¿Dónde nace el poderoso río Amazonas? La pregunta ha perseguido a científicos, exploradores y conquistadores durante siglos. Sin una respuesta certera, se cree que su cabecera más lejana está en el nevado Mismi, a 5.500 metros de altura, cerca de la ciudad peruana de Arequipa. Del deshielo de ese glaciar nace la quebrada Carhuasanta, que alimenta al riachuelo Lloqueta, que desagua en el río Apurímac, que desemboca en el Ene, que se convierte en el Tambo antes de volver a cambiar de nombre a Ucayali hasta por fin verter sus aguas en el Amazonas. Otro estudio más reciente lo ubica en varias quebradas que alimentan el lago Chinchaycocha, en el centro del Perú, donde iniciaría su recorrido sinuoso de más de 6.300 kilómetros hasta su vasto delta en el Océano Atlántico.

De todos modos, en lo que sí coinciden todos los científicos es en que muchos de los ríos que nutren la cuenca amazónica nacen en los páramos de los Andes, entre el sur de Colombia y el norte de Perú. Con sus grandes extensiones de pajonales y cojines húmedos en la cima de la cordillera, casi siempre cubiertas por una capa de niebla apenas interrumpida por las siluetas de los espigados frailejones, estos ecosistemas de alta montaña y suelos perennemente encharcados han fascinado a los científicos desde hace décadas.

Hogar de especies emblemáticas como el cóndor, el oso de anteojos y la danta de montaña, los páramos son como islas en la cima de las montañas, cuyas plantas y animales desarrollaron adaptaciones únicas para sobrevivir al clima extremo. “Quizá en ningún otro lugar se puedan encontrar reunidas, en un espacio tan reducido, especies tan bellas y notables desde el punto de vista de la geografía vegetal”, escribió el explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt cuando pasó por un páramo hace dos siglos. La ciencia hoy le da la razón: un 60% de plantas en páramos solo se encuentra allí.

Son además los parajes que más rápidamente evolucionan en el planeta, según descubrió una investigación hecha por el botánico Santiago Madriñán y el genetista vegetal Andrés J. Cortés, ambos colombianos. Una sola hectárea de páramo puede almacenar hasta 2000 toneladas de carbono en sus turberas o humedales, que es entre 5 y 10 veces lo que captura un bosque tropical, según midió el ecólogo Juan Carlos Benavides.

Además son verdaderas fábricas de agua que ayudan a sostener un circuito que suelta agua desde la punta de los Andes hacia el caudaloso Amazonas para terminar en el Atlántico, donde el agua inicia el camino de regreso a la cordillera en forma de humedad atmosférica. Allí cae de nuevo como lluvia, en un círculo virtuoso que provee agua a ciudades tan lejanas como Bogotá, Quito, Lima y hasta São Paulo y Buenos Aires.

En estas latitudes decimos que andamos ‘emparamados’ cuando un aguacero nos empapa.

En los países andinos entendemos cada vez mejor esa importancia que tienen los páramos en el ciclo del agua y los servicios que nos prestan para beber, producir alimentos y generar energía. “Buscaré en las nubes, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar”, canta Jorge Velosa en una carranga que sigue el recorrido de una gota desde la cumbre hasta el mar y de vuelta. Más recientemente, los niños colombianos se enamoraron de Frailejón Ernesto Pérez, un personaje animado creado por la televisión pública que les enseña a lavarse los dientes con el grifo cerrado y a gastar menos electricidad para cuidar el agua (dado que, como cuenta otro reportaje de este proyecto, los países andinos dependen de hidroeléctricas para tener luz).

Aún así, son poco conocidos fuera del norte de los Andes -el lugar donde se les encuentra por excelencia, con algunos otros pequeños en Costa Rica y Panamá, y primos lejanos en África oriental y Nueva Guinea- al punto que no tienen una traducción clara al inglés (en el que a veces son ‘moors’ o ‘moorlands’, otras ‘tundra alpina’ pese a que no son ni una ni la otra). Quizás por eso no sea una sorpresa que son científicos colombianos y ecuatorianos, cuyos países albergan la mayor parte de páramos en el mundo, los que más vienen estudiando en años recientes sus singularidades.

Pero también son ecosistemas bajo presión permanente. Poblados por unas 76 mil personas en Colombia, los páramos vienen perdiendo cobertura vegetal por el avance de la ganadería, la agricultura y hasta de la minería. Entre mayor deforestación y degradación sufran, más se afectan los servicios ambientales que nos prestan, comenzando por el agua. De ahí que estén en el centro de los debates sobre lo que en los círculos de política pública se llama el pago por servicios ambientales (PSA), guiados por la pregunta: ¿deberían los habitantes de ciudades que dependen del agua que fluye desde los páramos contribuir económicamente a su cuidado?

