Cuando Jair Bolsonaro entró en la oficina de Facebook en Brasilia, en el imponente Corporate Financial Center, al final de la tarde del 2 de abril de 2025, la tensión era grande. Para la dirigencia de Meta en Brasil, era crucial que el encuentro no saliera en los periódicos. Al fin y al cabo, Bolsonaro era reo por intentar un golpe de Estado con ayuda de los militares, y una reunión amistosa enviaría el mensaje equivocado apenas unos meses después de que Mark Zuckerberg declarara que se alineaba con el gobierno de Donald Trump.

El departamento legal de la empresa estaba a punto de enviar un  dossier al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados  Unidos, con las solicitudes confidenciales de eliminación de contenido  del Supremo Tribunal Federal (STF). El objetivo era fundamentar  decisiones y sanciones contra el ministro Alexandre de Moraes, gran foco  de los bolsonaristas. Si la reunión con el expresidente se filtraba,  sería difícil disociar las dos cosas – parecería que Bolsonaro fue a  Meta para pedir o influir en los documentos, lo cual no era el caso.

Pero el clima se rompió rápidamente por la impulsividad de una empleada de mantenimiento que se abrió paso entre el murmullo para abrazar al expresidente. Pasó entre dos policías federales, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, el senador y secretario general del PL, Rogério Marinho, y la secretaria nacional de comunicación del partido, Michelle Rodrigues, que conformaban el “séquito” de Bolsonaro. La empleada también burló la seguridad de Meta, que ese día había reforzado sus protocolos para recibir a jefes y exjefes de Estado.

Bolsonaro aprovechó el ambiente distendido para obsequiar a Murillo Laranjeira, director sénior de políticas públicas de Meta en Brasil, con una medalla plateada con su rostro estampado en el centro, la misma medalla de “imorrível, imbrochável e incomível” (inmatable, inaguantable e incomible) que ya había regalado a aliados como el presidente argentino Javier Milei y el exministro Gilberto Kassab. Después, el grupo recorrió la pequeña oficina y se encerró en la sala de reuniones. Junto a Murillo estaban otros ejecutivos de relaciones gubernamentales: Kaliana Kalache, Marconi Machado, Mário César Vilhena, Lilian Estevanato, Yana Dumaresq y André Atadeu.

El tono informal continuó. Bolsonaro parecía visiblemente agradecido de ser recibido en un momento en que algunos aliados se alejaban de él, ya fuera por la pérdida de sus derechos políticos o por la prisión inminente. El STF lo había convertido en reo la semana anterior y, cuatro meses después, sería enviado a prisión domiciliaria.

La conversación estuvo liderada por Murillo, quien presentó al equipo y agradeció la participación de la empresa en el 1º Seminario de Comunicación del PL, ideado por Michelle, presente allí. En el evento, una de las representantes de Meta citó como un “caso” de éxito el video de Nikolas Ferreira sobre la supuesta “imposición” de impuestos al PIX. Murillo también reconoció que, en términos de comunicación, el partido era el más estructurado.

Jair, por su parte, afirmó que sufría persecución política, declaró que odiaba a los ambientalistas y se quejó de ser llamado homofóbico. Abrazó a uno de los integrantes del equipo de Facebook y bromeó: “¿y si lo encuentro guapo?”. Además de los gestos de “tío del chiste malo”, la respiración entrecortada de Bolsonaro enterneció a la cúpula de Facebook, así como las lágrimas que le brotaron al hablar de su posible prisión. “Si me encierran, no aguanto dos días”, dijo.

Tras el momento emotivo, los ejecutivos de Meta pasaron al ataque. Hablaron de los proyectos de ley que les incomodaban, explicando por qué, en la visión de la empresa, la regulación perjudicaría sus intereses y también el funcionamiento de internet en Brasil. Entre ellos, el PL 2630, conocido como PL de las Fake News, que propone un régimen de responsabilidad y transparencia para las redes sociales, así como otros sobre protección de niños en internet e inteligencia artificial.

Para cerrar la reunión, Murillo Laranjeira agradeció la apertura del expresidente y de la cúpula del PL, reafirmando que, a diferencia de otros partidos, “ustedes siempre están dispuestos a recibirnos y escucharnos”.

Aunque la visita debía mantenerse lejos de los reflectores —todos tuvieron que firmar un non-disclosure agreement garantizando la confidencialidad—, había sido aprobada por las instancias superiores de Meta. Se trataba, por tanto, de una decisión institucional. Y coronaba una alianza que habría sido impensable apenas dos años antes. Hasta comienzos de 2023, las empresas de tecnología eran vistas con recelo por la mayoría de los parlamentarios bolsonaristas.

“Nuestras primeras reuniones con las Big Tech eran para reclamar por nuestras páginas que caían”, dice el diputado Sóstenes Cavalcante, líder del PL, partido de Bolsonaro, en la Cámara de Diputados, en entrevista con la Agencia Pública.

“La relación mejoró después de que ellos vieron el 2630. Ahí quedó el ADN de quién quiere censurarlos, quién quiere perjudicarlos incluso comercialmente, y quién no”, explica. “Antes de eso, los veíamos como enemigos. Nosotros siempre tuvimos problemas con las Big Tech, porque siempre creímos que beneficiaban a la izquierda”.

El PL 2630 fue propuesto por el senador Alessandro Vieira (MDB-SE) en mayo de 2020 y aprobado por el Senado poco más de un mes después. La versión avalada por los senadores obligaba a las plataformas a divulgar informes de publicidad y otorgaba a los usuarios el derecho de apelar contra la eliminación de cuentas. En la Cámara, el proyecto fue modificado por un grupo de trabajo entre julio y diciembre de 2021, pero su versión más avanzada terminó siendo retirada de la agenda el fatídico 2 de mayo de 2023. Para las Big Tech, proponía intervenciones inaceptables, como la responsabilización por contenido de terceros, la nacionalización de contratos de publicidad, la responsabilidad solidaria de los proveedores de anuncios por propaganda engañosa, la elaboración de informes de transparencia y el pago por el uso de contenido periodístico.

Sóstenes explica que después de los enfrentamientos en torno al proyecto de ley en el Congreso, las tecnológicas “empezaron a entender que quienes quieren perseguir a las Big Tech son la izquierda y no la derecha, y comenzaron a tener otro tipo de interacción con nosotros”.

Hoy en día, “cada vez que aparece un proyecto de ley que va a herir sus intereses, nos buscan aquí”.

Desde entonces ha habido muchas reuniones en su despacho con los lobistas de las tecnológicas. “Los recibí todas las veces que pidieron. Los recibo con frecuencia. Creo que debo tener, como mínimo, unas diez reuniones con ellos”.

En los registros de entrada a la Cámara de Diputados, reunidos por la Agencia Pública vía Ley de Acceso a la Información, constan al menos 18 visitas de representantes de Meta, Google y el Consejo Digital —entidad de lobby que representa a las empresas de tecnología— a la dirigencia del PL entre marzo de 2022 y mayo de 2025. La mitad ocurrió en 2023, año en que el PL 2630 fue puesto en la agenda para votación. En esa época, el partido era liderado por el diputado Altineu Côrtes (PL-RJ).

Dos años antes de aliarse con el gobierno de extrema derecha de Donald Trump, los ejecutivos de las principales empresas de tecnología —en especial Google y Meta— ya aplicaban en Brasil la fórmula que luego implementarían en Estados Unidos: para evitar la regulación, se abrazaron a políticos de extrema derecha con discursos radicales, que antes eran castigados y suspendidos de sus plataformas por violar las políticas de seguridad.

“El proceso de decantación política de la última década, que pasó por Brasil con el PL 2630, ayudó a producir aquella foto icónica de la toma de posesión de Trump”, dice Orlando Silva, relator del proyecto de ley. “Hubo una decantación de la posición política del campo conservador y hubo un acercamiento de ese campo por parte de las Big Tech, produciendo un alineamiento”.

