José Cartagena tiene buenos recuerdos del río Kaka. Ahí, hace 40 años, dice que podía pescar pacú, surubí y bagres, beber agua y hasta navegar sin problemas. Pero para este dirigente indígena del pueblo leco que vive en Tomachi, un pueblo en la parte amazónica del departamento de La Paz, en el oriente de Bolivia, hoy el Kaka es un cuerpo de agua muerto: ya no hay pesca, sus aguas están contaminadas y los sedimentos en el lecho del río han vuelto la navegación una labor titánica. 

Ese desastre, explica, fue ocasionado por la minería aluvial de oro, tanto legal como ilegal, que dejó un cauce totalmente destrozado. 

Desde el año 2000 los operadores mineros han venido incrementando el uso de dragas. Sin embargo, la historia minera en el municipio de Teoponte, al que pertenece Tomachi y del que lo separan unos 17 kilómetros, se remonta mucho más atrás. A finales de los años 50 la empresa estadounidense South American Placer Incorporated (SAPI) construyó un pequeño aeropuerto para transportar el oro en aviones. Fue la primera compañía en introducir una draga para explotar el mineral de manera intensiva. Trabajó allí hasta los años 80, cuando vendió sus concesiones a la Corporación Minera del Sur (Comsur), propiedad del empresario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada que después se convertiría en presidente de Bolivia.

 

A partir de los años 90, tras la entrada de empresas mineras nacionales, una parte de los indígenas leco decidió dedicarse a esta actividad, por lo que poco a poco algunos miembros de las comunidades nativas se convirtieron en cooperativistas. 

El resultado de esa bonanza trajo consigo varios cambios.

“Antes el río Kaka era de un agua clara, hoy está contaminado por todas las empresas que trabajan en el área minera”, relata Cartagena, un hombre de 62 años que ahora es presidente del Comité de Agua de la comunidad Tomachi. “Incluso podíamos tomar agua porque no había contaminación. Ahora es imposible, ya no se puede”. 

Las imágenes de cómo era el río llegan a su mente con rapidez. Antes era angosto, dice, ahora es más amplio por la actividad minera. “Empezando desde Caranavi hasta Puerto Pando todo es trabajo minero. Todo es contaminación con mercurio, también hay contaminación por la grasa y el diésel”, explica al referirse al tramo del río de unos 141 kilómetros en el que está su comunidad y a los residuos que vierten al agua los barcos que lo surcan. 

Tomachi, donde viven unos 1300 habitantes, forma parte del territorio indígena leco en la Amazonía boliviana. Su pueblo, a pesar del deterioro del río, no ha muerto de sed de puro milagro. Todavía tienen la fortuna de tener dos arroyos. “Por el momento no se han secado, porque estamos cuidando esa agua. No permitimos que nadie haga chaqueos alrededor. Acá hay agua las 24 horas porque vigilamos todos los días”, dice. 

Periodistas de Mongabay Latam, El Espectador y Correo del Caroní analizaron los cambios que han afectado al Kaka y a otros tres ríos amazónicos de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela en las últimas dos décadas, con apoyo de científicos de MapBiomas y del programa de formación en ecología cuantitativa del Instituto Serrapilheira de Brasil. Lo hicieron como parte de la investigación Aguas Partidas, que coordinó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con ocho medios de la región.

En total, esta alianza analizó 722 microcuencas de cuatro países usando el análisis por microcuencas de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), a partir de datos de la plataforma MapBiomas Agua, creada por un consorcio de organizaciones no gubernamentales de la Amazonía para mapear los cambios de uso de la tierra y la evolución de cuerpos de aguas por múltiples presiones. 

Los resultados son contundentes. En Venezuela, la superficie total de agua de los 98 ríos afluentes y los embalses en el Caroní cayó un 5,8%, según datos de MapBiomas Venezuela. Dado que más de tres cuartas partes del agua del Caroní está contenida por tres grandes centrales hidroeléctricas (Guri, Macagua y Caruachi), ese hecho enmascara una pérdida de agua significativamente más grande en los ríos. En Colombia, donde la presión dominante es la ganadería, las microcuencas más deforestadas también pierden agua. En Perú, el 99,7% del agua artificial nueva se concentra en 45 de las 84 microcuencas con minería. Y en las cuatro cuencas se repite un patrón más fino: una de cada seis microcuencas pierde agua natural y gana agua artificial al mismo tiempo; de cada cinco hectáreas de esa agua artificial, más de cuatro aparecen en territorio indígena.

El análisis de la investigación le pone cifras a lo que Tomachi ve. En la cuenca del Beni, donde está el Kaka, se analizaron 164 microcuencas. Las 52 que tienen minería ilegal registrada ganaron un 21,5% de superficie de agua entre 2000 y 2024 -de 16.068 a 19.526 hectáreas-, mientras que las 73 sin ninguna minería perdieron un 17,2%. Es la mayor diferencia de los cuatro países de la investigación. Y no se explica por la lluvia: las microcuencas mineras que “ganan” agua son, justamente, las que menos llueve.