 

 

En el páramo de Cumbal, en la esquina suroccidental de Colombia y justo en la frontera con Ecuador, están parte de los problemas y de las respuestas.

Históricamente uno de los páramos más intervenidos y degradados de Colombia, en los resguardos indígenas del complejo de Chiles Cumbal las vacas lecheras y los cultivos de papa pueblan potreros cada vez más altos, rozando los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Son ejemplos de una expansión acelerada de la frontera agropecuaria a costa de los páramos y su ecosistema vecino, el bosque andino o de niebla, por donde fluye el agua buscando la selva. Pero también son el epicentro de un proceso de recuperación del páramo que ha visto a decenas de sus habitantes multiplicar viveros de plantas nativas, proteger los nacimientos de agua y concientizar a sus vecinos de ese activo, como muestra el álbum de los custodios del páramo de Cumbal que también forma parte de esta investigación periodística.

En 2022 surgió un proyecto del mercado de carbono que prometió generar ingresos para que los habitantes indígenas pastos de Chiles Cumbal pudieran proteger esos dos ecosistemas y los servicios ambientales que proveen. La mayor parte del dinero lo puso la filial colombiana de la petrolera estadounidense Chevron, que pagó por usar 1,1 millones de créditos de la iniciativa llamada Pachamama Cumbal, como el vocablo quechua de ‘cuidado de la Madre Tierra’, para reducir su huella ambiental.

Solo que ese dinero no ha llegado a manos de quienes deberían ser sus beneficiarios. La regulación colombiana exige que estos proyectos consulten a las comunidades locales y respeten sus derechos, pero numerosas investigaciones hechas por el CLIP muestran que con frecuencia han pasado por encima suyo.

En Cumbal esa situación ha sido extrema. Sus habitantes no se habían siquiera enterado de la existencia de la iniciativa ambiental en su territorio sino hasta después de que la petrolera contabilizara esos resultados de cuidado ambiental. Preocupados por un proyecto hecho a sus espaldas, un grupo de profesionales indígenas de Cumbal llevó el proyecto a la justicia. Dos jueces de primera y segunda instancia les dieron la razón. Sentenciaron que sus derechos fundamentales habían sido violados y ordenaron su suspensión.

A pesar de la victoria legal, los cumbaleños no han recibido el dinero que les corresponde. La empresa mexicana que estructuró el proyecto Pachamama Cumbal y vendió los créditos, que contrató como auditores a los ex socios de negocios de su gerente, como si fueran terceros independientes, no ha publicado los documentos del proyecto, según el estándar de esa industria, y no responde si finalmente giró el dinero al resguardo. Hace dos años se escudó en el fallo judicial que suspendió la iniciativa para argumentar que legalmente no le era posible transferirlo. La certificadora que le autorizó la entrada al mercado dice que no le consta que le llegaran recursos al resguardo. La petrolera que se benefició de esos créditos argumenta que no es responsable del problema. La auditora que validó el proyecto no responde. Y el Estado colombiano no ha dicho nada.

Todo eso mientras los indígenas de Cumbal sueñan con poder financiar a largo plazo las actividades con las que intentan conservar el páramo, que vierte sus aguas hacia el Océano Pacífico pero recibe casi la mitad de su precipitación gracias a los ‘ríos voladores’ que vienen desde la Amazonia. Y asegurar así que el agua sigue fluyendo.

 

I.

Esponjas en el filo de la cordillera

“Los páramos son fábricas de agua. Tenemos que protegerlos, porque eso es proteger el agua y el agua es lo más importante para la vida”, dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos cuando su gobierno delimitó los 37 complejos de páramos que tiene el país y que equivalen a la mitad que existen en el mundo.

No es la única metáfora que ha hecho carrera para explicar el rol que cumplen estos ecosistemas en nuestra vida. El ecólogo tropical ecuatoriano Robert Hofstede los llama “esponjas”, el botánico Santiago Madriñán “torres de agua” y el climatólogo José Daniel Pabón “intermediarios del agua”, que -más que ‘producirla’ como en una fábrica- la bajan del aire al suelo.

Con ella describen su papel protagónico en un sistema continental de agua que circula entre el Océano Atlántico, la selva amazónica y la vertiente oriental de la cordillera, que incluso irriga regiones tan lejanas como la cuenca del Río de la Plata al sur (como muestran los reportajes de este proyecto sobre los arenales de Rio Grande do Sul y los campos del Uruguay). A ese camino de doble vía los científicos lo conocen como el sistema hidroclimático Atlántico-Amazonia-Andes, o AAA, aunque en el imaginario popular caló más el poético nombre de ‘ríos voladores’ que acuñó el meteorólogo peruano José Antonio Marengo para describir el fenómeno de transporte de humedad descubierto por su colega climatólogo brasileño Enéas Salati. Narrado desde los páramos donde se habla español, kichwa o nasa, queda la tentación de invertir su nombre y pensarlo como Andes-Amazonia-Atlántico.

