“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción Erick Tijé, poblador indígena harakmbut de la Amazonía sur de Perú, mientras señala el agua turbia que corre por el río Inambari. Ese río no es el mismo de hace cinco años, cuando la pesca y la vida alrededor del río era muy distinta para los pobladores de la comunidad indígena de Arazaire. La minería ilegal les robó el agua para devolvérsela contaminada. Hoy deben comprar el agua que beben.

Del otro lado de la frontera peruana, en la Amazonía de Colombia, el mayor Lázaro Ibañez, del pueblo coreguaje que habita el resguardo indígena Jácome, se lamenta de cómo la ganadería y el cambio climático podrían estar reduciendo la disponibilidad de agua alrededor de su territorio en el departamento de Caquetá. “El ganado ha venido tumbando todo y ahora se ve puro potrero, y ya casi no quedan árboles”, dice, testigo de cómo la deforestación para hacer potreros  para el ganado ha llegado mano a mano con el desecado de sus fuentes de agua.

¿Cómo entender la paradoja de una comunidad que vive rodeada de agua pero no puede usarla?¿Qué significa para un pueblo indígena ver partir a los espíritus que cuidaban sus fuentes de agua por el avance de la tala y  la ganadería? 

Un equipo de periodistas de Mongabay Latam, El Espectador y el Correo del Caroní, aliados con científicos del Instituto Serrapilheira de Brasil, analizaron más de dos décadas de datos satelitales para entender los cambios que han ido afectando cuatro cuencas amazónicas de Bolivia (el río Beni), Colombia (el Caquetá), Perú (el Madre de Dios) y Venezuela (el Caroní). Los resultados de esta investigación coordinada por Mongabay Latam, que forma parte del proyecto Aguas Partidas liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),  muestran que en las cuatro cuencas analizadas se está perdiendo agua natural asociada a presiones externas como la minería ilegal, la deforestación, la ganadería y la presencia de hidroeléctricas.

Para llegar a esa conclusión, se analizaron 722 microcuencas —que llevan sus aguas a los cuatro ríos analizados  a lo largo de un período de 25 años (2000 al 2024). El resultado es que más de la mitad de los tramos revisados —393 en total— registraron una pérdida de agua natural. A la par, los mapas revelaron cómo el agua disponible se ha ido distribuyendo en pozas abiertas por la minería ilegal o embalses de represas que dan la apariencia equivocada de que esta aumentó.. A estas fuentes de agua que han surgido o se han ido transformando los científicos las definen como “aguas artificiales o antrópicas” – es decir, de origen humano.

“El agua antrópica es, en realidad, agua asociada a un uso: puede ser de acuicultura, de minería o represas y embalses. A veces es un cuerpo que se crea donde no había nada. Otras una laguna que era natural y que, al destinarse a un uso, pasa a ser antrópica”, explica la ingeniera ambiental Eva Mollinedo, coordinadora técnica de MapBiomas Agua Bolivia, quien también asesoró esta investigación.

Esta alianza periodística, trabajando en llave con los científicos, comparó imágenes satelitales de más de dos décadas para ver cómo cambiaba el agua y cruzó esos datos con los de precipitación, para identificar los tramos más críticos. Los datos históricos fueron proporcionados por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y por MapBiomas Agua, plataforma creada por organizaciones ambientales y sociales de la Amazonia para mapear los cambios del suelo y del agua en el bioma.

Los periodistas viajaron luego a los territorios,  a palpar en persona  la realidad en esos puntos críticos, conocer a sus pobladores  y escuchar sus historias sobre cómo han vivido esos cambios en los ecosistemas de agua dulce. Llevaron mapas impresos para que los habitantes de los pueblos indígenas harakmbut, coreguaje, leco y pemón ayudaran a identificar y reconstruir los cambios en sus fuentes de agua. Aquellas donde juegan, beben, pescan, se bañan, tributan – o en algunos casos una conjugación pasada de esos verbos.

En Perú, se visitó la comunidad harakmbut de Arazaire a orillas del río Inambari. En Colombia, el resguardo coreguaje de Jácome que depende de las aguas del Orteguaza. Otro equipo periodístico llegó a la comunidad leco de Tomachi, asentada a unos metros del río Kaká, afluente del Beni en Bolivia. Y en Venezuela, se visitó la comunidad pemón de Apoipó, que depende de las aguas del Kukenán.