En este proceso de aproximación, los lobistas de las Big Tech echaron mano de un verdadero menú de estrategias de lobby que serían perfeccionadas y adoptadas en otras batallas antirregulatorias en Brasil y en otros países. Hicieron cientos de visitas a diputados y senadores, promovieron y financiaron eventos, happy hours y desayunos de trabajo, contrataron pesos pesados como el expresidente Michel Temer y decenas de profesionales con trayectoria en el poder público —estratagema conocida como “puerta giratoria”— y apoyaron incluso acciones que pueden clasificarse como astroturfing: la creación de movimientos que aparentan ser independientes, pero tienen lazos con las empresas.

En total, fueron categorizadas 683 acciones de lobby en el ano de 2023, cuando la votación del proyecto estuvo más próxima. Así lo revela una investigación realizada por la Agencia Pública como parte del especial La Mano Invisible de las Big Tech, una alianza transnacional liderada por la Pública y el CLIP —Centro Latinoamericano de Investigación Periodística—, que reúne a 17 medios en 13 países. [Lea la serie completa aquí.]

Meta no respondió a las preguntas del reportaje sobre la visita de  Bolsonaro y la actuación de los lobistas para bloquear el PL 2630. “Al  igual que diversas empresas de diferentes industrias, interactuamos con  representantes del gobierno, presidentes de partidos y políticos de todo  el espectro, además de asociaciones de clase y organizaciones, para  compartir información sobre nuestros productos y contribuir a  discusiones que pueden impactar a Meta o la experiencia de las personas  que usan nuestras plataformas. Continuaremos colaborando con estos  grupos y promoviendo el debate público siempre con el objetivo de  establecer el mejor marco legal posible para internet”, dijo, en una  nota.

El cerco del gobierno

A inicios de 2023, la función de enfrentar la desinformación rebotaba entre distintas autoridades públicas: al menos cuatro estructuras del gobierno federal reclamaban la responsabilidad, y el ministro del STF y entonces presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, constituyó un grupo de trabajo para elaborar sugerencias de autorregulación de las plataformas digitales. Participaron Google, YouTube, Twitter, Facebook, Kwai, TikTok, Twitch y Telegram.

La elección presidencial de 2022 había sido más reñida que nunca, decidida por menos de dos puntos porcentuales, y seguía siendo impugnada sin pruebas por los bolsonaristas. El Congreso también había cambiado drásticamente, con un 44% de renovación, y la bancada que más creció fue la del PL, partido de Jair Bolsonaro, con un enorme peso digital. El diputado más votado en ese pleito fue Nikolas Ferreira (PL-MG), quien en noviembre de 2022 tuvo sus cuentas bloqueadas por el STF tras difundir mentiras. El clima era candente.

Poco después de la toma de posesión de Lula, la situación se volvió urgente. El 8 de enero, un grupo de unas 4 mil personas invadió y destrozó los edificios de los Tres Poderes exigiendo la reversión del resultado electoral, basándose en informaciones falsas propagadas por internet, según la investigación de la Policía Federal (PF) sobre el intento de golpe de Estado que convirtió al expresidente Jair Bolsonaro en reo.

El gobierno recién asumido comenzó entonces a trabajar por la regulación de las redes sociales, y llegó a reunirse con Moraes para abordar el tema. “Las personas no pueden hacer en la red digital lo que está prohibido en la sociedad”, dijo Lula en una de esas reuniones.

El gobierno responsabilizó a las plataformas de redes sociales por no haber eliminado los mensajes desinformativos. Siguieron reuniones con representantes de relaciones gubernamentales de las plataformas, incluso con Elon Musk, quien apareció de sorpresa en una reunión en línea y eludió el  compromiso de mejorar la moderación en la plataforma, aunque reconoció  la gravedad del 8 de enero.
“Tenemos que trabajar con nuevas cuestiones, una de ellas es internet. Estamos proponiendo un debate serio en el que obviamente no hay ningún recorte de la libertad de expresión, pero hay comprensión de que la libertad de expresión absoluta no existe”, argumentó el ministro de Justicia, Flávio Dino, en febrero de ese año.

A lo largo de diversas reuniones con el gobierno, otros  representantes de las Grandes Tecnológicas (Big Techs) demostraron  preocupación y prometieron actuar, aunque de manera “genérica”, según  uno de los presentes. Pero la investigación de Agência Pública demuestra  que, en lugar de cumplir la promesa de mejorar la moderación de  contenidos extremistas, las Grandes Tecnológicas se empeñaron en frenar  el avance del proceso legislativo.

En marzo de 2023, por ejemplo, Google participó en una reunión de una hora con la Casa Civil de la Presidencia de la República para “presentar puntos específicos que afectan a la empresa en relación con el PL 2630”. Estuvieron presentes tres secretarios de la cartera y tres representantes de la empresa: las gerentes de políticas públicas Juliana Moura Bueno y Flávia Anneberg, y la abogada sénior Taís Tessler. Entre agosto y septiembre de ese año, Meta, Google y la ALAI —asociación que representa a las empresas— sostendrían otras cuatro reuniones sobre el proyecto con la Contraloría General de la Unión, según un levantamiento con datos de la Agenda Transparente de Fiquem Sabendo.

Ya en el Congreso, hubo más registros de visitas de representantes de las tecnológicas entre marzo y junio de ese año que en los 18 meses anteriores.

“La inteligencia detrás de la ofensiva política contra el proyecto 2630, toda la inteligencia es de las Big Tech. De eso no cabe la menor duda”, dice Orlando Silva, relator del PL 2630.

El Instituto Ciudadanía Digital y Meta

A inicios de 2023, en el tercer piso del Anexo 4 de la Cámara de Diputados, el recién investido parlamentario Maurício Marcon (Pode-RS) estaba en su despacho cuando una representante de una empresa de tecnología entró en la sala y pasó junto a las mesas de los asesores hasta llegar a una puerta que daba acceso a la oficina del diputado.

La representante dijo que era “imposible” aplicar lo previsto en el PL de las Fake News, y afirmó que “no existe una inteligencia artificial que determine qué se puede y qué no se puede en los términos que quieren aquí”. Por lo tanto —continuó—, “todo eso tendrá que ser manual”. El resultado, ejemplificó, sería que si alguien se casa hoy, “vamos a liberar tu story dentro de seis meses”. Y explicó: sería como si un pasajero entrara en Uber, escupiera a alguien en la calle “y Uber fuera responsabilizado”.

Dos años después, así es como el diputado recuerda los acercamientos de los representantes de las empresas de tecnología durante el momento más intenso de tramitación del PL 2630. Al ser cuestionado sobre quién lo visitó, mencionó a “una chica” que actuaba como “representante de todas”. Según su asesoría, se trataba de Rebeca Mota, entonces coordinadora de comisiones del Instituto Ciudadanía Digital (ICD). El Instituto, financiado por asociaciones de tecnológicas, ejercía la secretaría de la Frente Digital en el Congreso.

Entre 25 representantes de empresas y asociaciones de tecnología identificados por la Pública, Mota es quien más veces visitó el Congreso Nacional: realizó 255 visitas desde septiembre de 2021, número que podría ser aún mayor si se consideran las entradas al Senado Federal, que se negó a compartir los registros con el reportaje. Su actuación demuestra cómo funcionan las asociaciones intermediarias, cuyos lobistas circulan libremente por el Congreso para difundir argumentos, documentos e incluso propuestas de texto legislativo previamente aprobados por las Big Tech que las financian.

Entre febrero y junio hay 203 registros de ingresos de lobistas de empresas como Meta, Google, Microsoft, TikTok, Amazon, además de representantes del Consejo Digital y de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (Abes), de asociaciones internacionales como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y el Information Technology Industry Council (ITI), y de despachos de abogados y consultorías que trabajan con tecnología, como Bialer Falsetti Associados. Pero este número está subnotificado: según diversas fuentes internas de las Big Tech, no todas las visitas se registran y, en ocasiones, otros registros aparecen de forma vaga para evitar el escrutinio público. Como no existe una regulación del lobby en Brasil, las empresas no están obligadas a informar la entrada de lobistas, el tema de las reuniones ni con quién se realizan, ni tampoco el monto invertido en estas actividades.

