A finales de junio de este año Luis Arce, el presidente de Bolivia, anunció que su gobierno había firmado convenios con dos compañías para que aplicaran tecnologías de extracción directa del litio en dos salares bolivianos. Una de estas empresas es Citic Guoan de China. La otra es el Uranium One Group de Rusia, un conglomerado de empresas estatales rusas dedicadas a la minería y a la energía nuclear, con sucursales y subsidiarias en varios países.
El contrato no fue firmado espontáneamente, llegó tras varios años de acuerdos y colaboraciones entre los gobiernos de Bolivia y Rusia en temas mineros y atómicos, así como después de varios años de operaciones de influencia que el Kremlin ha desplegado en Bolivia (así como en otros países latinoamericanos). Buscan conseguir aliados políticos en la región y de paso, quedarse con contratos de energía nuclear y de explotación minera.
Como parte de Mercenarios Digitales, una investigación en alianza con 20 medios, cinco organizaciones especialistas en investigación digital y estudiantes de un curso de maestría de la Universidad de Columbia, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, juntamos las piezas del rompecabezas de esta influencia rusa en Bolivia y Nicaragua y atamos los cabos de cómo han funcionado algunas de estas operaciones de influencia. Estas incluyen becas para que estudiantes y periodistas se conviertan en embajadores de la energía nuclear rusa, acciones coordinadas en redes sociales y en prensa para generar una buena imagen sobre las empresas nucleares rusas e, incluso, consultores expertos en comunicación —con trayectoria también en desinformación y propaganda — asesorando campañas políticas.
La batería del futuro
Bolivia ha buscado explotar sus grandes reservas de litio desde el primer gobierno de Evo Morales, pero le han faltado las tecnologías especiales para la extracción de este mineral, que son diferentes a las usadas en otros materiales extraídos más tradicionalmente. Tanto Bolivia como Rusia ven en el litio una gran oportunidad de negocios pues este material es usado en baterías, en particular en las baterías de carros eléctricos, cuya producción se prevé que aumente drásticamente teniendo en cuenta que muchos países piensan prohibir la venta o el uso de vehículos de motor a combustión a partir de la próxima década.
Uranium One Group es una de las varias subsidiarias de Rosatom, un conglomerado de empresas estatales que incluye a más de 350 compañías registradas en varios países. Además de construir y administrar centrales nucleares para la generación de electricidad, este holding se encarga de la investigación científica relacionada con tecnologías nucleares, del armamento nuclear y de la minería de materiales útiles para la generación de energía eléctrica en general (como el litio, o el uranio, usado en plantas nucleares). Sus empresas desarrollan estas actividades tanto en Rusia como en otros países con los que el Kremlin quiere construir alianzas.
Uranium One no sólo está buscando quedarse con el litio de Bolivia. Según un artículo de Kommersant, un medio independiente ruso, de julio de 2021, el holding ruso estaba explorando comprar partes en compañías que tuvieran derecho a la explotación del subsuelo en Argentina y en Chile, con el plan de comenzar a explotar litio en 2027 y 2029, respectivamente. En noviembre de ese año, Uranium One invirtió 30 millones de dólares en la empresa Alpha One Lithium BV (subsidiaria de la canadiense Alpha Lithium Corporation) a cambio de una participación de 15% en el salar Tolillar en Argentina (propiedad de Alpha) y la posibilidad de invertir 185 millones más para quedarse con el 50% del salar.
Este equipo periodístico encontró que, en noviembre de 2022, Uranium One Group firmó un contrato en Rusia con RAL Consultoria e Representação Comercial LTDA por 484.800 dólares con el objeto de proveer “servicios de consultoría para apoyar la implementación de la estrategia para el desarrollo del complejo de la industria de la energía nuclear en el exterior en los campos de la minería, la producción y el comercio del litio”.
