La noche había quedado atrás en la selva de Loreto y el mundo aparecía ruidoso, colorido y salvaje tras los recodos del río Nanay. La oscuridad se diluía en forma de bosque. Una multitud de aguajes, capironas y shapajales avanzaba hasta el territorio del agua. A esas horas, la luz del sol resbalaba cálidamente por entre las copas de la arboleda y caía sobre el lomo oscuro y manso del río. Las ramas y el cielo recién estrenado se reflejaban en él. Y el canto alborotado de los pájaros despertaba del letargo a la sachavaca (tapir), la huangana (pecarí) y el majaz (roedor paca). Las ramas crujían. Había amanecido.

Este lugar, lejano y antiguo en la Amazonía norte del Perú, es apenas un costado del Área de Conservación Alto Nanay-Pintuyacu Chambira que se extiende, como un mar verde e inabarcable, a lo largo de más de 950 mil hectáreas de bosques de arena blanca, bosques de altura y bosques inundables.

Fue establecida en 2011 por el Ministerio de Ambiente para resguardar a los ríos Pintuyacu, Chambira y el Nanay, principal fuente de agua potable de Iquitos, la ciudad amazónica más grande del Perú.

Otros objetivos del área, según el Ministerio de Ambiente son: cuidar especies raras y de distribución restringida en la Amazonía peruana como el inquieto lobo de río, el manatí o el batará de cresta negra, así como garantizar el “mantenimiento de procesos ecológicos” que involucran el desove de los peces y sus migraciones. 

Esta área sostiene la vida de 19 comunidades —nativas y campesinas— que habitan dispersas dentro y alrededor de ella, al pie de sus dos cuencas: el Pintuyacu y el Nanay. Es hogar de unas 494 especies de fauna, siete de ellas en peligro según la lista roja de especies amenazadas de la UICN, y hay una variedad de 670 plantas.

Aunque sus bosques inundables ayudan al almacenamiento de carbono, desde su creación ha perdido más de 2.4 millones de toneladas de CO, una cantidad equivalente a las emisiones de casi 50 mil personas en once años, según datos levantados por Pedro Paulo Souza-Lopes, que forma parte del Programa de Formación en Ecología Cuantitativa del Instituto Serrapilheira. Este reportaje es fruto de una colaboración entre periodistas y científicos latinoamericanos, precisamente impulsada por este instituto de Brasil y por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), para explorar como daños a la biodiversidad de la Amazonia perturban los distintos servicios ambientales que ésta proporciona al continente.

Esta pérdida es una grave alarma de degradación ambiental. A pesar de que las causas no están completamente determinadas. Podrían estar asociadas a la presión de actividades ilegales, como la minería de oro en el lecho de los ríos, que amenaza a este ecosistema claro y fresco, lleno de vida y movimiento.

Las dragas y el río

El tumultuoso sonido de la naturaleza amazónica es interrumpido por el ronco rugido de un motor. Cerca a la intrincada floresta reposa una barcaza de maderas húmedas que parece bufar. Dentro de ella se mueven afanosamente cinco hombres, o tal vez seis. Parece una casa flotante: tres arcos sostienen un techo de plástico, algunas hamacas, ollas y jarras cuelgan de los horcones. La balsa está pertrechada de galones azules repletos de combustible que servirán para mantener en funcionamiento el motor durante varios días de jornada. Es una draga: monstruo de madera animado por el petróleo, que pronto hociqueará el lecho del río en busca de oro.

La manguera, sujeta a uno de los costados, se estira hasta el agua, un buzo la sujeta y comienza a succionar. La bulla que causa el motor es tremenda y altera a los pájaros, los peces y las bestias. Un tripulante vigila una rampa—que va de proa a popa—, atento a ver si llega oro. Si por ella suben partículas doradas, dará el aviso: ¡Aquí pinta!. Entonces ya no se moverán de ese lugar. 

La rampa expulsa los desechos extraídos, dejando tras de sí una estela blanca de sedimentos sobre el cauce oscuro del río, un impacto difícil de mitigar. 

En el caso del Nanay, un río de aguas negras, la alteración de su turbidez afecta todos los procesos ecológicos vinculados: disminuye la fotosíntesis, mueren las especies acuáticas adaptadas a esas condiciones como el yaraqui, el tucunaré, el zungaro o la palometa. —Uno de los mayores potenciales de aprovechamiento sostenible del Nanay son los peces ornamentales. Si observamos las huellas que deja la draga, la turbidez del agua es impresionante. Alarmante — indica Martín Arana, ingeniero forestal y líder de gestión territorial amazónica en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS).

