-Entre los años 2005 y 2020 autoridades forestales firmaron más de 1300 planes de manejo con información falsa que fueron usados para extraer madera de los bosques peruanos.
-Un portal elaborado por Proética ha recogido información oficial que muestra quienes han sido los regentes y funcionarios que participaron en la elaboración y aprobación de estos documentos fraudulentos.
En los últimos 15 años, las autoridades forestales aprobaron 1301 planes de manejo forestales (PMF) con información falsa. Esos 1301 documentos son los que se utilizan de manera oficial para extraer los árboles de los bosques y que son autorizados por los funcionarios a cargo de resguardar los recursos forestales del país.
Estos más de mil documentos fraudulentos han permitido que durante ese tiempo desaparecieran 132 740 árboles en Perú, los mismos que figuran en los papeles pero que no se han logrado encontrar en el campo porque en realidad forman parte de un mecanismo utilizado para ‘blanquear’ la madera que proviene del tráfico ilegal de especies maderables.
«En la actividad forestal todo se organiza a partir de los documentos», sentencia el Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, para explicar cómo «se utilizan los medios formales para encubrir las actividades ilegales».
Este esquema para legalizar la madera, que en realidad se extrae de lugares prohibidos, depende de los regentes forestales –profesionales acreditados por el Estado para elaborar los planes de manejo forestal– al inicio del proceso y de los funcionarios del sector forestal para que se concreten las autorizaciones.
¿Pero cuál es el papel de los funcionarios en este sistema fraudulento? Según información solicitada por Proética mediante la Ley de Transparencia al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) entre los años 2005 y 2020, un total de 614 funcionarios en 13 regiones de Perú participaron, de alguna forma, en la autorización de planes de manejo que contenían información falsa. Todos estos datos reunidos por Proética, el capítulo de Transparencia Internacional en Perú, han permitido construir una plataforma, que sistematiza la información contenida en 1301 Planes de Manejo Forestal (PMF). Este equipo periodístico tuvo acceso al piloto de esta plataforma, que se lanzará en junio.
Los funcionarios que avalan la falsificación
«Hemos elaborado una plataforma en la que se podrá visualizar a todos los actores que han participado en la aprobación de planes de manejo forestales con información falsa o inexistencia de árboles», explica Frank Rivero, especialista forestal del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética.
Esta herramienta, creada en base a los informes de supervisión de Osinfor desde el año 2005, muestra, por ejemplo, que durante todo ese tiempo 135 consultores o regentes elaboraron estos documentos fraudulentos.
También se incluye a todos los funcionarios que participaron de alguna etapa del proceso para la aprobación de estos documentos. Las cifras indican que 113 funcionarios que estuvieron en el cargo más alto de las gerencias forestales o de las oficinas administrativas forestales en 13 regiones del Perú, estamparon su firma en documentos que contenían información fraudulenta. Es decir, tuvieron la decisión final.
El número de personas sube cuando se trata de los funcionarios que recomendaron la aprobación de estos planes. En este caso, han sido 281 quienes elaboraron un informe para indicar que los datos consignados en los planes de manejo eran reales.
Fotografía: Saúl Linares
Adicionalmente, fueron 220 los profesionales técnicos del sector forestal en las regiones quienes se encargaron de la inspección ocular en los bosques. Es decir, funcionarios que fueron al campo a comprobar que lo consignado en los documentos elaborados por los regentes era real.
En total, estos 614 funcionarios fueron los responsables de que más de 100 mil árboles fueran talados en lugares no autorizados, pues estos documentos se utilizaron precisamente para extraer madera de lugares prohibidos como los bosques primarios de áreas naturales protegidas, comunidades indígenas o bosques de producción permanente, así como para comercializar especies que están bajo algún nivel de amenaza.
«Cuando los árboles son inexistentes, el regente forestal ha creado un inventario falso, el funcionario de campo ha validado esa información falsa, y quien aprueba y valida lo falso está creando cheques en blanco. Y ese saldo a favor se está usando para lavar madera», dice Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).
