El miércoles 28 de mayo de 2025, Google presentó una nueva función llamada «Berita Pilihan» en el Ministerio de Comunicación y Digital, en el centro de Yakarta. Esta función adicional, conocida popularmente como Google News Showcase, muestra noticias seleccionadas en el sitio web de Google.

Google se ha asociado con 34 empresas de medios de comunicación como colaboradores para proporcionar contenido para su News Showcase. Tempo es uno de ellos. La empresa tecnológica estadounidense proporcionará una compensación a los medios de comunicación cuyo contenido aparezca en la plataforma «Berita Pilihan».

El presidente del Comité sobre la Responsabilidad de las Empresas de Plataformas en el Apoyo al Periodismo de Calidad, Suprapto Sastro Atmojo, que asistió a la ceremonia en el Ministerio de Comunicación, acogió con satisfacción la iniciativa de Google de apoyar los contenidos de calidad. Cuando se le contactó el jueves 31 de julio de 2025, Suprapto dijo que “sin embargo, las plataformas digitales tienen otras responsabilidades, como la organización de talleres de formación”.

El Comité sobre la Responsabilidad de las Empresas de Plataformas en el Apoyo al Periodismo de Calidad también se conoce como Comité de Derechos de Editores de los Medios* (se refiere a quiénes son responsables de publicar contenidos en los medios que en inglés se conoce como publishers). Esta organización se creó después de que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, promulgara el Reglamento Presidencial n.º 32 de 2024 sobre los derechos de los medios periodísticos.

La tarea del Comité de Derechos de Editores de los Medios es garantizar que las empresas digitales cumplan con sus obligaciones de apoyar el periodismo de calidad. El lanzamiento de Google News Showcase es una forma de aplicar el reglamento presidencial sobre los derechos de los medios.

Al igual que Suprapto, el viceministro de Comunicación y Digitalización, Nezar Patria, valoró el compromiso de las empresas digitales de apoyar el ecosistema mediático en Indonesia. “Esto está en consonancia con el reglamento presidencial sobre los derechos de los editores, cuyo objetivo es fortalecer la prensa”, afirmó Nezar.

La normativa presidencial sobre los derechos de los editores se había propuesto en realidad desde 2020, es decir, cuatro años antes de que Jokowi la firmara. La idea de la normativa surgió después de que los redactores jefe de varios medios de comunicación de Indonesia se quejaran ante Jokowi de la disparidad entre las empresas de prensa y las plataformas digitales.

Se refirieron a la experiencia de Australia en la creación del Código de Negociación de los Medios de Comunicación (NMBC). En ese país, la normativa sobre los derechos de editores de medios se elaboró después de que la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) detectara un desequilibrio en los ingresos entre las empresas de medios de comunicación y las plataformas tecnológicas.

La iniciativa fue bien recibida. Jokowi apoyó la propuesta de los ejecutivos de los medios de comunicación de crear una normativa que regulase la relación entre las empresas tecnológicas y los medios de comunicación. “No dejemos que las plataformas digitales se lo lleven todo, sin pagar impuestos y sin normas”, dijo Jokowi durante un discurso conmemorativo del Día Nacional de la Prensa 2020 en South Kalimantan.

El tira y afloja que se produjo durante la redacción de la normativa sobre los derechos de los dueños de medios se vio ensombrecido por las presiones de las empresas tecnológicas. Las estrategias de presión son utilizadas a menudo por las empresas tecnológicas para intervenir en la elaboración de políticas y normativas en diversos países.

Una colaboración global liderada por la Agência Pública de Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) buscó investigar las tácticas de presión de las empresas tecnológicas en 13 países, reuniendo a 17 organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo. Tempo es el único medio de comunicación indonesio que participa en este proyecto de colaboración global.