Los pobladores indígenas de Arazaire marcaron en el mapa las quebradas a las que no pueden volver más. Los coreguaje de Colombia señalaron en qué puntos se expanden las fincas ganaderas que podrían estar reduciendo sus fuentes de agua. Los pemón de Venezuela recordaron el lugar exacto donde quedaba la laguna de la que tanto dependían y que desapareció. Y, en Bolivia, los leco identificaron las dos quebradas que aún utilizan y que defienden del avance de la minería.

Una esponja rota

En un estudio publicado por un equipo de científicos holandeses en 2019, que analizó los ríos en los bosques tropicales de todo el mundo,  se describe  la selva como una gran esponja que guarda agua y también la libera. 

Cuando llueve, las copas de los árboles reciben el agua, ésta discurre hasta ser absorbida por la tierra y a la par, la hojarasca guarda agua para soltarla en la época seca. Hay otra función que es menos visible pero igual de importante en este proceso: casi la mitad del agua que cae en la Amazonía no se queda en el suelo. 

Según un estudio del climatólogo brasileño Enéas Salati, publicado en 1979 y convertido desde entonces en una referencia para entender el ciclo hídrico amazónico, la mitad de esa lluvia vuelve al aire porque los árboles la absorben con sus raíces y la sueltan como vapor a través de sus hojas. Este vapor forma nubes que trasladan la humedad hacia el interior de la cuenca para volver a caer. El bosque entonces no solo guarda el agua, también la reparte. 

 

Sin embargo, hay factores externos que podrían estar contribuyendo a interrumpir este ciclo, como la deforestación.

Nadie lo explica de forma más simple que Lázaro Ibáñez, sabedor (autoridad espiritual e intelectual) del resguardo indígena coreguaje de Jácome, en el Caquetá colombiano: “Donde se tumban los árboles, se secan los lagos y las cabeceras, que es de donde sale el agua”.

Cuando el bosque se tala, la esponja se rompe. Por cada punto porcentual de bosque tropical perdido, caen, en promedio, unos 2,4 milímetros de lluvia regional al año menos, según encontró otro estudio publicado en febrero de 2026, en el que participó el meteorólogo brasileño José A. P. Veiga, que revisó la relación global entre pérdida de bosque tropical y precipitación regional. Es decir, la deforestación no solo seca el lugar donde ocurre, cambia el clima de toda la región. 

Las comunidades son las primeras en sentir esas variaciones en sus territorios. Los líderes del resguardo Jácome, en el Caquetá colombiano, cuentan que las estaciones dejaron de ser predecibles. En Tomachi, Bolivia, Roxana Pizza Tupa, presidenta del pueblo indígena leco, observa lo mismo desde otro rincón de la Amazonía. “El calor aumenta y eso nos afecta los ojos de agua”, asevera.

El problema solo se agudiza con la llegada de nuevas presiones. La deforestación abre la puerta, pero hay que prestar atención a lo que reemplaza el bosque talado. Si llega la ganadería, como en el Caquetá, el agua natural se puede secar y desaparecer sin que nada la reemplace. Si entra la minería —como en el Madre de Dios, el Beni o el Caroní—, las máquinas destrozan el cauce y dejan pozas de agua artificial, quietas y contaminadas. 

Jaime Cuéllar, experto boliviano en impactos de la minería, lo resume. “La minería interviene el cauce, los márgenes y los sedimentos. Un río afectado no representa solo un pasivo ambiental, representa una vulnerabilidad territorial”, dice. “Parece que no falta agua o que hay mucha, pero el tema es ver qué tipo de agua es”, añade Waldo Lavado-Casimiro, subdirector de hidrología aplicada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

El agua que se va

La información recogida en terreno aporta contexto al análisis de esta investigación. En el Beni boliviano, por ejemplo, si bien no se ha registrado un aumento de lluvia que justifique una mayor disponibilidad de agua, los mapas muestran la aparición de nuevas fuentes que son las pozas abiertas por la minería ilegal. Se trata de agua estancada y contaminada con mercurio identificada por los pobladores indígenas que conviven con ella. En las zonas ganaderas, la situación es distinta. El agua natural perdida desaparece para siempre. Es lo que los habitantes del pueblo coreguaje del Caquetá, la cuenca más deforestada de las cuatro analizadas, le mostraron al equipo de periodistas.

