En la última década, grandes empresas de tecnología han montado en Brasil una sólida estructura de relaciones gubernamentales, instaurando un sistema de lobby que consiguió repetidamente bloquear regulaciones contrarias a sus intereses en el Congreso.

Un estudio realizado por el Núcleo, como parte del proyecto La mano invisible de las Big Tech —investigación liderada por la Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)— identificó a 75 profesionales de 15 grandes plataformas que actúan directamente en las gestiones de las empresas con el Ejecutivo y el Legislativo.

De ese total, dos de cada tres habían pasado por algún órgano de gobierno —como la Presidencia de la República, ministerios, cámaras legislativas o agencias reguladoras— en una práctica conocida como puerta giratoria.

Cerca de la mitad fue contratada entre 2021 y 2023, justo cuando se intensificaron los intentos de avanzar en regulaciones como el proyecto de ley 2630/2020 (también conocido como Ley de las Fake News), impulsado por legisladores y organizaciones de la sociedad civil. En 2024, la ley de las Fake News fue declarada “muerta” por el entonces presidente de la Cámara, Arthur Lira.

Un estudio inédito

Los datos se obtuvieron mediante búsquedas extensivas en LinkedIn, a partir de un método de investigación en redes sociales conocido como snowball sampling, que permite rastrear redes de perfiles específicos gracias a los algoritmos de recomendación de la propia plataforma.

Solo se incluyeron profesionales que declaraban formar parte de equipos de “políticas públicas” y “relaciones gubernamentales”, o categorías similares.

Se trata del primer estudio de este tipo en Brasil y muestra la escala de la influencia directa de las Big Tech sobre la política nacional.

Los nombres de los profesionales se omitieron para evitar exponer a personas que desempeñan sus funciones de manera legal.

Es importante aclarar que las empresas pueden tener empleados sin cuentas activas en LinkedIn o que no declaran sus cargos en la plataforma, lo que podría subestimar la cifra final.

El estudio considera únicamente contrataciones directas de las compañías, y no de organizaciones lobistas como el Consejo Digital (antes Instituto Ciudadanía Digital, financiado por las mayores tecnológicas), la Cámara Brasileña de Economía Digital o la Asociación Brasileña de Movilidad y Tecnología, entre otras.

Otro hallazgo es la presencia de profesionales con experiencia en lobby de otros sectores. Al menos once habían trabajado antes en áreas como petróleo, minería, tabaco o banca, antes de pasarse a las tecnológicas.

La influencia de esta banda se confirma en entrevistas con personas que participaron directamente en las negociaciones que llevaron a la caída del PL 2630. Bajo anonimato, relataron que los lobistas de las tecnológicas, además de traer experiencia de otros sectores, presionaron a las principales confederaciones nacionales para que otros gremios también se sumaran contra la regulación.

En medio de esas conversaciones surgieron, por ejemplo, discusiones sobre la construcción de data centers. “Era un alquiler clarísimo, había un intercambio planteado”, contó una de las personas involucradas.

Meta dio en el blanco

Según el estudio, Meta es la empresa con el mayor número de profesionales en cargos de políticas públicas o relaciones gubernamentales, es decir, personas dedicadas a articular e intentar influir en las acciones del gobierno y el Legislativo en relación con sus áreas de interés.

La compañía tiene 19 empleados identificados, seguida de Google con 10 —si se suma YouTube, que pertenece al buscador, el total asciende a 13.

Ambas empresas fueron especialmente agresivas en sus campañas contra el PL de las Fake News entre 2022 y 2024, librando una verdadera batalla contra el proyecto de ley que buscaba imponer nuevas responsabilidades a las plataformas.

Google llegó a contratar al expresidente Michel Temer como parte de sus esfuerzos por frenar la regulación, además de publicar en su página principal un anuncio contra el proyecto, lo que derivó en investigaciones de las autoridades brasileñas por prácticas abusivas. Por su parte, Meta publicó anuncios de página entera en diarios y colocó publicidad contra el PL en aeropuertos de Brasilia.

