La entonces poco conocida empresa de ingeniería civil Construcciones Meco, fundada por Carlos Cerdas García en 1977 en Costa Rica llegó silenciosamente a Colombia en 2010 con algunos pequeños contratos en la Alcaldía de Bogotá, cuando Samuel Moreno era alcalde. Dos años después abrió las oficinas en la capital.
En 2014, no obstante, con la llegada de las carreteras de cuarta generación (4G), su negocio en Colombia despegó. Consiguió dos socios de trayectoria: Mario Huertas Cotes Ingeniería (MHC) y Construcciones El Cóndor. Con el primero obtuvo el contrato de 1,46 billones de pesos (equivalente a US$723 millones del momento según cálculos de esta investigación periodística en base al Treasury Reporting Rates of Exchange) para la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar de poco más de 190 kilómetros, una ruta sobre el principal río colombiano, el Magdalena y pieza clave para conectar a la capital con la Costa Caribe. Casi a la vez, salió ganadora en otro consorcio con MH para rehabilitar y ampliar otra vía que hacía parte de los planes para mejorar la conexión de la zona cafetera con Medellín, y de ahí a la Costa Pacífica (Conexión Pacífico 3). A los dos meses se unió Cóndor a esta sociedad. Esta obra costaba 1,86 billones de pesos colombianos, casi US$1.000 millones, según cálculos basados en las tasas de cambio de la época.
Dicen que las cosas buenas vienen de a tres, y Meco también obtuvo ese mismo día, con estos y otros socios, la vía circunvalar de Barranquilla y la construcción de la doble calzada desde esta ciudad caribeña hasta la turística Cartagena bordeando el mar. Esta carretera de US$843 millones de la época, le trajo a la concesión la mayor gloria.
Y como si no tuviera ya suficientes frentes de obra, Meco, ya como socio mayoritario, consiguió al cierre de ese mismo año, el contrato para remodelar y ampliar, de manera casi simultánea, cuatro aeropuertos, los de Santa Marta, Aguachica (César), Cúcuta y Leticia. Esta última obra incluyó construir la estación de aduana y de bomberos y las vías circundantes, en la frontera amazónica con Perú, una obra equivalente a US$60 millones del momento según cálculos de esta alianza periodística.
Entre 2013 y 2019, la multinacional tica consiguió contratos por 5,7 billones de pesos colombianos, el equivalente a unos US$2.758 millones, a las tasas de cambio de la época. Esto incluyó el mejoramiento de alrededor de 540 kilómetros de carreteras, cinco aeropuertos y diversas construcciones para el sistema de transporte masivo de Cali, Metro Cali S.A.
Empiezan los problemas
En abril de 2018, salió a la luz pública que el dueño y presidente Carlos Cerdas había sellado un acuerdo de colaboración judicial con los fiscales de Panamá, admitiendo que había pagado US$9,4 millones en sobornos para obtener contratos de obra pública en el vecino país.
Dos años después le estalló a Meco otro escándalo en su país de origen: Costa Rica. En octubre de 2019 un juez costarricense determinó un caso de corrupción en el que figuraban las constructoras Meco y Hernán Solís como uno de crimen organizado. Este caso se conoció como Cochinilla.
Durante el transcurso de la investigación, escuchas telefónicas a cargo de las autoridades judiciales revelaron una trama de corrupción paralela entre empresas constructoras y alcaldes, a la que se denominó caso Diamante. Las intervenciones permitieron verificar nuevamente la posible participación de Meco en los ilícitos. Los procesos de Cochinilla y Diamante no han avanzado más que hasta la etapa de investigación.
