Eran las 5:30 de la mañana del sábado 14 de diciembre de 2024. Una decena de militares llegaron frente a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en el centro de Río de Janeiro. Cumplían órdenes de la cúpula militar de Brasilia, la capital de Brasil, y aún no sabían cuál era su misión aquella mañana. Había sólo un coronel; los demás oficiales eran de rango inferior.
Cuando llegaron a la sede de la Policía Federal (PF) en Río, se encontraron con un grupo de policías que tenían que cumplir una orden emitida por el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo. El papel de los militares consistía únicamente en acompañar la operación, ya que se iba a detener a un militar de alto rango, según pudo reconstruir el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) a través del relato de dos fuentes bajo condición de anonimato.
Ninguno de los militares lo sabía, pero se dirigían al piso del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente en la candidatura de Jair Bolsonaro en 2022. Natural de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, el militar de 67 años ingresó en el ejército en 1975. En unos treinta minutos, Braga Netto ya habría sido detenido.
Los policías federales encargados de la operación dijeron a los soldados que sólo una parte del grupo viajaría con ellos. Se dividieron en dos coches. Tenían instrucciones de ejecutar una operación secreta, ágil y discreta. Todo se había preparado con antelación.
La policía venía preparando todo desde el día anterior, viernes 13. Como el general estaba de vacaciones en Maceió, al nordeste de Brasil, la detención finalmente se ejecutó el sábado. Braga Netto ya era vigilado durante sus vacaciones. Agentes de la PF lo acompañaron en su vuelo de regreso a Río de Janeiro y vigilaron su llegada a la capital carioca. Un vehículo también lo siguió desde el aeropuerto hasta que llegó a su casa -el viernes por la noche-, en un piso de Rua Figueiredo Magalhães, una de las calles más tradicionales del famoso barrio de Copacabana. Querían asegurarse de que el procedimiento de la mañana siguiente fuera correcto.
Así pues, los agentes se dividieron el sábado por la mañana en dos coches sin matrícula y se dirigieron al edificio conocido como “El Cid”, el edificio donde el general Braga Netto vive junto a su familia en Copacabana. Nada más llegar al lugar, los policías -que ya sabían a quien iban a detener- no pudieron evitar pensar en la coincidencia. El general iba a ser detenido en gran parte debido a la información proporcionada por el teniente coronel Mauro Cid, exasesor de Jair Bolsonaro, en su declaración de culpabilidad. Los militares, en cambio, sólo se enteraron de que iban a arrestar a un general cuando llegaron a la puerta del piso de Braga Netto.
El grupo entró por el garaje, informando al conserje sobre la orden judicial que estaban cumpliendo. Exigieron a los porteros que no avisaran sobre su presencia. El edificio tiene una arquitectura antigua y clásica, con un apartamento por piso. Dos ascensores dan servicio a los residentes. La mitad del grupo que iba a realizar subió en el ascensor principal, que tiene una puerta que da directamente a la puerta de su departamento, y la otra utilizó el ascensor de servicio.
Uno de los policías tocó el timbre. Abrió el general Braga Netto, vestido con pantalones cortos y camisa de pijama, ambos de color blanco y azul. El diálogo, descrito a CLIP por dos fuentes que estaban presentes, duró unos minutos y pasó de la siguiente manera:
—Buenos días General, estamos aquí para cumplir una decisión del juez Alexandre de Moraes. Es una orden de registro y detención preventiva.
El general respondió entonces:
—¿Detención preventiva?, pero si ni siquiera me llamaron a declarar.
—Tendrá que consultarlo con su abogado. Mi intención es ser rápido y discreto para preservar su imagen—añadió el policía.
—Gracias. ¿También han ido a la casa de Heleno?—preguntó Braga Netto, sin mencionar a Bolsonaro.
Augusto Heleno fue ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de Bolsonaro. Él y Braga Netto fueron señalados en un documento encontrado por la PF como los líderes de un gabinete de transición que se haría cargo del país después de que se consumara un golpe de Estado que habría sido planeado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de 2022.
—¿Puedo ponerme en contacto con mi abogado?—preguntó el general.
—Puede hacerlo. Déjeme ver las armas, respondió uno de los policías.
—La otra vez se llevaron las pistolas—recordó Braga Netto, al mencionar las dos pistolas incautadas en febrero en otra gran operación policial para investigar el intento golpista.
