12,5 mil toneladas son de madera de especies en peligro de extinción. Los productos llegaron a Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania y Bélgica.

 

Akuanduba es una deidad de la mitología de los indígenas arara que habitan el estado de Pará. Según la leyenda, si alguien cometía algún exceso, yendo contra las reglas, la deidad hacía sonar una pequeña flauta para restablecer el orden.

Fue de esta leyenda arara que la Policía Federal (PF) tomó prestado el nombre que bautizó la operación de investigación lanzada en mayo de este año contra el ex ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, el ex presidente del Ibama Eduardo Bim y otros funcionarios públicos y empresarios de la industria maderera con sospechas de irregularidades en procesos de exportación de madera.

Ahora, seis meses después de la Operación Akuanduba, Agencia Pública -socio de CLIP en la investigación transfronteriza Madera sin Rastro– tiene nueva información sobre cuánta madera se exportó y qué países y empresas recibieron el producto durante los 15 meses que estuvo en vigor la medida del Instituto Brasilero del Medio Ambiente (Ibama) (7036900/2020) que está en el centro de la investigación de la PF. La investigación indica que las exportaciones de madera se vieron facilitadas por la orden que dejó obsoleta una Instrucción Normativa (15/2011) que establecía que las exportaciones de madera requerían una autorización específica del Ibama y preveía procedimientos más estrictos para el control de las exportaciones, como la inspección de la carga por muestreo.

La orden que dejó obsoleta la normativa, fue suspendida en mayo por orden del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. En la decisión, Moraes dijo que, según el trabajo realizado por la Policía Federal con datos, testimonios y documentos, las investigaciones apuntarían “a la existencia de un serio esquema de facilitación del contrabando de productos forestales”. Para Moraes, existe la sospecha de la participación del ex ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles y del ex presidente del Ibama, Eduardo Bim, en la supuesta trama.

Entre los investigados se encuentran también funcionarios nombrados por Salles en el Ibama, además de empresas del sector maderero, especialmente las vinculadas a las empresas madereras de la asociación paranaense Aimex (Asociación de Industrias Exportadoras de Madera del Estado de Pará).

174 mil toneladas a Estados Unidos y Europa

Según una investigación de Pública, sólo las empresas madereras asociadas a Aimex han exportado 174.000 toneladas de madera desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro – el 57% de estas exportaciones (unas 100.000 toneladas) se produjeron durante la vigencia de la medida de Ibama. El informe constató que, entre febrero de 2020 y mayo de 2021, las empresas vinculadas a Aimex comercializaron al menos 12.500 toneladas de madera de especies forestales consideradas en peligro de extinción por el Servicio Forestal Brasileño (SFB), como, por ejemplo, el angelim pedra, el cedro rosa, el cerezo, el itaúba y el garapeira.

Los datos se obtuvieron en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) a partir de la plataforma Panjiva, una base de datos de información comercial e inteligencia de mercado mantenida por S&P Global. A petición del reportero, el equipo de datos de CLIP ha agregado la información sobre las transacciones comerciales realizadas por las empresas madereras asociadas a Aimex.

El volumen de madera comercializada, según los datos de Panjiva, fue mayor en los 15 meses de vigencia del decreto del Ibama (de febrero de 2020 a mayo de 2021) que entre 2016 y 2019, cuando las empresas comercializaron 11.000 toneladas de madera de especies consideradas en peligro de extinción.

Las especies encontradas en la base de datos de Panjiva, a pesar de estar en riesgo según la clasificación del Servicio Forestal Brasilero (SFB), pueden ser comercializadas legalmente. Para extraer madera legalmente en Brasil, es necesario contar con un plan de gestión forestal aprobado por las secretarías estatales de ambiente.

En la base de datos consultada no es posible saber a qué planes de gestión está vinculada la madera vendida. Tras el lanzamiento de la operación Akuanduba, Aimex publicó una nota en la que afirma que la madera es legal.

Los destinos de la madera

Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania y Bélgica fueron los países que registraron el mayor número de envíos de madera considerados amenazados por el FSB mientras estuvo en vigor el decreto de Ibama.