Esa “agua ganada” no es agua para beber: son las pozas que deja la minería. En todo el Beni se perdieron casi 14.000 hectáreas de agua natural, y en su lugar aparecieron unas 3.000 hectáreas de pozas. El territorio indígena cubre en promedio el 34,8% de las microcuencas del Beni analizadas -leco, tacana, cavineño, mosetén, chácobo y otros pueblos, según RAISG-, y esas pozas nuevas aparecen justo en el territorio que esos pueblos habitan.

Y podría ser aún más de lo que muestran los mapas. Para marcar un cuerpo de agua como minero, el sistema necesita datos adicionales que en Bolivia escasean más que en otros países, explica Eva Mollinedo, coordinadora técnica de MapBiomas Agua Bolivia. “En Perú hay más información, mientras que en Bolivia estaría un poco subrepresentado el tema del uso [minero]”, dice.

El recorrido por el Kaka

Tomachi es un territorio de contrastes. A pesar del rugido de los motores de máquinas a diésel que se escuchan a lo lejos y de las aguas cafés del Kaka, las aves todavía cantan y vuelan sin temor por el pueblo. No tan lejos se ven unas estructuras de hierro que flotan sobre el río: son las dragas y planchones mineros que operan día y noche, removiendo el fondo del cauce en busca de pepitas de oro.

Mongabay Latam recorrió 17 kilómetros del río Kaka, desde el área urbana del municipio de Teoponte hasta la comunidad de Tomachi. En ese tramo es visible la actividad aurífera, con tres cooperativas mineras extrayendo oro en su curso. Las dragas, que según los pobladores locales pertenecen a cooperativas legales con capitales extranjeros, no paran de funcionar en el lecho. Las excavadoras operan de margen a margen del río. El resultado es que las piedras y la arena son empujadas hacia las riberas, provocando el desvío y ensanchamiento del cauce. También se ven pozas de aguas color verde, donde la actividad minera ha dejado sus residuos.

 

Para los indígenas leco, el cambio ha sido drástico. 

“Han tumbado los árboles sin piedad y también desaparecieron hermosos humedales. Antes hacíamos turismo en canoa por el río Kaka, pero ahora es imposible porque hay mucha piedra y tierra que van botando las mineras”, relata Waldo Valer, indígena leco que trabajaba en el río Kaka como operador turístico. Solía llevar a los visitantes  extranjeros a Retama a acampar y visitar las cascadas. Hoy esas visitas son escasas.   

En 2010, cuenta, todavía se podía bajar por el lado derecho del río. Ahora sólo puede navegar por el izquierdo debido al aumento de los sedimentos. Recalca que el ancho del Kaka varía entre los 500 y los 700 metros, cuando antes era de unos 200 metros.

Hace ocho años decidió trasladar su emprendimiento a la ciudad de Rurrenabaque, 300 kilómetros al norte en el departamento del Beni y cercana al Parque Nacional Madidi. 

Con él coincide Lucas Solara, un comunero que llegó a Tomachi hace 35 años proveniente de Irupana en Los Yungas, el ecosistema que marca la transición entre los Andes y la Amazonía boliviana.

“A lo que era antes y a lo que es ahora [el río Kaka] hay bastante diferencia”, dice, parado a sus orillas observando sus aguas. “Antes se miraban unas playas hermosas, lugares excelentes para poder pescar, pero ahora todo el río Kaka está destruido, solo hay escombros y piedra. Ya no son las corrientes cristalinas que bajaban de los deshielos andinos”.

Solara cuenta que hoy es común que los residuos del combustible de la maquinaria pesada floten en el agua. Se refiere a una forma de contaminación menos visible que la del mercurio pero también muy nociva.  

“Obviamente el mercurio es lo más notorio y lo que más afecta a estos ecosistemas acuáticos. Pero con los años de explotación minera además se genera un impacto removiendo arenas y derramando lubricantes”, explica Alfredo Zaconeta, investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Es un daño, explica, que no sólo ocurre con la minería ilegal sino también con la legal. 

 

La presencia de dragas operadas por cooperativas locales, que según los leco, están asociadas con capitales extranjeros principalmente de origen chino y colombiano, creció de forma desmedida. La ley minera en Bolivia prohíbe formalmente que las cooperativas mineras suscriban contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras. Sin embargo, explican los locales, éstas operan bajo figuras como los acuerdos de arrendamiento, riesgo compartido o contratos de operación. Algo similar ocurre en otros ríos amazónicos bolivianos.