Un año antes, en la primera tentativa de aprobación del 2630, Rebeca Mota ya aplicaba otra estrategia para influir en proyectos de interés: elaborar sugerencia de textos y emendas y enviarlas a parlamentarios aliados. Según los metadatos de archivos protocolados analizados por la Pública, Mota redactó e hizo aprobar al menos 12 propuestas de enmiendas el 6 de abril de 2022, día en que se evaluaba por primera vez un pedido de tramitación urgente del PL 2630. Las enmiendas fueron presentadas por los exdiputados Daniel Coelho y Geninho Zuliani, y por Vitor Lippi (PSDB-SP), con el apoyo de Kim Kataguiri (União Brasil-SP), Giovani Cherini (PL-RS), Alex Manente (Cidadania-SP) y también el exdiputado Luis Miranda. Entre las sugerencias de Mota estaban ampliar el plazo de entrada en vigor de la ley, excluir la responsabilidad solidaria de los proveedores de anuncios y reducir las obligaciones de transparencia para proteger el secreto comercial.

El trabajo de “sensibilización” de los lobistas surtió efecto. Marcon dijo estar convencido de que, de haberse aprobado el proyecto, habría censura previa. “Ah, habló de Lula, no se publica. Habló de Alexandre, no se deja. Aunque tengas fundamentos, no puedes. Porque la plataforma no va a arriesgarse, ¿entendiste? Entonces ya haces una censura previa, que es el trasfondo de ese proyecto”.

“Censura previa” o el riesgo de un exceso de moderación fue una de las narrativas más usadas por los lobistas de las Big Tech a lo largo de la campaña contra el proyecto de ley.

El argumento es cuestionado por especialistas. “Regulación no es censura. El PL 2630 fue ampliamente debatido durante años con la sociedad y se basa en modelos democráticos como el DSA [Digital Services Act] de la Unión Europea. Su objetivo es ampliar la transparencia y la responsabilidad de las plataformas digitales, no controlar contenidos”, explicó Artur Romeu, director de la oficina para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.

“La narrativa de la censura sirve a los intereses de las Big Tech, que rechazan cualquier regulación, y es amplificada por la extrema derecha con fines de oposición política”, añadió.

Las visitas de Rebeca Mota se realizaron como representante del Instituto Ciudadanía Digital (ICD), fundado en 2019 como una entidad sin fines de lucro sostenida por asociaciones sectoriales de tecnología, como la Cámara Brasileña de Economía Digital (Câmara-e.net) y la (ALAI). Inspirado en el Instituto Pensar Agro, ligado a la bancada del agronegocio, el ICD fue creado para llevar la secretaría de la Frente Parlamentaria Mixta de Economía y Ciudadanía Digital, conocida como Frente Digital, un grupo de parlamentarios que se autodefine como “comprometido en establecer un diálogo productivo con los sectores de la sociedad brasileña vinculados a la Tecnología de la Información y la Comunicación”.

En aquella época, la Frente Digital estaba presidida por la diputada Luísa Canziani (PSD-PR), quien, en uno de sus primeros movimientos en el cargo, llevó a representantes de Meta, Instagram, Google, TikTok, Twitter y Kwai a una reunión con el entonces presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir el 2630. Felipe França, entonces director ejecutivo del ICD, estuvo presente. En aquél mismo año,  Canziani entrego al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (FOTO AQUÍ), el “Premio Alan Turing de Transformación Digital 2021”, concedido por Google Brasil a autoridades públicas.

Cuando el ICD hacía parte de su secretaría, la Frente era vista como representante de las Big Tech, según su actual presidente, el diputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG). “Daba a entender que a veces la Frente estaba también al servicio de la empresa”, dijo él a la Pública. Según explicó, eso habría motivado la salida del ICD de la secretaría del grupo.

Cuestionada, el Consejo Digital, nombre actual del ICD, envió una nota al reportaje: “Todo individuo, organización o empresa tiene el derecho de participar en el proceso legislativo. Las relaciones gubernamentales existen solo en democracias, pues son la vía legítima mediante la cual diferentes sectores presentan sus argumentos técnicos, operativos y jurídicos. Los parlamentarios, elegidos por el pueblo, son los responsables de evaluar estas contribuciones. Este diálogo técnico y transparente cualifica el debate y fortalece las decisiones legislativas”.

Los registros de entradas obtenidos por la Pública revelan que los lobistas de Meta están entre los más frecuentes en la Cámara. Los gerentes de políticas públicas de Meta, Marconi Machado y André Atadeu, suman más de 100 visitas cada uno entre julio de 2022 y mayo de 2025. Un levantamiento de Núcleo Jornalismo, uno de los medios que integran la investigación transnacional, identificó que Meta es la empresa con más profesionales en las áreas de políticas públicas o relaciones gubernamentales: 19 entre 75 nombres mapeados. El 73,7% había trabajado previamente en el sector público, lo que configura la estrategia de “puerta giratoria”.

“El equipo más combativo es el de Meta”, dice una persona que trabajó en la gigante tecnológica. “Monitoreamos todo el tiempo. Si aparece un PL [proyecto de ley], bueno o malo, vamos a dominarlo e influir: ya sea para hacerlo avanzar más rápido, porque está parado y necesita nueva vida, o para matarlo. Vamos a proponer enmiendas, destaques, movilizar la bancada para hacerlo caminar”.

“Cualquiera que caminara por los pasillos [veía] la actuación de lobby de las Big Tech”, explica el diputado Guilherme Boulos (PSOL-SP). “Ese es un patrón internacional de las Big Tech: venderlo como si fuera censura y, al mismo tiempo, ejercer un lobby agresivo sobre las casas legislativas para intentar impedir la aprobación”, evaluó el diputado.

El juego de fuerzas

Para intentar aprobar el PL de las Fake News, Arthur Lira pautó para el 25 de abril de 2023 un requerimiento de urgencia, lo que haría la tramitación más rápida, con evaluación directa en el plenario.

El 18 de abril, Murillo Laranjeira, de Meta, y el director de políticas públicas y gobierno de TikTok, Fernando Gallo, fueron juntos a hablar con el diputado Lafayette de Andrada, presidente de la Frente Digital. Fue una conversación exitosa. Al día siguiente, la frente lanzó una cartilla en la que defendía el aplazamiento del debate de la propuesta, para que fuese analizada en una comisión especial, ganando tiempo para la industria.

El texto señalaba que el 40% de la Cámara no estaba en la legislatura anterior y, por lo tanto, el tema no había sido suficientemente debatido. Ese dato fue posteriormente repetido en tribuna por los diputados Marcel Van Hattem (Novo-SP) y Nikolas Ferreira (PL-MG). Además, decía que el proyecto de ley crearía un riesgo de censura y un “Ministerio de la Verdad”. En esa misma época, el 20 de abril, Marcelo Lacerda, director de relaciones gubernamentales y políticas públicas de Google, publicó un artículo afirmando: “Necesitamos debatir más para lograr una regulación eficiente y equilibrada”. La URL repetía un hashtag que la propia empresa lanzaría: #MaisDebate2630.

Para Lafayette, sin embargo, la frente tuvo una “participación pequeña, incluso modesta” en las discusiones del proyecto, según declaró a la Pública. Cuestionado sobre su actuación durante la tramitación del PL 2630, TikTok no respondió.

Del otro lado, a favor de la aprobación del proyecto, Orlando contaba con un peso pesado: el lobby del grupo Globo de Comunicación.

Junto con organizaciones representantes de los medios tradicionales, como la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert) y la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), el mayor conglomerado de comunicación del país se passo al apoyo al proyecto en 2021, cuando este pasó a obligar a las plataformas a pagar por el uso de contenido periodístico mediante acuerdos privados con diarios y sitios. La nueva regla emulaba legislaciones aprobadas o en discusión en Australia y Canadá (link al reportaje transnacional).

Entró en juego un equipo de lobistas que lleva décadas circulando por los pasillos del Congreso y que representa a los principales medios de comunicación del país. Nombres como Marcelo Bechara, director de Relaciones Institucionales y Regulación del Grupo Globo; Rafael Soriano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner); Cristiano Flores y Paulo Pimenta, de la Abert.

