamente en esa zona donde los vecinos hallaron la mayoría de los cuerpos. Los agentes que habrían participado en la matanza de la Vacaria ya sabían que sus compañeros habían sido asesinados cuando el enfrentamiento se intensificó, según los documentos. Además del BOPE, participaron también agentes de la CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais), una especie de SWAT de la Policía Civil de Río, involucrada en algunas de las mayores masacres de la historia de la ciudad.
En declaraciones públicas, los secretarios de Seguridad, Victor Santos, y de la Policía Militar, Marcelo Menezes, aseguraron que la decisión de llevar el enfrentamiento a la selva fue estratégica. Sin embargo, el tiroteo en un terreno abierto —que dificulta el uso de técnicas tácticas de avance— provocó que al menos dos policías fueran asesinados. “Optamos por trasladar el contacto con los delincuentes al área de selva, donde realmente se esconden y atacan a los agentes. La decisión se tomó para preservar la vida de los residentes”, explicó Santos.
Según los registros de la Delegación de Homicidios de la Capital, elaborados a partir de los testimonios de los agentes que participaron en la operación de Río, el sargento del BOPE Cleiton Serafim Gonçalves y el policía civil Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho fueron alcanzados por disparos antes del cerco, aún dentro de la zona habitada del Complejo de la Penha. Carvalho —jefe de investigaciones de una comisaría en una ciudad vecina— fue el primero en ser asesinado, hacia las 9 de la mañana, unas tres horas después del inicio de la operación. Los policías habían ingresado en el complejo alrededor de las 6:00 a. m., intentando cumplir las órdenes de detención, cuando se refugiaron en la azotea de una casa en la Rua Nossa Senhora Aparecida, que atraviesa toda la Vila Cruzeiro, la principal favela del complejo. Carvalho fue alcanzado mientras estaba en la azotea y murió en el acto. Cerca de allí, el delegado Bernardo Leal Anne Dias fue herido de bala en una pierna. Fue trasladado al hospital, donde permaneció internado en estado grave.
Muerte de un policía del BOPE
Integrantes del BOPE relataron en otro informe policial que el tercer sargento Cleiton Serafim Gonçalves fue herido de bala a las 10:04 de la mañana. Un equipo del BOPE ascendía por el Complejo del Alemão dentro de un vehículo blindado con el objetivo de llegar a la Vacaria. El avance se detuvo cuando el vehículo se topó con una barricada colocada por los traficantes. El sargento Serafim encabezó el grupo de policías encargados de retirar el bloqueo en la zona conocida como Areal. Allí fue alcanzado por un disparo.
Búnker en la zona de selva
Otros dos agentes murieron en el área boscosa: el policía civil Rodrigo Velloso, que llevaba solo 44 días en la institución, y el sargento del BOPE Heber Carvalho da Fonseca. El subteniente Luís Cláudio Fernandes Leal también fue alcanzado por disparos en la misma región, pero sobrevivió. En una declaración adjunta al informe policial, los militares informaron que el policía civil Velloso ya estaba solo y muerto cuando llegaron al lugar. En el mismo testimonio, un agente relató que, al aproximarse a la zona, “fueron emboscados por criminales fuertemente armados, que efectuaron numerosos disparos y lanzaron una granada contra los militares”. El policía añadió que los delincuentes se refugiaron en una especie de “búnker de piedra” desde donde disparaban contra ellos. “Por la dinámica observada y las circunstancias del enfrentamiento, creemos que los criminales que mataron al policía civil [Velloso] son los mismos que alcanzaron a los policías del BOPE [Fonseca y Leal]”, concluyó el informe.
Víctimas civiles
Desde las primeras horas del miércoles 29, familiares de las víctimas comenzaron a llegar al patio del Instituto Médico Legal (IML), en el centro de Río de Janeiro. La cantidad de personas era tal que la Defensoría Pública del Estado pidió al Departamento de Tránsito (Detran) autorización para usar su garaje y su patio, instalar sillas y disponer de una camioneta para atender a las familias. Allí, el grupo vivió días de angustia, yendo y viniendo del lugar hasta que el proceso de identificación de los cuerpos concluyó recién el lunes 3 de noviembre.
Al día siguiente de la masacre, el propio miércoles 29, CLIP entrevistó a Beatriz Nolasco, una manicurista del Complejo del Alemão, que estaba desesperada en el patio del Detran junto a familiares y amigos. “Le arrancaron la cabeza a mi sobrino y la colgaron de un árbol. Dejaron el cuerpo en un lado y la cabeza en otro. Ahora dime, ¿eso es una operación policial entrenada?”, denunció mientras esperaba para reconocer el cuerpo de su sobrino de 19 años.
