La liquidación de gastos del partido que llevó hasta la presidencia a Rodrigo Chaves muestra el pago de servicios por “manejo de la mano izquierda” durante la campaña política del 2022.
El dato quedó plasmado en un informe de labores presentado por el Partido Progreso Social Democrático ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sobre el trabajo que brindó Remi Osman Mucondo.
Según la documentación pública del Tribunal, para la segunda ronda electoral, Osman Mucondo se encargaba de manejar las redes sociales, actualizar el canal de Youtube, crear contenidos y hacer artes para la campaña.
Sin embargo, para el mes de marzo del 2022, Osman incluyó en su informe laboral la siguiente línea:
- “Idealización y Manejo de la mano izquierda de la Dirección de Campaña, como apoyo de toma de decisiones estratégicas”.
De igual manera, para el mes de abril incluyó entre sus trabajos la labor de:
- “Manejo de la mano izquierda de la Dirección de Campaña”
¿Qué es la mano izquierda en Costa Rica?
El politólogo Gustavo Araya explicó, en términos generales, que el concepto de la mano izquierda en Costa Rica se ha utilizado por varios años en campañas políticas y hace referencia al trabajo de desprestigio “a la sombra” y que se basa en datos para denigrar contrincantes.
“La idea o el significado fundamental es incluso aquel dicho que dice: ‘que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la derecha’, y principalmente ese es el concepto”.
“Se trata de la campaña que en ocasiones algunos partidos políticos desarrollan, digamos que a la sombra. Generalmente, puede estar bajo el conocimiento de los partidos, pero puede no estarlo”.
“La campaña de mano izquierda es la campaña de ataques, generalmente infundados con posverdades, que lo que hacen es precisamente tratar de denigrar o de sembrar dudas o de realizar aseveraciones sobre los partidos adversarios o sobre personas”, comentó el especialista.
Araya agregó que estos ataques también se han llegado a realizar contra periodistas y analistas, fomentando la propagación de mensajes de odio y falacias. Araya explicó que esto no es ningún secreto y que se usa en el país e internacionalemente.
Contrato oficial: ¢400.000 mensuales
El 16 de diciembre de 2021, el Partido Progreso Social Democrático, representado por el actual vicepresidente de la república, Stephan Brunner, firmó un contrato con Remi Osman Mucondo por “servicios especiales en el área de redes y comunicaciones”. El documento forma parte de la liquidación de gastos que presentó la agrupación política ante el TSE.
El primer acuerdo tuvo vigencia del 16 de diciembre de 2021 hasta el 7 de febrero de 2022. En el documento se acordó un pago mensual de ¢400.000 colones, más el 13% del impuesto al valor agregado (IVA), y el pago fue condicionado a la presentación de un informe de labores.
Asimismo, en el contrato se firmó una cláusula de confidencialidad de las partes, ya que Osman iba a “tener acceso a información privilegiada de carácter estratégico” y, por lo tanto, se comprometió a tomar todas las medidas para proteger la información.
Según el contrato, debía asumir “toda la responsabilidad por cualquier daño que resulte para el CONTRATANTE por el uso irregular, abusivo, delictivo o genéricamente lesivo que se haga de esa información tanto por parte de sus empleados, colaboradores o personas que hayan tenido acceso a la misma por descuidos o negligencia”.
Para el día 8 de febrero de 2022, nuevamente Brunner y Osman acordaron una extensión del primer contrato por medio de una adenda que se extendería hasta el 4 de abril de 2022.
Precisamente, es para la segunda ronda electoral en donde se incorporó el informe laboral de Osman Mucondo que se presenta a continuación:
Por medio de la alianza de 21 medios periodísticos lationamericanos, coordinados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de la que hacen parte Interferencia, Lado B y CRHoy.com en Costa Rica, se intentó conocer la posición de Remi Osman Mucondo, pero no respondió las preguntas enviadas a su teléfono celular.
Según los datos analizados, durante la campaña electoral, entre diciembre del 2021 y abril del 2022, Osman Mucondo cobró al Partido Progreso Social Democrático al menos ¢1.580.000 colones (alrededor de US$2800 al cambio de julio 25) por servicios especiales.
Esta alianza consultó a la diputada oficialista Pilar Cisneros sobre la labor de Osman en el partido y el informe que hace relación con la “mano izquierda” y dijo que ella desconocía el tema, y que ella nunca ha estado de acuerdo con todo lo relacionado con “la mano izquierda”.
“Detesto los mensajes de mano izquierda. Me parecen abominables y anti comunicación. Le garantizo que yo no he participado en nada”, manifestó Cisneros.
Por su parte, Osman dijo que no sabía a cuál informe de labores se referían las consultas y pidió ver el documento. A él se le envió una imagen del documento que forma parte del expediente del TSE y preguntas al respecto por escrito, pero no respondió.
Durante la última campaña política, los ataques en redes sociales fueron constantes. En medios se ventiló que es probable que hubieran operado al menos tres grupos distintos diseminando propaganda y desinformación, por lo que resulta imposible vincular específicamente alguno de los ataques a opositores del entonces candidato Chaves con el informe presentado por Osman ante el TSE.
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Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DFRLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.