O Globo, diario del Grupo Globo, llegó a defender en un editorial que “aprobar el PL de las Fake News será un avance civilizatorio”. En marzo de 2023, la emisora promovió en la FGV de Río el evento “Libertad de expresión, redes sociales y democracia”, que reunió a algunos de los principales pesos pesados de la República, como los ministros del STF Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes, el entonces ministro de Justicia Flávio Dino, el director general de la Policía Federal, Andrei Passos Rodrigues, el gobernador de Río, Cláudio Castro, y Lira.

Durante el evento, Moraes defendió la regulación y dijo que las plataformas deberían equipararse a empresas de comunicación y de publicidad, tesis defendida por grupos de medios como Globo. “No es posible que aún hoy las grandes plataformas sean consideradas empresas de tecnología. También son empresas de comunicación, empresas de publicidad. El mayor volumen de publicidad en el mundo lo ganan esas plataformas”, afirmó.

Aun así, los representantes de los medios consideraban que la pelea era desigual. “Ellos tienen mucho dinero, muchísimo dinero”, dice uno de los involucrados en el proceso.

El apoyo del Grupo Globo al PL 2630 no pasó desapercibido y trajo un costo para el relator, que fue señalado por los opositores del proyecto como un defensor de los intereses privados de la radiodifusión en el enfrentamiento con las tecnológicas. “La radiodifusión hoy está perdiendo dinero frente a las redes sociales y quiere usar el parlamento para regular eso”, dice Sóstenes Cavalcante.

Orlando Silva rebate: “El periodismo también es una industria, una industria brasileña. Si estoy viendo que hay un modelo de negocio destruyendo esa industria, ¿por qué no voy a debatirlo?”, dice. “Los contratos se firman fuera de Brasil y no se someten a las reglas de licitación ni tributarias del país, produciendo por lo tanto una asimetría brutal en perjuicio de la industria brasileña. ¿Por qué la ley brasileña no puede tratar ese asunto?”.

Cuestionado sobre si quería posicionarse respecto a su actuación sobre el PL 2630, el Grupo Globo no respondió.

La batalla en el día a día del Congreso

El trabajo de “conquista” y sensibilización de un parlamentario requiere tiempo e inversión en relaciones personales, explicaron fuentes internas de las Big Tech entrevistadas en el reportaje. Por eso, incluso cuando no hay proyectos en votación, los equipos de policy son vistos recorriendo los pasillos del Congreso y buscando un espacio en la agenda de los diputados. Personas con mayor afinidad ideológica son las encargadas de acercarse a ciertos parlamentarios afines. Un contacto clave, por ejemplo Gilberto Kassab o Jair Bolsonaro, se guarda bajo siete llaves. “En nuestro mundo, nuestro mayor tesoro son nuestros contactos. Quien tiene el WhatsApp de la persona no lo comparte”, explica un lobista.

El proceso de convencimiento es descrito por uno de estos profesionales de la siguiente manera: “Los grupos de interés van… las empresas hacen eso, la sociedad civil lo hace, todo el mundo lo hace, que es: vas al despacho y dices, ‘hay un proyecto de ley tal y cual, su objetivo es este, sus problemas son estos, esto es un problema por tal y tal razón. ¿Usted me ayudaría presentando una enmienda?’”.

Según él, el intercambio de información es constante entre los miembros de los equipos de relaciones gubernamentales: existen diversos grupos de WhatsApp activos, por ejemplo.
“Hablamos todo el tiempo. Es una práctica común, no es solo un tema brasileño; las empresas se comunican, naturalmente tienen intereses comunes. A veces directamente, y con mucha frecuencia también a través de asociaciones”.

Una de las mayores ventajas, sin embargo, tiene que ver con el producto que las Big Tech ofrecen. Si cualquier persona común tiene problemas de acceso a su cuenta en una red social, si le roban el celular con el WhatsApp abierto, pierde la contraseña de YouTube, o le hackean el perfil de TikTok o Instagram, debe pasar por un proceso extenuante para intentar hablar con un ser humano. En el caso de los políticos, la atención es VIP.

“Puede ser a las tres de la mañana, yo abro un llamado”, dice un lobista. “Podemos actuar en el proceso para liberar más rápido la página de un político, por ejemplo. Mandamos a alguien que lo va a resolver”, explica. “Quien define las prioridades de a quién se atiende y cuándo es nuestro equipo”.

Además, las capacitaciones para equipos se convierten en una herramienta de influencia. Meta, X, Google, TikTok y Kwai estuvieron presentes en el 1º Seminario de Comunicación del Partido Liberal, de Bolsonaro, realizado en enero de 2025 —dos años después del intento de golpe de Estado, cuando prometieron ayudar a combatir la desinformación. Google y Meta repitieron la dosis meses después en el 2º Seminario del partido en Fortaleza, Ceará. Pero las capacitaciones ocurren todo el tiempo y a partidos distintos.

Solo este año, Meta impartió capacitación en línea para miembros  del gobierno federal, otra en asociación con el equipo de la diputada  Duda Salabert (PDT-MG)  y en Teresina en colaboración con el  diputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), relator del PL sobre  adultización en internet . Por su parte, Google ofreció una  capacitación dirigida a funcionarios del liderazgo de la Cámara de  Diputados, el 31 de octubre del año pasado, preguntando, a través de un  formulario, si consideraban que la IA “tiene potencial para impactar  positivamente el día a día” y si Google estaba desarrollando la  tecnología “de manera responsable”.

El acercamiento con políticos de una nueva generación, que provienen de fuera de los círculos de poder tradicionales o de partidos con militancia propia, es clave para los operadores de las Big Tech. En Brasil, la gran mayoría de ellos, a partir de 2018, son de derecha. “¿Por qué esa gente de derecha nos ayuda? ¿Quién hacía campaña en Brasil? Solo los coroneles. ¿De dónde surgió toda esa gente? De las redes sociales. Ocupó un espacio que antes solo ocupaba quien tenía acceso a la TV. Ellos sienten gratitud hacia las redes sociales”, dice un lobista.

“Ellos necesitan de las redes sociales, los de derecha”, resume. “Gleisi [Hoffmann] no necesita, ella tiene al PT”.

Movilizando a los evangélicos

El 20 de abril, un mensaje interno del equipo de Meta alertaba al equipo global de policy que la votación del PL podría ocurrir justo después de la votación de urgencia, el 27 de abril. Pero el texto garantizaba que “estamos trabajando con las dirigencias del partido y congresistas influyentes para fortalecer la oposición a las medidas críticas”. Esa misma semana, el equipo de Meta se reunió con el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para “comunicar los impactos negativos si el Congreso aprueba la versión actual del PL de las Fake News”. Según mensajes internos analizados por la Pública, el alcalde se comprometió a hablar con congresistas de su partido para “alertar sobre los impactos negativos del PL de las Fake News”.

Pero el apoyo que cambió el juego vino de uno de los bloques más  grandes e influyentes del Congreso: el Bloque Evangélico. Un apoyo que  se conquistó a partir de un movimiento coordinado y liderado por los  lobistas de Meta. Y la mente detrás de este cambio, según confirmaron  tres fuentes internas de la empresa a Pública, sería una estrella  ascendente entre sus lobistas en la empresa: la directora de políticas  públicas Kaliana Kalache, quien mantiene un contacto cercano con  Sóstenes Cavalcante, pieza fundamental en la articulación.

Esa misma semana en que se reunieron con Ricardo Nunes, tuvo lugar un encuentro con la presencia de Sóstenes Cavalcante y el diputado Pastor Eurico (PL-PE), además del fundador del ICD, Felipe França, y el equipo de choque del lobby de Meta: Kaliana Kalache, Marconi Machado y Mário Vilhena. Durante la reunión, entre bromas —Cavalcante llamó a Mark Zuckerberg “rojo”—, Felipe França recurrió a los argumentos listados en la cartilla del ICD, finalizada pocos días antes.

En la reunión, Sóstenes recibió un documento producido por Meta que afirmaba que la obligación de prevenir contenidos potencialmente ilegales podría generar el bloqueo “de pasajes bíblicos que muchas veces se encuadran como prejuicio, discriminación o violencia de género”. Como es habitual, el documento fue entregado en papel, para no dejar rastros.