La madera más enviada durante el período fue la angelim-pedra (Hymenolobium excelsum), la itaúba (Mezilaurus itauba), la garapeira (Apuleia leiocarpa) y el cerezo (Amburana acreana). Estas maderas, consideradas como especies vulnerables por la SFB, se utilizan principalmente en la construcción civil y naval y, por su resistencia y durabilidad, tienen interés comercial.

Sin embargo, las exportaciones de madera no se produjeron de forma homogénea entre los miembros de Aimex, según el análisis de los datos de nuestro informe. Seis empresas fueron responsables del 78,5% de los envíos de madera considerada en peligro durante la vigencia de la orden Ibama.

Entre las tres empresas madereras que más exportaron en el período, al menos dos comparten un pasado común: multas por infracciones ambientales del Ibama, demandas en el área socioambiental en los tribunales federales y estatales, y conflictos socioambientales con comunidades ribereñas de la Amazonia.

Ebata, 211 exportaciones de madera amenazadas

Una de estas empresas es Ebata Produtos Florestais Ltda. Durante la vigencia de la orden de Ibama, Ebata, con sede en Belém (en el estado de Pará), realizó al menos 211 exportaciones de madera amenazada al extranjero. Los envíos ascendieron a 6.000 toneladas de madera, principalmente de itaúba. Entre los clientes de la empresa maderera se encuentran empresas que fabrican suelos y muebles en países como el Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Holanda y Japón.

En la decisión que determinó la destitución del ex presidente del Ibama, Eduardo Bim, en mayo de este año, el ministro Alexandre de Moraes afirmó que la empresa había realizado exportaciones ilegales a los Estados Unidos, según el análisis de la Policía Federal.

El cargamento en cuestión era un contenedor de 28 metros cúbicos de itaúba y angelim-pedra, que habría sido exportado sin la autorización del Ibama antes del envío del ex presidente Eduardo Bim, en enero de 2020, cuando este requisito era necesario.

Tras la incautación de la carga por parte de las autoridades estadounidenses, la empresa habría recibido certificados oficiales emitidos por la superintendencia del Ibama en Pará para liberar el contenedor, lo que habría ocurrido bajo la influencia del ex ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, además de una opinión de Rafael Freire de Macedo, entonces director de Uso Sostenible de la Biodiversidad y Bosques del Ibama, quien presentó, según Moraes, “información falsa a las autoridades americanas” para liberar la carga. Nuestra reportería reveló que Ebata fue sancionada en los últimos 11 años con R$ 324.000 por seis avisos de infracción ambiental.

La empresa también tiene dos concesiones que suman más de 56.000 hectáreas en la Selva Nacional de Saracá-Taquera, un bosque público gestionado por la SFB en el municipio de Oriximiná, en el estado de Pará. Los acuerdos de concesión, realizados en 2009 y 2014, otorgaban a la empresa el derecho a explotar la zona concedida durante las próximas cuatro décadas. Ebata cuenta con dos sellos FSC (siglas del Forest Stewardship Council), una certificación de buenas prácticas en materia de explotación forestal, que facilita el acceso a los mercados de compradores en el extranjero.

La empresa fue objeto de una acción del Ministerio Público Federal (MPF) en 2016 que solicitó la suspensión de uno de los sellos FSC obtenidos por la empresa maderera. Para fundamentar la acción, el MPF alegó que las actividades de Ebata y las de otra empresa maderera que también tiene una concesión forestal en Flona Saracá-Taquera, Golf Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Ltda. Para el MPF, la concesión del sello a Ebata y Golf llevó al mercado de consumo a errores.

Entre los daños enumerados por el MPF estarían los daños ambientales y la sedimentación del lago Acari, que sería un canal de comunicación entre las comunidades ribereñas locales. Según el MPF, las balsas de las empresas madereras provocaban la contaminación del lago y restringían el tránsito de las poblaciones tradicionales. Según el MPF, las empresas construyeron una carretera que cortó parte del lago, dificultando el paso de las embarcaciones y obstaculizando la actividad pesquera de los ribereños. Parte de la estructura de procesamiento de madera de Ebata estaría en una propiedad rural llamada finca Arauak, superpuesta al Proyecto de Asentamiento Agroextractivo Sapucuá-Trombetas. A pesar de estar titulado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), un dictamen solicita la anulación del título por irregularidades en su emisión. El MPF afirma que hay un traslape de las zonas de tala con las zonas de uso de las comunidades ribereñas.