Poco después de que los militares y la policía entraran en el apartamento, el general pidió autorización para llamar a su abogado. Luego, los investigadores le requisaron el teléfono móvil y empezaron a buscar documentos, armas y dinero en la propiedad. Cuando el ruido de la llegada del grupo se extendió por la casa, la mujer, la hija y el yerno del general se despertaron y entraron en el salón. Les dijeron a los tres que se sentaran en el sofá mientras Braga Netto se cambiaba para ser trasladado por la policía.
Nadie lloró. Todos estaban disgustados, pero ninguno se desesperó delante de la policía y los militares. Braga Netto tardó unos 40 minutos en ducharse y prepararse para salir. Mientras tanto, los militares que acompañaban la operación mostraban su vergüenza por detener a un general. Uno de ellos llegó a decir que era la misión más difícil que había recibido en su carrera.
Cuando Braga Netto salió por la puerta principal con los investigadores -no estaba esposado- fue directamente a uno de los coches del garaje. Se sentó en el asiento trasero y se colocó entre dos policías como cualquier otro delincuente.
De camino desde Copacabana al centro, para aliviar la tensión, el grupo sacó conversación para descomprimir la tensión. Primero, hablaron del club de fútbol Botafogo. El general es hincha del equipo que ganó la Copa Libertadores en 2024. Luego se quejó del ejército y criticó un proyecto de pensión militar. En 20 minutos estaban en el centro de la ciudad.
La detención del general se formalizó en la Superintendencia de la PF. Fue trasladado a una habitación y renunció a su derecho a un examen forense para evitar su exposición. La orden de evitar cualquier acto de espectacularización se siguió al pie de la letra. Tanto es así que nadie tiene imágenes del momento en que salió de su casa de Copacabana con la policía. Sólo se tomó una foto cuando Braga Netto llegó a la Superintendencia de la PF.
Mientras la policía hacía sus trámites, el general tomó un café y fue recibido por el superintendente en funciones. La iniciativa, sin embargo, generó nuevos exabruptos:
—Fui tratado mejor por la policía que por el Ejército. Pusieron un “sacahumo” para arrestarme—cuestionó Braga Netto. Y se quejaba de que fuera un coronel quien dirigiera el arresto, y no un general. La ausencia de un militar con un rango igual al suyo causó una enorme irritación a Braga Netto.
En los relatos de quienes se entrenaban en el Ejército, queda que las tropas solían fumar puros o cigarrillos de paja durante las marchas. Así, el oficial más joven del Regimiento de Caballería era el encargado de picar el tabaco enrollado y prepararlo para su comandante y algunos oficiales superiores. A partir de entonces, “sacahumo” fue el nombre que los oficiales más experimentados dieron a los jóvenes tenientes.
También se notaron otras ausencias. Desde el momento en que fue detenido, el general no mencionó el nombre de Jair Bolsonaro. Las fuentes que siguieron el episodio consideran que esperaba ser detenido y ya estaba calculando.
La Policía Federal entregó después al general a las autoridades militares para que el Ejército se hiciera cargo de su custodia, como ordenaron desde Brasilia. Todo se acabó en una mañana tras días de tensión. Después de que el Supremo Tribunal Federal emitiera la orden de detención, los investigadores discutieron incluso cuándo hacerla efectiva. Llegaron a la conclusión de que detener a Braga Netto el 13 de diciembre podría interpretarse como una provocación, ya que era aniversario del Acto Institucional 5, un decreto de la dictadura que permitió, por ejemplo, una serie de detenciones arbitrarias y sumió definitivamente a la población brasileña en la violencia de la dictadura a partir de diciembre de 1968.
Sin embargo, el sábado 14 de diciembre es el cumpleaños de la expresidenta Dilma Rousseff, militante del Partido de los Trabajadores y exmiembro de una de las guerrillas armadas contra la dictadura. Los policías querían cumplir las órdenes sin atención mediática para evitar acusaciones políticas. En resumen, consideraron que no había una fecha perfecta.
Así, Braga Netto fue enviado a la 1.ª División del Ejército, subordinada al Comando Militar del Este y ubicada en Vila Militar, en la zona oeste de la ciudad. Pocos militares conocen esas instalaciones tan bien como Braga Netto, que dirigió la institución entre 2016 y 2019.