Con respecto al agua artificial, su origen puede ser diverso. Ana Lía Gonzáles, gerente del Proyecto Vulnerabilidad Hídrica en la Amazonía de RAISG y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) en Bolivia, explica que la minería primero toma el agua más a la mano, como la del propio río, pero después recurre a la del subsuelo. “Siempre es más fácil ubicar la actividad donde tienes el agua más al paso”, señala. Cuando cavan, el agua subterránea aflora con facilidad: “Haces un hoyo en la tierra y el agua aparece, porque la napa freática está muy cerca”. Pero no hay una sola respuesta: “Depende del lugar de la extracción y de dónde se forman esas lagunas artificiales”, señala.

Lo que detectaron los científicos del programa de formación en ecología cuantitativa del Instituto Serrapilheira de Brasil  que acompañaron esta investigación periodística transfronteriza , es que la deforestación, además, es la presión que más se asocia con la aparición de agua artificial. Podría ser responsable, por lo menos, de un 30% de la variación de las fuentes de agua artificial analizadas. Hay que considerar también que cuando un bosque se tala, atrae otras actividades y es esa combinación de presiones, sumadas a las características de cada río, como su tamaño o caudal, lo que consolida la transformación.

“Lo más importante de este tipo de análisis es que permite integrar distintas presiones e indicadores ambientales en una misma escala. En vez de mirar la deforestación, la minería o los cambios en el agua por separado, deja ver dónde se superponen esas presiones y qué regiones quedan más expuestas a múltiples impactos”, explica Anthony Barbosa, ingeniero forestal e investigador de la Universidad Federal de Pará. Barbosa fue uno de los científicos que, junto con la bióloga Kathleen Sena de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la arquitecta Julia Cansado del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), contribuyeron a este trabajo. 

En los 25 años analizados para esta investigación, las cuatro cuencas perdieron cerca de 33.000 hectáreas de agua natural, o 330 kilómetros cuadrados, un área equivalente a más de dos veces el Parque Nacional Tayrona de Colombia. La mayor pérdida se registró en la cuenca del Caquetá, donde el impacto principal proviene de la ganadería. 

En las tres cuencas restantes, donde se identificó “agua nueva” —más de 17.000 hectáreas en total, un área un poco mayor al de la capital boliviana de La Paz—, casi siempre fue artificial y asociada a la minería. Es lo que ocurre en los ríos Madre de Dios, Beni y Caroní, donde al menos una de cada seis microcuencas analizadas —121 de 722— pierde agua natural y gana agua artificial producto de la actividad minera. 

Un dato más: 64 de las microcuencas o tramos analizados de ríos que ganaron pozas de minería están dentro de territorios indígenas. Es decir, hay comunidades que no sólo son testigos de cómo el agua natural es reemplazada, sino que son las principales damnificadas porque se quedaron sin agua para beber.

Los ríos presionados por la minería

En Tomachi, un pueblo leco de la Amazonía boliviana, José Cartagena tiene buenos recuerdos del río Kaka. Hace treinta años, dice, podía pescar, beber agua y hasta navegar sin problemas. “Antes el río Kaka era de agua clara, hoy es un río contaminado por todas las empresas que trabajan en el área minera”, relata el ahora presidente del Comité de Agua de la comunidad. Lucas Solara, que llegó a Tomachi hace 35 años, observa el Kaka y dice que “ya no son las corrientes cristalinas que bajaban de los deshielos andinos”. 

Esa minería de oro empezó a usar dragas alrededor de 2010 y Eva Mollinedo, coordinadora técnica de MapBiomas Agua, siguió su rastro en las imágenes satelitales. “Con la plataforma podemos ver cómo esto va creciendo según el tiempo (…) En el 2001 ya se empiezan a ver más actividades mineras y cada año solo van creciendo”, señala la científica. 

En la cuenca del Beni, donde se ubica Tomachi, los números confirman lo que se ve: se perdieron casi 14.000 hectáreas de agua natural y en su lugar aparecieron unas 3.000 hectáreas de pozas de minería. Este escenario da la apariencia errada de que hay más agua.

 

Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) que ha seguido de cerca el problema de la minería legal e ilegal aurífera, explica que al final los más afectados son los pobladores indígenas. “Las comunidades no solo consumen esas aguas, sino que los ríos son parte de sus territorios, de su cultura y de sus medios de vida (…) No solo se le afecta su derecho al agua, sino también el derecho a la vida”, dice. Por eso Pizza Tupa, lideresa leco, asegura que no permitirán que la minería toque las dos quebradas que les quedan. “No permitiremos que toquen nuestros ojos de agua”, sentencia.