Operativos fallidos

A pesar de los operativos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para detener la actividad ilegal y controlar la minería legal, los leco cuentan que las barcazas regresan apenas las patrullas se retiran.

En 2024 esa agencia pública presentó una demanda ante el Ministerio Público por presencia de minería ilegal en el Kaka. “Desde la presentación de la denuncia penal, el ingreso al área resultó extremadamente difícil, incluso para las autoridades del Ministerio Público y el investigador asignado al caso, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por la AJAM dentro del proceso penal”, respondió esa institución a Mongabay Latam. 

En septiembre de 2025 realizaron operativos en diferentes ríos amazónicos y encontraron nuevamente minería ilegal en el Kaka. Según la entidad, consiguieron evidencias de la existencia de  campamentos, maquinaria pesada, chutes (canaletas que se usan para pasar los minerales de un lugar a otro) y otros insumos en áreas mineras sin autorización legal.

 

En esa ocasión, los funcionarios de la AJAM fueron atacados por los mineros ilegales y tuvieron que abandonar el operativo. El caso pasó al Ministerio Público, pero no ha habido avances en la investigación, según indicó la AJAM. 

El último operativo realizado, junto a la Armada Boliviana, fue en marzo de este año. En ese control se llegó hasta la comunidad de Mayaya, 30 kilómetros aguas abajo de Tomachi. Según el informe oficial, decomisaron cuatro retroexcavadoras y un tractocamión tipo volqueta, desarticularon dos campamentos mineros ilegales y destruyeron una tolva utilizada para la extracción de oro, así como cinco tambores de combustible con diésel. Además, obtuvieron memorias de cámaras de circuito cerrado que entregaron a la Fiscalía.     

El llanto del río

Cae la tarde en el río Kaka. Mongabay Latam comprobó que aguas arriba de Tomachi, los motores de las dragas siguen trabajando. En las riberas, los botes de madera que antes se utilizaban para hacer turismo hoy navegan completamente desestabilizados por un río turbio y colmatado. 

“Los pobladores aún deben sentir los impactos de la minería que está alrededor, pero también es muy probable que reciban la afectación de la minería que está aguas arriba. Los contaminantes [mercurio y lubricantes] no se quedan en un solo lugar, sino que también se arrastran por diversas cuencas”, explica la ingeniera ambiental Ana Lía Gonzales, gerente del Proyecto Vulnerabilidad Hídrica de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).   

 

 

El análisis de la investigación mira de cerca el propio Kaka: la microcuenca que atraviesa Tomachi —que incluye tramos de los ríos Kaka y Alto Beni— es la más afectada de toda la cuenca del Beni. Perdió casi la mitad de su agua natural, de 1.945 a 992 hectáreas, y en su lugar aparecieron 1.454 hectáreas de pozas de minería entre 2000 y 2023.

Esa transformación tiene una línea de tiempo. “Con la plataforma de MapBiomas podemos ver cómo la minería va creciendo en el tiempo”, explica Eva Mollinedo. Sus datos muestran un aumento desde 1995 y una aceleración en 2001, con la sustitución del bosque inundable del Kaka por playones de extracción, la acumulación de sedimentos y la pérdida de vegetación en las riberas. El 2021 fue el año más crítico.

En Tomachi, la minería llegó a su mayor pico hacia 2021 y a partir de ese año empezó a descender. Ese dato lo ratifican los pobladores que han visto menos trabajos de minería de oro en esa zona en los últimos cuatro años. Sin embargo, recalcan que los efectos persisten.

Por ejemplo, Cartagena relata que cerca de Tomachi operaba una cooperativa. Aunque se fue hace tres años, las playas están destruidas y las riberas siguen sin vegetación, llenas de arena, lodo y piedras. 

“Nosotros los indígenas siempre nos caracterizamos por (vivir en) las riberas del río. Antes tomábamos agua del río. Me acuerdo de mi niñez: sabíamos andar con mis padres en las playas. En ese tiempo solo había minería artesanal y vivíamos de la pesca”, recuerda la líder indígena Roxana Pizza Tupa. Además de vivir en Tomachi, es la presidenta de la organización Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL).

 

En su visión, la actividad minera en Tomachi y sus alrededores descendió no porque las autoridades hayan actuado sino porque ya se ha extraído la mayor parte del oro disponible de la zona. “Ya todo lo han trabajado. Ahora queremos que esta población sea turística y también productora de alimentos”, dice, al tiempo que enfatiza en que no permitirán que las actividades mineras toquen las quebradas de las que aún se abastecen de agua y que corran la misma suerte que el Kaka. “No permitiremos que toquen nuestros ojos de agua y por eso queremos que se nombre a este pueblo como una reserva”, detalla.  