Tres fuentes que participaron en la redacción del reglamento presidencial sobre los derechos de los editores de medios afirmaron que los responsables de las empresas tecnológicas presionaron activamente al equipo que redactaba la norma y al Gobierno para que se suavizaran las obligaciones de las empresas tecnológicas. Dos temas que les preocupaban eran la cláusula de reparto de ingresos y la transparencia de los algoritmos.

El exdirector general de Información Pública y Comunicación del Ministerio de Comunicación e Informática, Usman Kansong, afirmó que las empresas tecnológicas se opusieron a proporcionar compensaciones y a revelar sus algoritmos a la prensa. “Eso ya entra en el ámbito de las operaciones tras bambalinas de las empresas tecnológicas”, dijo Usman.

Para las empresas de medios de comunicación, los algoritmos de los motores de búsqueda son muy importantes. Determinan la distribución de contenidos al público y los ingresos procedentes de la publicidad digital. Cuanto más a menudo aparece el contenido en los motores de búsqueda y es leído por el público, mayores son los ingresos de los medios de comunicación.

Las disposiciones sobre el reparto de ingresos y los algoritmos llevaron a las empresas a cabildear directamente ante el gobierno indonesio. Usman afirmó que los representantes de Google se reunieron con él en una ocasión y alegaron que ya estaban cooperando con las empresas de medios de comunicación. Un ejemplo de ello eran los programas de verificación de datos.

Los ejecutivos pidieron al gobierno que no promulgara normativas que obligaran a las grandes empresas tecnológicas a compartir los ingresos con los medios de comunicación. Al fin y al cabo, las grandes empresas tecnológicas ya colaboraban con los medios de comunicación indonesios incluso sin normativas especiales.

Una fuente del Ministerio de Comunicación explicó que las grandes empresas tecnológicas consideraban la cooperación con las organizaciones de medios de comunicación como una relación entre empresas. Por lo tanto, el gobierno no necesitaba crear un marco legal especial.

El Ministerio de Comunicación no estuvo de acuerdo con la propuesta de Google. Usman dijo a los representantes de Google que no había garantía de que las empresas tecnológicas siguieran ayudando a los medios de comunicación sin una normativa sobre los derechos de los de los propietarios de medios. “La ayuda de las grandes empresas tecnológicas era voluntaria”, afirmó el antiguo redactor jefe del Media Group.

Damar Juniarto, miembro del Comité de Derechos de Editores de Medios, contó que las empresas tecnológicas se opusieron inicialmente a los artículos que regulaban la transparencia de los algoritmos, el reparto de ingresos con los dueños de medios y la obligación de cooperar con las empresas de medios de comunicación. “Las empresas tecnológicas no dejaban de protestar”, dijo.

Las objeciones de varias empresas tecnológicas con respecto a la regulación de los derechos de editores quedaron patentes durante las reuniones organizadas por el Comité de Derechos de Editores de Medios y el Ministerio de Comunicación. Damar afirmó que las grandes corporaciones tecnológicas solían ignorar las invitaciones a las reuniones del comité. Solo aceptaban asistir cuando las invitaba el Ministerio de Comunicación.

En varias reuniones, los representantes de los gigantes tecnológicos argumentaron que los derechos de editores no deberían aplicarse a determinadas empresas tecnológicas importantes. Para eludir las obligaciones con los editores, las empresas tecnológicas argumentaron que su escala de negocio en Indonesia era muy pequeña y que su actividad se centraba en contenidos de entretenimiento más que en noticias. “No se tomaron en serio esta normativa presidencial”, afirmó el director del Grupo de Trabajo Digital contra la Desinformación en Indonesia (Kondisi).

Las presiones de las empresas tecnológicas llegaron finalmente al Palacio de Estado. El exdirector general de Información Pública y Comunicación del Ministerio de Comunicación e Informática, Usman Kansong, supo que Google envió en una ocasión una carta a la Secretaría de Estado para expresar su postura sobre el contenido de la normativa sobre los derechos de los editores. “Pero aún así no se tuvo en cuenta”, afirmó.

