Panamá vive por estas horas el capítulo más increíble de su historia. La posible reapertura del proyecto Cobre Panamá, cuya concesión fue declarada dos veces inconstitucional, avanza contra fallos de la justicia, una ley que bloquea nuevos permisos mineros y una marea de crítica de larga data por sus impactos negativos sociales y ambientales detonada con la fuerza de un estallido social a fines de 2023. 

Pese a todo, este año el presidente José Raúl Mulino avisó: “La mina va porque va”. 

“La mina” es un hueco cavado por la empresa canadiense First Quantum Minerals en el corazón del corredor biológico mesoamericano. (Ver nota sobre los dueños y las ganancias de la minera). Desde 2019 extrae cobre de las montañas de Donoso, regando sedimentos, metales pesados y residuos peligrosos, según informes del Ministerio de Medio Ambiente. (Ver nota con el detalle de estos informes). 

En 2017, la Corte Suprema Justicia declaró inconstitucional su contrato de concesión, pero el gobierno de Juan Carlos Varela lo ignoró y permitió a la empresa continuar la operación. 

Seis años después, en 2023, se desencadenaron protestas inéditas que paralizaron el país por más de un mes, dejaron cientos de heridos y llevaron a la Corte a emitir un nuevo fallo donde volvió a declarar la concesión inexistente. Al mismo tiempo, la Asamblea aprobó una moratoria por plazo indefinido para aprobar nuevos proyectos mineros. Según encuestas, más de la mitad de los panameños está en contra de su reapertura. 

¿Por qué insiste el presidente en avanzar con un proyecto plagado de obstáculos? 

Para esta entrega de la investigación colaborativa y transfronteriza de Países Minados II, realizada por Concolón, en alianza con La Voz de Guanacaste, Interferencia Radios UCR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el equipo siguió el rastro de 155 empresas proveedoras en el Registro Público de Panamá, afiliadas de First Quantum y su subsidiaria en Panamá, Minera Panamá, sus directivos y otros vínculos con actores clave del país. 

Los resultados dibujan una área de influencia de la empresa minera que se extiende hasta el centro del poder nacional. Entre los proveedores de Minera Panamá hay donantes de la campaña a la presidencia de Mulino, miembros de su gobierno y familiares. En total, hay ocho  funcionarios del actual gobierno con nexos con la empresa. 

Aunque estos vínculos no ponen en evidencia, por sí mismos, incumplimientos a la ley de conflictos de interés de Panamá o cualquier otra irregularidad, arrojan luz sobre los estrechos lazos de la empresa minera con el poder público. Algo que no comenzó con la presidencia de Mulino. 

Este nuevo capítulo en la historia de la minería de Panamá es un punto en una larga trama de personajes envueltos en conveniencias mutuas y posibles conflictos de interés tras la causa que ahora promete reactivar el presidente. 

I- Los proveedores

En febrero de 2025 más de cien proveedores publicaron una carta abierta al presidente Mulino advirtiendo que si “la mina no reabre este año”, la mitad de las empresas cerrarían sus operaciones. Después de eso, él los recibió en el Palacio de las Garzas.

Una de las empresas firmantes de la carta es F. Icaza y Cía. S.A. Dedicada a la venta de equipos para la construcción, agricultura y transporte, fue donante en la campaña electoral que llevó a Mulino a la Presidencia y está conectada con dos ministros de Estado: el jefe de la Contraloría, que fiscaliza y refrenda contratos estatales, y el ministro de Economía y Finanzas. 

El presidente de F. Icaza y Cía, Florencio Icaza, es cuñado del contralor Anel “Bolo” Flores, casado con Ana María Icaza de Flores. Su vicepresidente es José Ramón García de Paredes, cuñado del ministro de Economía Felipe Chapman. García de Paredes también es socio fundador del bufete que actúa como agente residente de esta sociedad y de otra proveedora más: Lidar Terra Systems.

Lidar Terra Systems también tiene nexos con otro ministro clave: su presidente, Carlos Alberto De Obaldía, es cuñado del ministro encargado de inspeccionar el cumplimiento de las políticas ambientales en Panamá, Juan Carlos Navarro. De Obaldía, además, es junto a José Ramón García de Paredes socio fundador de De Obaldía & García de Paredes. 

La ley que regula los conflictos de interés en Panamá define que los funcionarios no pueden decidir en temas donde tengan interés propio o familiar. Les prohíbe, entre otras cosas, prestar servicios pagos o gratuitos a personas o empresas que gestionen o exploten concesiones otorgadas por el Estado. Si tenían vínculos con empresas concesionarias antes de asumir, deben declararse impedidos de intervenir en sus asuntos. Tampoco pueden pasar directamente a trabajar en esas empresas por un período de tres años.

