En octubre de 2024, el Gobierno de Rio Grande do Sul anunció su intención de elaborar un plan de transición energética justa para las áreas carboníferas del estado en el sur de Brasil, que cuenta con la mayor reserva de carbón mineral del país. 

En una ceremonia celebrada en el Palacio Piratini, el gobernador Eduardo Leite firmó la contratación de WayCarbon, una consultora perteneciente al banco Santander, y del Centro Brasil do Clima, para identificar las actividades económicas de bajo impacto y las energías limpias que podrían sustituir a la minería en la producción de energía. 

«Los gauchos somos conscientes de la contribución que debemos aportar a la adaptación y la resiliencia climática de nuestro estado y del planeta. Y, para poder avanzar en la descarbonización y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, debemos comprender que no se trata solo de un fenómeno climático, sino también de un fenómeno económico y social», afirmó el gobernador durante el acto solemne. 

Sin embargo, poco más de seis meses después, la Companhia Riograndense de Mineração (CRM), controlada por el gobierno estatal, presentó un plan que podría suponer un aumento de la producción de carbón, tal y como muestra este reportaje de Matinal, que forma parte de la investigación transfronteriza y colaborativa Las Ruinas del Carbón. El proyecto está liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y reúne a doce medios de comunicación en torno al fin de la energía del carbón en América Latina.

La empresa estatal de economía mixta, que administra el mayor yacimiento de carbón de Brasil, presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para ampliar la mina de Candiota, en el municipio del mismo nombre, al sur del estado, cuya producción podría aumentar en un 25%. Su principal cliente es la central térmica Candiota III, propiedad de J&F S.A., de los hermanos Wesley y Joesley Batista. Como muestra este reportaje de Matinal, la termoeléctrica logró una prórroga hasta 2040 tras la aprobación, en el Congreso, de una ley marcada por el lobby y las enmiendas de última hora.

En el estudio presentado en mayo del año pasado, CRM declaró que la producción anual podría alcanzar los 3 millones de toneladas, 600 mil toneladas más que la actual. La solicitud figura en los documentos entregados a la Fundación Estatal de Protección Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), la autoridad ambiental del estado. Por su parte, el plan de transición energética justa para la región, previsto para octubre de 2025, aún no se ha anunciado.

La contradicción pone de manifiesto el dilema del gobierno de Rio Grande do Sul entre acelerar la descarbonización de su matriz energética o ampliar los negocios de la empresa estatal minera. Consultada sobre la solicitud realizada tras el anuncio de la transición, CRM informó de que el posible aumento de la producción se produciría en caso de demanda por parte del contratista. 

«No se ha producido ningún incremento en el flujo productivo establecido. El EIA-RIMA contempla distintos escenarios de capacidad instalada, que podría alcanzar hasta los 3.000.000 toneladas, en caso de que exista demanda por parte del contratista. Por lo tanto, lo que figura en el estudio es una previsión de capacidad operativa, y no un aumento efectivo de la producción», informó CRM por correo electrónico.    

En su respuesta a Matinal, aunque atribuyó un posible aumento de la producción a la demanda del contratista, el Gobierno reafirmó su compromiso con la transición energética y con la neutralidad de las emisiones de carbono para 2050, tal y como se prevé en el Acuerdo de París y ha reafirmado el Estado en las Conferencias de la ONU sobre el Clima. 

Avances sobre un asentamiento del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra

La solicitud de licenciam para ampliar la mina también reveló la intención de la empresa de explotar la zona de un asentamiento regularizado del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), situado en el municipio de Hulha Negra, vecino a Candiota. En el estudio y el informe de impacto ambiental (EIA-Rima), con fecha de mayo de 2025, se reconoció la presencia del asentamiento Nova Vitória, y la empresa estatal señaló que existían requisitos legales y la necesidad de entablar un diálogo con la comunidad y llevar a cabo reubicaciones, pero no consideró esto como un obstáculo a la hora de solicitar la autorización. Creado por el propio gobierno estatal, Nova Vitória alberga a 12 familias de agricultores en una superficie de 399 hectáreas, según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra). 

En un escrito enviado en febrero de este año a la CRM, la autoridad ambiental estadual Fepam cuestionó si la empresa estatal había planteado realmente la alternativa de desalojar a los agricultores del lugar y solicitó la retirada del proceso de concesión de licencias del denominado bloque 02, donde se encuentra el asentamiento. La región de Candiota cuenta con una de las mayores concentraciones de asentamientos de la reforma agraria del país, con 79 áreas regularizadas por el Incra y más de 2.500 familias de agricultores en una superficie de 70.000 hectáreas.

«Como ya se ha informado, el BLOQUE 02 deberá excluirse del presente expediente, teniendo en cuenta que el horizonte de intervención se produciría en unos 40 años, lo que hace inviable la evaluación de los impactos y la toma de decisiones. La eliminación del Bloque 02 implica la actualización de los polígonos ambientales, de uso y de extracción, y la delimitación correcta del área directamente afectada para la evaluación de los impactos», informaba el escrito de la Fepam del 6 de febrero de 2026. 

