El Vaupés, también conocido como Uaupés, es un río de aguas oscuras y caudalosas que nace en Colombia, serpentea por la Amazonia y desemboca en el Río Negro, en territorio brasileño. En sus orillas, diecisiete etnias indígenas, entre ellas los Karapanã y los Makuna, conviven con traficantes de cocaína, en su mayoría disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una investigación secreta del Gobierno estadounidense y del Ejército colombiano descubrió un plan de uno de estos ex guerrilleros para suministrar a la facción criminal Primeiro Comando da Capital (PCC) toneladas de cocaína por vía fluvial y aérea al Caribe y Europa, pasando por la capital del Amazonas.

Piauí y UOL tuvieron acceso exclusivo a documentos confidenciales del sector de inteligencia del Ejército colombiano pasados a la Fiscalía del vecino país y obtenidos por el consorcio internacional de periodismo de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en el proyecto #NarcoFiles – el nuevo orden criminal.

La investigación policial comenzó en 2020 después de que la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas estadounidense, enviara -como parte de una investigación oficial- información tanto al Ejército colombiano como a la Policía Federal de Brasil sobre un intenso esquema de compra y venta de cocaína en la región conocida como “Cabeza de Perro”, en la frontera entre los dos países. Según informaciones preliminares, correspondía al colombiano Nelson Jaramillo Quiceño, alias ‘Calidad’, servir de enlace entre disidentes de las FARC asentados en los departamentos de Guaviare y Vaupés y miembros del PCC asentados en Manaos y São Gabriel da Cachoeira.

Nacido en San José del Guaviare, ‘Calidad’ formó parte de un grupo paramilitar conocido como las “autodefensas de Yarí” en el sur de Colombia en la década de 2000. Las milicias se hicieron conocidas por combatir a la guerrilla de las FARC en la selva colombiana. Su nombre se relacionó con el asesinato de cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años, cerca de su ciudad natal en diciembre de 2003, pero ‘Calidad’ fue finalmente absuelto por falta de pruebas. Seis años más tarde, el ejército brasileño le pilló in fraganti en un barco en el río Vaupés, en Iauaretê, en la frontera entre los dos países, intentando llevar a Colombia cuatro toneladas de cemento comprado en São Gabriel. Como la venta del producto está controlada en Brasil, ya que suele utilizarse al inicio del proceso de transformación de la hoja de coca en pasta base, se necesita una autorización de la Policía Federal para exportarlo. Como ‘Calidad’ no tenía esta autorización, fue detenido en el acto, pero fue liberado semanas después en virtud de un habeas corpus. El colombiano fue acusado por el Ministerio Público Federal por contrabando -aún no hay sentencia en el caso-. En enero de 2015, fue detenido de nuevo por delitos fiscales en el estado de Amazonas, pero el reportaje no obtuvo detalles del caso, que se está tramitando en secreto.

Por aquel entonces, ‘Calidad’ alternaba entre São Gabriel, donde tiene un bar, y Yavaraté, un pueblo colombiano en la frontera con Brasil. Entonces se acercó al principal grupo disidente de las FARC. Desde el acuerdo de paz de 2016, que transformó a las FARC en un partido político, una minoría de guerrilleros disidentes han continuado en la selva colombiana, llevando a cabo secuestros y traficando con drogas y armas. Estos disidentes, denominados organizaciones residuales por el Ejército colombiano, tienen varios frentes, clasificados por número. El número 1, al que pertenece ‘Calidad’, está formado por unos 400 hombres, bajo el liderazgo de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, fallecido en mayo de 2022 en Venezuela, y Géner García Molina, alias Jhon 40, cuya historia se cuenta en las canciones “Gringo bandido” y “Maldito gobierno”, de Uriel Henao, conocido compositor colombiano de corridos, canciones populares que exaltan a los grandes narcotraficantes mexicanos y colombianos.

El grupo disidente número uno de las FARC controla actualmente la producción y el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés, donde hay un total de 6.700 hectáreas de hoja de coca sembradas, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Según los servicios de inteligencia del Ejército colombiano, la cocaína se transportaba en barco a lo largo de 520 kilómetros entre Miraflores y Mitú, la capital del departamento del Vaupés. Desde allí, la droga se enviaba a Manaos a través de nueve aviones de Aerovías Regional del Oriente (ARO), una compañía de taxis aéreos -los militares sospechan que también se enviaban cargamentos más pequeños por los ríos Vaupés y Negro hasta Manaos, ocultos en cargamentos de harina, carne o pescado-. En la capital del Amazonas, según el Ejército colombiano, ‘Calidad’ negociaba la venta de cocaína a miembros del PCC, que a su vez despachaban la droga, posiblemente por vía aérea, a la República Dominicana y Puerto Rico, y de allí a Europa (los informes de inteligencia no detallan esta última ruta). Los informes no identifican quiénes son los miembros del PCC implicados en esta logística criminal.