El texto citaba versículos que podrían ser “bloqueados”, como Levítico 20:13, que afirma que “si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera mujer, ambos han cometido una abominación y serán castigados con la muerte”, lo que podría encuadrarse como “prejuicio” e “incitación a la violencia”; y 1 Timoteo 2:12, que dice que las mujeres deben “permanecer en silencio”, lo que podría interpretarse como “violencia de género”.

“De esa forma, el PL 2630/2020 acarreará restricciones indebidas a la libertad religiosa al prever la remoción de contenido religioso”, decía el texto. Sóstenes reaccionó: “Eurico, tenemos que activar a nuestros amigos”.

El argumento dejó a la bancada evangélica en ebullición.

“Había varios textos de la Biblia que serían censurados. Y las plataformas, en el esfuerzo de no tener problemas —porque las multas eran millonarias—, optarían por retirarlos. Y tendríamos, por lo tanto, un compromiso de la totalidad de la exposición de la Biblia”, explicó a la Pública el diputado Eli Borges, entonces líder de la Frente Parlamentaria Evangélica.

Fue por eso que Borges entró en la articulación: “Movilicé a todo el segmento religioso en Brasil para interferir aquí en la Cámara, porque no podíamos permitir que esa materia fuera aprobada. (…) Hice mi tarea. Hablamos con todos los diputados y todos recibieron llamadas, porque cuando llegan las elecciones salen a buscar a líderes religiosos y quieren su voto”.

Otro nombre que dio peso al argumento de la “censura” de la Biblia fue el exdiputado Deltan Dallagnol. El 24 de abril publicó una tarjeta en sus redes sociales advirtiendo: “hasta la fe será censurada si no impedimos la aprobación del PL de la Censura MAÑANA”. La imagen repetía algunos argumentos de la cartilla del ICD, incluida la cita a Colosenses 3:18 (“Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, como conviene en el Señor”), que, según el folleto, “puede considerarse violencia de género”. Otros pasajes de la Biblia citados por Dallagnol en el post, como 1 Timoteo 2:12, Deuteronomio 22:28-29, Efesios 5:22-23 y Levítico 20:13, también aparecían en el folleto en papel entregado a Sóstenes Cavalcante.

La presión se extendió también a los medios de comunicación evangélicos, que empezaron a publicar textos movilizando a la base. El sitio Gospel Mais publicó el 1 de mayo un artículo repitiendo el argumento de los trechos de la Biblia censurados y enumerando a diputados evangélicos “que aún no se habían decidido”, como Cezinha de Madureira (PSD-SP), que intentaba tender un puente entre los evangélicos y Orlando Silva.

La existencia de un documento que vinculaba el proyecto con la censura de la Biblia fue revelada primero por Metrópoles, y su autoría fue asumida, en la época, por Câmara-e.net, entidad de lobby que representa a Amazon, Meta, Google, Kwai y TikTok.

Consultado, Sóstenes Cavalcante dice no recordar esa reunión en particular: “Si ellos vinieron a hablar sobre el versículo, no me acuerdo”. El pastor Eurico no quiso dar entrevista.

Eli Borges, por su parte, niega haber sido influenciado por los lobistas: “Recibí la visita de ellos como recibí la visita de los que defendían el proyecto. No vi de antemano ese nivel de manipulación de conciencia. Me involucré en esto de manera muy profunda en el sentido de garantizar la libertad democrática, el derecho a la crítica y la libertad religiosa”.

Para la diputada Bia Kicis (PL-DF), las Big Tech “simplemente manifestaron su opinión, hicieron reuniones, mostraron los perjuicios que tendrían, hasta a veces la inviabilidad de permanecer en el país”.

“La empresa tiene derecho a posicionarse”, justificó Kataguiri.

Orlando Silva coincide. “Muchos preguntan: ¿usted cree que es legítimo que las Big Tech presionen al Congreso Nacional? Yo siempre respondí que sí. Es legítimo que participen en el debate público. Que expresen claramente sus opiniones. Y en mi opinión, debemos considerar esas opiniones. Eso no quiere decir que uno vaya a aceptar acríticamente el 100% de lo que defienden”, afirma.

“Lo que no se puede es usar su posición de mercado para presionar”, advierte. Eso fue precisamente lo que se vería en los días siguientes.

PL de la censura

Además del Congreso, la presión crecía en las redes sociales, aglutinada en torno a un término que se viralizó: “PL de la Censura”. Su autoría es disputada. Marcon asegura que fue él quien lo creó: “Estábamos discutiendo en la oposición cómo frenar el proyecto”. Sóstenes dice lo mismo: “La idea fue mía”.

Un sitio consolidó el nuevo nombre: el Placar do PL 2630, que pasó a conocerse como Placar da Censura. El sitio divulgaba el posicionamiento de los parlamentarios y alentaba a la población a presionar a los diputados. Aquellos contrarios eran presentados como diputados que “votan por la libertad”, y los demás como quienes “votan por la censura”.

El sitio era un proyecto del Boletim da Liberdade, portal de visión ultraliberal. Fundado en 2016, fue comprado por el matrimonio Paulo y Sara Ganime a fines de enero de 2023, poco antes del inicio de la campaña contra el PL 2630. Paulo Ganime es exdiputado federal por el partido Novo, y Sara, comunicadora política y editora en jefe del sitio.

En entrevista con la Pública, ella contó que difundió el sitio entre diputados, pero que la reacción la sorprendió. La presión fue tanta que los congresistas empezaron a buscarla para cambiar sus posicionamientos en el sitio. “Nosotros decíamos: ‘mire, no basta con hablar, tiene que ir a la red social y publicarlo’. Entonces, lo publicaba, nos mandaba el enlace y nosotros lo actualizábamos en el marcador”.

Aunque Sara afirma que no hubo “ninguna participación de bolsonaristas para idear” el sitio, los aliados del expresidente fueron sus principales difusores. Nikolas Ferreira, Gustavo Gayer (PL-GO), Carlos Jordy (PL-RJ), Júlia Zanatta (PL-SC) y Carol de Toni (PL-RS) estuvieron entre los diputados que compartieron el enlace, pidieron que el público contactara a los parlamentarios y participaron en videos de divulgación.

Jadyel Alencar (Republicanos-PI) recuerda haber recibido correos electrónicos y mensajes en redes sociales, pero no cree que la presión lo haya afectado. Según la asesora encargada de revisar la bandeja de mensajes del diputado, “eran cientos de correos que llegaban, incluso saliendo del spam, entraban directamente a la bandeja de entrada”.

Para Dandara Tonantzin (PT-MG), el movimiento “no es algo neutro, no es algo genuino de movimientos y liderazgos sociales”, sino que fue llevado a cabo por personas que representan intereses de sectores económicos que “se benefician mucho de la ausencia de regulación de las redes”.

La presión surtió efecto. El 26 de abril de 2023 había 193 diputados contrarios al proyecto y 236 favorables. Tres días después, el marcador cambió: 228 diputados contrarios al PL, 223 favorables y 62 indecisos.

Ganime no quiso dar entrevista a la Pública. Em 2020, cuando el proyecto fue aprobado en el Senado, publicó en el entonces Twitter que “ningún país serio del mundo hasta hoy resolvió ese problema creando una ley específica. Nuestros códigos penal y civil ya tratan de eso”.

“Astroturfing”: protestas en el aeropuerto

Otro movimiento que podría tener lazos con las empresas de tecnología ocurrió en el aeropuerto de Brasilia. Fue una manifestación el día 25 de abril, dia de votación de la urgencia, en el desembarque de los pasajeros, dirigida a parlamentarios que regresaban de sus estados.

La protesta fue organizada por la União Juventude e Liberdade (UJL), un grupo de derecha que disputa espacio en el movimiento estudiantil. La UJL era entonces presidida por João Ferreira, exasesor del diputado Vinicius Poit (Novo-SP), parlamentario que fue el primer presidente de la Frente Digital y tuvo a Felipe França entre sus asesores.

“Reunimos unas 20 o 30 personas en la entrada y, conforme los diputados iban pasando, sabiendo más o menos la posición de cada uno, hablábamos con el megáfono de una forma bien simpática: ‘¡Eh, diputado, todo bien? Ayúdenos, vote contra el PL de la censura’. Algunos prestaban atención, otros no”, explicó en entrevista João Ferreira.