RAL Consultoría es una empresa que fue registrada en 2015 en Rio de Janeiro, Brasil. Dos de sus socios son subsidiarias de Rosatom: Rusatom International Network y Rosatom Central Europe. Los otros dos socios son Sergey Krivolapov e Ivan Dybov, respectivamente el presidente y el vicepresidente de Rosatom América Latina. El contrato que firmó Uranium One con esta empresa en 2022 menciona específicamente a los departamentos bolivianos de Potosí y Oruro, donde hay salares con depósitos de litio, y pide monitorear el cubrimiento mediático que reciben las actividades de Rosatom, así como, “en caso de que sea necesario a pedido del cliente, proveer propuestas de respuesta (…) con el fin de garantizar la predominancia de publicaciones equilibradas neutras y positivas en los medios del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Justamente, Uranium One Group ha aparecido como licitante en proyectos de la compañía estatal de litio boliviana, Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), desde por lo menos 2022.
Esta alianza periodística encontró que desde marzo de ese año aparecieron editoriales en medios bolivianos hablando positivamente de Rosatom, con textos muy similares, haciendo referencia a una nueva licitación de YLB.
Por ejemplo, tanto La Razón, como Opinión publicaron el 24 de marzo dos textos (y Correo del Sur publicó otro el 26 de marzo) prácticamente idénticos en los que recuerdan que “uno de los finalistas de esta licitación internacional de EDL [extracción directa de litio] es Uranium One Group, que también quiere contribuir al programa de industrialización del litio y al desarrollo económico de Bolivia”. También ensalzan a Rosatom diciendo que “la corporación rusa tiene más de 80 años de experiencia en el procesamiento de litio y es uno de los mayores y más antiguos productores de litio del mundo” y concluyen que “un concurso internacional ha confirmado la existencia de tecnologías que permiten extraer litio sin dañar el medio ambiente en los salares bolivianos, y hay grandes corporaciones dispuestas a invertir dinero. El mundo necesita litio hoy. Es bueno que YLB continúe el diálogo con los otros participantes que han superado con éxito cada paso de la convocatoria”.
Los artículos de La Razón y de Correo del Sur no especifican quién fue el autor del contenido, ni aclaran si es un contenido pagado. Esta alianza contactó por WhatsApp a la gerente de control de gestión en La Razón para preguntarle si el medio había recibido algún pago por publicar este contenido. La gerente respondió que “el espacio empresarial toma en cuenta contenido relacionado con nuestros clientes dentro de un marco comercial. Este contenido es producido directamente por ellos”. Al preguntarle si esta nota en particular había sido producida por un cliente que pagó por el espacio, agregó que esa era información que no podía suministrar pues “esto es dentro de un marco comercial que se maneja con nuestros clientes”.
Por su parte Opinión, también a través de WhatsApp, le dijo a esta alianza que no habían recibido dinero por esta publicación y que la nota venía de Erbol, una agencia de noticias boliviana, como se puede ver en el crédito del artículo. Sin embargo, la nota no aparece dentro de la página de Erbol y el responsable digital de la agencia le dijo a esta alianza que no tenía registro de que hubieran producido la nota y que los medios “a veces se equivocan en atribuir la nota”.
Otros textos similares que, si bien usan una estructura diferente, también replican frases de estas notas, fueron publicados por otros medios más pequeños, como Eju TV, Radar Energético y Bolivia Energía Libre, entre el 24 y el 26 de marzo. Por otra parte, al buscar los enlaces de estos artículos en redes sociales a través de las herramientas CrowdTangle y Meltwater, encontramos que tuvieron un alcance muy corto, con menos de 200 interacciones y republicaciones cada uno entre Twitter, Instagram y Facebook (excepto el artículo de Opinión, que tuvo 3.000 interacciones en Facebook).
Esta alianza también encontró que, en diciembre de 2022, Uranium One Group firmó otro contrato, este con Rusatom International Network (una de las subsidiarias de Rosatom que a su vez es uno de los socios de RAL Consultoria en Brasil), para operar en todos los países de América Latina y el Caribe y con el objeto de proveer “una serie de servicios de información, consultoría y mercadeo … en el campo de la minería … incluyendo la recolección y el análisis de información y la investigación de mercado”.
Por su parte, el contacto de prensa de Rosatom International le respondió a esta alianza, en un comentario oficial de la agencia de energía nuclear, que “los contratos entre estas organizaciones tienen como objetivo la implementación de las actividades transparentes en la región de presencia”. El comentario oficial también agregó que “Rosatom no realiza la colocación paga de noticias y notas de prensa ilegales y poco éticas en los medios de comunicación bajo la apariencia de materiales editoriales”.