En junio de 2021 el Ministerio Público allanó en forma simultánea 50 predios, entre oficinas de Meco y H.Solís, casas de sus propietarios y ejecutivos y las de varios funcionarios públicos sospechosos de haberles ayudado bajo cuerda a obtener pagos expeditos de sus obras u otras irregularidades. Un mes después, esta entidad detuvo a Cerdas, quien aún era el mismo que figuraba como gerente general de Constructora Meco S.A. sucursal Colombia desde el 1 de julio de 2013, según el registro que figura en la Cámara de Comercio. Cerdas ocupó esa posición hasta el 8 de octubre de 2021, cuando la junta directiva de su empresa lo reemplazó por Marco Tulio Méndez Fonseca. La empresa también terminó cambiando al representante legal suplente, Manrique Alfaro Ramírez, un ingeniero que trabajaba con Meco en Costa Rica y que había llegado a Colombia a fines de 2020.
Esta decisión fue un eco de la tomada por la junta en Costa Rica el 7 de marzo de 2021 cuando, según informó la misma empresa en un comunicado de prensa, renovó toda la organización, incluyendo la junta y la estructura gerencial y corporativa.
El compromiso de transformación de Meco supuestamente pondría a la cuestionada empresa en mejor posición para cumplir sus contratos en Colombia, bajando el riesgo reputacional y los efectos que éste pudiera tener sobre su crédito. No obstante, no sucedió así.
La nueva oleada de obras
A pesar de los casos judiciales en su contra en Costa Rica y la confesión en Panamá, entre 2020 y el primer semestre de 2021, la empresa holding Constructora Meco S.A. (con todas o algunas de sus subsidiarias Meco Ingeniería SAS y Meco Infraestructura S.A.) ganó otros cinco contratos de obras viales en licitaciones bajo el modelo de pliegos tipo, incorporados a la legislación colombiana en 2018. Estos contratos buscaban, a través de mayor pluralidad de oferentes, hacer más transparentes los procesos de selección de los constructores y con ello atacar la corrupción.
Además, en febrero de 2021, le entregaron por contratación directa, bajo la modalidad de urgencia, las obras del aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia, luego de que un ciclón arrasara con la isla, por US$4,6 millones del momento, según cálculos de esta investigación periodística basados en las tasas de cambio de la época.
No obstante, un experto del sector que prefirió omitir su nombre, explicó que los pliegos tipo hacen más complicado cumplir con los requisitos. “Ganar una licitación es un proceso complejo, mucho más es ganarse cinco al tiempo”, dijo y explicó que por eso, si hace veinte años se presentaban hasta 120 proponentes por licitación, ahora no llegan a diez, a pesar de que el mercado ha crecido.
Más que ganar cinco licitaciones a la vez, mayor sorpresa causó aún que Meco consiguiera estas adjudicaciones, a pesar de sus recientes escándalos de corrupción en Panamá y Costa Rica.
Bajo el gobierno de Iván Duque, el Ministerio del Transporte de Colombia arrancó dos ambiciosos planes de obras. Uno llamado “Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones” que pretendía completar y reparar 28 vías, y un segundo, “Vías para la Legalidad y la Reactivación de las Regiones Visión 2030” que tenía como meta de largo plazo pavimentar 1.660 kilómetros nuevos de vías.
Según cálculos de esta alianza periodística basados en las bases de contratación pública SECOP I, SECOP II y en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los contratos que obtuvo Meco en Colombia para rehabilitar, ampliar o resolver puntos críticos de cinco carreteras en diferentes regiones del país sumaban más de US$892 millones de dólares y hacen parte de estos dos planes del Gobierno Duque.
Algunas ya venían arrastrando problemas de obras atrasadas o fallidas. Quizás los casos más dramáticos fueron los de la Autopista al Río Magdalena en Antioquia y el de la vía San Francisco - Mocoa en el selvático departamento del Putumayo al sur del país. En la primera, la concesionaria original había tenido discordias entre socios y acusaciones de malversación de fondos, además de atrasos en la construcción que llevaron a paralizar la obra por más de un año entre 2019 y 2020. En diciembre de 2020, esta concesionaria contrató al Consorcio MAG2, constituido por Cóndor y Meco, con el visto bueno de la Agencia Nacional de Infraestructura, para construir dos tramos de la carretera entre Remedios y Alto Dolores en Antioquia, que requerían varios puentes. El contrato original fue de 1,55 billones de pesos (unos US$454 millones de la época).