En las fotos de la protesta, publicadas en el sitio Boletim da Liberdade —donde la UJL tiene una columna—, se puede ver a estudiantes con la camiseta del grupo y carteles que afirmaban, por ejemplo: “quien vota por la censura no tiene mi voto”. Pero un detalle llama la atención: se trata de un grupo de mujeres y hombres mayores, que no vestían la camiseta de la UJL y no parecían formar parte del movimiento estudiantil —en la UJL solo pueden participar jóvenes de hasta 29 años, salvo excepciones aprobadas por el grupo.

Consultado, Ferreira respondió que ese grupo fue llevado por un “chico del PL”, que trabajaría en la dirección del partido, “después de que nosotros ya estábamos movilizados”.

La práctica podría configurar astroturfing, es decir, la utilización de grupos de fachada para hacer parecer que existe una movilización popular en torno a un tema.

Otro detalle está en la autoría de las fotos, tomadas por la entonces fotógrafa del Instituto Ciudadanía Digital: Laura Campos. La presencia de una funcionaria del ICD en el evento levanta interrogantes sobre su participación en la organización de la movilización.

Cuestionado, Ferreira dijo que fue Sara Ganime quien  invitó a la empleada del ICD. El reportaje también se puso en contacto  con Laura Campos, pero ella no quiso dar una entrevista. A su vez, Sara  Ganime confirmó que pidió apoyo al Frente Digital para las protestas:  “Me puse en contacto con instituciones que, al igual que nosotros,  estaban en contra del proyecto. El Frente ya se había posicionado en  contra del proyecto y yo les pregunté si tendrían a alguien para  registrar la manifestación que habría y ellos dijeron que la fotógrafa  podría ir”. Laura Campos se negó a responder a las preguntas enviadas  por el reportaje, como si confirmara que había sido enviada al lugar por  el ICD.

Una semana después, la UJL redobló la apuesta: el 2 de mayo repitió la acción en ocho ciudades brasileñas, como Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Belém (PA) y Porto Alegre (RS), con el apoyo del canal de YouTube Ideias Radicais, según una nota publicada por el Boletim da Liberdade. El reportaje comprobó que el movimiento repercutió en los canales internos de Meta, que registró la realización de “movilizaciones públicas” en capitales brasileñas.

La reñida votación de la urgencia

En la mañana de ese martes 25 de abril de 2023, día en que se votaría la urgencia, YouTube lanzó una campaña contra el PL 2630 dirigida a los creadores de contenido, afirmando que el proyecto podría dar al gobierno poder para “controlar aspectos centrales de la plataforma” y obligar a la red a “remover gran cantidad de contenido legítimo”.

La campaña fue compartida en la plataforma interna para creadores, también por correo electrónico y en el blog de la empresa, con pedidos de que se difundiera la etiqueta #MaisDebate2630. YouTube además incentivaba a los influencers a “hacerse oír”.

Varios creadores publicaron videos reproduciendo los argumentos, y la etiqueta comenzó a ser usada en contenidos contrarios al proyecto. La estrategia puede considerarse como “astroturfing”, al impulsar a un grupo que depende de las Big Tech para movilizarse contra la regulación.

Para el profesor de Derecho y Proceso Laboral de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Victor Hugo Criscuolo Boson, la campaña de YouTube “puede asumir contornos de abuso del poder económico”. “En teoría, no hay prohibición de que una empresa se posicione en debates públicos. El problema surge cuando una compañía moviliza a personas económicamente dependientes, o en desventaja en la relación de poder, para defender intereses corporativos”, explicó.

La campaña en línea de ese día se sumaba a la presencia de lobistas en el Congreso y a la articulación con los partidos, liderada por el PL de Bolsonaro. El 25, la reunión de líderes de la Cámara, que ocurría semanalmente en la residencia oficial de Lira, duró tres horas. Todos los partidos estaban representados por un único líder, salvo uno: el PL llevó a cinco diputados —Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordy, Gustavo Gayer, Domingos Sávio (PL-MG) y Altineu Côrtes (PL-RJ). El encuentro terminó con un acuerdo: la urgencia sería votada y aprobada ese mismo día.

Pero cuando la sesión plenaria comenzó, parecía que no se hubiera hecho ningún acuerdo. La discordancia había sido encabezada por el Partido Liberal, que, a pesar de haber sugerido el 80% de las modificaciones al texto en la reunión, pronunció 15 de los 25 discursos contrarios al proyecto durante los comunicados iniciales de la sesión —el PT había hecho 11 de las 14 intervenciones favorables.

Al final, la tramitación de urgencia fue aprobada. Pero solo porque Lira utilizó una de sus dos oportunidades de recurrir al artículo 154 del reglamento interno, que permite la aprobación de la propuesta por mayoría simple y no absoluta —la mayoría simple considera el total de presentes, mientras que la absoluta toma en cuenta a los 513 diputados.

Aprobada la urgencia, el plan inicial era que el proyecto se votara al día siguiente, pero el PL había ganado una semana más para articularse, lo que llevó la votación al fatídico 2 de mayo.

Una semana después, Lira se arrepentiría: “Podríamos haber votado este proyecto al día siguiente, la urgencia fue aprobada el martes. Dimos ocho días para que las Big Tech hicieran el horror que hicieron con la Cámara Federal. ¡Y no vi aquí a nadie defenderlo! En un país mínimamente serio, Google, Instagram, Facebook, TikTok, Rede Globo y quien fuera, todos los medios deberían ser responsabilizados”.

La semana que lo cambió todo

Entre el 25 de abril y el 2 de mayo, la presión de las Big Tech adquirió contornos inéditos.

Google invirtió cifras millonarias en propaganda. Pagó R$ 634 mil a la Folha de S. Paulo por una página en la edición impresa que afirmaba que el PL “puede aumentar la confusión sobre qué es verdad o mentira en Brasil”, y pedía a las personas que hablaran “con su diputado en las redes sociales hoy mismo”. Ese mismo día, la empresa también gastó R$ 416 mil en un anuncio en el Correio Braziliense.

Los principales puntos de argumentación de Google tenían que ver con los artículos destinados a beneficiar a empresas periodísticas, como la regulación relativa al pago de derechos de autor, un artículo que había sido incluido en el proyecto de ley a pedido del gobierno de Lula, liderado por el Ministerio de Cultura, y que implicaba el pago a artistas y también a periodistas.

La empresa argumentaba que tener que pagar por el uso de contenidos podría volver “financieramente inviable para las plataformas ofrecer servicios gratuitos”. Además, sostenía que el proyecto, al intentar proteger contenidos periodísticos, “termina protegiendo a quienes producen desinformación, resultando en la creación de más desinformación”. Google también insistía en que la propuesta era una “grave amenaza a la libertad de expresión”.

En total, entre el 27 de abril y el 2 de mayo Google invirtió más de R$ 2 millones en anuncios en periódicos impresos, televisión y redes sociales. Pagó a Meta R$ 639 mil y R$ 198 mil a Spotify. En este último, planeaba gastar R$ 422 mil más, pero la campaña fue interrumpida porque Spotify prohíbe anuncios de contenido político y declaró en una investigación en el STF que había transmitido los materiales por un “error”.

El 1 de mayo, un lunes que era feriado nacional, la empresa colocó en su página principal de búsquedas dos frases consideradas “over the top” – es decir, exageradas– incluso para altos ejecutivos de las Big Tech consultados por Pública: “El PL de las Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil” y “El PL de las Fake News puede empeorar tu internet”. Al hacer clic, las frases dirigían al usuario a publicaciones de Google defendiendo su posición contra la ley.

Los mensajes fueron vistos por millones de brasileños, precisamente por el control del mercado: Google domina el 85% del mercado de buscadores en Brasil.

La acción llevó a que la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) impusiera una medida cautelar exigiendo su retirada, con una multa prevista de R$ 1 millón por hora. “En nuestra percepción, se estaba intentando allí movilizar a la opinión pública contra el proyecto de forma mentirosa. No estaban emitiendo una opinión. Estaban distorsionando la finalidad, el alcance del proyecto. Y aquello para nosotros resultaba inaceptable”, explicó a la Pública el entonces secretario nacional del consumidor, Wadih Damous.