Pero estos contratos tan solo son las actividades más recientes de Rosatom en Bolivia, un acercamiento que tiene casi una década y una historia que se conecta con el secretismo que viene desde los tiempos de la Unión Soviética.
Consultores atómicos
Por su importancia estratégica para el estado ruso, Rosatom administra algunas entidades territoriales administrativas cerradas (o “zatos”, por sus siglas en ruso) en Rusia, también conocidas como “ciudades cerradas”. Durante la era de la Unión Soviética, algunas ciudades en las que había industrias militares, espaciales o nucleares estaban cerradas al público en general. En ese entonces se requerían permisos especiales para entrar o salir de estas ciudades y, en algunos casos, la existencia misma de estos lugares era un secreto. Los zatos actuales son descendientes de estas ciudades secretas, pero en la Rusia moderna su existencia es pública (en la mayoría de los casos) y, aunque hay ciertas reglas para preservar las compañías estatales que operan allí (como restringir la entrada de extranjeros), sus ciudadanos son libres de entrar o salir de ellas cuando quieran y de elegir a sus propios gobernantes.
Estas ciudades son consideradas independientes de las regiones que las rodean y son administradas por las instituciones estatales que albergan. La mayoría son administradas por el Ministerio de Defensa. Tres son administradas por Roskosmos, la empresa espacial estatal rusa. Y diez son administradas por Rosatom. Una consecuencia de esta administración es que estas entidades estatales se involucran por completo en los asuntos públicos de las ciudades a su cargo.
Por ejemplo, según un artículo de 2017 de Kommersant, Rosatom hizo campaña para las elecciones parlamentarias de 2016 a favor de Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, en las 10 entidades territoriales que administra. Si bien el artículo señala que el trabajo de Rosatom en las elecciones no fue muy exitoso (en sus 10 ciudades cerradas, Rusia Unida obtuvo una votación inferior al promedio nacional), sí prueba que esta empresa estatal no sólo está en el negocio de la energía nuclear, también está en el negocio de las campañas electorales.
Como dice la estratega política Ekaterina Kurbangaleeva en el artículo de Kommersant, que compañías estatales como Rosatom organicen campañas electorales es un beneficio para el Kremlin pues estas representan “una red disciplinada, numerosa y extensa (así como una base de datos de votantes) que no requiere de recursos financieros adicionales”. Así que, cuando Rosatom llegó a otros países para buscar vender tecnologías nucleares u obtener con contratos de minería, ya contaba en sus filas a estrategas políticos que le ayudarían a posicionarse entre la opinión pública de esas naciones.
Según un artículo de octubre de 2019 del medio ruso Proekt, estos asesores intervinieron en Bolivia para favorecer la campaña del entonces presidente Evo Morales. Esto hacía parte de una estrategia internacional de Rosatom para preservar sus negocios por fuera de Rusia.
Tanto una fuente cercana a las directivas de Rosatom, como otra fuente que es un consultor político relacionado con el Kremlin le aseguraron a Proekt (el medio mantuvo ambas fuentes reservadas) que la empresa de energía nuclear apela a consultores políticos para asegurar que sus contratos en el exterior en efecto se ejecuten. Una de las fuentes le aseguró al citado diario ruso que, antes de que ejecutaran esta estrategia, los contratos de Rosatom “repetidamente se caían” porque con frecuencia recibían críticas de ambientalistas y los rivales geopolíticos de Rusia, como Estados Unidos, China y Francia, imponían la narrativa de que era imposible construir centrales nucleares en esos lugares.