La alianza periodística consultó a los ministros Chapman, Navarro y al contralor Flores a sus celulares, para conocer si consideraban que estos vínculos podrían considerarse un conflicto de interés y explicaran, si no era así, cómo veían estos lazos. También envió consultas por mail a los directivos de F. Icaza y Cía y Lidar Terra Systems. Al cierre de esta publicación, Flores y Navarro no habían respondido. 

El ministro Champan, reconocido por apoyar iniciativas por la transparencia y anticorrupción, contestó: “Se trata de una coincidencia que no ha tenido ni tendrá repercusión alguna. A lo largo de mi vida me he caracterizado por ser responsable y disciplinado en el manejo de cualquier posible conflicto de interés, tal como lo he demostrado en el pasado, y esa conducta no cambiará”.

Otra importante proveedora de Minera Panamá, Cemento Chagres S.A., tiene  directivos y representantes con  vínculos con políticos y altos diplomáticos del gobierno nacional. Uno de ellos es Alejandro Roy Ortega, hermano de Roberto Ramón, a quien Mulino nombró en la junta directiva de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). También es directivo de Cemento Chagres, Eloy Alfaro Boyd, quien fue socio hasta 2022 del agente residente de la empresa: Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal).  Eloy es hijo de Eloy Alfaro de Alba, actual 

embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El fundador de ese bufete, Jaime Alemán, es hermano de José Miguel Alemán, un político que aportó dinero, respaldo y apoyo público a la campaña a la presidencia de Mulino y es actual representante de Panamá ante Estados Unidos.

Alfaro de Alba, embajador ante la ONU, figura en documentos del Registro Público como suscriptor de otra proveedora de Minera Panamá: Grupo Nova S.A. En Panamá, los suscriptores suelen ser abogados contratados para firmar el pacto social y acordar constituir una sociedad. 

El mencionado Alemán,  actual embajador de Panamá ante Estados Unidos, es directivo de iÉxito, una financiera que ha promocionado préstamos para trabajadores de la minera. Antes de mudarse a Estados Unidos, Alemán publicó en su instagram una foto en la sede de la prestamista

Alemán no respondió las preguntas de esta alianza periodística sobre estos vínculos. Tampoco lo hizo Alfaro de Alba, quién sólo reaccionó por whatsapp diciendo: “¿En serio?”.

En MiÉxito, el empresario y ahora embajador Alemán compartió directiva con una de las voces públicas que más insisten con la re-apertura de la minera: Adolfo Enrique Linares Franco, quien fue director suplente y asesor legal de la financiera hasta que renunció en 2021, según documentos disponibles en el Registro Público de Panamá.

Conocido en el patio como ‘Fulo’, Linares Franco fue viceministro, candidato a diputado y es un vocero de la causa de la empresa minera en los medios de comunicación, además de un crítico implacable de sus opositores. “No tengo conveniencias”, contestó en X a una usuaria que lo acusó de manipular la información “a conveniencia”.  También está vinculado como suscriptor y agente residente a Tenax S.A., otra de las proveedoras que firmó la carta a Mulino y, curiosamente, fue dada de alta en el Registro Público el mismo año en que el contrato de la empresa minera fue declarado inconstitucional, 2023.  

Ante las preguntas de este equipo periodístico, Linares Franco explicó que ‘MiÉxito’ nunca fue proveedor de la mina, sino “financiera de las personas que trabajan o trabajaron en la mina”. Sobre su vínculo con Tenax, aclaró que nunca ha sido accionista ni miembro de la junta directiva de la sociedad, y recordó que la figura de suscriptor es requerida por ley para firmar el pacto social. “Generalmente son personal de la firma de abogados que actúa como agente residente”, dijo. 

En Tapia, Linares & Alfaro también es socio el embajador ante la ONU, Alfaro de Alba. Pero de todas las firmas de abogados que han tenido o tienen vínculos con el negocio de la minería —Alcogal; Arrocha & Co.—, la más afectada con su cierre sería Morgan y Morgan: es representante y proveedora de First Quantum Minerals en Panamá.