Cuando Matinal preguntó a la empresa por qué no consideró como un impedimento la posibilidad de explotar minas en un asentamiento, respondió que «no se optó por seguir adelante con la explotación minera en el área del asentamiento». Según explicó CRM, «el Estudio de Impacto Ambiental contempla el análisis de alternativas de ubicación, de conformidad con la Resolución CONAMA n.º 001/86, incluyendo diferentes escenarios para la evaluación técnica, económica y ambiental. En este proceso, CRM optó por no explotar el Bloque 02. La expansión está prevista especialmente en el Bloque 01, que no afecta al asentamiento de Nova Vitória. Por lo tanto, no hay previsión de explotación minera en el área del asentamiento». 

Hoy en día, el asentamiento se encuentra a solo un kilómetro de la mina. «Oímos explosiones todos los días, como si hubieran lanzado una bomba. Solo dejan de oírse cuando llueve», dijo el agricultor João Aderbal Martins, que vive en Nova Vitória desde su creación, hace más de 30 años. «Ya he tenido que reformar mi casa dos veces porque las paredes se agrietan». A pesar de los efectos de las explosiones, Martins cuenta que trabajó como vigilante en CRM para poder pagar las facturas, y hoy uno de sus hijos trabaja en la central. «No quisieron quedarse en el campo. Sufrieron mucho en su infancia, todo era muy difícil para ellos, incluso ir al colegio», se lamentó el agricultor de 67 años.

Esta alianza periodística también preguntó al Incra si se habían recibido denuncias de contaminación del suelo a causa de la actividad minera en la región o si se realiza un análisis del suelo o del agua antes de designar un asentamiento. «No realizamos análisis del suelo ni del agua para detectar una posible contaminación», informó a través de su oficina de prensa.  Afirmó que la compra de nuevas tierras sigue los requisitos y procedimientos establecidos por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) y el Manual Técnico de Peritajes y Evaluaciones del Incra, que clasifica la tierra según su aptitud para el uso agrícola, sus limitaciones y los riesgos de degradación.

El ambiente en un segundo plano

A finales de 2018, poco después de tomar posesión para su primer mandato, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fusionó dos secretarías: la de Medio Ambiente y la de Infraestructuras. Con ello, CRM quedó bajo el paraguas de la actual Secretaría Estatal de Medio Ambiente e Infraestructuras (Sema), que también alberga el organismo fiscalizador, la Fepam, equivalente al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) en el estado y responsable de evaluar los impactos ambientales de la mina de Candiota. 

En estos años de fusión de las carteras, el medio ambiente ha salido perdiendo. En el primer año de su mandato, Leite presentó un proyecto a la Asamblea de Rio Grande do Sul que los científicos calificaron como un desmantelamiento del Código Ambiental de Rio Grande do Sul, hasta entonces reconocido por su rigor. Un análisis realizado por el biólogo Gonçalo Ferraz, profesor de ecología de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), revela que la gestión de Leite modificó más de 400 pasajes de la legislación, la mayoría de ellos en el sentido de debilitar el control de los impactos ambientales. 

«Han desaparecido las directrices técnicas para la elaboración de estudios e informes de impacto ambiental, así como las herramientas y los mecanismos de control de la calidad del aire», declaró Ferraz en aquel momento al programa Matinal. 

La calidad del aire, por ejemplo, es fundamental para la actividad minera, que emite una mezcla de gases tóxicos, entre los que se encuentra el dióxido de carbono (CO2). El otro cambio fue la Licencia Ambiental por Adhesión y Compromiso (LAC), que se conoció como una especie de autolicencia ambiental para proyectos de medio y alto potencial contaminante. La medida acabó siendo anulada por el Tribunal Supremo Federal en abril de 2025 por contravenir la protección ambiental de la Constitución brasileña.

La falta de control de las emisiones fue uno de los problemas señalados por los técnicos de la Fepam en relación con la nueva solicitud de CRM. «Además, el estudio no contempló estrategias para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo indispensable la inclusión de un inventario de emisiones, objetivos anuales y un plan de mitigación alineado con la Política Nacional sobre el Cambio Climático (PNMC) y la Política Nacional de Transición Energética (PNTE)», informa un escrito de la Fepam de febrero de 2026. 

El plazo para que CRM responda vence en junio de este año. En caso de que CRM no responda o no atienda las solicitudes, la concesión de la licencia podría archivarse. 

Aguas ácidas y emisiones ignoradas

Según el dictamen de la Fepam, el EIA-Rima presentado por CRM minimiza los riesgos potenciales para la salud de la población de Candiota y de los municipios vecinos en lo que respecta a la calidad del aire: la palabra «salud» no aparece en las 136 páginas del estudio. Los técnicos de la División de Monitoreo Ambiental solicitan que se corrijan las metodologías de análisis y que las medidas de control ambiental sean permanentes y no temporales. 