La peor derrota para Rosatom ocurrió en Sudáfrica en 2017. La empresa había firmado un acuerdo en secreto con el entonces presidente sudafricano Jacob Zuma por el cual Sudáfrica le pagaría a Rosatom 76.000 millones de dólares por la construcción de una planta de energía nuclear. Sin embargo, desde 2014 dos ambientalistas sudafricanas disputaron la legalidad del acuerdo ante las cortes de su país, argumentando que éste no había cumplido con el proceso de contratación necesario, tratándose de energía nuclear y, además, que beneficiaba económicamente a la familia de Zuma. En 2017, una corte les dio la razón sobre el primer punto y bloqueó la construcción de la central nuclear, a menos de que pasara por un proceso de licitación pública. Rosatom tuvo que conformarse con construir unas “instalaciones hidroeléctricas de pequeña escala” en Sudáfrica. Una de las fuentes del artículo de Proekt les dijo que, tras este impasse, Rosatom envía consultores políticos “a todas las partes del mundo en las que tiene intereses, para así crear un campo de información favorable”.
Atomizando Bolivia
Justamente en Bolivia Rosatom tenía varios intereses. En 2016 el gobierno de Morales firmó un acuerdo con Rosatom para que esta compañía construyera un centro de tecnología nuclear en El Alto, una ciudad vecina de La Paz, con un costo de 300 millones de dólares. Para 2019 el centro nuclear no se había construido, y Morales competía en su tercera campaña electoral a la Presidencia, que muchos en Bolivia consideraban inconstitucional, pues la ley permitía máximo tres períodos de gobierno. Aún así, el Tribunal Constitucional de Bolivia le permitió ser candidato en las elecciones de octubre y Rusia vio una oportunidad para apoyarlo y, a la vez, proteger sus intereses.
El 11 de julio de 2019, Morales recibió un título de doctor honoris causa de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Ese mismo día, el presidente boliviano y varios representantes de su gobierno estuvieron reunidos en el Kremlin con Putin y sus ministros y ambos países firmaron varios acuerdos de colaboración.
Como reportó entonces la agencia estatal rusa TASS, ese día sefirmaron varios acuerdos entre representantes de ambos gobiernos. Uno de ellos fue un pacto para establecer relaciones comerciales entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal de hidrocarburos boliviana, y el gobierno ruso. Además, se sellaron tres acuerdos directamente relacionados a los intereses de Rosatom: un memorando de entendimiento sobre la seguridad del uso de la energía nuclear y la radiación, otro sobre cooperación energética y otro más, este firmado por el director general de Rosatom, Alexei Likhachev, para avanzar investigaciones relacionadas con la industria del litio.
Según le dijo la fuente cercana a Rosatom a Proekt, si Morales perdía las elecciones de ese octubre, el futuro de los contratos de energía nuclear en Bolivia “sería incierto” pues un nuevo gobierno podría cambiar las políticas públicas del país “bajo presión de Estados Unidos”. Según el artículo de Proekt, un equipo a cargo de Sergey Kiriyenko (quien fue el primer director de Rosatom, entre 2005 y 2016 y, desde entonces, ha sido el jefe de personal de la Administración Presidencial en el Kremlin y director del consejo de administración de Rosatom) seleccionó a 10 consultores políticos para que viajaran a Bolivia y ayudaran en la campaña de Morales. Por su parte, Andrey Polosin, director del Departamento de Integración con las Regiones de Rosatom y colaborador cercano de Kiriyenko, organizó la misión de estos consultores.
Proekt logró identificar a tres de estos consultores. Uno de ellos es Valery Solovyov, conocido por ser el fundador de una empresa de consultoría cuyo nombre en ruso podría traducirse tanto como Agencia de Campañas Electorales en Internet, o Agencia de Agitación de Internet.
Esta agencia había sido mencionada en un artículo previo de Proekt, en julio de 2019, como una de las operadoras que creó bots en redes sociales (es decir, cuentas que publican contenidos automáticamente) para posicionar la buena imagen de Alexander Beglov, el alcalde de San Petersburgo, en preparación para su campaña de reelección. Aunque el artículo no menciona a Solovyov, sí nombra a su socio Andrey Tsepelyov como uno de los directores de un centro en San Petersburgo desde el que se manejaban las redes sociales de varios alcaldes cercanos a Putin. El otro director de este centro era Vladimir Tabak, que había sido enviado directamente por el Kremlin para trabajar en las redes sociales de Beglov. Según Proekt, Solovyov estaba encargado en Bolivia de promocionar “Prisma”, un sistema desarrollado por la empresa rusa Medialogia para monitorear las narrativas en “la blogósfera”.