Ítala Nepomuceno, magíster en Ciencias Ambientales de la Universidad Federal del Oeste de Pará (Ufopa), que actuó como perito en la acción propuesta por el MPF, dijo que en su análisis concluyó que había algunas “inobservancias muy significativas” en la conducta de Ebata en relación con los estándares establecidos por el sello FSC. “Las normas de certificación del FSC establecen que las empresas reconocen los derechos consuetudinarios. En otras palabras, si la empresa percibe que su área de operaciones está afectando a zonas de uso tradicional, tiene que tener en cuenta estos derechos para poder obtener la certificación. Imaflora, la institución certificadora, ha registrado año tras año, en los informes de auditoría, que existía este traslape de las zonas de la empresa con las zonas comunitarias. A pesar de ello, el sello de la empresa no fue suspendido”, argumentó Ítala.

También dice que muchos residentes de las comunidades ribereñas fueron informados del tamaño de la zona que se concedería a la empresa sólo cuando Ebata comenzó los trabajos de demarcación física en el lugar. “Además de la superposición, la empresa también arrendó una propiedad vecina a Flona donde hay una concesión forestal, en un proyecto agroextractivo Sapucuá-Trombetas. En la Flona, explotan la madera y, dentro del Proyecto de Asentamiento Agroextractivista, instalaron su estructura administrativa y operativa. Este predio arrendado es una finca que está ahí de manera inadecuada, incluso hay un informe del Incra que recomendó que esta área se revierta al proyecto de asentamiento y se destine a las familias que tienen este perfil para ocupar el lugar. Hay una disputa entre la empresa y las familias ribereñas que son el público de este proyecto de asentamiento”, dice Ítala. “Otro impacto fue cuando la empresa instaló su puerto para la exportación de madera. La empresa construyó el puerto en esta propiedad arrendada y dentro del lago Acari, que es el lago donde vive la comunidad de Acari. Es un lago que tiene un estrecho acceso fluvial. Lo que la comunidad denunció en relación con el puerto es que los barcos de la empresa salían del puerto, pasaban por el canal y acababan derribando la vegetación ribereña de los canales y encenagando los canales.”

“Falta de comunicación”, dice el afectado por Ebata

“Ebata no se comunica con las comunidades. Sigue haciendo los ramales, degradando los igarapés (pequeños riachuelos) y acabamos siendo perjudicados”, afirma el habitante de la comunidad de Boa Nova, José Domingos Rabelo. Refuerza las quejas del MPF señaladas en un informe técnico sobre sedimentación de los arroyos, lo que acabaría perjudicando la pesca y el tráfico de las comunidades ribereñas. “Tiran troncos de madera, escombros, paja, en los igarapés”, dice. Para él, la retirada de la madera del lugar se produjo de forma desordenada, en desacuerdo con el plan de concesión aprobado por la SFB, lo que genera impactos ambientales como la pérdida de la caza. “Dijeron, por ejemplo, que no iban a quitar la itaúba, que es una madera tradicionalmente utilizada por las comunidades y que tarda décadas en crecer. Dijeron que iban a meterse con ipê, aroeira y otras maderas. Un día fuimos de visita y vimos un montón de troncos de itaúba allí [en el patio de la empresa]”, cuenta.

En septiembre de 2019, el Tribunal Federal de Santarém condenó a Ebata, Golf y al Instituto de Gestión y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora), que concedió el sello FSC a Ebata, a pagar 100.000 reales a un fondo y a las comunidades impactadas por las actividades de las madereras. Se determinó la suspensión del sello FSC para la empresa en Flona Saracá-Taquera hasta que se realice un Plan de Recuperación de Áreas Degradadas (PRAD) para la zona de la desembocadura del Lago Acari.

Ebata no respondió hasta la fecha de publicación. En cuanto a la certificación concedida a Ebata, Imaflora declaró: “En cuanto a la zona previamente certificada, que fue objeto de una decisión judicial, la certificación FSC fue suspendida y sigue suspendida. Esta cancelación no influye en la certificación de otras áreas”, comunicó.

