El Centro Fray Matías – o popularmente ‘Frayma’- se fundó en 1997 en Tapachula (Chiapas, México), donde está el mayor centro de detención de migrantes de América Latina y uno de los puntos neurálgicos de la deportación de extranjeros.
Su equipo de abogados y especialistas en derechos humanos ofrecen ayuda legal a personas en tránsito que se quedan varadas en esa zona. Lo han hecho durante 25 años.
Luego de recibir el premio Fetisov, premio global que promueve los valores humanos como la justicia, honestidad, coraje y nobleza a través del ejemplo del periodismo investigativo, en la categoría de derechos civiles por la investigación colaborativa Migrantes de Otro Mundo, los periodistas socios del proyecto, incluido al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), tomaron la decisión de compartir parte del dinero otorgado por el premio internacional con Frayma y con la Diócesis de Apartadó, otra institución que presta un servicio invaluable a los migrantes en el difícil trayecto de Colombia a Panamá por el Tapón de El Darién.
Los fondos del premio representaron alrededor de 109,000 dólares americanos y de ellos los socios del proyecto acordaron donar 30,000 dólares para estas dos entidades. Los aliados también acordaron destinar la suma restante a apoyar diversos proyectos periodísticos. De ellos, el principal es otra investigación colaborativa y transfronteriza que hoy está en desarrollo y en la que participan 14 medios de 12 países del continente.
Los fondos le permitieron al centro Frayma financiar en parte el trabajo de acompañamiento a los migrantes: “Realizamos una labor de defensa de los derechos humanos en la frontera sur y disponemos de una oficina en la que damos atención a las personas que se encuentran en contexto de movilidad”, afirma su directora Brenda Ochoa.
La otra organización a la que los autores de Migrantes de Otro Mundo premiados donaron los fondos, Diócesis de Apartadó de la iglesia Católica, trabaja en la frontera norte de Colombia con Panamá, brindando apoyo psicológico a los migrantes, dando refugio y alimentos en el Darién, donde suceden la mayor cantidad de muertes, violaciones y crímenes a los migrantes en su travesía por América Latina.
Defendiendo los derechos de los migrantes
Brenda Ochoa explica que en Frayma analizan los motivos por lo que las personas salieron de sus países, determinan cuáles son sus necesidades esenciales y apoyo sicológico. Además, consideran si se deben entablar acciones jurídicas para proteger sus derechos. También les ayudan a integrarse a la sociedad, cuando es el caso de integración social y psicológicas.
Por ello hoy sus abogados representan a solicitantes de asilo que tenían derecho a permanecer en el país y sin embargo fueron expulsados, para que el gobierno mexicano los vuelva a recibir. También siguen el comportamiento de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, tanto en los retenes como en los centros de detención, donde cada año se registran decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
“En México no se están garantizando los derechos de las personas que llegan”, dice Ochoa.
Además del trabajo en el centro de Tapachula, la organización también acompaña a las caravanas de migrantes y documentan las agresiones perpetradas por las autoridades contra los integrantes de estas marchas. Fueron miembros de esta red quienes denunciaron el que desde Estados Unidos estaban enviando migrantes guatemaltecos a México en vuelos irregulares.
“Hay que luchar por nuestros derechos, que las personas puedan reconocerlos” dice Ochoa, que recuerda que estamos ante un fenómeno de “migración forzada. “Nadie se va de su casa “por placer”, dice Ochoa.
Un refugio antes de entrar al infierno
No hay un solo migrante que haya atravesado el tapón del Darién que no diga que fue un infierno. Muchos de ellos, al intentar atravesar la zona selvática a pie o acortar su camino por vía marítima, deben regresar a Capurganá o a Necoclí, al noroccidente de Colombia en la fronter con Panamá luego de sobrevivir un naufragio o un ataque.
“Usamos los fondos principalmente para contratar una profesional del centro de escucha para el centro de atención psicóloga”, dijo Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, quien dirige la Diócesis.en entrevista con CLIP para esta historia. Explicó que esta psicóloga escucha a las personas que van llegando con muchas dificultades y problemas, les brinda atención, y luego las orienta hacia las entidades del Estado colombiano que las puedan auxiliar o darles mayor acompañamiento psicológico. Según Monseñor Torres, “esta profesional escucha individualmente a las personas y hacen terapias de grupos para niños y adultos. Tenemos gente que habla inglés y francés”.
También se usaron los fondos para pagar el alquiler de un año de la casa donde se hace la atención al migrante y para hacer una campaña en medios de comunicación así la gente sigue tomando consciencia del fenómeno de la migración. Con los recursos compraron alimentos para las personas que se quedaron en Colombia o regresaron a Apartadó, algunas veces enfermas. “Llegan madres recién paridas, algunas de ellas se han herido en el camino, también les damos kits con comida, remedios y otras cosas para el migrante que decide pasar por la frontera”, dijo el obispo.
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