El joven se llamaba Yago Ravel Rodrigues, era mototaxista y tenía una hija de dos años. Según su tía, Yago no vivía en el morro del Alemão: había ido a visitar a su abuela y desapareció cuando intentaba regresar a casa de su madre, justo al comenzar la operación. No tenía antecedentes criminales. La policía alegó haber encontrado imágenes suyas en redes sociales sosteniendo un arma.
Isabela Cristina, vecina del Complejo de la Penha, también esperaba en el IML para reconocer el cuerpo de su ahijado. Contó que pasó toda la madrugada del miércoles buscándolo en la selva, hasta que le informaron inicialmente que había sido arrestado. Pocas horas después, recibió la noticia de su muerte. “A las cinco de la mañana me llamaron para decirme que su cuerpo estaba en el bosque”, relató. “Lo vi con el rostro destrozado, tenía un tiro en la cara, una herida en la pierna, estaba lleno de puñaladas. El dedo de su pie estaba roto, torcido”, añadió.
Tras la Operación Contención, políticos y representantes de organizaciones de derechos humanos del estado afirmaron haber recibido denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías, como venganza por la muerte de sus compañeros. Las autoridades del gobierno de Río de Janeiro han obstaculizado las investigaciones independientes sobre las muertes. En el estado, los peritos forenses no son autónomos, lo que viola tratados internacionales como el Protocolo de Minnesota, un conjunto de directrices internacionales para la investigación de muertes sospechosas que Brasil aún no ha firmado.
“En Brasil, gran parte de los institutos médico-forenses, responsables de investigar las muertes ocurridas en operativos policiales, están jerárquicamente subordinados a la policía. Este es el primer problema”, explica Thales Arcoverde Treiger, defensor público federal.
La Defensoría Pública del Estado intentó acompañar las pericias del operativo con expertos independientes, pero se lo impidieron. Ante la prohibición, el organismo recurrió al Supremo Tribunal Federal (STF) para garantizar acceso a las pruebas. Sin embargo, defensores de derechos humanos, miembros de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo siguen exigiendo que el país actúe conforme a las normas del Protocolo de Minnesota, que, si bien no son jurídicamente vinculantes, constituyen un importante estándar internacional para el control de la actuación policial.
Según Treiger, el operativo policial en Penha y Alemão violó dicho Protocolo porque no existió un organismo de supervisión externo e independiente durante su preparación y ejecución. “La Fiscalía de Río de Janeiro actuó directamente en el operativo que resultó en 121 muertes. La información proporcionada por el propio estado de Río así lo indica”, afirma.
El lunes 3, el ministro Alexandre de Moraes, nuevo relator del STF encargado de supervisar las operaciones en favelas, se reunió con las autoridades de Río y pidió preservar toda la información del caso para análisis e investigación.
El abogado y defensor de derechos humanos Rodrigo Mondego, que acompañó a las familias durante el reconocimiento de los cuerpos en el IML, denunció haber presenciado actos de hostigamiento por parte de una delegada policial. “La delegada dijo que algo así [perder un hijo asesinado por la policía] nunca le pasaría a ella porque cuida de sus hijos”, relató Mondego. “Está maltratando a personas que no han cometido ningún delito y que están aquí en un momento de dolor, tratando de identificar a sus hijos. Está deliberadamente maltratando a esas familias”, dijo Mondego.
“Vi videos de cuerpos decapitados, con policías burlándose de ello”, declaró el diputado federal Pastor Henrique Vieira, del partido de izquierda PSOL, en una entrevista con el canal ICL Notícias. “Hay reportes de ejecuciones sumarias. Brasil no tiene pena de muerte. No es hacer justicia decapitar personas. Y he escuchado —de madres que lo vivieron—: ‘Mi hijo me llamó para decirme que quería entregarse’”.
Incluso un representante de la extrema derecha, el diputado federal Otoni de Paula, del MDB, ofreció un testimonio similar: “Al visitar el Complejo de la Penha, escuchamos a los vecinos contar lo que vieron. Personas decapitadas —al menos una—, gente sin los dedos de las manos, personas atadas y con disparos en la nuca, mostrando claramente que hubo ejecuciones”.
Una semana después del ataque más violento en la historia del estado de Río de Janeiro, han surgido muchas preguntas y se han iniciado las investigaciones sobre lo sucedido. Sin embargo, aún queda mucho por aclarar sobre cómo ocurrieron las 121 muertes.