 

 

En total, varias decenas de páramos en Colombia, Ecuador y Perú, donde se les llama jalcas, alimentan la cuenca del gran río Amazonas. En La Cocha Patascoy nace el río Putumayo, conocido por los brasileños como Içá, un afluente principal de todo el sistema. En el de las Papas, en el complejo de Sotará, nace el río Caquetá (Japurá para los brasileños) a sólo 2,5 kilómetros de donde empieza a correr el río Magdalena -el más largo de Colombia- hacia el mar Caribe. En los del parque nacional Llanganates nace el río Napo que navegó el conquistador español Francisco de Orellana al inicio de su travesía hasta el Atlántico. Y buena parte de los páramos de Venezuela y del norte de Colombia alimentan el río Orinoco, el tercero más caudaloso del mundo.

 

 

Unas 17 millones de personas en Colombia y 8 millones en Ecuador dependen del agua de altísima calidad que emana de ellos. Solo Bogotá recibe 14 mil litros de agua por segundo del páramo de Chingaza y la mitad de la capacidad hidroeléctrica del país se beneficia del agua que viene de allí.

Todos los elementos del paisaje contribuyen a ese sistema que, en palabras de Hofstede, “recoge el agua y regula su flujo”. Sus suelos profundos, llamados andisoles e histosoles, pueden retener grandes cantidades de agua que van liberando poco a poco. Entre ellos sobresalen las turberas, con sus cojines de musgo y su fango repleto de materia orgánica que no se descompone por la ausencia de oxígeno. Varias de sus plantas, como los velludos frailejones, los árboles de papel (o Polylepis) que sueltan su corteza como papel mantequilla y las estrellas de páramo en forma de roseta, interceptan el agua de la niebla y la conducen al suelo.

 

 

Cada uno aporta su granito de arena -o su gotica de agua- en un sistema y un servicio ambiental que cada vez entendemos mejor pero que aún alberga muchas incógnitas. Una de ellas es cuánta agua adicional a la lluvia proviene de la niebla, el rocío o lo que interceptan plantas como el árbol de papel o coloradito – un fenómeno que los científicos llaman “precipitación oculta” o “lluvia horizontal”.

Un equipo liderado por el ecólogo ecuatoriano Esteban Suárez hizo varios experimentos en el páramo de Paluguillo, cerca de Quito, para entender qué vegetación permite mejor la infiltración de agua en el suelo, un indicador clave de que el ecosistema la logra retener y soltar gradualmente. Tras enterrar anillos de infiltración en el suelo y regarles un litro de agua encima, calcularon el tiempo que toma a cinco tipos de suelo absorberla. Concluyeron que la vegetación no perturbada es cuatro o cinco veces más efectiva. De ahí que preservar la capa gruesa de plantas en el suelo, advirtieron, es esencial para mantener su capacidad de regular el agua.

Otro grupo de hidrólogos de la Universidad de Cuenca, liderado por Mateo Jerves, probó que las aguas subterráneas juegan un rol fundamental en alimentar las quebradas de páramos, sobre todo en épocas de menos lluvia. Según sus mediciones en una quebrada del páramo de Kimsacocha, el acuífero no solo aportó el 12% del caudal de la microcuenca de Quinahuaycu sino que -al tener en cuenta que también alimenta los manantiales y algunos suelos histosoles- su contribución puede subir hasta el 74% del caudal cuando hay baja precipitación.

“Hay grupos de investigadores en Venezuela, Colombia y Ecuador que vienen entendiendo la fisiología de las plantas de páramo, la hidrología de estos ecosistemas, qué pasa con la cobertura vegetal y con el carbono. Estos esfuerzos buscan incidir en la política pública y, sobre todo, en cómo se maneja en los páramos la agricultura y la ganadería, en por qué recuperar los humedales, bofedales y turberas, en cómo es esencial guardar esa materia orgánica en el suelo para que se dé esa infiltración y liberación de agua lentamente a los riachuelos y después a las ciudades y los cultivos para garantizar la seguridad alimentaria e hídrica de todos quienes vivimos allí”, dice Andrea Encalada, una ecóloga de agua dulce que enseña en la Universidad San Francisco de Quito y fue co autora de la investigación sobre la relación entre tipos de cobertura vegetal e infiltración del agua al suelo. 