Dos de los hijos de uno de los fundadores del bufete son directores en Servicios Tecnológicos de Incineración S.A., firmante de la carta a Mulino pidiendo la reactivación de Cobre Panamá: Jorge E. y Juan David Morgan Jr. Se trata de una empresa dedicada a la limpieza y recolección de desechos peligrosos que también ha tenido contratos con entidades gubernamentales como la Caja de Seguro Social y el aeropuerto de Tocumen, según el portal de contrataciones gubernamentales Panamá Compra. Además, han estado vinculados a una empresa afiliada a Minera Panamá: Reserva Natural Privada Río Caimito.

Esta alianza periodística consultó vía email a Jorge E. y Juan David Morgan Jr. si tenían comentarios en relación a esta información disponible en el Registro Público de Panamá que los vincula como directivos de la empresa proveedora de Minera Panamá y firmantes de una carta abierta al presidente José Raúl Mulino. Al cierre de este reportaje, no recibimos respuesta. 

II- Más nexos con la gestión Mulino

Anibal Galindo, amigo y consejero del presidente, asesoró a First Quantum para la compra de Minera Panamá en 2013 con un equipo del bufete que fundó, Alcogal. Galindo es asesor de Mulino, coordinó la transición del gobierno con el de su antecesor, Laurentino Cortizo, y es uno de los integrantes del Consejo de Relaciones Exteriores. Esta alianza periodística contactó a Galindo vía email para pedirle comentarios sobre este vínculo, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación. 

Minera Panamá también conecta con el Ministerio de Comercio (Mici), clave para las concesiones mineras porque otorga, supervisa y regula esos contratos. Como viceministra en esa cartera fue designada Astrid Ábrego en abril pasado. El currículum de la funcionaria publicado por el gobierno omitió un detalle relevante: entre 2020 y 2021 Ábrego trabajó como abogada senior para Cobre Panamá, según información publicada en su cuenta de LinkedIn.

“No hay conflicto de interés cuando no existe vínculo ni competencia sobre el tema en cuestión”, se defendió entonces Ábrego. El ministro Julio Moltó la respaldó: “Definitivamente yo no veo el tema de conflicto de intereses, es una panameña que está dispuesta a trabajar por su país”. 

Arturo Hoyos fue director independiente de Minera Panamá hasta 2023. Cuando asumió en 2024, Mulino nombró a su hijo Carlos viceministro de Comercio y en abril pasado, pasó a ser vicecanciller. El vicecanciller Hoyos respondió a la consulta este equipo periodístico sobre este vínculo: “En cuanto se refiere a la relación de mi padre con Minera Panamá S.A., él fungió como director independiente hasta el 29 de noviembre de 2023, fecha en la cual renunció a ese cargo y no es director desde esa fecha. Tampoco es accionista ni mantiene interés alguno en dicha empresa”.

No se puede progresar sin inversión extranjera , tenemos competidores. La CSJ desde su sentencia arbitraria sobre la ley minera hasta las jubilaciones especiales ha demostrado una falta total de visión de las consecuencias de sus decisiones. Un cambio de dirección es imperativo.

— Arturo Hoyos (@arturoHoyos4823) August 19, 2025

La historia de la convivencia entre gobierno y minera no empezó con Mulino.

III- Una tradición: la influencia minera en la historia

En la primera etapa de esta investigación expusimos la protección política de la minera Petaquilla y su sucesora, Minera Panamá. “Petaquilla: las evidencias de los daños de la minería a cielo abierto en Panamá” documentó cómo el círculo minero confluyó con el político durante distintas presidencias desde el retorno de la democracia, en 1989, con presidentes de partidos políticos distintos pero un patrón común.  

Durante la presidencia del perredista Martín Torrijos (2004-2009), por ejemplo, el asesor Marcel Salamín renunció a esa función para trabajar en la minera Petaquilla, precursora de Minera Panamá. Torrijos dio un espaldarazo a Petaquilla con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y el permiso para que la concesión se partiera en dos: la explotación de oro para Petaquilla Gold S.A. y la de cobre para Petaquilla Cooper, que terminaría en manos de First Quantum. Uno de los abogados que participó del proceso de adquisición, Alejandro Ferrer, fue ministro de Comercio de Torrijos.  

Entonces llegó Ricardo Martinelli (2009-2014), un empresario que se presentaba como  ajeno a la política tradicional, y fundó un partido nuevo: Cambio Democrático. Martinelli asumió con la promesa de acabar con la corrupción pero terminó investigado por beneficiarse con la compra de acciones de Petaquilla —mientras era presidente y tenía información privilegiada— con fondos injustificados de una cuenta de la casa de valores Financial Pacific. 