En Madre de Dios, la transformación también se ve en imágenes. Entre 2000 y 2023, la superficie de agua artificial de la cuenca se multiplicó casi por doce: de 1224 pasó a 14.418 hectáreas, un área equivalente a más de dos veces la ciudad del Cusco. Cuando se compara con los tramos de la cuenca donde no hay minería, la diferencia es grande. En los 39 tramos sin actividad minera, solo se observa que el agua artificial abarca 38 hectáreas.

Joaquín Romualdo, geógrafo experto en teledetección del Instituto del Bien Común y responsable del análisis hídrico de MapBiomas en Perú, explica que “el agua es lo que más sufre, el elemento que más sufre al final, además del bosque”.

En Perú, a diferencia de Bolivia, los tramos afectados por la minería reciben más lluvia, por lo que hay que considerar una ganancia extra asociada al clima. Por eso en 25 años, se observa que el territorio se seca pero las pozas crecen de manera considerable. El problema es que el agua que aparece no se puede beber. 

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que agrupa a 38 comunidades de siete pueblos indígenas, confirmó a Mongabay Latam que el 60% de esas comunidades pagan por el agua que consumen. “No va a tardar mucho para que el agua cueste más que el petróleo”, dice Eusebio Ríos, vicepresidente de Fenamad y líder harakmbut. Carlos Álvarez, guardia indígena de Arazaire, resume así la situación: “¿Y ahora qué hay en esa agua? Lodo, nomás. Ya no hay vida, no hay nada”

 

En Apoipó, una comunidad pemón asentada a orillas del río Kukenán —el primer tramo del Caroní venezolano—, José Bolívar recuerda una laguna rodeada de morichales que llamaban Morompo Deuta, donde según la cosmovisión pemón habitaba una anaconda con cabeza de cera. La comunidad pescaba en sus aguas. La minería se fue acercando año tras año hasta que la laguna se secó por completo. “Eso ya no existe, ahora todo está contaminado”, lamenta Bolívar.

Carlos Maytín, investigador de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, confirma que los flujos de drenaje de las minas llevan “no solo materiales sedimentables sino también contaminantes, especialmente metales pesados, mercurio [hacia el Caroní]”. Y anota: el agua natural en la zona de Apoipó se redujo a pesar de que la lluvia acumulada empezó a subir a partir de 2015. El Caroní sigue el mismo patrón que Perú y Bolivia: casi toda el agua artificial nueva apareció donde hay minería.

Hay otro detalle que distingue al Caroní. La superficie total de agua de sus 98 ríos afluentes y embalses cayó un 5,8%, según datos de MapBiomas Venezuela. Dado que más de tres cuartas partes del agua del Caroní está contenida por tres grandes centrales hidroeléctricas (Guri, Macagua y Caruachi), ese hecho enmascara una pérdida de agua significativamente más grande en los ríos.

Eude Piñero, presidente del Consejo de Ancianos que trabaja en la minería por necesidad, resume lo que ve en siete palabras: “Si los ríos pudieran comunicarse, pedirían auxilio”.

La presión de la deforestación y la ganadería

En el resguardo Jácome, en el Caquetá colombiano, la historia es distinta: no es la minería la que transformó el territorio, sino la ganadería y la propia historia de la comunidad. Adel Iles señala dónde quedaba la laguna Puñuchiara, la más grande del municipio de Milán. Tenía más de 10 hectáreas de superficie de agua en 1998 y, para 2024, no llegaba a una. Pasaron de sacar peces de gran tamaño a ser testigos de la desaparición de la laguna. Esta no se borró  solo por causas externas: hace unos 40 años, aseguran los indígenas coreguaje, la propia comunidad abrió un canal artificial para conectarlo con el río Orteguaza y acortar el viaje al pueblo más cercano. Con el tiempo, ese atajo terminó drenando la laguna.

A la desecación de una de sus principales fuentes de agua se sumó la ganadería, que en el municipio de Milán aumentó un 53,4% en la última década, según datos del inventario bovino del Instituto Colombiano Agropecuario. “Ya los niños casi no quieren pescar. Solo quedan puras sardinitas”, cuenta Claudia Patricia Ibáñez, cacica del resguardo.