 

 

Pese a esos avances, advierte Encalada, la ciencia de páramos todavía no tiene el apoyo estatal que requiere. “Esos grupos de investigación son potentes y buenos, pero son pequeños y hay poco apoyo a la investigación. A pesar de la importancia de lo que están haciendo estos científicos, sigue siendo difícil traducir esta información para políticas públicas y no está llegando como debería llegar”, dice. 

Por eso varios de ellos, liderados por Robert Hofstede y Esteban Suárez, están creando un panel científico para los ecosistemas andinos que busca replicar el modelo que funciona con éxito en la Amazonia desde hace cinco años. La idea del Panel Científico de los Andes es, al igual que su homónimo amazónico, compilar y sintetizar la información científica que hay e impulsar su uso en soluciones adoptadas como políticas públicas. Parte de la financiación inicial vendrá del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

De hecho, muchos páramos están fuertemente conectados con la Amazonia, aún cuando vierten sus aguas hacia otras cuencas. Es el caso de Chiles Cumbal, cuyas aguas bajan hacia el Océano Pacífico a través de los ríos Patía y Mira, pero que recibe casi la mitad de su precipitación del bioma amazónico. 

Entre un 38 y 46% llega por ‘contribución directa’ (la lluvia que se origina en la Amazonia por el bombeo -o evapotranspiración- de los árboles del bosque y atraviesa el bioma hasta ese punto en el departamento de Nariño) y otro 7 a 8% por ‘contribución indirecta o en cascada’ (la lluvia que se  origina en la Amazonia, cae en regiones próximas y vuelve a reciclarse como humedad atmosférica para continuar su camino hacia los Andes), según estimaciones hechas por Sandro Pauli, físico de la Universidad Federal de Santa Catarina y especialista en modelos climáticos de rastreo de humedad atmosférica. Otro 19 a 24% de la lluvia viene del Pacífico y entre 13 y 16% del Atlántico.

Ese cálculo de cuánto aportan a Cumbal los ríos voladores provenientes de la Amazonia fue hecho por Pauli, quien forma parte del programa de formación en ecología cuantitativa del Instituto Serrapilheira de Brasil, entidad aliada en la investigación Aguas Partidas que coordinó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con ocho medios de la región. Para ello usó el modelo computacional UTrack que rastrea la trayectoria de las masas de aire paso a paso durante 30 días de viaje o hasta que casi toda esa agua caiga como lluvia. Eso permite calcular la contribución directa e indirecta en un punto determinado de unos 55 kilómetros cuadrados (0,5 grados en el mapa).

 

 

II.

Humanos en los páramos

El servicio ambiental de los páramos es, sin embargo, frágil y solo pueden prestarlo si están en buen estado. 

En Ecuador, por ejemplo, un 56% del área de páramos tiene alguna categoría de protección ambiental. mientras en Colombia la tiene un 45%. Eso incluye muchos de los parques nacionales más icónicos de ambos países, desde el Chimborazo o el Cotopaxi hasta la Sierra Nevada de Santa Marta o Sumapaz, el más grande del mundo.

 

 

Sin embargo, fuera de esas áreas protegidas, los páramos deben convivir con prácticas poco sostenibles. Muchas comunidades campesinas han expandido la frontera agropecuaria, tumbando tanto páramo como bosque nublado para meter ganado lechero, sembrar papa o sacar carbón vegetal para cocinar. En Colombia la mayoría de ‘parameros’ son propietarios de minifundios y pobres, según datos del Censo Nacional Agropecuario. También han ganado terreno especies foráneas como el eucalipto y el pino patula, voraces consumidores de agua.

En algunos páramos, como el mencionado Cumbal y el Cocuy en el nororiente de Colombia, las imágenes satelitales ya permiten observar potreros de ganadería por encima de los 3500 metros sobre el nivel del mar, como viene monitoreando el geógrafo Germán Bravo, de la Universidad de Nariño.

Esa huella humana no solamente reduce la cobertura vegetal y afecta el correcto funcionamiento de estos ecosistemas; también sufren la calidad del agua y los suelos. Remover la tierra con tractor ocasiona que pasen de ser sumideros de carbono y quizás metano (como probó una investigación reciente en Costa Rica) a liberar esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, agravando la crisis climática que en buen estado ayudan a aplacar. Sin cercas en las quebradas, las vacas defecan en el agua y la contaminan desde su nacimiento. Lo mismo ocurre con los pesticidas y fungicidas que usan en sus cultivos.