El 1 de julio de 2014 asumió Juan Carlos Varela con un discurso republicano. Sin embargo, también mostró contradicciones: le extendió la concesión a First Quantum por 20 años en 2016 y permitió que la empresa siguiera operando tras el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la concesión en 2017. La filtración de mensajes de su celular, publicada tres años después como ‘Varela Leaks’, destapó conversaciones de ese período que avivaron sospechas. 

Cuando la inconstitucionalidad era un hecho, su ministro de Trabajo Luis Ernesto Carles le escribió por WhatsApp enojado porque la minera no aportaría al financiamiento de la campaña electoral del año siguiente. “Si no meto el hombro por esa empresa 24/7 jamás hubiesen podido construir ese proyecto, hasta me expuse más allá de lo permitido y lo legal”,  escribió  Carles a Varela en julio de 2018, recordando que le permitió a la minera contratar extranjeros por encima del porcentaje establecido por ley. Enseguida se quejó: “Me cogió de pendejo esa gente”. 

Varela respondió: “En cada barco irá tu trabajo. Yo te pedí que los apoyaras por el país”.

Según ‘Varela Leaks‘, el expresidente también mantuvo ese tipo de conversaciones con su ministro de Comercio, Melitón Arrocha. Arrocha estuvo en el cargo entre 2014 y 2015, cuando renunció para asumir como diputado. Desde ese puesto, gestionó algunas reuniones entre el entonces CEO de First Quantum, Philip Pascall, y Varela, como una en medio de un bloqueo del sindicato de la construcción Suntracs contra la empresa alegando incumplimientos de leyes laborales. Allí Varela se quejó por los bufetes elegidos por la empresa para gestionar los permisos de trabajo para extranjeros.

“Morgan (& Morgan) e Igra tramitando 300 permisos para chinos para terminar la mina”, arrancó Varela en marzo de 2018. A partir de ahí, la interacción siguió así según la versión publicada por el medio digital En Segundos: 

Varela: Xuzo, ¿qué pasa con Arrocha, Varela y Asociados? Así va mal la cosa.

Arrocha: Ven más cerca a otra gente. 

Varela: Voy a tener que trancar todo.

Arrocha: Lo cierto es que Morgan (& Morgan) e Igra están en todas.

En ese momento, Arrocha también estaba en algo: su bufete, Arrocha & Co., era el agente residente de una empresa afiliada a Minera Panamá, Reserva Natural Privada Río Caimito. Seis años después, Arrocha se lanzaría como candidato independiente compitiendo contra Mulino, en la elección que llevó a este último a la Presidencia el 1 de julio de 2024.

Después llegó el turno del presidente con más denuncias por conflictos de interés y sospechas de corrupción: Laurentino Cortizo (PRD), quien tuvo un vicepresidente del círculo minero y nombró como ministros a dos socios de Minera Panamá. Aún así, en 2021, Cortizo acató el fallo que Varela ignoró, inició una negociación con la empresa y firmó el nuevo contrato, también declarado luego como inconstitucional, desatando un estallido social sin precedentes. 

Un ministro suyo, Aristides Royo, votó a favor de ese contrato en el Consejo de Gabinete que lo aprobó. Royo era socio del bufete que representa a la empresa, Morgan y Morgan. En un caso  anterior, se declaró impedido de votar una concesión a otro cliente del bufete, Panamá Port, porque había trabajado antes en la firma. 

Tras ese largo historial, apareció Mulino decidido a reactivar el proyecto minero. 

Presidente desde julio de 2024, Mulino campeó la campaña con la promesa de dinero fresco —chen chen en tu bolsillo— como vicepresidente de Martinelli. En marzo de 2024 quedó como candidato a presidente tras la condena a Martinelli, hoy asilado en Colombia, por blanquear dinero a principios de 2024. Después de un año de gobierno, el chen chen aún no llega a los bolsillos y la imagen del presidente se desmorona en las encuestas.

La producción de First Quantum en Panamá traería miles de empleos, un aporte al PIB casi del tamaño del que hace el Canal de Panamá, y activaría múltiples sectores económicos en un país que en 2024 la economía se desaceleró. En un clima de sospecha, nuevas manifestaciones y avisos de nuevas protestas, Mulino echa mano de esos argumentos para convencer de que su reapertura es lo mejor para el país: “Cualquier decisión sobre la mina será evaluada según el interés nacional (…) no de un interés económico ni de ningún socio de la mina”, prometió en junio pasado. 

Las dudas surgen cuando se observa el entramado familiar y político alrededor de la operación de Cobre Panamá, y cuando se ve el enorme daño ambiental y social que ya ha dejado en un ecosistema selvático frágil.