Entre los meses de julio a septiembre, periodistas de 15 medios en 13 países nos juntamos para publicar ‘Transnacionales de la Fe’, una investigación periodística transnacional sobre cómo una serie de grupos cristianos fundamentalistas de Estados Unidos han obtenido influencia política en varios gobiernos de América Latina.
Esta investigación colaborativa -con la que nació oficialmente el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)- nos permitió entender cómo estos grupos abren estudios bíblicos en los gabinetes y parlamentos de varios países, cómo unifican discursos y estrategias para lograr cambios que acerquen la política exterior latinoamericana a la agenda del presidente Donald Trump, y cómo buscan incidir en organismos multilaterales como la OEA en temas referentes a derechos de las mujeres y de las minorías sexuales.
Para avanzar su agenda política, encontramos que han hecho tratos con gobernantes cuestionados tales como Daniel Ortega en Nicaragua, Jimmy Morales en Guatemala y Juan Orlando Hernández en Honduras.
Los impactos de la investigación
En Costa Rica, el pastor Carlos Manuel Chavarría Fonseca de la iglesia Generación 3:16 fue enviado a prisión preventiva en agosto después de que –como ha venido documentando el diario Semanario Universidad– siete mujeres presentaron denuncias penales en su contra por los presuntos delitos de abuso sexual y violación.
El líder religioso quedó en libertad a comienzos de octubre. Sin embargo, el 22 de octubre la Fiscalía ganó la apelación y se anuló la resolución que dejaba en libertad al pastor, que deberá permanecer dos meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.
Semanario Universidad reveló -en el marco de ‘Transnacionales de la Fe’- que Chavarría y su iglesia tuvieron una activa participación en la campaña del cantante evangélico Fabricio Alvarado, quien ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 y luego perdió el balotaje frente a Carlos Alvarado. Esto a pesar de que en Costa Rica está prohibida la invocación de motivos religiosos en la propaganda política.
Asimismo, el pastor y candidato a la alcaldía por el municipio de Santa Cruz en Guanacaste, Diego Contreras, renunció a su candidatura dos semanas después de publicada una entrevista por el medio aliado La Voz de Guanacaste en su capítulo para Transnacionales.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández abordó en una rueda de prensa las revelaciones hechas por nuestro medio aliado Contra Corriente. El mandatario reaccionó, sin citarlo, a dos reportajes en el marco del proyecto que revelaron que la decisión del gobierno hondureño de abrir una oficina de negocios en Jerusalén -para alinearse con la nueva política de Estados Unidos en el Medio Oriente- se había dado en medio de un fuerte lobby de la Confraternidad Evangélica de Honduras y de varias agrupaciones religiosas cercanas a gobierno Trump, una de las cuales abrió un capítulo de estudios bíblicos dentro del Capitolio de ese país.
En sus declaraciones, el presidente Hernández defendió su nueva postura frente a Israel, señalando que seguirá brindando apoyo a Jerusalén porque así lo pide la Biblia y porque, en sus palabras, “Honduras debe explotar todo el agua que escurra en el país”, en referencia a los tratados comerciales con ese país.
En Perú, el reportaje publicado en La República sobre los centros psicológicos cristianos e iglesias evangélicas que promueven terapias de conversión para convencer a personas de cambiar su orientación sexual o identidad de género, generó múltiples reacciones y decisiones.
La Defensoría del Pueblo, la entidad estatal que vela por el respeto de los derechos humanos, condenó fuertemente estos centros que emplean “argumentos prejuiciosos, estigmatizantes y discriminatorios, sobre la base de creencias religiosas o sin sustento científico alguno” y remitió la información al Colegio de Psicólogos del Perú, el Colegio Médico del Perú, el Ministerio Público y las municipalidades mencionadas para que investiguen y sancionen a cualquier entidad encontrada incurriendo en esas prácticas.
Percy Castillo, su funcionario encargado de los derechos de las personas con discapacidad, enfatizó que los métodos empleados en estas terapias de conversión son considerados como tortura por Naciones Unidas.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creó una Mesa de Trabajo LGTB, que es un espacio de diálogo entre el Estado y representantes de organizaciones de sociedad civil, para generar propuestas que fortalezcan la acción del Estado en torno a las terapias de conversión sexual.
Hasta la fecha se han realizado dos reuniones para hacer un diagnóstico, que todavía no se han traducido en medidas concretas. La periodista que lideró la investigación, Melissa Goytizolo, fue invitada a la mesa.
Además, el parlamentario Alberto de Belaúnde -que describió el reportaje como “de terror” y pidió investigar prácticas de tortura en dichos centros- comenzó a trabajar en un proyecto de ley para regular este tipo de terapias. Sin embargo, todas las iniciativas legislativas han quedado en suspenso desde comienzos de octubre, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, en medio de la crisis política suscitada por las maniobras de la oposición fujimorista para designar jueces afines en el Tribunal Constitucional.
En Uruguay, el reportaje de El País sobre los proyectos de ley que avanzan en el legislativo impulsando una visión religiosa de la sociedad que va en desmedro de los derechos de mujeres y minorías sexuales, suscitó reacciones en diversos sectores políticos.
Fue discutido públicamente por políticos como el parlamentario Fernando Amado (quien advirtió que “es clara la intención de reinstalar debate sobre leyes que reconocieron derechos”) o el Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Nelson Villarreal.
El proyecto periodístico
En total, el proyecto colaborativo ‘Transnacionales de la Fe’ –que surgió de una idea de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia- con coordinación y edición de CLIP, vio 22 reportajes publicados en 13 medios: Agencia Pública (Brasil), El País (Uruguay), CIPER (Chile), El Surtidor (Paraguay), La República (Perú), Armando.info (Venezuela), El Tiempo (Colombia), La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica), El Faro (El Salvador), Nómada (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México) y El País (Uurugay). Se sumó a la colaboración El Ampli, una productora de video explicativos humorísticos, con este trabajo, que tuvo mas de 4,600 visitas en su canal de You Tube.
Varios de estos reportajes aparecieron también en medios aliados como Univisión (Estados Unidos), El Diario y El País (España), Infobae (Argentina), Animal Político y Aristegui Noticias (México), Ojo Público (Perú), La Diaria (Uruguay) y Confidencial (Nicaragua), motivando columnas de opinión o análisis del escritor mexicano Juan Villoro, de la periodista peruana Gabriela Wiener.
Adicionalmente, varios colegas han seguido líneas complementarias de investigación.
Periodistas de El Diario español documentaron cómo las iglesias han sumado privilegios que les permiten tener más poder en la Unión Europea que muchas empresas o grupos de lobby, sin estar sujetas a las mismas reglas de inscripción en un Registro de Transparencia. Su investigación identificó 244 reuniones entre lobbies religiosos y la Comisión Europea, solo 49 de los cuales habían sido registradas públicamente.
A su vez, el medio nicaragüense La Lupa y el centro de investigación Connectas develaron como el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo han tejido una estrategia política con sectores evangélicos y cristianos, financiando iglesias y organizaciones cercanas con casi 120 millones de dólares entre 2007 y 2018.
Si quiere leer la serie completa de reportajes, visite nuestra página web: www.elclip.org