Así fue arrestado por primera vez en la historia democrática de Brasil un general de cuatro estrellas, el grado más alto al que un general puede llegar dentro del Ejército antes de jubilarse. Antes, el mariscal Hermes da Fonseca, un escalón más arriba, había sido detenido dos veces en 1922. Pero el Brasil de los años 20 no es comparable al de 2024. Braga Netto fue ampliamente investigado en un país democrático, algo que no puede decirse de lo que ocurrió al comienzo del período republicano de Brasil.
Braga Netto tiene derecho a una defensa y niega todas las acusaciones, aunque es muy difícil imaginar qué tipo de defensa se hará después de que la Policía Federal descubriera pruebas de su implicación en un complot para asesinar al presidente electo y a su vicepresidente, así como a un juez del Tribunal Supremo.
La detención de Braga Netto es el episodio más grave tras la conclusión de las investigaciones sobre un intento de golpe de Estado en Brasil después de la derrota de Bolsonaro frente a Lula en las elecciones de noviembre de 2022. Tras dos años de investigación, la PF decidió el 21 de noviembre de 2024 acusar al expresidente Bolsonaro y a otras 39 personas.
La investigación de la PF describe durante 884 páginas los documentos que fueron encontrados en teléfonos móviles, pen-drives y computadoras que muestran cómo, entre noviembre y diciembre de 2022, algunos de los principales líderes de las Fuerzas Armadas de Brasil habrían planificado un intento de golpe de Estado que incluía entre sus posibilidades los asesinatos del presidente Lula, del vice Geraldo Alckmin y de Alexandre de Moraes, ministro del Tribunal Supremo.
Braga Netto está en el centro de esa investigación. Al solicitar su detención, los investigadores señalaron que el delator Mauro Cid denunció haber presenciado cómo Braga Netto entregaba dinero en efectivo en una caja de vino para financiar dicha operación. Dos fuentes próximas a la investigación revelaron que Braga Netto habría intentado obtener dinero dentro del Partido Liberal para entregarlo a los militares que estaban elaborando el plan que tenía que ejecutarse el 15 de diciembre de 2022. Sin embargo, por miedo a levantar sospechas, optó por obtener dinero de empresarios agroalimentarios, según la reconstrucción de los investigadores.
En Brasil, la acusación es un paso previo a la presentación de cargos penales, que realiza la Fiscalía General. Con esto, Bolsonaro podría convertirse en el primer presidente en la historia del país en ser objeto de un proceso para rendir cuentas por un intento de golpe contra la democracia. También podría convertirse en el primero en América Latina en ser condenado por el uso de información falsa para planear un ataque contra la democracia.
Infografía: Gabriela Garzón
“Daga Verde y Amarilla”
Los datos localizados en los teléfonos móviles y en las computadoras de los investigados en la Operación Tempus Veritatis muestran que el 9 de noviembre de 2022, apenas cinco días después de la transmisión de YouTube realizada por Fernando Cerimedo, el general Mário Fernandes, ex subjefe de la Secretaría General de la Presidencia, imprimió un plan para describir acciones armadas destinadas a impedir la investidura de Lula, es decir, un golpe de Estado. Según las investigaciones, el documento iba a ser presentado al general Braga Netto.
En el informe de la PF, se describe que el Secretario Ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia, General Mário Fernandes, redactó el documento denominado ‘puñal amarillo-verde’ el 9 de noviembre de 2022, en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia de la República. Datos obtenidos de antenas de telefonía móvil muestran que Jair Bolsonaro se encontraba en el edificio en el momento de la impresión del archivo.
El plan “describe el levantamiento de la estructura de seguridad del ministro Alexandre de Moraes, los medios que deberían emplearse y la acción final de arrestar/ejecutar al ministro”. El plan también habría establecido la posibilidad, entre las acciones de los “Kids Negros”, de asesinar al entonces presidente electo Lula da Silva, mediante envenenamiento o uso de productos químicos, y al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin, con el objetivo de extinguir la candidatura presidencial vencedora”. “Kids Negros” es el apodo que reciben los soldados que se gradúan del curso de Operaciones Especiales del Ejército Brasileño.
En un informe, la PF señala que también encontró datos en los teléfonos móviles de los investigados sobre una reunión en el apartamento de Braga Netto en Brasilia, días después de la elaboración del plan.
El 12 de noviembre de 2022, con el plan en marcha, el general Braga Netto recibió a Bolsonaro en su residencia funcional en Brasilia. Según el testimonio del teniente coronel Cid, exasesor de Bolsonaro, el objetivo de la reunión era discutir las acciones.