En la segunda, la de San Francisco-Mocoa, Cóndor con otros socios tenían la obra desde 2011, pero se suspendió por malos diseños que terminaron con partes de la carretera en el abismo y posible daños ambientales. El gobierno de Duque le dio los 27 kilómetros que faltaban por construir, incluyendo 11 túneles y 61 puentes, a la Concesión CM Putumayo, del mismo Cóndor y de Meco en abril de 2021, con el agravante de que esta vía atraviesa una reserva natural protegida. Aún así, por redes sociales la gente aplaudió que revivieran la carretera que llamaban “el trampolín de la muerte”. En la vía han ocurrido tantos accidentes que un grupo de jóvenes productores hizo un corto llamado Suspensión. Allí afirmaba que la vía, una de las más importantes del sur del país, había sido abandonada y era “muestra palpable de la corrupción de varios gobiernos”, según relatan en este blog.
¿Por qué se arriesgó el gobierno darle estas vías que ya venían mal a un contratista como Meco acusado de corrupción en su país de origen?
“¿Quiénes serán los intermediarios de esos contratos? Pura ‘mermelada’. ¿Por qué no nos explica el señor Gil, en este alarde de transparencia, cómo fue que la empresa Meco ganó seis convocatorias por valor de 1.2 billones estando su propietario privado de la libertad en Costa Rica?”, se preguntó meses después el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras quien en su columna habitual en El Tiempo, criticó la gestión del director de Invías, Juan Esteban Gil.
Esta alianza entrevistó a Juan Estaban Gil, quien dijo que cuando llegó a la entidad no conocía a Meco, pero se encontró con que esa empresa era contratista desde hace varios años. “En Invías había tenido muchas obras y concesiones 4G, que ejecutó bien, no aparecía ningún problema. Siempre terminó las obras y además era una de las empresas 4G. Era responsable en ese momento”.
En Invías, explicó Gil, hubo dos etapas de contratación, una en 2020 y otra en 2021 en que Meco obtuvo varias obras. “Todos los procesos se hicieron con pliegos tipo, audiencia pública y participaron más de mil empresas, todo el proceso fue lo más participativo y plural. Todo está grabado y fue acompañado por los entes de control que yo mismo solicité”. Y no consideró extraño que una sola empresa ganara cinco contratos: “Son tantas empresas, pasa con muchas que ganan varios contratos, es normal, en el anterior gobierno habían tenido siete contratos”.
Y aunque en 2017, el presidente de Meco, Carlos Cerdas, hizo un acuerdo con la justicia panameña que fue publicado en prensa, y en 2019 en Costa Rica se inició una investigación, Gil asegura que en 2020 cuando se inició el proceso de adjudicación “no había noticia alguna sobre cuestionamientos a esa empresa. Ni lo informó ni nos dimos cuenta”.
“Sólo cuando comienzan ya las adjudicaciones se escucha el comentario de lo ocurrido en Panamá, pero eso no los generaba alguna inhabilidad, se hablaba de problemitas…”. Esos “problemitas” se convirtieron en el escándalo originado por la captura de Cerdas, cuando ya los contratos habían sido entregados. Para ese momento, aseguró Gil, la empresa disminuyó su capacidad operativa porque no tenían recursos y por ello se abrieron procesos sancionatorios que no llegaron a término porque Meco decidió ceder los contratos, previa autorización de Invías.
“Para nosotros era muy complicado tener un contratista que no estuviera cumpliendo, así que cuando ellos solicitan la cesión, presentan empresas con todas las capacidades operativas y financieras, condiciones técnicas similares o superiores a las solicitadas durante la licitación, entraron a revisión de comité de contratos de Invías, y se les autorizó”, explicó.