La draga insaciable sigue removiendo al Nanay, excava , hiere  sus entrañas. Como ésta, hay decenas ancladas en la cuenca media y alta del río: solo en 2024 el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), del consorcio de organizaciones ambientales llamado Amazon Conservation, contabilizó 221 hallazgos de dragas operando. En 2025, entre enero y abril, se detectaron 99 infraestructuras mineras.

Algunas se han acercado a las playas del río o se han comido sus riberas, tumbando los árboles de los bosques inundables, iniciando un alarmante camino de deforestación. Por ejemplo, en marzo de 2024 el MAAP informó que ya se habían perdido 2 mil metros cuadrados de cobertura forestal en el área de conservación, por actividades mineras.

La Marina de Guerra del Perú afirma haber destruido 169 dragas en el río Nanay —entre 2020 y 2024— y nueve en el Pintuyacu. Pero en todo lo que va del 2025 no se ha ejecutado ningún operativo mixto contra la minería ilegal en el Nanay.

—Tenemos cero presupuesto para realizar operativos conjuntos contra la minería ilegal—afirma una fuente de la Fiscalía Ambiental Especializada de Loreto, que pide omitir su nombre por no estar autorizada para declarar ante la prensa.

Cuando los mineros terminen su jornada recogerán el material extraído en galoneras de plástico y le aplicarán mercurio para separar el oro de las impurezas. Luego las agitarán hasta que la amalgama de ambos metales se asiente en el fondo, lista para ser recogida y calentada al aire libre para que el mercurio se evapore— y se esparza como un veneno sobre la selva, provocando contaminación atmosférica y acuática— y quede solo el oro, brillante.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)— luego de ser consultado para este reportaje por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública— informó que, en 2024, detectó afectación ambiental en la cuenca del río Nanay debido a la minería ilegal, pero no especificó la magnitud. Cuando se le consultó por los monitoreos ambientales realizados en la zona respondió que no tenía información al respecto.

Por su parte la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en respuesta a un pedido de información pública, indicó que no ha realizado estudios  específicos para detectar mercurio en los sedimentos del lecho fluvial. 

—No hay evaluación sistemática [por parte del Estado] en la región de Loreto, tan solo estudios aislados que, por la forma en que fueron hechos, no dan información suficiente — explica la científica Claudia Vega, coordinadora del programa de mercurio de la ong ambiental Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA).

La fiebre del oro

En Perú, la minería en cuerpos de agua es una actividad prohibida desde el 2012 de acuerdo al Decreto Legislativo 1100. Los mineros con sus dragas no deberían estar en el Nanay, ni siquiera cerca del Área de Conservación Alto Nanay Pintuyacu-Chambira. Pero están. Hace diez años que llegaron. Primero eran pocos, observaban el comportamiento de las comunidades. Algunos habían sido madereros ilegales, se decía que venían de la capital de la región. Otros llegaron de Colombia donde también se habían dedicado a la minería. Algunos incluso fueron parte del ejército colombiano, según investigaciones hechas por la Fiscalía Ambiental de Loreto.

A veces se internaban en el bosque por largas temporadas y luego regresaban para convencer a los más jóvenes de que los siguieran. Ofrecían dinero y trabajo, dos cosas escasas por aquellos lares.

—Llegaron, se mezclaron con las comunidades que entran a nuestra área de conservación y se adueñaron de todo. Por ejemplo, en Alvarenga y Puca Urco ellos imponen la ley— quien dice esto es una comunera que habita cerca de la unión del río Pintuyacu con el Nanay, en alguno de los seis anexos llamados Los Seis Hermanos del Pintuyacu. Los lugares a los que se refiere son dos comunidades nativas estratégicamente ubicadas al inicio y dentro del área protegida. 

—Allí ya no se puede entrar, son varios—, añade otro comunero.

Ambos han sido amenazados de muerte, y piden que sus nombres no sean revelados.

En los últimos cinco años, los mineros ilegales se multiplicaron.  Sus líderes —de acuerdo con el relato de los comuneros y documentos del sistema judicial peruano— adoptaron alias estrambóticos: Moico, Tío Goldberg, Pastuso, Marino, Mago y Papillon. Para consolidar su dominio, recurrieron a la intimidación de quienes se les oponían. En la comunidad campesina Diamante Azul, levantada a orillas del Nanay y conocida por su resistencia a la minería ilegal, llegaron armados en busca de un defensor ambiental al que amenazaron con asesinarlo. Poco a poco, lograron sembrar el miedo en los comuneros. 