Cid también declaró a la PF que, pocos días después, presenció cómo el general Braga Netto le entregaba una cantidad de dinero en efectivo en una caja de vino. La cantidad, que no pudo precisar, estaba destinada a financiar la ejecución del plan “puñal verde y amarillo”.
Cid informó que Braga Netto intentó obtener esas cantidades del Partido Liberal. El objetivo —indicó— era utilizar fondos públicos que habían sido ingresados fraudulentamente en las cuentas del partido en la Corte Electoral. Sin embargo, los riesgos que entrañaba y el posible descubrimiento disuadieron al general. Así, según Cid, el dinero entregado por el general fue “obtenido de personas de la agroindustria”. Aunque no se revelaron los nombres de las personas que entregaron el dinero.
Después de la reunión celebrada en casa de Braga Netto, la PF señala que, a partir de los datos encontrados en los celulares, los investigados comenzaron a distribuir un documento titulado “Copa 2022”, que aprobaron durante la reunión para avalar el trabajo de los “Kids negros” en la ejecución del plan golpista. El documento indicaba incluso las necesidades iniciales de logística y recursos para financiar la operación clandestina.
R$100 mil
Antes del descubrimiento de esta reunión y de la entrega del dinero, la PF ya había identificado mensajes entre Cid y otro militar que hablaban de la necesidad de recaudar cerca de 100.000 reales (20.000 dólares). Los policías identificaron un intercambio de mensajes en WhatsApp el 14 de noviembre de 2022 con el comandante Rafael Martins de Oliveira. Martins dijo que necesitaba el dinero para cubrir gastos. Cid le pidió a Martins que calcule los costes de hoteles, comida y suministros, y le preguntó si la suma de 100.000 reales es suficiente. Martins lo respondió que sí y entonces Cid le pidió que traiga gente de Río.
Según los investigadores, las cantidades entregadas por el general Braga Netto estaban relacionadas con la necesidad de obtener ese total de 100.000 reales. El plan se puso en práctica, como demuestran los mensajes de los teléfonos móviles de los militares, pero se interrumpió durante su funcionamiento sin una explicación clara de la razón. La sospecha es que faltó apoyo porque dos comandantes militares dijeron no a Bolsonaro, como dijeron en sus testimonios a la policía.
La Operación 142
En uno de los extractos del informe, la PF brinda detalles de las medidas excepcionales que se iban a tomar para impedir la asunción de Lula. Los exfuncionarios dejaron claro cómo querían interrumpir el proceso de transición mediante la “Operación 142”.
El documento, encontrado en el escritorio del ayudante de Braga Netto durante una operación de registro autorizada por la justicia en el cuartel general del Partido Liberal, describe que el plan tenía “el objetivo de subvertir el Estado democrático de derecho, utilizando una interpretación anómala del artículo 142 de la Constitución Federal, para intentar legitimar el golpe de Estado”.
En el texto dice que “Lula no subirá la rampa”, que es “una clara alusión a impedir que el vencedor de las elecciones de 2022 asuma la presidencia”. Los golpistas citaron la anulación de las elecciones y el impedimento de que Lula asumiera el cargo presidencial, lo que sugiere que redactaron el documento entre noviembre y diciembre de 2022.
Documentos incautados por la PF también muestran cómo Braga Netto y Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, iban a encabezar un nuevo gabinete para apoyar a Bolsonaro en la implementación de un decreto golpista, una vez consumado el golpe. El gabinete articularía redes de inteligencia y estrategias de comunicación para ganar apoyo nacional e internacional.
Los investigadores también recogieron mensajes de Braga Netto presionando a los mandos de la Fuerza Aérea y del Ejército para que se unieran al plan. Entre las estrategias de la “milicia digital”, supuestamente alentaba los ataques públicos y personales contra los generales que se negaban a unirse al plan y sus familias.
En una declaración a la PF, ambos comandantes dijeron que fueron llamados a reuniones con Bolsonaro para unirse al golpe. Dijeron, sin embargo, que se negaron a actuar. El excomandante de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos de Almeida Baptista Jr, dijo que el general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del Ejército, amenazó con arrestar a Bolsonaro si daba órdenes de usar las tropas en un golpe.