Otro de los asesores fue Alexander Sheremetev, un consultor político que había trabajado con candidatos de Rusia Unida en la ciudad de Yekaterinburgo. El tercer nombre identificado por Proekt es el de Vladimir Ryabinin, quien publicó fotos de La Paz en su cuenta de Facebook entre el 4 de junio y el 25 de septiembre de 2019. Las fuentes reservadas le dijeron a Proekt que los consultores se centraron en hace campaña en internet y que se dedicaron a publicar posts con las tesis del programa “Una Bolivia para toda la gente” de Morales y a hacer campaña de desprestigio contra sus opositores.
Aunque los resultados preliminares del conteo de votos ese 20 de octubre parecían poner a Morales en una segunda vuelta con Carlos Mesa, el mandatario aseguró que había conseguido suficientes votos para ganar en primera vuelta, mientras que la oposición aseguró que se había cometido un fraude. Esto llevó a varias semanas de manifestaciones y disturbios que terminaron con la renuncia de Morales y con la opositora Jeanine Áñez asumiendo la presidencia.
Las fuentes que hablaron con Proekt aseguraron que la misión de los consultores enviados a Bolivia era estrictamente secreta y tanto Solovyov como Ryabinin negaron haber trabajado para la campaña de Morales. Unos días después de la publicación de la nota de Proekt, la página de Rosatom en América publicó un comunicado asegurando que “Rosatom nunca había emprendido ningún tipo de acción que pudiese ser calificada como un intento de ‘influir’ en elecciones locales o política interior de ningún país”. Además, en su respuesta a las preguntas de esta alianza, Rosatom dijo que “nunca envió asesores políticos a América Latina y niega cualquier insinuación sobre la intervención en los procesos políticos en Latinoamérica”.
Pero aquí no terminaron ni los contratos ni la influencia rusa en Bolivia.
Diplomacia nuclear en Bolivia
El centro nuclear que fue contratado en 2016 por el gobierno de Morales, según lo planeado, constaría de tres partes: un centro de medicina nuclear, un centro de procesamiento de alimentos (a través de radiación ionizante) y un reactor nuclear de investigación. El reactor sólo comenzó a construirse en 2021, un año después del triunfo de Luis Arce (quien fue elegido presidente en 2020 por el MAS, el partido de Morales). Según Sputnik, una agencia de propaganda rusa, el reactor entrará en funcionamiento en 2025. Pero en marzo de este año, según Rosatom, los centros de medicina nuclear y de procesamiento de alimentos ya habían entrado en funcionamiento.
El centro nuclear está siendo implementado en conjunto por la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (Aben) y Rusatom Overseas JSC. Esta última empresa, que según la página de Rosatom es una de sus subsidiarias, está basada en Moscú y se dedica a “la promoción de la oferta integrada de proyectos de construcción de plantas de energía nuclear en el mercado internacional”.
Uno de sus empleados, Oleg Bochkin, director de comunicaciones estratégicas, estuvo en La Paz el pasado 30 de marzo dictando un taller para periodistas bolivianos sobre cómo cubrir la energía nuclear. El taller fue organizado en conjunto con la Aben y allí también hablaron Freddy Aguilar, el jefe de comunicaciones, y Hortensia Jiménez, la directora de la agencia. Justamente Jiménez estuvo presente en otro momento de colaboración ruso-boliviana. El 12 de abril de este año (cuando en Rusia se celebra el día de los cosmonautas), Jiménez fue una de las invitadas de honor para la inauguración, cerca de La Paz, de un busto de Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético que en 1961 se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio. El busto fue instalado en la Estación Terrena de Amachuma, una estación de control satelital ubicada a unos 8 kilómetros de El Alto.
Estas son, simplemente, algunas de las actividades más recientes del esfuerzo diplomático de Rusia para crear una imagen positiva alrededor de sus servicios nucleares en Bolivia. Es un empeño que lleva varios años y tiene muchas otras patas. En mayo de 2022, por ejemplo, la Aben y Rosatom publicaron conjuntamente un libro infantil, llamado “Ciencia y tecnología nuclear en El Alto” en el que pájaros andinos discuten los beneficios de la energía nuclear.