Hasta la fecha no hay registro de una sola detención de mineros ilegales en el Nanay por parte de las fuerzas militares o policiales. Asimismo, el Ministerio Público  confirmó que no se ha condenado a ninguna persona por el delito de minería ilegal en los ríos Nanay y Pintuyacu. 

Al revisar el número de expedientes que existen por este delito en la región Loreto durante la última década, se encontró que, de 102 procesos registrados, 24 fueron archivados, 52 siguen en trámite y solo uno ha concluido con una sentencia inapelable. El resto se encuentra en etapa de calificación o con audiencias programadas. Estas cifras reflejan la lentitud y la limitada eficacia del sistema judicial para afrontar este ilícito.

Sin identificar ni sancionar a los responsables, las operaciones de destrucción de dragas se vuelven simbólicas: las embarcaciones desaparecen, pero los operadores, los financistas y el sistema que las sostiene permanecen intactos.

—No hay atención a las pequeñas comunidades con proyectos productivos [sostenibles] que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Esta es una tragedia superable,— para el activista ambiental José Manuyama, presidente del Comité para la Defensa del Agua en Iquitos, la reactivación económica en las cuencas ayudaría a derrotar a la minería ilegal.

Los Seis Hermanos del Pintuyacu

La única resistencia frente a la minería ilegal en ambas cuencas, aunque débil y desarmada, es el comité de vigilancia Los Seis Hermanos del Pintuyacu, fundado en 2009 para proteger el Área de Conservación Regional.

Los vigías son hábiles con el machete, buenos navegantes y pescadores ágiles, dicen descender de los Ikitu, antiguos ancestros que supieron hacerse querer por esas tierras hoscas. Ellos y ellas conocen bien los caminos enrevesados de su selva. Andan de un lado a otro, aún en la noche, sin temor a perderse. Saben qué árbol sirve para curar tal o cual dolor. En qué lugar del bosque hay buena caza y cómo se pesca más fácilmente la doncella en el Pintuyacu y el Nanay. Han aprendido a sentir el cálido respiro del monte en las noches estrelladas y a ver donde se marcan los caminos del cielo. 

—Yo soy sangre Ikitu, mi madre es raza Ikitu —dice una de las mujeres que lidera el comité de vigilancia Los Seis Hermanos del Pintuyacu. Es Marcelina. Nació en una de las pequeñas comunidades del río Pintuyacu. — El bosque es el pulmón del mundo. En Perú nosotros cuidamos nuestra parte, miles de hectáreas, pero no tenemos apoyo. Merecemos que conozcan lo que pasamos.

Algo en su interior —que ni ella misma comprende— la empuja a consagrar su vida a la lucha por los bosques y los ríos. Quizá será porque su abuelo, décadas atrás, se había enfrentado al hombre blanco que talaba los árboles de la cuenca. O tal vez habita en su pecho un coraje sereno, una valentía heredada de los guerreros Ikitu de los que desciende.

Lo cierto es que, desde los 19 años, había aprendido a rastrear el paso del maderero, luego el del cazador y, después, a intuir en qué cocha o recodo del río se esconde el minero.

A veces iba trepada en la única lancha del comité, dirigiendo a los demás vigilantes; otras, viajaba a Iquitos o a Lima para contar lo que hacían los mineros en el Pintuyacu y el Nanay. A veces tenía éxito: aparecía en las portadas de los diarios independientes, pero casi siempre volvía el silencio y la indiferencia. Entonces regresaba a su comunidad por el mismo río que la había llevado a las grandes ciudades en búsqueda de justicia. 

En algunas ocasiones ni siquiera podía salir de su pueblo. Los mineros le prohibieron andar con libertad, la amenazaron de muerte. Incluso, en el desarrollo de este reportaje, su vivienda fue fotografiada, en clara actitud de amedrentamiento.

—A ella la buscaban por todos lados, por poco no está muerta—. Quien habla es el presidente actual de la vigía. Este hombre tiene los ojos vivos, rutilantes, y las maneras afables propias de los habitantes del oriente peruano. Su hablar es muy expresivo. La dura vida en la selva no ha acerado su carácter: conserva la risa fácil y tiene una natural disposición para contar historias.