Y al daño local se suma algo que la comunidad nombra en español porque su lengua no tiene traducción: cambio climático. “Anteriormente, cuando era verano, era verano”, dice Iles. “Ahora, con tres días de sol se seca la quebrada. Para verla en los niveles en los que está ahora, teníamos que esperar hasta diciembre”. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) respaldó esa percepción en un estudio de 2025: la cuenca del río Orteguaza presenta un “riesgo climático muy alto si se mantienen las actuales trayectorias de cambio climático, dinámicas de uso y transformación del territorio”.

 

Los datos de esta investigación confirman que la cuenca colombiana del Caquetá tiene la mayor pérdida absoluta de agua natural de las cuatro cuencas: 21.532 hectáreas. 

Un investigador de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, describe el trasfondo institucional. “Mientras el Estado colombiano promueve la conservación, entidades como Finagro destinaron al menos 466 millones de dólares a créditos ganaderos en la Amazonía entre 2018 y 2025”, dice. “Es la aproximación contradictoria que ha tenido históricamente el Estado colombiano con la Amazonía”. 

Pero el resguardo no espera una respuesta institucional para actuar: ya tiene más de 40.000 plántulas de especies nativas en un vivero comunitario, entre ellas la canangucha o moriche, la palma que actúa como esponja natural del agua. “Lo que buscamos, primero, es lograr tener un bosque al menos a orillas de la quebrada. Luego, que el dueño de ahí, el espíritu, también regrese”, dice Iles.

Lo que el mapa no cuenta

“Los análisis estadísticos son solo una aproximación de lo que pasa realmente. Unir esos datos con los relatos de las personas que viven en esos lugares fortalece los resultados”, dice Kathleen Sena, investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y parte del programa de formación de Serrapilheira.

Porque todas estas cifras son asociaciones, no experimentos controlados: no demuestran que la minería o la deforestación causen los cambios, pero sí muestran que durante 25 años los datos apuntan de forma consistente en la misma dirección. Y hay algo que ningún satélite alcanza a medir: la calidad. Los satélites miden superficie de agua, no volumen ni si sirve. Una microcuenca puede ganar superficie sin ganar una gota que se pueda beber.

Lo que ningún satélite alcanza a contar son las personas. Bajo esas 722 microcuencas viven al menos 74 pueblos indígenas, repartidos en 202 territorios, para quienes el río no es una superficie que crece o se encoge en una imagen, sino el lugar de donde toman el agua y disfrutan buena parte de sus vidas.

El agua que beben Erick Tijé y el pequeño Santiago ya no viene del río que el abuelo José eligió hace más de cincuenta años a orillas del Inambari. Ahora viene de un bidón de plástico. En Tomachi defienden a mano las dos quebradas que les quedan, en Apoipó la laguna donde pescaban se secó del todo, en Jácome los niños ya casi no encuentran qué pescar. Son cuatro territorios donde el mapa registra más agua que nunca. La que de verdad se puede beber, en cambio, cabe hoy en una botella.

 

Referencias bibliográficas

Peña-Arancibia, J. L., Bruijnzeel, L. A., Mulligan, M. y van Dijk, A. I. J. M. (2019). “Forests as ‘sponges’ and ‘pumps’: Assessing the impact of deforestation on dry-season flows across the tropics”. Journal of Hydrology, 574, 946-963. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169419304032

Salati, E., Dall’Olio, A., Matsui, E. y Gat, J. R. (1979). “Recycling of water in the Amazon Basin: An isotopic study”. Water Resources Research, 15(5), 1250-1258. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/WR015i005p01250

Baker, J. C. A., Smith, C., Veiga, J. A. P., Farnsworth, H. y Spracklen, D. V. (2026). “Quantifying tropical forest rainfall generation”. Communications Earth & Environment. https://www.nature.com/articles/s43247-025-03159-3

Datos y metodología de esta investigación

• Aguas Partidas (2026). Proyecto periodístico coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con Mongabay Latam, El Espectador, Correo del Caroní y el Instituto Serrapilheira (Brasil). Basado en datos de MapBiomas Água (colección Panamazonía y colecciones nacionales), RAISG (análisis por microcuencas, territorios indígenas, minería, deforestación) e HydroBASINS/HydroATLAS nivel 8 (WWF).