 

También la minería de oro y de carbón acecha. Colombia, consciente de su importancia hídrica, prohibió la minería y extracción de hidrocarburos en páramos en 2016, aunque debió lidiar durante una década con tres demandas interpuestas por empresas extranjeras que exploraban en el páramo de Santurbán. Al final las ganó. En Ecuador, el proyecto de la minera canadiense Dundee Precious Metals en Kimsacocha, un páramo que provee agua a Cuenca y cuya historia pueden ver en este documental que forma parte del proyecto, generó un agudo conflicto socioambiental. Algo similar había ocurrido con otros planes mineros de la empresa china Junefield Ecuagoldmining cerca del Parque Nacional Cajas. En total hay un 7,49% del páramo en Ecuador bajo concesiones mineras.

 

 

De algunos de estos problemas ya hay evidencia científica. Por ejemplo, los hidrólogos ecuatorianos Bert De Bièvre y Vicente Iñiguez probaron que la reforestación del páramo con pino patula, originario de Centroamérica y muy extendido por Colombia y Ecuador, reduce el caudal de los ríos que allí nacen hasta en un 50%. Esa caída en el flujo de agua, advirtieron, puede poner en riesgo el suministro y cobra mayor relevancia en épocas de sequía. Otro estudio encontró que los suelos cultivados por más de dos años en páramos de Ecuador pierden un 16% de capacidad de retener agua. 

Estos estudios científicos coinciden en que una menor capacidad de los páramos de proveer agua suele estar asociada a que pierdan sus suelos ricos en materia orgánica o su vegetación.

El riesgo es que, en épocas de intensificación del ciclo hidrológico, en las que hay más sequías prolongadas y lluvias extremas, haya momentos en que fluye menos agua de la que nuestros países necesitan para funcionar o que baje demasiada sin que el ecosistema pueda regular su caudal.

 

III.

Vivir mejor en el páramo

En las últimas dos décadas, cientos de científicos y técnicos ambientales vienen pensando maneras en que se pueden incentivar modos más sostenibles de vivir en el páramo. Solo en Colombia se han sucedido varios programas, financiados por una mezcla de recursos públicos y cooperación internacional: Páramo Andino, Proyecto Páramos, Páramos y Bosques, Páramos para la Vida, además de la política pública para delimitarlos a una escala de 1 a 25 mil…

Estas iniciativas han ido perfeccionando una caja de herramientas que busca lo que la Ley de Páramos, aprobada en 2018, llamó una “gestión integral” del ecosistema. A grandes rasgos, apunta a cuatro objetivos simultáneos: trabajar con las comunidades que viven allí para fortalecer su gobernanza y pensar las soluciones, conservar las áreas que están en buen estado, restaurar las que están degradadas y volver las actividades productivas más sostenibles de lo que hoy son.

 

 

“Cuando facilitamos la vida de los habitantes y las decisiones de manejo surgen de ellos -y no solo de la decisión del Estado- logramos cambios de percepción y mejoras en la calidad de vida que, a su vez, redundan en mayor bienestar ambiental”, dice el biólogo Felipe Rubio Törgler, quien fue director del parque nacional en el páramo de Iguaque y ha participado en casi todos los programas en páramos.

Ese trabajo en llave es el que permite lo que el Instituto Humboldt, la entidad pública colombiana que estudia la biodiversidad, ha llamado “transiciones socio-ecológicas hacia la sostenibilidad” – cambios en la manera de vivir y producir que ayudan a conservar los ecosistemas y reducir la desigualdad. En Cumbal, decenas de campesinos han traducido ese concepto en oficios concretos, desde la brigadista que apaga incendios forestales hasta la campesina que propaga las semillas más difíciles, pasando por quienes monitorean pumas con cámaras trampa o la polilla que enferma al frailejón (y cuyos perfiles puedes leer en este otro reportaje del proyecto).

En muchos páramos colombianos se han implementado acciones de este tipo, pero todavía hay dos obstáculos para que logren reversar décadas de degradación: uno de conexión y otro de dimensión.

“¿De qué sirve tener un páramo perfectamente preservado si tumbamos todo el bosque de niebla, por donde luego corre ese agua? No es un solo ecosistema, sino la suma de varios. Hay que verlos como un sistema”, dice el geógrafo Carlos Sarmiento, que lideró la delimitación de los 37 complejos de páramos desde el Instituto Humboldt.

“Hemos tenido decenas de buenos proyectos pilotos, pero seguimos teniendo un problema de escala. Esos pilotos no modifican la realidad completa, pero nos dan pautas muy valiosas. Solo que la escala de incidencia territorial tiene barreras estructurales donde nos gana la fuerza del mercado”, dice Felipe Rubio Törgler. Para él, ese problema solo se puede resolver trabajando en llave con sectores como el agropecuario y el minero para impulsar alternativas como la agroecología (reduciendo el uso de químicos y tractores) u otras actividades productivas. La Ley de Páramos de 2018 plantea ese trabajo coordinado, pero no se ha cumplido.