La mayoría de los vigilantes son así. Tienen buena voluntad para cumplir con su tarea y están dispuestos a arriesgarse para defender los árboles, las aves, los animales y los ríos del área de conservación. Son cerca de setenta, y se hacen llamar Los Seis Hermanos porque son seis los pueblos que custodian la unión entre el Pintuyacu y el Nanay. A pesar del caluroso clima selvático van ataviados con chalecos verdes, sombreros de cazador y pasamontañas. Solo algunos llevan botas, el resto va en sandalias.

—Nosotros nos identificamos como guardianes del bosque. Salvaguardamos los ríos, nuestras aguas, que nacen allá de un riachuelo en el final de la cuenca. Los cuidamos para nosotros y para los que vienen— le dice Marcelina a los jóvenes de su comunidad.

La tarea inicial del comité era patrullar los límites del Área de Conservación Regional para disuadir la tala ilegal, identificar a los cazadores furtivos, evitar la pesca con explosivos y reportar cualquier ingreso no autorizado al bosque. También debían verificar que no se abrieran nuevas chacras dentro del área protegida, participar en capacitaciones sobre conservación y mantener comunicación constante con el Gobierno Regional de Loreto.

— Hemos enfrentado a madereros y pescadores ilegales. Luchando contra ellos pasamos muchas cosas, nos han amenazado, nos han disparado— narra el presidente del comité de vigilancia—; luego vino la minería ilegal. Desde entonces todo es un esfuerzo, un sacrificio. Vigilamos bajo lluvia, sol y hambre.

Fue así que su labor dejó de ser solo preventiva o de escaramuzas, y se convirtió en una defensa en primera línea. Ahora su misión, autoimpuesta, consiste en impedir que los mineros asentados en la parte media y alta de la cuenca reciban insumos. A veces actúan de forma directa: interceptan botes que transportan combustible río arriba. Otras, en cambio, son más cautelosos y aplican tácticas de inteligencia: se hacen pasar por cazadores para detectar, grabar y reportar la ubicación exacta de los campamentos y dragas ilegales.

— Hacemos patrullajes hacia la ACR en grupos de 12 a 15 personas, entre hombres y mujeres. Los mineros pasan frente a nosotros hacia nuestra ACR, ellos piensan que solo somos comuneros y se confían. —cuenta Marcelina.

— Si se contamina el río estamos fregados. Nosotros no tenemos acceso al agua potable, la cogemos directamente y la guardamos en baldes. Como vigilantes cuidamos que el bosque y el río no se terminen— narra.

Pero su trabajo no tiene nada de romántico: los vigías son amenazados de muerte, van desarmados, su economía es de subsistencia, viven en condiciones precarias y, como en el caso de uno de ellos, a veces ni siquiera pueden enterrar a sus familiares por falta de dinero. El Estado les ha dado la espalda, mientras ellos se enfrentan —con voluntad y lanzas de madera— a organizaciones criminales con gran capacidad económica que les permite adquirir fusiles de asalto, escopetas,  revólveres, y poseen una compleja red de informantes a lo largo de las cuencas.

El Obispo de Iquitos, Miguel Ángel Cadenas, que ha recorrido buena parte de las comunidades nativas y campesinas de Loreto pone énfasis en la labor sacrificada de estos hombres y mujeres. Para él es importante que se tenga en cuenta que lo que el resto ve como heroísmo. Para los vigías es una tarea plagada de sufrimientos y peligros. Una vida trajinada, un péndulo entre la pobreza y la sobrevivencia, el olvido estatal y el ansia voraz de un sistema productivo que no toma en cuenta la naturaleza.

—El estado está sacrificando, entregando, a esta población a organizaciones criminales. Es una omisión de funciones que es absolutamente demencial. Si la democracia no sirve para defender a los pobladores más indefensos… ¿Entonces de qué estamos hablando?— se pregunta el obispo Cadenas.

La Iglesia, en las cuencas del Nanay y el Pintuyacu, es una aliada fundamental de los defensores. Les apoya brindando acompañamiento emocional y educativo —en cada comunidad buscan garantizar el acceso a la educación secundaria, un derecho que el Estado no brinda—, pero también denuncia: la psicóloga del vicariato ha detectado que los niños viven con miedo, y los adolescentes sufren ansiedad por el riesgo que enfrentan sus padres al salir a defender el área de conservación.