Tradelink, sospechoso de “blanqueo de madera”

Según informaciones de la Policía Federal citadas en la decisión judicial del ministro Alexandre de Moraes en la Operación Akuanduba, a Tradelink, con sede en el estado de Pará, se le incautaron siete contenedores de madera en enero de 2021, con madera que se destinaba a la exportación a Estados Unidos, Bélgica y Dinamarca y fue multada por el Ibama por exportación ilegal en el mismo mes. El volumen total de los cargamentos incautados superaba los 150.000 metros cúbicos.

Al mes siguiente, según informaciones de la Policía Federal citadas por Moraes, a petición de la empresa, el Ibama retiró las cargas incautadas alegando falta de personal. Posteriormente, Bryan Landry, agregado del Fish Wildlife Service (FWS, organismo estadounidense equivalente al Ibama), analizó los cargamentos de Tradelink incautados en Estados Unidos y encontró irregularidades en el origen de la extracción de la madera, lo que reforzó la sospecha de la Policía Federal de un posible “blanqueo de madera”, es decir, el uso de créditos emitidos en los planes de gestión forestal y utilizados posteriormente para “calentar” la madera ilícita. Según un informe de Folha de Sao Paulo, los representantes de Tradelink llamaron a las autoridades aduaneras de Dinamarca y Bélgica para despachar las cargas de las terminales telefónicas vinculadas a Ibama en Pará. La empresa también habría colocado, según la información del FWS, un representante en la oficina del Ibama en Belém para garantizar la liberación de los envíos de madera al exterior.

Los datos del Ibama muestran que Tradelink ha recibido un total de 45 multas y notificaciones por infracciones medioambientales desde 1996. En conjunto, estas multas se acercan a los 7,5 millones de reales.

87 envíos de madera que se consideran amenazados

Según el análisis de datos realizado por Pública a partir de los datos obtenidos por Clip, Tradelink realizó un total de 87 envíos de madera considerada en peligro de extinción durante el periodo en el que estuvo en vigor el decreto de Ibama que facilitaba las exportaciones. El 60% de estas exportaciones son de Tradelink a otras unidades del mismo grupo empresarial, principalmente las situadas en Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. El principal accionista de Tradelink Madeiras Ltda es Tradelink Wood Products Ltd, una empresa con sede en Inglaterra, representada en Brasil por un abogado brasileño. La mayor parte de las exportaciones de Tradelink son de garapeira, muy utilizada en la construcción civil.

La empresa tiene un largo historial de demandas, acusaciones e investigaciones relacionadas con cuestiones socioambientales. La lista de acusaciones judiciales a las que Tradelink responde o ya ha respondido va desde la venta ilegal de madera -práctica por la que la empresa fue condenada en primera instancia a pagar una indemnización de unos 5 millones de reales-, la falsificación de información medioambiental, hasta la negociación con empresas acusadas de trabajo esclavo.

Hay más investigaciones recientes y acciones civiles públicas que implican a la empresa a nivel federal y estatal. En mayo de 2019, Tradelink fue objeto de una acción civil pública por parte del MPF como resultado de la Operación Caza Fantasma, que el organismo llevó a cabo junto con el Ibama. En la operación, se constató, según el MPF, que “había un número considerable de madera que se estaba transaccionando, sin embargo, el número era irreal, siendo sólo transacciones de fachada que provenían de empresas también de fachada”, como describió el organismo en la acción civil pública inicial. Según el documento, tras una inspección del Ibama se descubrió que Tradelink había recibido “una cantidad desastrosa de madera procedente de empresas pantalla”, es decir, madera extraída ilegalmente y enmascarada mediante transacciones ficticias.

Según la denuncia, Tradelink habría recibido estos créditos forestales de empresas que aprobaron planes de gestión fraudulentos y los utilizaron para legalizar madera procedente de la deforestación. El Ibama detectó irregularidades en al menos ocho operaciones en 2018. El daño ambiental calculado por el MPF superaría los 6 millones de reales. Consultado por Pública, el MPF declinó hacer comentarios sobre el caso.