Pizza Tupa y los comuneros están reunidos en la plaza de Tomachi. En ese espacio hay monumentos de la fauna silvestre que atesora la comunidad, como el pájaro carpintero o el chancho de monte. Ahí, los pobladores visualizan un mapa donde se ve el serpenteo del río Kaka. Apuntan con un marcador rojo las zonas donde la minería, legal e ilegal, destruyó el afluente y con azul señalan los lugares donde podían pescar y beber agua. 

José Cartagena no duda. Agarra el marcador rojo y tacha todo el recorrido del Kaka. Pizza Tupa es menos pesimista: traza unos puntos rojos donde la minería arrasó con las riberas y con azul marca las zonas de esperanza, aquellas donde podía pescar y donde cree que pronto volverán a hacerlo. 

Para Óscar Campanini, sociólogo y director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el problema justamente es que las comunidades indígenas no solo consumen esas aguas, sino que los ríos son parte de sus territorios, de su cultura y de sus medios de vida. “No solo se les afecta su derecho al agua, al transporte, a alimentos, sino también su derecho a la vida”. 

 

Campanini destaca que se suele utilizar medio kilogramo de mercurio para sacar un kilo de oro, pero que en Bolivia se han registrado casos donde se han utilizado hasta 18 kilogramos de mercurio para extraer uno de oro. “El mercurio se bota al río o incluso lo llegan a enterrar en las playas. También se puede condensar luego de que haya sido evaporado y así llega a lo profundo del río, ya que es un metal pesado”, dice.

Además, el director del CEDIB explica  que a esto se suma que trabajos mineros inadecuados pueden provocar deslizamientos en zonas urbanas y pueblos indígenas. 

A pesar de la determinación del pueblo leco, Pizza Tupa asegura que el cambio climático se suma a los problemas de la zona, pues han notado la disminución en la cantidad de agua de sus arroyos. “Tomachi es una bendición de Dios, pero el calor aumentó y eso nos afecta los ojos de agua. Yo pido que no quemen, eso también nos perjudica mucho”, dice.

El Kaka era una fuente de vida para los lecos

En Tomachi el pájaro carpintero de garganta blanca (Piculus leucolaemus) es una de las especies de fauna más notorias. Esta ave está en los cafetales bajo sombra de la zona y se reconoce por su garganta blanca y dorso verde. Además, este bosque es un corredor ecológico fundamental para grandes mamíferos amenazados como el jaguar (Panthera onca) y el jucumari u oso de anteojos (Tremarctos ornatus).     

“Lo que hace la minería del oro es exacerbar o intensificar la carga de sedimentos. La minería que se hace en las riberas es la que provoca más carga de sedimentos”, indica Óscar Campanini. 

 

Esto es algo que la ciencia ha venido estudiando durante años. Un estudio publicado por un grupo de científicos estadounidenses en 2023, entre los cuales estaba el director del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) peruano, Luis Fernández, reunió y analizó casi cuatro décadas de información satelital sobre casi 400 distritos de minería fluvial en 49 países y mostró los efectos de la sedimentación. Entre sus consecuencias se incluyen la degradación de hábitats, afectaciones a plancton y peces —especialmente larvas y juveniles—, una mayor mortalidad de vida acuática y el transporte de mercurio aguas abajo. El estudio encontró  que los efectos pueden extenderse cientos de kilómetros más allá de las zonas de extracción.

“Un río afectado no es  sólo un pasivo ambiental, representa una vulnerabilidad territorial y con ello un problema para el propio Estado y su institucionalidad”, dice Jaime Cuéllar, abogado especializado en minería legal e ilegal. La minería aluvial, explica, puede producir una transformación física del cauce, los márgenes, las terrazas aluviales y los depósitos sedimentarios. 

Por eso, el problema  va más allá de un conflicto entre actividad minera, ambiente y pueblos indígenas, comunidades o municipios. “Debe ser abordada como un asunto de seguridad de Estado, seguridad hídrica y salud pública, porque la expansión de actividades extractivas va a comprometer recursos de los que dependen comunidades rurales, poblaciones indígenas y centros urbanos”, dice. 

 

 

Hoy se ven pocas actividades mineras en los alrededores del río Kaka, pero el daño ya está hecho. El subalcalde del distrito indígena leco del municipio de Teoponte, Andy Limaco, asegura que “el Kaka es uno de los ríos amazónicos más críticos por la contaminación. Mi generación ya no pudo pescar en aguas claras”. Sin embargo, asegura que en Tomachi están tomando conciencia y hoy le apuestan a cuidar el agua. El principal objetivo es declarar sus arroyos como reservas naturales de carácter municipal con el fin de protegerlos de actividades extractivas como la minería.

Para Limaco la meta es clara: evitar que los arroyos terminen igual que el Kaka, mientras esperan que el río, ahora que la minería parece dejarlo en paz, tenga la resiliencia para recuperarse después de décadas de contaminación.