—Los mecanismos de vigilancia comunitarios nunca fueron pensados como respuesta a organizaciones criminales. Servían para la autorregulación en el uso de los recursos. Las comunidades no deben cumplir el rol de las fuerzas armadas, es poner en riesgo la vida de los pobladores— afirma el abogado Ricardo Rivera, coordinador en Loreto de la ong ambientalista Naturaleza y Cultura. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que en el Alto Nanay se han registrado 13 situaciones de riesgo que involucran a 21 defensores ambientales. Marcelina dice que tiene medidas de protección, pero resalta que eso solo es un papel, en realidad nadie del Estado la protege, solo sus compañeros vigías cuidan de ella .

— En la activación de la mesa de protección de defensores ambientales, una persona del vicariato dijo que los papeles no sirven para defender a las personas. Luego de eso ya no nos volvieron a dar la palabra— el relato del religioso coincide con lo dicho por Marcelina. El olvido es avasallante. Para el Obispo el problema no está solo en el Nanay o en los dragueros que remueven sedimentos y contaminan con mercurio, sino en los grandes compradores internacionales que blanquean el oro ilegal.

Para complicar más su tarea, los vigías cuentan con muy poca logística. En 2025 dicen tan solo haber recibido diez galones de gasolina por parte del Estado y una treintena de bolsas con víveres. La mayoría de los recursos son donados por organizaciones no gubernamentales y por la iglesia católica, pero no es suficiente.

Los defensores interrumpen su guardia por temporadas porque deben atender las necesidades de sus hogares. “Esto cansa, a veces no hay cómo afrontar la solvencia de la casa, nuestros hijos estudian”, cuenta el presidente de la vigía. 

En cada comunidad hay entre 50 y 80 familias. Cada pueblo coloca trampas para la subsistencia de todos los días. La pesca es una de sus labores diarias. Pero ahora la practican con recelo. Temen la posible contaminación por mercurio en los peces y el agua, ya que esta sustancia se absorbe fácilmente por vía digestiva y se acumula en la cadena alimenticia acuática. Los peces predadores, suelen contener mayores niveles de mercurio. Al consumirlos, las personas también se exponen a la contaminación. 

Hasta la fecha, el Estado no ha realizado ningún análisis de mercurio en sangre, orina ni cabello a los habitantes de las comunidades. El Ministerio de Salud ha confirmado para este reportaje que no hay datos al respecto.

La única evaluación estatal sobre metales pesados en peces fue realizada por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) en 2020, que analizó tres especies (yulilla, yaraquí y cunchi) capturadas en las cuencas del Nanay y Pintuyacu. 

Los resultados mostraron niveles de plomo y cadmio por encima de lo permitido, lo que implicaba un riesgo potencial para el consumo humano. Aunque los niveles de mercurio fueron bajos. Sin embargo, comuneros y especialistas cuestionan los resultados, señalando que esas especies no son de consumo habitual y que la metodología fue deficiente. 

—No hay justificación para haberlas elegido. Nosotros criticamos esos resultados y ese informe, que sospechosamente fue divulgado rápidamente en el Alto Nanay para justificar que no “pasaba nada”— sostiene Ricardo Rivera de Naturaleza y Cultura.

En los últimos cuatro años no se han realizado otros estudios.

Ese silencio estatal alienta la desconfianza entre los vigías. Al hablar del tema, su discurso recorre diversas emociones: rabia, desánimo y cansancio.

—Cuántos compañeros del Nanay están ya contaminados por el metal. Qué lástima me da, yo no sé cómo rescatar a mi Nanay. Sufro, yo quiero mucho a ese río —dice el presidente de la vigía Los Seis Hermanos del Pintuyacu. Su voz no denota cólera; más bien parece un llamado desesperado de ayuda.

—Las autoridades no nos dicen nada. La minería avanza y avanza…en el Nanay vamos perdiendo— Marcelina da un suspiro hondo.

Se encierra en el silencio.

A ella le gusta mirar el río Pintuyacu en el amanecer y en el ocaso. El alba, en esa parte del mundo, impregna las cosas de verde caña; los crepúsculos son lilas. Pero hay un momento, antes de que llegue la noche, en que el firmamento se enciende como si un fuego ardiera en sus adentros. Tal vez ese cielo cambiante recuerda cómo la gente de esta región desde tiempos lejanos, ha resistido las decenas de avanzadas contra ellos. Usando la intrincada selva como protectora, logrando mantenerse —aunque débiles y dispersos en muchos casos— de pie, sobreviviendo.