Desde por lo menos 2019, Rosatom además ha estado ofreciendo becas a estudiantes bolivianos para cursar temas relacionados con energía nuclear en Rusia. También desde ese año Rosatom les ha dado becas a adolescentes bolivianos para que se conviertan en “embajadores de la educación nuclear”, es decir, que aprendan sobre los cursos que se dictan sobre esta tecnología y luego expongan lo aprendido en Bolivia.
En mayo de 2016, un mes después de que se firmara el acuerdo para la construcción del centro nuclear en El Alto, representantes de Rosatom visitaron esa ciudad. Tras la visita, se anunció que la Aben tendría un nueva oficina cercana a la sede de la Línea Amarilla del Teleférico, el sistema de transporte público de El Alto.
En agosto se firmó una orden de servicio por la que se pedía la adecuación de una oficina para dicha agencia, pero en otra línea del Teleférico, la Roja. Tras las elecciones de 2019, esto levantó algunas sospechas, pues medios bolivianos denunciaron que algunos de los llamados Guerreros Digitales usaron un laboratorio audiovisual ubicado en una estación de la Línea Celeste del Teleférico para crear desinformación y propaganda a favor del MAS. Por estas denuncias fue arrestada Liliana Rengifo, exgerente de Mi Teleférico en 2020.
Por otra parte, tanto los contratos de la central nuclear como los de la explotación de litio han sido mencionados recurrentemente por las versiones en español de los medios de propaganda rusa Actualidad RT y Sputnik en el último año. Las cuentas de Twitter de estos dos medios han mencionado alguno de los dos temas por lo menos 96 veces desde el 18 de julio de 2022, como esta alianza encontró a través de un análisis con la herramienta Meltwater. Los tweets enlazan a artículos o videos producidos por estos medios que a veces simplemente reportan la firma de un nuevo contrato, pero que en otras ocasiones parecen promocionar a Rosatom y a sus subsidiarias.
Por ejemplo, el 18 de julio de 2023, Sputnik publicó un artículo titulado “’Un proceso más eficiente’: los beneficios del proyecto ruso para producir litio en Bolivia”. El 22 de agosto de 2022, Actualidad RT publicó un artículo titulado “Un ambicioso centro nuclear ruso-boliviano ofrece nuevas tecnologías y potencia el desarrollo local”, en el que se incluye este texto: “los partidarios del proyecto creen que, además de los beneficios en infraestructura que aportará a las zonas vecinas, el proyecto tendrá un impacto positivo para el pueblo boliviano”.
Según un análisis que hizo esta alianza en CrowdTangle, un video asociado con el segundo artículo (originalmente publicado en Facebook por la página de RT en Español), tuvo su mayor cantidad de vistas (144.000) en Facebook en un post hecho por la página Russian Today. Según la información de transparenciade esa red social, la página tiene dos administradores que viven en Perú y fue creada en junio de 2022. Y, aunque la página usa el logo de RT, comparte los contenidos de RT y tiene un nombre similar a esa cadena (que hasta 2009 se llamó Russia Today), no dice estar afiliada con ella.
Uno de los posts más populares en Facebook, con más de 1.000 reacciones, que referencia la información fue publicado por la página Patria Grande. Según Facebook, sus cinco administradores viven en Bolivia. La página se dedica a publicar contenidos pro Kremlin, incluidos muchos artículos de RT.
En su respuesta a las preguntas de esta alianza, Rosatom dijo que sus proyectos “son, en primer lugar, puramente comerciales y no están relacionados con la coyuntura política”.
Nicaragua
Rusia también ha usado a Rosatom para acercarse a otro país latinoamericano: Nicaragua. En febrero de este año el gobierno de Daniel Ortega firmó un acuerdo de cooperación con la corporación rusa para la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. Aunque el país centroamericano no tiene los mismos recursos minerales que Bolivia, el Kremlin ha hecho muchos acercamientos con el gobierno de Managua, probablemente para asegurarse que se alinee con Moscú y no con Washington, su principal rival geopolítico.