Según un lobista de otra empresa del sector, colegas de las áreas de relaciones gubernamentales habían sido advertidos de que Google haría una acción de “activación” contra el proyecto de ley.
“Sabíamos que Google iba a hacer algo de PR e intervención de producto, pero no sabíamos qué era”, dijo. “Para Google, la cuestión de la remuneración de contenido periodístico era una cuestión de vida o muerte.

“Quien se lanzó frente al coche fue Google”, resume.

Otra acción relativa al buscador de Google llamó la atención del equipo de investigadores de Netlab, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ese fin de semana, cuando un usuario escribía “PL”, la herramienta sugería “PL de la Censura” como complemento de búsqueda. Y cuando alguien buscaba “PL 2630”, la plataforma sugería preguntas como “¿fue aprobado el PL de la censura?” y “¿qué es el PL de la Censura?”.

Pero el hallazgo principal registrado por el equipo fue un post patrocinado del blog del propio Google, escrito por el director de relaciones gubernamentales, Marcelo Lacerda, pero con su título modificado a: “Conozca el PL de la Censura – Infórmese sobre el PL 2630”.

Ese era el primer resultado que aparecía para quienes buscaban información sobre el PL, según diversos tests realizados en pestañas anónimas y no anónimas por el equipo. Otras publicaciones incluían textos da productora consevadora Brasil Paralelo y del Boletim da Liberdade, de Paulo Ganime.

Además de la conclusión obvia de que Google estaba actuando para asociar el PL con la censura, el equipo de Netlab llegó a otra conclusión: al comprar anuncios en su propia plataforma, Google manipuló su propio buscador. Esto porque, antes de los anuncios, las búsquedas siempre se hacían con el término “PL de las Fake News”, usado por la prensa y sitios de alta reputación, recomendados por el propio ranking de Google. Búsquedas en Google Trends y en la herramienta Similar Web confirmaron a los investigadores que la consulta explotó solo después del 27 de abril.

“Sabemos que el algoritmo está muy determinado por los anuncios, porque ese es el negocio de Google. Entonces, cuando hay anuncios sobre determinada palabra, esa palabra se vuelve más relevante que otras, justamente para que los anunciantes aparezcan más”, explicó Marie Santini, directora de Netlab.

En el informe, los investigadores de Netlab afirmaron que Google se aprovechaba de su posición de liderazgo en el mercado de búsquedas para “influenciar negativamente la percepción de los usuarios sobre el proyecto de ley en beneficio de sus intereses comerciales, lo que puede configurar abuso de poder económico”.

El estudio fue duramente atacado por los opositores al proyecto, entre ellos, la diputada Carla Zambelli (PL-SP), quien pidió que se investigara al Netlab. Pero posteriormente, el artículo fue seleccionado, presentado y publicado por la Asociación Internacional de Investigadores de Internet (Association of Internet Researchers).

Citando el estudio de Netlab, el Ministerio Público Federal de São Paulo (MPF-SP) también notificó a Google y Meta. Las empresas negaron haber alterado sus sistemas para impulsar contenidos orgánicos contrarios al proyecto, y Google criticó el estudio de Netlab por “inconsistencia metodológica”. Los abogados de Google refutaron el estudio ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), diciendo que “ninguna conclusión seria y consistente puede extraerse de ejemplos aislados y descontextualizados, sin una muestra mínimamente relevante o documentada”.

“Históricamente, Google siempre fue considerado menos agresivo, y Meta más agresiva. Pero de repente Google se volvió mucho más agresivo que la propia Meta. Hubo una inversión de papeles en este proceso”, evaluó un lobista con amplia experiencia en el Congreso.

Por otro lado, la falta de un protocolo más específico respecto al registro de entradas en el edificio y el acceso a los gabinetes hace que sea difícil rastrear las acciones de Google junto a los diputados en aquellos días. El director de relaciones gubernamentales y políticas públicas de Google, Marcelo Lacerda, solo dijo que iba a “comisiones” al ingresar a la Cámara, el 25 de abril, fecha de la votación de urgencia.

Ya la gerente de políticas públicas de Google, Juliana Moura Bueno, el 25 de abril a las 14:33 entró en la Cámara y apuntó el plenario 09 como su destino. En ese lugar se realizaba una audiencia pública sobre la Comisión Nacional de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante la dictadura civil-militar de 1964.

Consultado por el reportaje, Google respondió con una declaración por escrito: “Como muchas otras empresas, interactuamos regularmente con legisladores y otras partes interesadas sobre una amplia variedad de temas, incluyendo cómo las políticas pueden afectar a las personas que usan nuestros productos. Reportamos nuestras interacciones con autoridades de forma transparente y de acuerdo con las regulaciones locales”. La assessoría de la empresa también envió enlaces de artículos publicados por sus representantes que refuerzan la posición de Google durante el [debate del] PL 2630, como un artículo publicado en el diario Folha de S. Paulo, y afirmó que Bueno fue a la comisión el 26 de abril, sin haber omitido su destino.

“Enterrar” en la Cámara

Mientras tanto, Orlando Silva se reunía con las bancadas para intentar viabilizar el texto. El 26 de abril, el relator se reunió con la bancada evangélica, pero no fue suficiente. Una de las incomodidades fue la visita realizada por Alexandre de Moraes al entonces presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), el día de la votación de la urgencia. Moraes también se encontró con Lira ese mismo día.

Si aprobado en el Congreso con modificaciones, el texto volvería al Senado. “Entonces, el único camino era enterrarlo aquí mismo en la Cámara Federal”, dijo Eli Borges a la Pública.

Uno de los cambios negociados por el relator con las bancadas fue la eliminación de la existencia de una entidad autónoma de supervisión, propuesta que había sido descrita por los bolsonaristas como un Ministerio de la Verdad, repitiendo argumentos de la cartilla de la Frente Digital.

Además de la bancada evangélica, Orlando Silva también se reunió con Podemos, Solidariedade y el PT.

El 2 de mayo, fecha prevista para la votación del texto, ya había indicios de que había más parlamentarios contrarios que favorables. En los comentarios previos al inicio del orden del día, 17 diputados criticaron el proyecto y apenas cinco lo defendieron, todos del PT. Varios parlamentarios llevaron hojas impresas con frases como “PL 2630 censura no” y el logo de la UJL. La bancada evangélica también protestó y participó en un pronunciamiento de la oposición contra el proyecto.

El otro lado también organizó manifestaciones. Esa mañana, mochilas escolares fueron colocadas por la organización Avaaz en el césped frente al Congreso, junto a una faixa que decía: “¡Protejan a nuestros niños, regulen las redes sociales!”.

Sin embargo, aún al inicio del orden del día, Orlando Silva pidió que el texto fuera retirado de la agenda para que pudiera “consolidar la incorporación de todas las sugerencias que fueron hechas” y unificar el plenario de la Cámara. En los bastidores, sin embargo, se sabía que la justificación era solo una excusa. La retirada de la pauta fue solicitada por el relator porque no había votos para aprobar el proyecto, y postergar era mejor que perder en la votación. Lira, responsable de elaborar la agenda, aceptó.

“Ahí, cuando no se votó, ya estaba muerto”, dice un lobista del sector de medios.

Para el diputado Jadyel Alencar, “la presión de las plataformas” contribuyó “a que hubiera esa retirada de la pauta”. El diputado destacó no solo la acción de lobby de las plataformas en el Congreso, sino también “la fuerza que tienen sobre las personas, sobre los usuarios”, como un motor del movimiento contrario al proyecto.

Jair Bolsonaro no quedó contento. Mensajes obtenidos por Estadão muestran que el expresidente orientó a su hijo Eduardo a articular la derrota del proyecto. A las 19:39 de ese día, el diputado envió un mensaje a Jair: “Orlando Silva acaba de pedir retirar de la pauta el PL 2630”. El padre respondió enseguida: “Tiene que votarse hoy”. “Me manifesté por la votación hoy, como líder de la minoría”, justificó el diputado. PL y Novo también defendieron mantener la votación.