 

IV.

El proyecto de carbono a espaldas de sus habitantes

En Cumbal, en la frontera paramuna de Colombia con Ecuador, surgió alguien con capacidad de traer esa escala y la plata que se necesita para poder dar el salto de pilotos a un territorio completo. Era tan ambiciosa que prometió brindar “oportunidades laborales y beneficios directos e indirectos para 37.033 habitantes de 38 veredas” a lo largo de 100 años, que luego redujo a 75. Hasta el 2092.

Se trata de un proyecto del mercado de carbono en los cuatro resguardos indígenas que comparten la parte sur del complejo de páramos Chiles Cumbal. Su objetivo es “la protección y conservación de ecosistemas dominados por bosques alto y sub andinos así como una extensa región paramuna en los Andes del Sur colombiano”, según promete su informe de monitoreo. Además de Cumbal, donde viven unos 18 mil indígenas pasto, incluyó a los resguardos vecinos de Chiles, Panán y Mayasquer, que suman otros 10 mil pastos. El área total del proyecto es de 42.413 hectáreas – lo mismo que las islas de Barbados o Curazao.

Impulsado por la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y por su filial colombiana SPV Business S.A.S., el Proyecto Ambiental Redd+ de Protección Pachamama Cumbal fue aprobado por el estándar de certificación colombiano ColCX y llegó al mercado en octubre de 2022. Como otros proyectos del tipo Redd+, enlaza a comunidades locales que cuidan ecosistemas estratégicos para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada bono o crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no subiría a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.

Su documento descriptivo incluye las actividades que están ya haciendo muchos habitantes de Cumbal. Aunque es difícil entender solo mirando el papel si la iniciativa tiene una visión integral del manejo del páramo o no, coincide en gran medida con lo que vienen recomendando los científicos ambientales en Colombia.

De hecho, tiene ejes de trabajo muy similares a los del programa gubernamental Páramos para la Vida: fortalecimiento de la gobernanza indígena, conservación de los ecosistemas en buen estado, restauración de áreas degradadas y actividades de uso sostenible agropecuario. Dentro de ese esquema, propone actividades de educación ambiental, monitoreo comunitario de la vegetación, viveros comunitarios para propagar especies nativas, cercado de zonas para recuperación y enriquecimiento forestal. Menos ambiciosa es su propuesta para la reconversión de un modelo de ganadería extensiva hacia uno agrosilvopastoril: habla de la importancia de aislar fuentes de agua, rotar potreros, establecer bancos forrajeros con plantas nutritivas para las vacas y plantar cercas vivas de especies nativas para lograr mayor producción de leche en menor espacio y conectar mejor los parches de bosque, pero describe esas actividades como “adicionales”.

 

 

En total, el proyecto se muestra muy confiado de la capacidad de los proyectos de carbono de su tipo de cambiar las condiciones en los páramos. “Actualmente, sin alternativas concretas como las que se pueden alcanzar con la implementación de REDD+, es imposible cambiar el modelo económico de la ganadería de altura, los monocultivos en los páramos (i.g., papa, ajo, hortalizas), la minería, la sobre explotación de maderas para construcción, artesanías, leña y las quemas periódicas en la región”, dice su documento descriptivo.

Muy rápidamente hubo una empresa interesada. Chevron Petroleum Company, la principal filial en Colombia de la petrolera estadounidense Chevron Global Energy Inc. y propietaria de 460 estaciones de gasolina de marca Texaco en el país, compró créditos del proyecto apenas siete días después de su aprobación. Entre octubre de 2022 y junio de 2024, la petrolera estadounidense compró y usó 1,1 millones de créditos de carbono del proyecto.

El problema es que quien debería ser su contraparte, la comunidad indígena en el centro del proyecto, no sabía nada. No estaba enterada de su planeación, ni de su ejecución. Tampoco de sus actividades, aunque coincidían con lo que muchos de ellos estaban haciendo. O de los recursos que les correspondían, dado que en Colombia los territorios indígenas son de propiedad colectiva.

Según las normas colombianas, las iniciativas REDD+ -que monetizan los esfuerzos que son efectivos en evitar la deforestación y degradación de bosques- deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, brindarle información transparente, garantizar su participación efectiva, rendirle cuentas y distribuir de forma justa sus beneficios. También deben fortalecer sus capacidades, respetar sus conocimientos tradicionales y fortalecer sus estructuras de gobernanza. 

Ocho condiciones claves que en Cumbal no se han cumplido.

 

V.

Un sistema completo que falló

¿Cómo pudo un proyecto que no era conocido por la mayoría de habitantes del resguardo de Cumbal ser certificado, llegar al mercado y vender créditos? 