A comienzos de mayo de 2023, en un lapso de apenas diez días, se divulgaron numerosos comunicados de empresas y organizaciones vinculadas a ellas criticando el proyecto de ley, con el objetivo de presionar a los congresistas y bloquear nuevas regulaciones.

También resulta notable la presencia de TikTok y Uber, que cuentan cada una con siete profesionales dedicados a relaciones con el gobierno.

La evolución del lobby en el sector

El investigador Rafael Zanatta, director de la Asociación Data Privacy Brasil de Pesquisa, afirma que sigue de cerca la evolución del lobby en el sector desde 2015, cuando comenzaron las discusiones sobre la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD).

“Lo que ya se percibía en aquella época era, primero, una profesionalización del lobby que dejaba de ser únicamente tributario. Por ejemplo, Brascom, que es una asociación que reúne a IBM, Microsoft… Después crecieron mucho, creo que ahora tienen más de 90 miembros. Empezaron a ganar protagonismo y a especializarse en minar el proceso regulatorio”, evalúa Zanatta al recordar los debates que buscaban frenar la implementación de la LGPD. Para las empresas, convenía la ausencia de reglas sobre el uso de datos personales. Sin embargo, la ley terminó aprobándose en agosto de 2018.

Desde entonces, toda esa actuación del lobby de las tecnológicas no ha hecho más que crecer. Zanatta explica que parte de las dificultades radica en la falta de definición y regulación de la propia actividad de lobby en Brasil. Señala que incluso el concepto en sí ya es un problema de entrada. “Lobby es la defensa de una causa ante un agente decisor y no es un delito en sí”, aclara Zanatta, recordando que en Brasil no existe regulación sobre el lobby. El investigador añade que en la legislación estadounidense, por ejemplo, se prevé —entre otros aspectos— una defensa pública, democrática y equitativa de la causa, algo que no ocurre en la forma en que el sector actúa en Brasil. “Lo que no está permitido es organizar un banquete en Lisboa, por ejemplo, o producir algo exclusivamente para un parlamentario. Además, redactar un borrador de texto que luego un asesor legislativo presenta como si fuera propio en un proyecto de ley”, remata Zanatta, al enumerar prácticas que, sin embargo, ocurren en Brasil.

Según el investigador, el crecimiento del lobby de las Big Tech también recibió un empujón desde Estados Unidos. “Otro factor es la llegada del lobby profesionalizado estadounidense, en particular por mediación de la Cámara de Comercio de EE. UU., que actúa como un órgano de coordinación del lobby americano en Brasil. Abrió las puertas diplomáticas para que se realizaran reuniones dentro del gobierno, en la Cámara de Diputados, en espacios públicos, con estas asociaciones internacionales. La Business Software Alliance (BSA), que agrupa a grandes tecnológicas de Estados Unidos, es un ejemplo”, señala Zanatta, quien asegura haber visto la presencia de esos lobistas en las reuniones de trabajo sobre leyes del sector.

La fuerza del lobby se combina con una gran preocupación de las empresas: evitar a toda costa que avance cualquier regulación en un país que pueda marcar un precedente e inspirar un movimiento mundial de normativas similares. Andressa Michelotti, doctoranda del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) e investigadora del Margem (Grupo de Investigación en Democracia y Justicia), lo explica así: “En el caso del proyecto de ley 2630 (de las fake news), ellas —las empresas— quieren evitar cualquier antecedente. Porque si se aprueba una ley en Brasil para regular plataformas, puede tener un efecto en el Sur Global. Brasil tiene ese peso. Y es algo que vi mucho en mi investigación: la posibilidad de que una ley así se apruebe en Europa y el siguiente punto sea Brasil”.

Este aspecto también lo subraya Bia Barbosa, coordinadora de Incidencia de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina. Para ella, el lobby del sector para frenar una ley que regulara a las plataformas no tiene precedentes en el país. “Es un lobby muy fuerte de las empresas. Era incluso una prioridad internacional bloquear la votación aquí en Brasil. Había una directriz clara para los equipos locales de que esta ley (de las fake news) no avanzara, justamente por la influencia de Brasil en la región”, concluye.