A nivel estatal, un procedimiento preparatorio fue convertido en una investigación civil por el Ministerio Público del Estado de Pará (MPPA) para investigar la inserción de información falsa en el Sisflora, el sistema estatal de control de productos forestales, en teoría por Tradelink. El caso también tiene su origen en una denuncia de Ibama. “El Ibama señala una inserción fraudulenta de datos en el sistema Sisflora, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Alguien introdujo fraudulentamente datos incorrectos en este sistema. Cuando el Ibama hizo la inspección, encontró esto para evaluar el aspecto criminal para investigar el delito de información falsa. Estamos investigando”, dice el fiscal responsable de la investigación civil, Nilton Gurjão das Chagas, de la Oficina de Justicia, Medio Ambiente, Patrimonio Cultural, Vivienda y Urbanismo de Belém. Según él, Ibama señala que la empresa recibió créditos ficticios en Sisflora en octubre de 2018. Hablando de manera general, sin citar específicamente a Tradelink, dice que esta práctica es habitual en las empresas madereras. “Sacan madera de planes de gestión fraudulentos, de tierras indígenas, de tierras públicas vacías, y es necesario ‘calentar’ esta madera”, dice. La investigación puede dar lugar a una acción penal contra Tradelink o terminar con un acuerdo de no enjuiciamiento.

En cuanto a la Operación Akuanduba, Tradelink dijo que todas sus operaciones “fueron legales y siguieron las normas del IBAMA y la interpretación adoptada por la agencia medioambiental respecto a la legislación pertinente”. Por lo tanto, Tradelink se limitó a cumplir la ley y las orientaciones interpretativas de los organismos nacionales de medio ambiente y aduanas”. En cuanto a la Operación Akuanduba, el exportador afirmó que “se trata de una investigación y ninguna de las acusaciones ha sido probada”.

En cuanto a las notificaciones del Ibama y las demandas de las que es objeto la empresa, Tradelink dijo que “está ejerciendo su derecho de defensa en todas las notificaciones que ha recibido y algunas de ellas ya han sido anuladas por los tribunales. En casi todas las notificaciones recibidas por Tradelink, se le responsabilizó de hechos que no practicó y que no podía haber evitado”. En cuanto a las denuncias realizadas por el MPF a raíz de la Operación Caza Fantasma, la empresa afirmó que “si había empresas ‘fantasma’, es un hecho que quienes las introdujeron en el sistema como activas, capaces de negociar la madera, concediéndoles y autorizándoles a vender un volumen de madera no fue Tradelink, sino los organismos medioambientales”. En cuanto a la investigación civil en el Ministerio Público del Estado de Pará, la empresa dijo que desconocía el procedimiento y que confiaba en la actuación técnica del organismo.

Lo que dice Aimex 

En recientes declaraciones, Aimex criticó las decisiones judiciales y la labor de la Policía Federal en el ámbito de la Operación Akuanduba. En un comunicado hecho público, la asociación maderera afirma que “en la defensa de los intereses de sus miembros y del sector forestal de una manera firme pero absolutamente honesta, legítima y democrática”. También dijo que los productos forestales asociados a la operación “no pueden, de ninguna manera, ser etiquetados como productos ilegales o de contrabando”.

La asociación también afirma que la cadena de custodia de la madera está incluida en los sistemas oficiales y que los organismos de investigación pueden comprobar su trazabilidad. A principios de octubre, Aimex criticó la suspensión de la orden del ex presidente de Ibama, Eduardo Bim, que, según dijo, había paralizado las exportaciones de madera. “El sector forestal-maderero se enfrenta a una crisis quizá sin precedentes. Desde hace más de tres meses no puede exportar sus productos y, por lo tanto, no obtiene ingresos”, declaró en vídeo el director técnico de la organización, Deryck Martins. Consultada por Pública, Aimex no hizo comentarios.

 

 

 

En esta investigación periodística transfronteriza colaboraron, además:
Reportería: Sarena Snider, Ian James Hodgson
Audiencias: José Luis Peñarredonda
Administración: Emiliana García
Análisis de datos: Rigoberto Carvajal
Webmaster: Diego Arce