Desde que el presidente José Raúl Mulino anunciara la intención de reabrir el proyecto de extracción de cobre de la minera canadiense First Quantum Mineral en Panamá, la danza de números y promesas de dinero fresco no paran. 

La empresa habló de 1,700 millones de dólares de pérdidas en contribuciones a la economía panameña. La Cámara Minera de Panamá, de 888 millones en compras locales durante 2023. Cuando anunció su intención de reactivar el proyecto inhabilitado desde 2023 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Mulino aseguró que First Quantum dejó “780 millones de dólares en impuestos directos”. Su gobierno, sin embargo, no transparenta esos datos.

Para esta investigación, Países Minados II, la alianza periodística entre Concolón, Interferencia Radios UCR, La Voz de Guanacaste y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), presentó solicitudes de acceso a información pública a tres entidades del gobierno para conocer los pagos realizados por la filial local de First Quantum, Minera Panamá, y sus empresas afiliadas al Estado en concepto de regalías, cánones superficiales por hectárea de la concesión y por hectárea del proyecto, así como cualquier otro aporte determinado en el contrato que otorgó la concesión en 1997. Un año después de presentados, y tras innumerables gestiones de seguimiento, ninguna de esas instituciones públicas respondió. 

En Panamá, cualquier ciudadano puede solicitar información pública a instituciones del Estado. La ley de Transparencia las obliga a garantizar el derecho a información pública a quienes la soliciten. Desde que fue sancionada en 2002, la norma determina la forma y los plazos en que los funcionarios deben responder: gratuito, por medios electrónicos y en 30 días calendario, con posibilidad de extender el plazo hasta 30 días más. 

Los pedidos fueron presentados en agosto de 2024 al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que regula las políticas económicas y fiscales del país; la Dirección General de Ingresos (DGI), para conocer detalles sobre exoneraciones de impuestos, y la entidad que regula la actividad minera, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). En sus respuestas, el MEF y la DGI remitieron al Mici: “El MICI es la entidad responsable de recibir esos pagos”, indicaron en el MEF. Pero el Mici nunca respondió.

¿Cuál es el monto total recibido por el Estado de la sociedad Minera Panamá y sus empresas afiliadas desde el inicio de operaciones en el país en concepto de regalías? ¿Cuánto ha devengado por cánones superficiales por hectárea y otros pagos mandatorios por el contrato Ley 9 el 26 de febrero de 1997 y publicado en gaceta oficial dos días después, el 28 de febrero de 1997? Esas fueron las preguntas centrales que el ministro del Mici, Julio Moltó, evadió a pesar de la insistencia del equipo. 

Vea aquí el pedido de acceso al Ministerio de Comercio.

Para hacer seguimiento del trámite, Concolón fue a la sede del Mici una decena de veces. La última vez fue el martes 1 de julio pasado, y fue lo mismo que en los anteriores reclamos: contestaron que alguien del equipo legal atendería, pero nadie llegó durante las dos horas de espera. En el medio, el equipo contactó por teléfono y vía email a Moltó, así como a su equipo de prensa. Tampoco hubo caso: ninguno entregó la información. 

Al cierre de esta publicación, otra vez se contactó al Mici para consultar el motivo por el cual mantiene esas cifras en reserva. Otra vez, no hubo explicación. 

Países Minados II envió a la filial local de First Quantum Minerals, Minera Panamá, un listado de 18 preguntas entre las que incluyó una consulta referida a los pagos en conceptos de impuestos, cánones y regalías estipulados en el contrato de concesión de 1997 durante su operación. También solicitó comentarios sobre la negativa del gobierno a transparentar esas cifras. Su gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Maru Gávez, respondió por mail: “En este momento no emitiremos comentarios específicos sobre los puntos planteados, ya que han sido respondidos previamente en piezas periodísticas de otros medios y en múltiples ocasiones de manera pública y oficial”. 

First Quantum Minerals declaró a sus accionistas en un reporte de 2024 que los impuestos pagados al Estado panameño desde el año 2021 hasta 2024 fue de 643 millones de dólares, divididos así: 20 millones en 2021, 375 en 2022, y 172 en 2023; más otro aporte incluido en su contabilidad no como impuestos, sino como costo de ventas de 76 millones adicionales en 2022. 

¿A dónde fue ese dinero? “Entró a la cuenta general del fisco”, dijo Mulino en marzo pasado, y agregó: “Se gastó en el día a día”.  

Además de la ley de Transparencia, el acceso a información pública en Panamá está garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental regional vigente desde abril de 2021. De hecho el verdadero nombre del acuerdo conocido por el cantón de Costa Rica donde fue firmado (Escazú), subraya la importancia del acceso a la información: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.