Según la ley colombiana, las cesiones pueden ser onerosas (con pago de por medio) o gratuitas. En el caso de Meco, según Gil, se aprobaron las cesiones y esto no tuvo ningún costo para el Estado. No fue posible saber si entre los privados se dio algún acuerdo de pago.
Otra vía que obtuvo Meco el 11 de mayo de 2021, quedaba en los Llanos Orientales, en la Orinoquía colombiana, una región despoblada, muy alejada y vulnerable, al oriente del país, donde desplazarse unos pocos kilómetros puede tomar días. La obra hacía parte de un ambicioso proyecto de conectar el Pacífico colombiano al occidente del país, con la frontera venezolana al extremo oriente. Meco asumió este proyecto con dos de sus empresas, asociadas como Meco-Orinoquía y se comprometió a pavimentar un trazo desde Arimena hasta El Viento en el Meta, y en la otra punta desde la capital del Vichada, Puerto Carreño hasta Juriepe.
Las obras se interrumpen por salida de Meco
Con frentes de obra abiertos por todo Colombia, aún en la zonas más inhóspitas, y la investigación de la justicia costarricense avanzando y su presidente detenido en julio de 2021 y por nueve meses en prisión preventiva, finalmente, Meco empezó a incumplir. En menos de un año después de haber sido escogido como contratista, tuvo que ceder las cinco principales obras que tenía: las transversales Carare (de Tunja al río Magdalena), Libertador (de Popayán a la Plata por Inzá), los dos tramos de la Autopista del Río Magdalena (de Remedios a Alto Dolores por Vegachí Antioquia), los dos tramos en la Orinoquía y la del Putumayo.
Desde enero de 2020, la Contraloría General de Colombia había iniciado una Actuación Especial de Fiscalización sobre los cinco contratos. Su reporte concluyó que la cesión de la obras significó un atraso en la ejecución debido a que modificó su plan original de obra y no ejecutó los recursos anticipados que se acumularon en las cuentas de las fiducias abiertas para las obras.
Aunque los investigadores de la Contraloría no encontraron alertas en la forma como se desarrollaron los procesos de convocatoria y selección de las firmas licitantes, sí reportó “deficiencias en las labores de la supervisión e interventoría relacionadas con el control a los desembolsos del anticipo y la ejecución de los mismos, así como debilidades en el adecuado seguimiento al cronograma de ejecución de los contratos de obra”.
La Transversal del Libertador, por ejemplo, que corre desde el sur occidente hacia el sur y que por décadas ha sido considerada una necesidad urgente para el desarrollo de la región, lleva construyéndose varios gobiernos. Fue parte de los Corredores Arteriales para la Competitividad hace una década; en 2015 fue una de las 57 vías para la Equidad que se anunció serían construidas durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2020 el gobierno invirtió 118 mil millones en pavimentación y luego abrió la licitación que ganó Meco. El 28 de diciembre de ese mismo año firmó el contrato de 184 mil millones de pesos (poco más de US$54 millones del momento según cálculos de esta investigación periodística) para pavimentar 23 kilómetros y mantener otros 138 kilómetros.
Meco inició obras en marzo de 2021 y en septiembre siguiente cedió el contrato. El Invías adjudicó un nuevo contrato en marzo de 2022, esta vez para la terminación de las variantes por más de 208 mil millones de pesos, al consorcio Nueva Granada CS, conformado por otros de los exsocios de Meco, CSS Constructores S. A. (50%) y Solarte Nacional de Construcciones, Sonacol S. A. S. (50%). Bajo el contrato original Meco y sus socios debían terminar la vía en septiembre de 2022, pero aún hoy está cruda.
Según pudo saber esta alianza periodística en conversación con Miguel Ángel Arias, asesor jurídico de Totoró, Inzá y Páez, la obra está retrasada y fueron varios los meses en los que no se registró ningún movimiento. Durante la época invernal, se dieron derrumbes que se sumaron al retraso originado por el cambio de propiedad de la concesión. En ese momento, había presencia de la concesión, pero no avances en la obra.