La respuesta es una trama novelesca llena de opacidad, posibles conflictos de interés y contrapesos que no cumplieron con sus deberes.

En primer lugar, la empresa desarrolladora SPV Business firmó un contrato con el entonces gobernador del resguardo Ponciano Yamá. Decenas de integrantes del resguardo de Cumbal coinciden en que no fueron informados de éste ni participaron en su aprobación interna, como contó una investigación anterior sobre este caso hecha por el CLIP.

El documento que soporta el proyecto, que usualmente es público pero que en el caso de Pachamama Cumbal no estuvo disponible sino hasta comienzos de 2026, señala que se hizo un “proceso interno de consulta” en los cuatro resguardos y que los contratos firmados “reflejan la decisión unánime de la estructura organizativa y de gobernanza de los resguardos indígenas antes mencionados y por ende el cumplimiento del consentimiento previo, libre e informado para la correcta implementación del proyecto”. (Esta alianza periodística descargó tres informes de la plataforma de la certificadora ColCX el 23 de febrero de 2026, donde ya no estaban disponibles a la fecha de publicación. Por considerar que son de interés público, los publicamos acá, acá y acá). Consultada sobre por qué ya no se encuentran allí, ColCX respondió que “respecto a la consulta sobre los archivos que menciona de la plataforma, nos permitimos aclarar que dichos documentos no se encuentran disponibles debido a las obligaciones contractuales de confidencialidad establecidas para la información y documentación asociada al proyecto”).

Segundo, tras estructurar el proyecto y como parte del proceso de certificación, Global Consulting contrató a una empresa colombiana llamada Deutsche Certification Body S.A.S. para que lo auditara de forma independiente. Solo que, como contó la primera investigación del CLIP, había un problema de fondo: la gerente de Global Consulting, la mexicana Bárbara Lara Escoto, había sido accionista y fundadora de Deutsche Certification Body. Es decir, contrató a una empresa de la que había sido socia para realizar un trabajo en el que ésta debía “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según indicaba una de las normas internacionales que regulaba el trabajo de las auditoras y que regía en Colombia.

 

 

Según el reporte de validación de la auditora, el proyecto contó con socializaciones en las que “se ha dado solución a las inquietudes de los integrantes de los resguardos y se han aclarado todos los detalles del proyecto, el objeto de las actividades a realizar y los beneficios a obtener luego de su implementación”. Incluyó un listado de 45 personas del resguardo de Cumbal a las que entrevistó sobre “la información, las actividades, las condiciones y los tiempos” del proyecto.

Esta alianza periodística contactó a cuatro de las personas que aparecen en la lista. Hugo Tarapués y Wilson Chalpar dicen no haber sido entrevistados por ningún auditor, no saber por qué figuran sus nombres allí y no haber sido beneficiarios del proyecto. “Han puesto no más mi nombre. De esa plata nosotros no tenemos información”, dice Chalpar, quien es coordinador de la guardia indígena del resguardo y miembro de la brigada forestal comunitaria que controla incendios. “La verdad no tengo ni idea de esto: tuve conocimiento a grandes rasgos de los bonos de carbono desde la tutela (acción judicial) y el fallo, pero ni idea quién lo ejecuta ni quién lo evalúa”, dice Tarapués. Algo similar dice Vanesa Termal, cuyos padres Beatriz Taimal y José David Termal aparecen. “Acá no ha venido ningún auditor, ningún entrevistador. Una vez unas firmas ellos sí dieron, pero no supimos más y no nos dieron nada”, dijo.

Luego, la certificadora colombiana ColCX -que forma parte del grupo Valorem, uno de los conglomerados económicos más importantes del país- avaló a Pachamama y le permitió emitir créditos. En entrevista con el CLIP en 2022, su director Mario Cuasquen y su gerente técnica Catalina Fandiño reconocieron que “no habían escuchado” de la relación entre las empresas desarrolladora y auditora, y que no tenían en ese momento un procedimiento de gestión de conflictos de interés. Después de que los jueces de primera y segunda instancia ordenaron la suspensión del proyecto, Pachamama hoy aparece en su plataforma como ‘certificado’, aunque con una anotación que indica que los créditos “se encuentran retenidos como resultado de requerimientos legales”.

Para redondear la saga inverosímil, el Estado colombiano se desentendió del problema y no ha tomado ninguna acción para corregirlo.