No ocurrió lo mismo con Meta, la empresa matriz de las plataformas de redes sociales Facebook, WhatsApp e Instagram. Según Usman, la delegación de Meta se reunió en una ocasión con el viceministro de Comunicación, Nezar Patria. Meta le transmitió su postura sobre la norma sobre los derechos de editores. Nezar informó entonces de su reunión con Meta a Usman, responsable de redactar la normativa.

Según Usman, Meta solicitó quedar excluida como empresa tecnológica regulada por el reglamento sobre los derechos de los editores. Meta argumentó que la empresa con sede en California no era un agregador de contenidos.

Un funcionario del Ministerio de Comunicación afirmó que los representantes de Meta en Indonesia intentaron alinear su postura con la política de su empresa matriz. Según esta fuente, durante la redacción del reglamento presidencial sobre los derechos de los editores, Meta ya había eliminado las noticias de su índice de bases de datos.

En respuesta a la aspiración de Meta, el equipo interno de Nezar redactó un nuevo artículo para eximir a las empresas tecnológicas que no recopilan noticias en Internet. Usman rechazó el borrador. “Me atrevo a apostar que otras empresas tecnológicas como Google protestarían”, dijo Usman, relatando su explicación a Nezar.

Usman reiteró su objeción a la propuesta de Meta durante una reunión con los representantes de la empresa. “Defendemos el principio de igualdad ante la ley”, dijo Usman a los responsables de Meta que vinieron de Estados Unidos. “Por lo tanto, no puedo aceptar su propuesta”.

Nezar no respondió a la solicitud de entrevista enviada a su número de móvil hasta el jueves 4 de septiembre de 2025. Mientras tanto, un alto ejecutivo de Meta respondió a la solicitud de confirmación de Tempo, pero se negó a permitir que su explicación se citara por escrito.

Aun así, una fuente familiarizada con la redacción de la normativa sobre los derechos de editores afirmó que las empresas tecnológicas participaron activamente en diversos foros de consulta para la elaboración de la normativa, ya que la decisión podría afectar a sus negocios en Indonesia. Sin embargo, las empresas tecnológicas creían que existía un malentendido sobre su modelo de negocio.

Según la misma fuente, se consideraba que las empresas se beneficiaban del contenido de las noticias. De hecho, eran los editores quienes compartían voluntariamente su contenido informativo en las plataformas desarrolladas por las empresas tecnológicas.

Las empresas tecnológicas no solo negociaron con el gobierno, sino también con la comunidad de medios de comunicación en línea. El presidente de la Asociación Indonesia de Medios Cibernéticos, Wahyu Dhyatmika, afirmó que Google mencionó en una ocasión su capacidad para llevar a cabo la desindexación o eliminar contenidos noticiosos de los motores de búsqueda.

Según Wahyu, si un gigante tecnológico como Google ejecutara una decisión de desindexación, las empresas de medios de comunicación se verían directamente afectadas. Esto se debe a que la mayor parte de los ingresos de los medios de comunicación en Indonesia siguen dependiendo del tráfico de usuarios generado por motores de búsqueda como Google. “Con un solo clic, ningún usuario podría leer las noticias en sus plataformas”, afirmó Wahyu en Yakarta el miércoles 2 de julio de 2025.

El debate sobre la regulación de los derechos de editores no se centró únicamente en su contenido. Las partes también debatieron su forma jurídica: si debía ser una ley o un reglamento presidencial. El director general de Información Pública y Comunicación entre 2021 y 2024, Usman Kansong, afirmó que el equipo encargado de redactar el borrador inicialmente quería que la regulación tuviera rango de ley. “Incluso se preparó un manuscrito académico”, afirmó. “Le pedimos a la Universidad de Padjadjaran que lo redactara”.

Según Usman, el exministro de Comunicación e Informática, Johnny Gerard Plate, había propuesto en su momento incluir disposiciones sobre los derechos de los editores y las empresas tecnológicas en la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (Ley ITE). Johnny quería acelerar el proceso porque el gobierno y la Cámara de Representantes ya estaban debatiendo la revisión de la Ley ITE.