Embarcación de la Polícia Federal de Brasil durante patrulla en río Negro, cercano a Manaus. El río es una de las rutas utilizadas por PCC para el transporte de cocaína colombiana. Créditos: Marizilda Cruppe

El río Solimões sigue siendo la principal puerta de entrada de la cocaína en Brasil a través del Amazonas, según la Policía Federal. En los últimos años, esta ruta ha estado dominada por el Comando Vermelho, lo que ha obligado a la facción rival del PCC a buscar rutas alternativas, como el río Negro. La ventaja de esta última es la falta de vigilancia (mientras que hay al menos cinco puestos de control de la Policía Civil y Federal en el Solimões, sólo hay dos en el Negro, en Cucuí y São Gabriel da Cachoeira), la baja población y el gran número de islas, especialmente el archipiélago de Anavilhanas, lo que dificulta el trabajo policial. La PF dijo no tener estadísticas sobre incautaciones de drogas en el Río Negro.

Equipos del Batallón de Infantería 30 del Ejército colombiano, con sede en Mitú, interceptaron conversaciones en español por teléfonos satelitales entre miembros no identificados del esquema a lo largo del río Vaupés. “Hay 22 paquetes pero no he podido moverlos por aquí. Es complicado”, dijo un interlocutor el 17 de enero de 2021. Cuatro días después, hubo otro diálogo sospechoso: “Ayer llegó la gente del sombrero y todo estaba listo, estos tipos piden más”. La última conversación transcrita por la inteligencia militar es del 24 de enero de ese año: “Ya se mandó la comida, pero no han mandado el dinero”.

Paralelamente, el supuesto esquema también fue investigado en el lado brasileño. En julio de 2021, agentes de la Brigada de Represión de Narcóticos (DRE) de la Policía Federal en Manaus fueron enviados a São Gabriel para seguir los movimientos de ‘Calidad’, pero en ese momento el colombiano estaba pasando una temporada en el país vecino y la PF no avanzó en la investigación. El Ejército colombiano, en cambio, parece haber tenido más éxito en la investigación del esquema. En septiembre de 2021, los militares descubrieron que ‘Calidad’ transportaba combustible en un barco desde San Gabriel a Yavaraté para alimentar el generador del pueblo y permitir la comunicación vía WhatsApp tanto con ex guerrilleros como con miembros del PCC. También descubrieron que algunos de los aviones de la ARO despegaban del aeropuerto de Mitú sin pasajeros ni carga -se sospecha que las aeronaves aterrizaban en pistas de aterrizaje a lo largo del Vaupés para ser cargadas con cocaína-.

Al mes siguiente, agosto de 2021, ‘Calidad’ se reunió con el gerente de la aerolínea ARO, Camilo Esteban Ávila Morales, y con el entonces alcalde de Mitú, Carlos Enrique Penagos Celis. El objetivo, según los militares colombianos, era discutir una contribución del grupo por valor de 130 millones de pesos (156.000 reales) a la campaña de Morales a la Cámara de Diputados de Colombia -el candidato sería elegido en marzo de 2022-. En otra ocasión, un informante dijo a los militares que Morales y Celis, visiblemente borrachos en un bar, celebraron el envío de un cargamento de cocaína a Brasil, y que planeaban comprar otro avión con las ganancias del viaje. “A veces, en estado de embriaguez, [Celis] dice que envía muchos cargamentos de clorhidrato de cocaína a Manaos, Brasil, y que actualmente controla los vuelos en sociedad con Camilo Esteban Ávila Morales”, dice en uno de los informes del  entonces comandante del Batallón de Infantería 30 del Ejército colombiano.

Según el Ejército, ‘Calidad’, Morales y Celis venían adquiriendo propiedades rurales en la región de Mitú a nombre de familiares, lo que hizo sospechar que estaban lavando dinero del narcotráfico. Entre el 22 y el 24 de noviembre de 2021, ‘Calidad’ se reunió con representantes del PCC en Manaos para negociar nuevos cargamentos de cocaína. Dos meses después, el Ejército colombiano descubrió que el grupo planeaba transportar 560 kilos de cocaína desde Mitú hasta la frontera con Brasil, a través del río Vaupés.

A la luz de los informes de inteligencia del Ejército, en enero de 2022 la Fiscalía obtuvo autorización judicial para vigilar uno de los teléfonos de ‘Calidad’. Al mes siguiente, sin embargo, los fiscales se percataron de que el empresario colombiano ya no utilizaba el dispositivo y dieron por terminada la interceptación. Se desconoce si se incautó droga en la trama, si la investigación de la Fiscalía colombiana avanzó o si los implicados fueron llevados ante la justicia -no hay acusaciones penales públicas contra ‘Calidad’, Morales y Celis por narcotráfico en los tribunales colombianos-. Al ser contactados, ni el Ejército colombiano ni la Fiscalía tuvieron comentarios.

El informe envió preguntas por WhatsApp a ‘Calidad’ y por correo electrónico al alcalde Celis y al congresista Morales, pero no hubo respuestas. Esta publicación queda abierta si quieren hacer algún nuevo comentario.

Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.