 

 

La empresa compradora Chevron se ha defendido argumentando que confiaba que el proyecto contaba “con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de gobierno indígena y también (…) los procesos de socialización respectivos” e insistiendo en que tiene un robusto proceso de debida diligencia para garantizar que invierte en iniciativas de alta calidad. Sin embargo, después de los fallos judiciales que confirmaron esos problemas, la petrolera compró y usó más créditos del mismo proyecto. También compró 1,3 millones de bonos de otro proyecto en la Amazonia colombiana donde intervenían el mismo desarrollador, auditor y certificador tras las sentencias sobre Pachamama. En ese resguardo llamado Cotuhé Putumayo, ubicado en el río Putumayo que vierte sus aguas al Amazonas, los indígenas tikuna tampoco fueron consultados, como reveló otra investigación del CLIP de 2025.

Esta alianza periodística preguntó a Global Consulting si transfirió los recursos al resguardo de Cumbal y si podría relacionar la lista de personas allí que se beneficiaron económicamente por cada eje de trabajo. No respondió a los correos electrónicos enviados el 30 de julio y el 6 de agosto.

También consultamos a los cinco gobernadores del resguardo de Cumbal desde que inició el proyecto Pachamama Cumbal si los recursos que les correspondían fueron finalmente transferidos tras las sentencias judiciales. Ninguno respondió: ni el actual gobernador Juan Carlos Cuaical, ni Ponciano Yamá que firmó el contrato original, ni los tres -Héctor Villacriz, Antonio Cumbal y Jorge Puerres- que gobernaron en el medio.

Consultada si en algún momento constató que los recursos fueron girados al resguardo y cuántas personas se beneficiaron, la empresa compradora Chevron respondió que estuvo vinculada al proyecto hasta agosto de 2024 y que “desde esa fecha no hemos mantenido ninguna relación con Global Consulting y, por lo tanto, no tenemos conocimiento sobre el estado actual, desarrollo o actividades del proyecto”. No señaló si en algún momento verificó si los recursos llegaron o a quiénes. 

La certificadora ColCX respondió que no tiene constancia de giros hechos por Global Consulting y que “para el periodo oficialmente monitoreado hasta el año 2022 no se reporta un número específico de personas del resguardo de Cumbal que hayan recibido beneficios económicos directos derivados del proyecto”. Dada la orden judicial en contra del proyecto, explicó, “mientras no se levante la suspensión y los créditos permanezcan retenidos, el resguardo de Cumbal no ha podido obtener beneficios económicos derivados de la comercialización de dichos créditos en el marco del proyecto”. ColCX agregó que tuvo una “afectación económica” por cuenta de la suspensión legal.

La auditora Deutsche Certification Body no respondió.

Entre tanto, varios de los beneficiarios naturales que podría tener el proyecto de carbono y que trabajan en iniciativas ambientales afines dicen no haber recibido un peso de éste. “No sabemos a dónde se destinan esos recursos”, dice Luz Dary Chirán, líder de la brigada forestal comunitaria contra incendios. “Estamos de acuerdo que le llegue a la comunidad y apoye los proyectos. Pero no sabemos nada”, dice el viverista de José Miguel Aza.

Aunque al final es difícil comprender si las actividades de Pachamama Cumbal eran una lista de mercado o un plan integral, o si estaba bien planificada su ejecución, sobre el papel reúne mucho de lo que la ciencia y la política pública ambiental entienden que funciona para restaurar estos ecosistemas de alta montaña y preservar su capacidad de proveer agua a miles de personas.

Como dice Irma Chinguad, cultivadora agroecológica de papas nativas, “leído está bien, ¿pero cómo sabemos que llegan los recursos a los que realmente estamos cuidando los páramos?”

 

Referencias científicas

Claire Beveridge et al. “The Andes–Amazon–Atlantic pathway: A foundational hydroclimate system for social–ecological system sustainability”. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2024.

Walter Buytaert et al. “The effects of afforestation and cultivation on water yield in the Andean páramo”. Forest Ecology and Management, 2007.

Robert Hofstede et al. Los páramos del Ecuador: pasado, presente y futuro. Quito: USFQ Press, 2023.

Robert Hofstede et al. Los páramos del mundo. Quito: Global Peatland Initiative, UICN y EcoCiencia, 2003.

Mateo Jerves et al. “Unravelling the role of surface water–groundwater connectivity in the Andean páramo”. Hydrological Processes, 2026.

Santiago Madriñán et al. “Páramo is the world’s fastest evolving and coolest biodiversity hotspot”. Frontiers in Genetics, 2013.

Carlos Sarmiento et al. “Páramos habitados: desafíos para la gobernanza ambiental de la alta montaña en Colombia”. Biodiversidad en la Práctica: Documentos de Trabajo del Instituto Humboldt, 2017.

Esteban Suárez et al. “Influence of vegetation types and ground cover on soil water infiltration capacity in a high-altitude páramo ecosystem”. Avances en Ciencias e Ingenierías, 2013.