La opción de combinar las normas sobre los derechos de editores con la Ley ITE fracasó posteriormente. El equipo redactor la rechazó porque no quería que se incluyeran disposiciones sobre la prensa en la Ley ITE, que contiene artículos vagos que a menudo se utilizan para criminalizar a los ciudadanos críticos. “Eso sería peligroso”, afirmó Usman.

El equipo que preparaba el borrador también consideró la posibilidad de crear una nueva ley. Sin embargo, se calculó que los debates en el Parlamento durarían al menos seis años. También surgió la idea de redactar un reglamento gubernamental, pero el equipo tuvo dificultades para encontrar la base jurídica adecuada. “Se consideró que un reglamento presidencial era lo más adecuado, ya que podía promulgarse rápidamente y sostenerse por sí sola”, afirmó Usman.

Un representante de Google Indonesia afirmó que la empresa había estado ayudando a los editores de noticias de Indonesia a desarrollar sus negocios. Google había puesto en marcha varios programas, como la Iniciativa de Google News (GNI), que proporcionaba apoyo a las organizaciones de medios de comunicación para mejorar las habilidades de los periodistas y la calidad de sus productos. “Nuestra colaboración apoya la mejora de la calidad del periodismo y ayuda a los editores a crear modelos de negocio más sólidos y sostenibles”, dijo Google Indonesia en una declaración escrita a Tempo el viernes 29 de agosto de 2025.

Al final, el Gobierno, el equipo redactor y las empresas de plataformas optaron por un término medio. La presidenta del Consejo de Prensa 2022-2025, Ninik Rahayu, que participó en la redacción del documento junto con las empresas tecnológicas, afirmó que los gigantes tecnológicos se negaron rotundamente cuando se les pidió que garantizaran y determinaran qué constituía un periodismo de calidad.

Según Ninik, las partes negociaron y finalmente acordaron sustituir la redacción sobre la transparencia de los algoritmos, que había sido cuestionada por las empresas tecnológicas. Como resultado, ahora solo se exige a las empresas tecnológicas que realicen su mejor esfuerzo al diseñar los algoritmos. “Lo más importante es diseñar algoritmos que apoyen una información que refleje la diversidad y no provoque polarización”, afirmó Ninik.

Las estrechas relaciones entre las empresas de plataformas y el gobierno suelen estar determinadas por la trayectoria profesional de algunos ejecutivos tecnológicos. Las grandes empresas tecnológicas suelen tener una división especial conocida como oficina de relaciones gubernamentales o departamento de asuntos gubernamentales.

Un funcionario del departamento de asuntos gubernamentales de una empresa tecnológica con sede en Estados Unidos explicó que la tendencia a formar equipos internos para fomentar las relaciones con el gobierno comenzó alrededor de 2010. Estos equipos suelen estar formados por expertos encargados de gestionar y preparar estudios sobre la normativa en países como Indonesia.

Otra de sus tareas es reunirse con altos funcionarios del gobierno para garantizar que los intereses de la empresa se alineen con la política estatal. Según la misma fuente, su estrategia para acercarse al gobierno consiste en proporcionar formación y asistencia técnica relacionada con la tecnología de la información.

Tempo investigó los antecedentes de varios ejecutivos tecnológicos que trabajan en departamentos de asuntos gubernamentales. En las páginas de historial laboral de LinkedIn, algunos de estos ejecutivos habían trabajado en ministerios o instituciones estatales. Otros eran expertos jurídicos o funcionarios jubilados que comprendían cómo se elaboran las normativas en Indonesia.

Las empresas tecnológicas también utilizan tácticas de relacionamiento apoyando los programas digitales del Gobierno. A lo largo de 2025, el Ministerio de Comunicación y Digitalización se asoció con varias empresas tecnológicas globales en diversos programas estratégicos. Un ejemplo es la Beca de Talento Digital 2025 (DTS), que contó con la participación de grandes nombres como Microsoft, Cisco, Google, Indosat, Alibaba y Amazon Web Services (AWS).