Arias explicó que fue un par de meses después de la cesión que se reanudaron las obras, con ampliación de la vía, pavimentación y otros, en el tramo las veredas Belencito, El Lago y Escobar. El asesor confirmó que hace una semana se retomaron también los trabajos de arreglo en el primer tramo de la vía, entre Totoró y San Pedro.
Las consecuencias de los retrasos en las obras las sufren los transportistas que han tomado fotos de su lamentable estado, como lo revela este reporte de la prensa local en junio pasado. Y este ciudadano contó en twitter en julio, que el 80 por ciento de los tramos está en mal estado.
Esta obra hace parte del nuevo programa Reactivación 2.0., con el cual el gobierno Duque había prometido “culminar todas las obras relacionadas con este estratégico corredor para la movilidad del sur del país”.
El otro contrato de vía que cedió Meco fue el de la Transversal del Carare que va desde Tunja hasta Puerto Araujo, sobre el Magdalena. Lo firmó por 81.013 millones de pesos (equivalente entonces a US$23,7 millones según cálculos de esta investigación periodística en base a la tasa de cambio de la época), días antes de firmar la del Libertador. Como con aquella, ésta registró en el papel el inicio de obra al final de marzo de 2021. Sin embargo, cuando apenas socializaba los diseños en el departamento de Santander, llegaron las lluvias que retrasaron su cronograma y acabó cediendo el contrato en septiembre, cuando ya había adicionado otros 33.046 millones al costo inicial.
La obra debía haberse inaugurado el mes pasado, pero apenas ha avanzado el 55%, según el Invías.
Está hoy tan mala la vía que la comunidad la cerró para presionar al gobierno que la arreglara. El senador santandereano José Alfredo Marín trinó hace un mes pidiendo acelerar el arreglo diciendo que “por el cierre previsto tan largo, afecta a los habitantes del municipio de Landázuri y que genera grandes pérdidas para los agricultores de la zona”.
En el otro extremo del país, los tramos de la vía Conexión Pacífico-Orinoquía, que había asumido el consorcio Meco-Orinoquía en mayo de 2021 fue cedida también en septiembre al Consorcio SD Vichada, integrado por Pavimentos El Dorado y Solarte Nacional de Construcciones.
Javier Torres, vocero del gremio transportador que recorre a diario esta ruta aseguró a esta alianza periodística que la situación es diferente en cada uno de los dos tramos contratados. En la vía Puente Arimena - El Viento, apenas a finales de septiembre de 2022 comenzaron las obras de sostenimiento aunque no las de pavimentación, pero "eso es como echarle bultos de azúcar al mar porque el invierno es muy fuerte. El contratista ya reinició, están tapando algunos huecos, los más críticos, pero eso lo arregla el 'ingeniero verano' porque siempre arreglan cuando está lloviendo".
En agosto, dijo Torres, la representante a la Cámara, Aleida Durán, les explicó que la plata del anticipo sólo alcanzó hasta la segunda semana de abril y con el nuevo gobierno se paró todo, pero ahora se reinició. "También había un problema con los permisos para talar bosques para impedir la afectación de fauna, pero según supe en una reunión en la Gobernación, esa autorización ya se dio".
El otro tramo, entre Puerto Carreño a Juriepe, según Torres, no tiene avance alguno porque el invierno impide el paso completamente.
Otros dos contratos que firmó el consorcio de Meco y Construcciones El Cóndor, CM Putumayo entre mayo y junio de 2021, los cedieron con aprobación de Invías a finales de abril de 2022. La cesión detuvo las obras que lleva esperando la comunidad de la región más de dos décadas. Apenas el 17 de agosto de 2022, fueron suscritas las nuevas pólizas, ahora el Invías está esperando un nuevo plan de trabajo para el reinicio de la compleja obra.