El 7 de abril de 2017, Rusia inauguró una estación terrestre de Glonass (el sistema ruso equivalente al GPS) en el costado oeste de la laguna de Nejapa, en Managua. Según el informe “Alianzas peligrosas: Avances Estratégicos de Rusia en América Latina”, del Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de Estados Unidos de diciembre de 2022, este es “un centro clave de la actividad rusa … Además de permitir la presencia permanente de unos 250 rusos de personal militar sobre el terreno. El informe, además agrega que “Nicaragua es la base rusa para su GLONASS y también alberga una planta de vacunación multimillonaria que—sorprendentemente—no produce vacunas, una academia de policía de la que hace poco se conoce, un centro de capacitación y guerra cibernética en el edificio estatal de telecomunicaciones, y un edificio del Ministerio del Interior de Rusia que goza del estatus diplomático de una embajada”.
Por otra parte, desde noviembre de 2022 Nicaragua ha firmado algunos acuerdos con Rusia para fortalecer su “estrategia de comunicación digital”. Sin embargo, estos acuerdos no son de acceso público en Nicaragua. Consultamos con las entidades firmantes en Nicaragua (el Consejo de Comunicación, la agencia gubernamental ProNicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores) para obtener acceso a los documentos, pero no obtuvimos respuesta. Los documentos sobre los acuerdos en temas de comunicación tampoco aparecen listados ni en la página del gobierno ruso ni en la de su Ministerio de Exteriores (donde sí aparecen los acuerdos sobre colaboración en energía atómica). Lo poco que se sabe de su contenido es lo reportado en la prensa oficial sandinista y en medios rusos.
En noviembre de 2022, Nicaragua y Rusia firmaron otro acuerdo para el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), con el supuesto objetivo de “prevenir, detectar e investigar” su uso incorrecto.
El 5 de diciembre de ese año, Daniel Edmundo Ortega, hijo del presidente, firmó, en calidad de Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, un memorándum de entendimiento para la cooperación con RT (originalmente Russia Today) en Español para “prestar apoyo para la cobertura de eventos”. La red de canales de televisión internacional RT es vista por Rusia como un brazo propagandístico en varias regiones del mundo. En América Latina, en particular, RT en Español ha sido usado para promover contenidos de izquierda (muchas veces desinformando) con el fin de crear tensiones con Estados Unidos (en otros idiomas, RT se centra en transmitir propaganda de derecha).
Por su parte, el Consejo de Comunicación y Ciudadanía es visto en Nicaragua como un órgano para controlar la información oficial. Según un artículo de Voice of America que cubrió la firma de este acuerdo, “los analistas aseguran que Managua pondrá a disposición más de 20 canales oficialistas para emitir contenido ruso”. Además, el artículo reportó que varios rusos visitaron Managua para la firma del acuerdo. Entre ellos estuvieron Victoria Vorontsova, directora de RT en Español, Alexander Luchaninov, el subdirector, y Karina Melikyan, directora de cooperación internacional.
En septiembre, además, el Consejo ya había firmado otro acuerdo de colaboración con Sputnik, una agencia de noticias rusa que es usada para crear propaganda, de una manera similar que RT. Este acuerdo fue firmado en Vladivostok, Rusia, donde Daniel Edmundo participó en un panel titulado “La multiplicidad de la verdad, cómo ganar la batalla de la información” junto a Maria Zakharova, directora del departamento de información y prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Dmitry Kiselev, director de Rossiya Segodnya (un conglomerado de medios propiedad del gobierno ruso, que a su vez es dueño de Sputnik) y los comediantes pro Kremlin Vovan y Lexus.
Más recientemente, el 22 de julio pasado, RT reveló en un programa de TN8, un canal de la familia Ortega, que había realizado una capacitación a periodistas nicaragüenses cercanos al gobierno. En el reportaje el vocero dijo que les habían enseñado “talento, buenas ideas y habilidades”.
Boris Kuznetsov, subdirector de programación en Español de RT en Español, dijo: “hemos tenido la oportunidad de venir a diferentes lugares, visitamos distintas regiones del país y podemos destacar la cultura y la historia de Nicaragua”.
Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación
Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DFRLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.