El viceministro de Comunicación, Angga Raka Prabowo, explicó que el programa DTS 2025 se diseñó para fomentar las habilidades digitales entre los indonesios. El gobierno tiene como meta que 100 000 graduados reciban formación en inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube y programación. “Es importante colaborar con el gobierno central, los gobiernos locales y las empresas de tecnología digital”, afirmó el político del Partido Gerindra.

Las relaciones entre las empresas de plataformas y el gobierno a veces se establecen a través de foros empresariales regionales. Esto no es sorprendente, dado el inmenso valor de mercado de estos gigantes tecnológicos. Alphabet, la empresa matriz de Google, está valorada en casi 3 billones de dólares estadounidenses, es decir, casi 50 billones de rupias, según Companies Market Cap. La valoración de Meta alcanza casi los 2 billones de dólares estadounidenses. Con estas cifras, la comunidad empresarial y el Gobierno de Estados Unidos, país de origen de estos gigantes tecnológicos, no quieren turbulencias en sus oficinas de representación en el extranjero.

En 2022, el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN envió una carta de 20 páginas al Ministerio de Comunicación, entonces dirigido por el político del partido NasDem Johnny Gerard Plate. Firmada por el vicepresidente senior y director general regional Michael W. Michalak, la carta cuestionaba varias regulaciones de contenido previstas para las plataformas digitales.

La carta de Michalak era una respuesta al borrador elaborado por el ministro de un proyecto de reglamento gubernamental sobre ingresos estatales no tributarios. En ese momento, el gobierno pretendía multar a las empresas tecnológicas si no eliminaban los contenidos que se consideraban contrarios a la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (Ley ITE).

Una copia de la carta revisada por Tempo contenía varias objeciones del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN. Una de ellas se refería a las multas determinadas en función del tipo de empresa, el número de usuarios y el tipo de contenido problemático. Las multas se multiplicarían si las empresas tardaban en eliminar dicho contenido.

En medio de la polémica sobre las multas a las empresas de redes sociales, el embajador de Estados Unidos, Sung Y. Kim, se reunió incluso con el ministro Johnny. Se recordó al gobierno indonesio que no debía promulgar normativas hostiles para los inversores.

Johnny admitió posteriormente haberse reunido con el embajador Kim, pero negó que Indonesia se estuviera volviendo hostil hacia las inversiones de las empresas tecnológicas. “Debatimos abiertamente las recomendaciones de las empresas de plataformas digitales”, afirmó Johnny, posteriormente condenado a 15 años de prisión por el caso de corrupción de la torre de telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones.

La práctica de las empresas tecnológicas de ejercer presión para influir en la política gubernamental no es exclusiva de Indonesia. En otros países que han introducido regulaciones especiales para las plataformas digitales se producen presiones similares.

En Australia, Google y Meta emplearon tácticas de presión durante la redacción del Código de Negociación de Medios de Comunicación (NMBC). En 2021, Meta bloqueó todo el contenido de noticias en Facebook e Instagram durante seis días para protestar contra las regulaciones que exigían el pago de derechos a los editores. Las plataformas restablecieron las funciones de noticias solo después de que el gobierno flexibilizara las normas.

Tácticas similares se dieron en Canadá. En mayo de 2022, un mes antes de que el Gobierno presentara la Ley de Noticias Online al parlamento, Google organizó un evento exclusivo de Newsgeist en Montreal. El evento reunió a ejecutivos de Google con periodistas, académicos y figuras de los medios de comunicación en debates informales. Apenas unos días antes del evento, el único funcionario del gobierno presente en un debate en la Universidad McGill fue presionado por los participantes, que criticaron abiertamente el proyecto de ley.