Este usuario de la carretera muestra en twitter lo que debe sufrir hoy un conductor que haga ese recorrido y se une al reclamo de los habitantes de Putumayo
Meco cede o vende los alardeados contratos 4G
No fueron las únicas cesiones. Dos grandes obras contratadas con la Agencia Nacional de Vías, ANI, y el Invías en la Costa Atlántica, fueron entregadas a sus socios y a otros constructores en este 2022.
La mencionada obra de Autopista al Río Magdalena 2 también la cedió Meco a su socio, Construcciones El Cóndor en marzo de 2022, cuando apenas tenía un avance de obra de 37,2%. En sus reportes a accionistas, Construcciones El Condor S.A notificó al mercado que se había firmado un otrosí por el cual Meco cedió el contrato que tiene un precio máximo de un 1,72 billones de pesos a Cóndor. Dijo Cóndor que el negocio representaba “ un aumento para el backlog de la compañía, toda vez que en el contrato inicial solo consideraba el 50% del precio inicialmente contratado.”
También cedió el manejo del contrato para la construcción de la variante de Ciénaga, en el departamento caribeño del Magdalena, que tiene una cuantía de 160 mil millones de pesos (unos US$55,4 millones de la época). Esta licitación fue obtenida en 2016 por el Consorcio Meco Magdalena 039, por encima de 14 ofertas más bajas. Con esta obra, el Gobierno esperaba sacar diez mil vehículos de la zona urbana del municipio de Ciénaga y mejorar la movilidad.
Estaba proyectada para ser ejecutada en 38 meses, es decir que a mediados de 2019 debió ser entregada, pero hasta hoy continúa sin una fecha exacta de finalización y liquidación de contrato. Los inconvenientes han sido muchos, casi todos originados por las protestas de los ciudadanos que iban a ser afectados por la vía y que reclamaron no haber sido consultados y tuvieron que hacerse nuevos trazados. El contrato fue cedido por Meco a la compañía Mincivil que, en abril 22 de 2022, recibió el visto bueno de la aseguradora para continuar con la obra y hasta ahora no hay reportes de avances.
Esta alianza periodística envió el 29 de septiembre de 2022 un cuestionario al dueño de Constructora Meco, Carlos Cerdas, pero al cierre de esta edición, no había contestado.
En suma, Meco tuvo diez años de un éxito vertiginoso en que a través de asociaciones entre sus propias empresas y con otras del sector y llegó a abarcar una buena parte del mercado de la infraestructura con docenas de contratos. Apenas contando los más grandes, obtuvo contratos por 9 billones de pesos (equivalentes a US$3.673 millones según cálculos de esta alianza periodística basados en las bases de contratación públicas SECOP I y SECOP II y en la ANI). Comenzaron en el sistema integrado de transporte de Cali y luego se movieron a la construcción de medianos y pequeños aeropuertos, hasta llegar a la construcción de carreteras 4G y consolidarse durante el gobierno de Iván Duque con la obtención, de manera simultánea, de varios contratos para construcción de vías dentro del plan para la recuperación después de la pandemia. Meco llegó a obtener contratos para construir más de mil kilómetros de vías.
El gobierno colombiano le siguió adjudicando contratos, a pesar de que desde 2018 era ya público que su dueño y fundador, Carlos Cerdas, había admitido haber pagado millonarios sobornos en Panamá y de que en 2019, la justicia costarricense le había abierto las dos investigaciones de Cochinilla y Diamante por posible corrupción. El riesgo reputacional terminó afectando su crédito, llevándola a ceder sus contratos, que causaron demoras en casi todas las obras y sobrecostos. Ahora son los usuarios y contribuyentes colombianos los que han sufrido las consecuencias.
En Tras los pasos de Meco participaron como:
Coordinación editorial: Ángela Contador y Marco Dalla Stella
Editora de datos: Margarita Torres
Producción general: Luisa Fernanda López Arias
Diseño gráfico: Alejandra Saavedra
Tras los Pasos de Meco es una investigación periodística de el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística - CLIP, CRhoy.com de Costa Rica, Foco Panamá de Panamá y El Espectador de Colombia.