De acuerdo con una fuente entrevistada para el reportaje, Bolsonaro fue uno de los movilizados por los lobistas de las Big Tech para articular la caída del PL en esas semanas. “Cuando hay algún contratiempo, cuando los parlamentarios del partido están flojos, él va y manda a todos, da su orden y la gente obedece”, explicó la persona, que participó en la articulación contra el proyecto.

“Campaña abusiva”

Aunque el PL fue retirado de la pauta, la discusión continuó por algunas semanas más. Orlando Silva siguió reuniéndose con las bancadas para intentar negociar cambios en el proyecto, como la eliminación de la remuneración a artistas y periodistas del texto. Esos artículos serían incluidos en otro proyecto, el PL 2370/2019, de autoría de la diputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Entonces, el 9 de mayo, otra Big Tech contraatacó: Telegram. La empresa de origen ruso envió un mensaje a todos los celulares de sus usuarios diciendo que Brasil estaba “a punto de aprobar una ley que acabará con la libertad de expresión” y que el proyecto daba “al gobierno poderes de censura sin supervisión judicial previa”. “Si se aprueba, empresas como Telegram pueden tener que salir de Brasil”, amenazó. El mensaje llevaba a un sitio web que detallaba los argumentos.

Fue la gota que colmó el vaso para Lira, quien ese mismo día presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “campaña abusiva” de los representantes de Telegram y Google contra el proyecto. “Los representados, por medio de desinformación y abuso de posición dominante en la comunicación de masas, actúan en el sentido de impedir el debate democrático e intimidar a los parlamentarios de esta Casa Legislativa, estimulando todo tipo de conductas indebidas, con el fin de impedir la deliberación del PL”, argumentó.

La PGR presentó la denuncia al día siguiente y, el 12 de mayo, se abrió una investigación en el STF, bajo la relatoría de Alexandre de Moraes, por similitud entre las prácticas de las empresas y las de las milicias digitales investigadas en otro proceso en el STF. El argumento vino del propio Lira: “Es el mismo modus operandi de desinformación y manipulación, por medio de medios digitales y redes sociales, con miras a atender intereses personales, políticos y económicos, en detrimento de la verdad, la moralidad, la legalidad, la transparencia y de la propia democracia”.

“Los diputados se comunicaron conmigo mediante mensajes reflejando amenazas físicas, a través de las redes sociales, personales, sus asesores, sus articuladores. Diputados que fueron amenazados por otros diputados dentro de la Casa. Estamos recopilando toda la información, ya solicitamos al cuerpo técnico de la Cámara que, en detrimento de lo que piensen los diputados, las Big Techs sobrepasaron todos los límites de la prudencia”, dijo Lira en entrevista con el canal GloboNews. Y prometió “buscar todos los medios” para responsabilizar a las Big Tech “por el acto casi de horror que practicaron en la vida de los diputados en una semana de votación de esa materia”.

Fue el mayor punto de tensión entre el presidente de la Cámara y las Big Tech, dos años después de que recibiera el Premio Alan Turing de Google.

Sin embargo, las investigaciones se diluyeron, tanto en el STF como en el Cade, que también abrió un procedimiento contra las Big Tech para investigar si su postura contra el PL 2630 habría infringido la ley de competencia. Cuestionado sobre su actuación durante la tramitación del  PL 2630, y si quería posicionarse sobre la investigación abierta a  petición de Lira, Telegram no respondió.

A mediados de junio, Google contrató a un gran operador para ayudar en su articulación contra el proyecto: el expresidente Michel Temer, convocado para actuar en torno al PL 2630 y encargarse del proceso en el STF, según una investigación realizada para este especial por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y por ICL Notícias. (LINK).

La contratación de Temer es un ejemplo más de la puerta giratoria, táctica adoptada por las empresas para abrir puertas al reclutar profesionales que traen consigo las relaciones personales construidas en el servicio público.

Otros profesionales ganaron protagonismo ese año por su actuación durante el PL. De hecho, se creó una especie de “rivalidad” entre los miembros de los departamentos de Relaciones Gubernamentales sobre quién habría sido en realidad el que “mató” el PL 2630.

“Cada lobista de cada empresa va a decir que él actuó en el PL 2630”, comenta uno de ellos. Hay un motivo simple para eso: frenar legislación es el trabajo principal de los equipos que trabajan con policy.

“El pensamiento siempre fue que sí, vamos a intentar evitar la regulación o, en su defecto, garantizar que sea lo menos dañina posible para el negocio. Lo cual también es natural. Ninguna empresa privada quiere ser regulada. Ninguna empresa privada quiere que el Estado le imponga cargas, costos”, dice un operador.

“El trabajo del lobby es frenar proyectos de ley. Para eso existe el lobby”, explica otro. “Frenar” un proyecto puede incluso resultar en altos bonos de desempeño al final del año, explicaron fuentes consultadas por el reportaje.

En Meta, los bonos anuales pueden superar el millón de reales. En 2023, el trabajo de al menos una ejecutiva de relaciones gubernamentales fue reconocido por la empresa: Kaliana Kalache fue ascendida de “head” de poiticas publicas  a directora a comienzos del año siguiente.

Hubo otro gran vencedor en el proceso de “asesinato” del PL: Felipe França. El entonces secretario de la Frente Digital y fundador del Instituto Ciudadanía Digital ganó tanto respeto dentro de las plataformas que cambió el nombre de su empresa a Consejo Digital, dejó de ser secretaria la Frente y se convirtió en el mayor lobista de las Big Tech, con financiamiento directo de las empresas, y no mediado por asociaciones. Entre sus asociados están Google, Meta, Amazon, TikTok, Uber, Kwai, Hotmart y Discord.

Hoy, el Consejo Digital es una de las entidades más activas en Brasilia, con eventos mensuales como desayunos, happy hours e incluso fiestas juninas llenas de asesores parlamentarios. Felipe França y otros lobistas del Consejo Digital, como Rebeca Mota y Roberta Jacarandá, son vistos con frecuencia en el Congreso, especialmente en votaciones más relevantes para las Big Tech, como los proyectos de ley sobre regulación de la inteligencia artificial y sobre protección de niños y adolescentes.

Por otro lado, apunta un lobista con décadas de experiencia en el Congreso, la articulación en torno al PL 2630 generó otro efecto: las Big Tech, en Brasil, quedaron con su imagen atada a la extrema derecha.

“Eso, a largo plazo, va a generar un backlash”, dice. “Su lobby es muy malo. Porque el lobby es una carrera de largo plazo. Yo puedo perder hoy, pero no puedo dinamitar puentes futuros”.

Efectivamente, las plataformas sufrirían dos grandes derrotas apenas dos años después: con la decisión del STF de modificar el entendimiento sobre el Artículo 19 del Marco Civil de Internet, responsabilizándolas por contenidos criminales y exigiendo proactividad en la moderación; y con la aprobación del PL 2628, sobre adultización en internet, que exige mecanismos de verificación de edad, además de obligar la retirada de contenidos tras denuncias de padres y autoridades, bajo pena de sanciones. En ambos casos, parlamentarios e influenciadores de derecha calificaron las acciones como “censura”.

Uno de los lobistas que actuaron contra la ley para las tecnológicas afirma, sin embargo, que no había otra salida:

“Ya había un gran malestar por la elección de 2018, un primer año muy complicado de Bolsonaro y, de nuevo, luego vino la pandemia. Cuando Orlando se convirtió en relator, se volvió prácticamente imposible hablar con la izquierda. El diálogo quedó completamente cerrado”, dice.

“Saltar al regazo de la derecha fue la forma de sobrevivir”, concluye.

Consultado, un lobista del sector de medios reconoció que la culpa no fue únicamente de las Big Tech, aunque ellas hayan sido la mayor fuerza en acción. Eso porque, cuando empezó a hablarse de un órgano regulador y del pago a artistas por copyright —una imposición del gobierno de Lula—, los términos pasaron a desagradar también a algunos de los grupos de medios más poderosos del país.

“¿Quién mató el PL de las Fake News? Fue el gobierno, fueron las Big Tech, y nosotros también lo matamos un poquito. ¿Sabe aquel libro de Agatha Christie, Asesinato en el Expreso de Oriente? Fue así”, dice.