Uso de la desinformación
La Policía Federal documentó en su informe que los “ataques a urnas electrónicas no comenzaron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022”. Los investigadores señalan que “el grupo investigado ya propagaba esta idea desde 2019″. El objetivo era inculcar a la población la falsa realidad del fraude electoral”. Querían prepararse para que, en caso de una derrota de Bolsonaro en 2022, pudieran utilizar el discurso como base para alegar fraude.
La policía señala que los investigados “utilizaron el modus operandi de la denominada milicia digital” durante todo el proceso (Investigación 4874/DF). Así, “los productores de datos falsos difundieron en gran volumen, a través de multicanales, de forma rápida, continua y repetitiva la idea de que tanto en las elecciones de 2018 como en las de 2022 se identificaron varias vulnerabilidades en las urnas electrónicas, que ‘habrían revelado’ la arquitectura de un gran fraude para perjudicar únicamente a Bolsonaro”.
Los investigadores denunciaron la existencia de una organización criminal organizada en seis núcleos: el Centro de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral; el Centro Responsable de Incitar a los Militares a Sumarse al Golpe; el Centro Jurídico; el Centro Operativo de Apoyo a las Acciones Golpistas; el Centro Paralelo de Inteligencia; y el Centro Operativo de Ejecución de Medidas Coercitivas. Hasta el momento se ha identificado a 40 personas como miembros de la organización criminal.
El núcleo de desinformación incluye, por ejemplo, a Tércio Arnaud Thomaz, miembro del llamado “gabinete del odio”, exasesor especial de Jair Bolsonaro, y al consultor argentino Fernando Cerimedo, como informó el CLIP en abril del año pasado. Desde 2018, informes han nombrado a Thomaz como uno de los empleados de Bolsonaro que difunden información falsa y atacan a los opositores utilizando perfiles anónimos. En 2020, el Atlantic Council ya lo había identificado como difusor de desinformación en los informes de Meta.
La Policía Federal señaló que ha recogido mensajes y documentos que demuestran cómo “poco después del final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aun sabiendo que no hubo fraude en las elecciones celebradas en 2022, el núcleo responsable de promover acciones que podrían desacreditar el proceso electoral brasileño, siguiendo la planificación del emprendimiento criminal, pasó a actuar de forma más incisiva, utilizando la metodología desarrollada por la milicia digital para reverberar por multicanales la idea de que las elecciones presidenciales de 2022 fueron amañadas, incentivando a sus seguidores a ‘resistir’ frente a los cuarteles”.
Tres militares comenzaron a difundir estudios falsos, que luego fueron tomados por distintos actores, como Cerimedo. “El mismo contenido falso fue utilizado por el argentino Fernando Cerimedo” para difundir, a través de una transmisión en vivo el 4 de noviembre de 2022, “lo que llamó una ‘investigación’ sobre las elecciones brasileñas e indicó una supuesta disparidad en los sistemas de las urnas de 2020 en comparación con los modelos de años anteriores”. Todo lo señalado por el grupo no tiene pruebas que lo sustenten e incluso lo comentaron en mensajes internos.
Además de planear el golpe, el general Mário Fernandes también fue sorprendido dirigiendo cómo debían elaborarse los mensajes de las pancartas de los partidarios de Jair Bolsonaro. Poco después de su derrota en las elecciones, varios partidarios de Bolsonaro ocuparon carreteras e instalaron campamentos frente a cuarteles del ejército para protestar por el supuesto fraude.
La PF comprobó intercambios de mensajes el 07/11/2022 entre Fernandes y otros militares con un documento titulado “Faixas”. “El archivo contiene frases dentro de rectángulos, con frases como “LIBERTAD SÍ, CENSURA NO”, “RESPETO A LA CONSTITUCIÓN, CONTEO PÚBLICO DE VOTO”, “SOS FUERZAS ARMADAS”, “NO A LA DICTADURA JUDICIAL”, “NUEVAS ELECCIONES PARA PRESIDENTE”.
El abogado José Luis Oliveira Lima, que comenzó a defender a Braga Netto días después de su detención, dijo que “nunca mencionó ninguna irritación relacionada con la ejecución de la orden de prisión”. Además, informó que el general “niega expresamente haber cometido cualquier acto ilícito, en particular la supuesta entrega de dinero en efectivo”.
Se enviaron cuestionarios el martes 21 de enero a los abogados de Mário Fernandes y del expresidente Jair Bolsonaro, pero hasta el cierre de esta publicación no se había recibido ninguna respuesta.