Durante los debates sobre la Ley de Noticias Online, Google probó a limitar el acceso a las noticias para algunos usuarios. Meta fue más allá y bloqueó todo el contenido de noticias en Facebook e Instagram para los usuarios de Canadá. Como resultado, el tráfico a los sitios de noticias locales se redujo, según se informa, hasta en un 43 %.

Al igual que en Australia y Canadá, las empresas tecnológicas también presionaron al congreso brasileño durante las deliberaciones sobre el proyecto de ley contra las noticias falsas. La norma exigía a las empresas de plataformas compensar a las organizaciones de medios de comunicación.

Las visitas de los equipos de políticas públicas de Google y Meta al Parlamento brasileño se hicieron más frecuentes entre marzo y junio de 2023, cuando los legisladores debatían la normativa, en comparación con los 18 meses anteriores. Además, Google gastó más de 420 000 dólares estadounidenses en una campaña publicitaria en medios impresos, radio, vallas publicitarias y plataformas digitales. El debate sobre la normativa brasileña sobre los derechos de los editores se pospuso finalmente.

Un estudio parlamentario canadiense publicado en noviembre de 2024 ofreció una visión completa de los patrones de presión utilizados por las empresas tecnológicas globales. Georg Riekeles, director del European Policy Centre, comparó el enfoque de las grandes tecnológicas con el de la industria tabacalera a la hora de influir en las políticas. “Se trata de moldear el discurso”, afirmó Riekeles. “Utilizan el respaldo político, la financiación, las estrategias filantrópicas, los litigios, la intimidación y la presión internacional”.

En el mismo informe, Erik Peinert, del American Economic Liberties Project, afirmó que las empresas de plataformas consideran la regulación como una amenaza directa a su modelo de negocio. “Su respuesta es la hostilidad”, subrayó.

Recientemente, las empresas de plataformas digitales han perfeccionado sus tácticas para debilitar las regulaciones sobre los derechos de los editores en todo el mundo. La NMBC de Australia se vio sacudida después de que Google anunciara que se retiraría de la renegociación de la remuneración de la Alianza de Editores de Interés Público (PIPA).

La PIPA es una coalición de 24 medios de comunicación independientes que negociaron acuerdos de pago en el marco de la NMBC en mayo de 2022. Anteriormente, Meta ya se había retirado del acuerdo de la NMBC. La retirada de Meta parece haber influido también en la postura de Google.

Muchos países siguen luchando por regular las grandes tecnológicas. En Europa, varios editores de prensa criticaron la prueba de Google de eliminar los contenidos de prensa de su motor de búsqueda. Una declaración conjunta firmada en enero de 2025 por la Asociación Europea de Medios de Comunicación (EMMA), la Asociación Europea de Editores de Periódicos (ENPA), la Federación Europea de Periodistas (EFJ), News Media Europe (NME) y Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó la prueba como una intimidación.

“La prueba de Google hace que los contenidos periodísticos sean invisibles en los motores de búsqueda”, escribió Antoine Bernard, director de Defensa y Asistencia de Reporteros sin Fronteras. “Hay que poner fin a esto”.

El Comité de Derechos de Editores de Medios de Indonesia se enfrenta a retos similares a los de las organizaciones mediáticas internacionales. El presidente del comité, Suprapto Sastro Atmojo, dijo que su institución también debe lidiar con empresas tecnológicas que parecen arrastrar los pies a la hora de cumplir sus obligaciones con las empresas mediáticas. “Los medios de comunicación han estado esperando compromisos por parte de las empresas tecnológicas, aunque el valor sea pequeño”, afirmó Suprapto. ?

*Nota de la traducción: tradujimos Publishers como “Editores de Medios” pero aclaramos que la palabra “editores” en español usualmente se refiere a los periodistas que dirigen la redacción o las secciones de un medio. No así en este contexto. Aquí estamos hablando de quienes son responsables de la publicación o el medio, pueden ser propietarios o asociados de un medio sin ánimo de lucro.