«Las conclusiones deben ser claras y fiables, y en ellas deben discutirse y evaluarse el conjunto de resultados obtenidos, como el EDA, sin omisiones ni manipulaciones que busquen ocultar o atenuar los resultados obtenidos», informa el documento del organismo ambiental estatal.

La zona que la empresa estatal quiere explotar alberga también, según el dictamen de la Fepam, cuatro corredores ecológicos, donde se conectan fragmentos de vegetación campestre y arbustiva, y que están asociados a los cursos de agua de los arroyos Poaca y Candiota. «La puesta en marcha del proyecto podría interrumpir e ar dos de los principales corredores ecológicos», señala el organismo ambiental en un fragmento destacado de uno de los dictámenes. 

Los lugares elegidos también forman parte de la IBA Campos de Bagé —siglas que significan Important Bird Area (Área importante para aves)—, que designa los lugares reconocidos internacionalmente por su importancia para la conservación de las aves. Según la Fepam, la fragmentación de la zona con el avance de la minería podría afectar a los campos del sur; el organismo solicita que la CRM demuestre cómo pretende mitigar estos riesgos. 

Otro aspecto que mereció ser destacado es el impacto en la disponibilidad de agua. El estudio presentado por CRM muestra que «los cursos de agua superficiales y subterráneos ya sufren los efectos derivados de la actividad minera». Con la solicitud de ampliar el área, esta situación «amplía el alcance de las medidas de control y mitigación, que no pueden limitarse únicamente a las áreas de ampliación contempladas en esta EIA, sino que deben incluir acciones estructuradas para la recuperación y mejora de la calidad ambiental a escala macro», informa la Fepam. 

En uno de los dictámenes, los técnicos señalan que las áreas elegidas para la minería son lugares que «contienen una gran cantidad de recursos hídricos» y destacan el riesgo de contaminación. Según el organismo de control ambiental, el flujo de las aguas subterráneas de la región de la mina converge en estos dos arroyos, y el proyecto podría suprimir parte de las cabeceras.

El propio estudio de impacto ambiental presentado por CRM indica que ya existe un impacto significativo en las aguas de Candiota, tal y como ha destacado la Fepam, señalando la presencia de drenaje ácido de minas, uno de los principales problemas medioambientales de la minería del carbón. 

En la página 386, el estudio afirma que «se observó la presencia de pocos parámetros compatibles con aguas de Clase 3 (teniendo en cuenta la Resolución Conama n.º 357/2005); sin embargo, destaca la concentración de hierro total observada, lo que caracteriza la presencia de drenaje ácido en el entorno de la actividad minero (sic)». Destaca el punto de muestreo P-04, que presenta diversos parámetros que indican mala calidad del agua. La acidez de 3,9 mg/L sugiere la posibilidad de drenaje ácido de minas, lo que puede afectar negativamente al pH del agua y aumentar la solubilidad de los metales pesados». La Fepam condicionó la aprobación de la licencia a un análisis integrado de estos impactos y a la inclusión de nuevos puntos de muestreo del agua para medir los daños.

Al ser preguntada sobre el problema hídrico, CRM afirmó que la actividad minera de la empresa no depende de un consumo significativo de agua, ya que el proceso de producción de carbón en la mina es en seco. Informó, a través de su oficina de prensa, que está realizando inversiones continuas en infraestructura de control y tratamiento de efluentes con la puesta en marcha de dos nuevas Estaciones de Tratamiento de Efluentes (ETE). También señaló que «cumple íntegramente con todos los requisitos técnicos y ambientales establecidos por los organismos competentes».

Para el Instituto Arayara, la transición energética en Rio Grande do Sul es una cuestión de garantía de los derechos humanos, ya que el complejo carboquímico de Candiota está situado en una zona ambientalmente sensible a fenómenos climáticos extremos, como la escasez de agua que afecta a la región desde hace décadas. Según la Agencia Nacional de Aguas (ANA), Candiota presenta una vulnerabilidad media y un bajo índice de seguridad hídrica. 

Un análisis realizado por Matinal de los datos el Sistema Integrado de Información sobre Desastres (S2ID) pone en evidencia cómo la escasez de agua ha provocado problemas en Candiota. En los últimos 20 años, el municipio ha declarado la situación de emergencia debido a la sequía en más de la mitad de los casos (11). Casi una declaración cada dos años.

Según la ONG, que monitorea la descarbonización de la matriz energética de Brasil, la Política de Rio Grande do Sul sobre el Cambio Climático (PGMC) prevé bloquear proyectos que no tengan en cuenta los problemas de abastecimiento de agua; este fue uno de los factores por los que se suspendió la licencia ambiental de la termoeléctrica a base de carbón Nova Seival, también ubicada en Candiota, y se canceló el proyecto.

«Es decir, en el pasado se logró una victoria contra la expansión, pero ahora vemos que CRM quiere aumentar la producción al mismo tiempo que el Gobierno retrasa un plan de transición energética», afirma el ingeniero ambiental John Wurdig, responsable de transición energética del Instituto Arayara. 

Esta es la contradicción que el Gobierno de Rio Grande do Sul tendrá que resolver.