Urrunaga precisa, además, que no solo se trata de la cantidad de planes de manejo fraudulentos que se usan para blanquear la madera, sino también de las especies que se incluyen en ellos. «No es lo mismo un árbol de cumala que uno de caoba, cedro o incluso un shihuahuaco», menciona, refiriéndose a aquellas especies cuya extracción y comercialización está restringida e incluso prohibida, así como a especies que están en serio riesgo de extinción.
«Los funcionarios se reciclan, pasan de una gestión a otra. Es irresponsabilidad poner a alguien cuestionado a cuidar los recursos», reclama Julia Urrunaga. Se refiere a los funcionarios que, pese a haber participado en la aprobación de 5, 10, 20 y hasta 85 planes de manejo con información falsa, continúan trabajando en instituciones del sector forestal en el Estado.
Entre estos casos están el de Kenjy Terán, quien acaba de dejar la gerencia regional de gestión forestal y fauna silvestre del Gobierno Regional de Loreto, y el de Marcial Pezo Armas, quien tiene el mismo cargo en la región Ucayali. Los suyos son dos de los nombres que aparecen en la larga lista de funcionarios que autorizaron la tala de cientos de árboles que figuraban en planes de manejo fraudulentos.
«Es importante visibilizar esta información para que los tomadores de decisiones puedan contar con datos que les permita evaluar adecuadamente las contrataciones o designaciones de funcionarios en el sector forestal», dice Rivero de Proética.
Los casos de Loreto y Ucayali
En el reportaje Bosques saqueados: regentes forestales falsificaron más de 1200 expedientes para lavar madera, Mongabay Latam presentó a los regentes y consultores que durante diez años se habían dedicado a elaborar estos documentos fraudulentos.
Ahora, la plataforma creada por Proética suma los nombres de los funcionarios involucrados en este sistema que por años aprobaron planes donde figuran árboles que no existen.
Fotografía: Katya Zevallos / OjoPúblico
En la herramienta diseñada por Proética se pueden encontrar datos como, por ejemplo, los nombres de los funcionarios que fueron a campo a corroborar la información de los PMF y que aseguraron, hasta en 22 oportunidades en algunos casos, que los árboles consignados en los planes eran reales.
En el ranking también aparecen funcionarios que llegaron a elaborar hasta 55 documentos para recomendar que se aprueben estos planes de manejo con información fraudulenta.
En cuanto a directores forestales y responsables de oficinas forestales regionales, la data muestra casos de quienes firmaron hasta en 85 oportunidades los documentos con datos falsos. Uno de ellos es Marcial Pezo, actual director de gestión forestal y de fauna silvestre de la región Ucayali, que entre el 2011 y el 2014 aprobó hasta 59 de estos planes de manejo.
Entre los PMF que pasaron por sus manos aparecen títulos habilitantes de comunidades nativas, predios privados y concesiones forestales maderables. En algunos casos, Pezo llegó a firmar documentos en los que la cantidad de árboles fantasma o inexistentes llegaba al 100%.
En Loreto ocurrió lo mismo. Kenjy Terán recomendó la aprobación de nueve planes de manejo con información fraudulenta en el 2009, cuando era funcionario del sector forestal en el gobierno regional. Pese a estos antecedentes, Terán llegó a ocupar un cargo clave en la actual gestión del Gobierno Regional de Loreto, al ser designado director de gestión forestal y fauna silvestre.
Los casos que involucran a Terán se dieron en concesiones maderables y la cantidad de árboles inexistentes en estos planes de manejo van desde el 40% hasta el 100%.
Mongabay Latam se comunicó con el equipo de prensa de la gerencia forestal de Ucayali para recoger la versión de Pezo. Sin embargo, a pesar de que indicaron que atenderían nuestra solicitud, hasta el cierre de esta edición no respondieron a nuestras preguntas. Kenjy Terán tampoco respondió a nuestras llamadas.
El procurador Julio Guzmán explica que en el 2015 ocurrió un quiebre en la forma en que el Estado sanciona estos delitos. Ese año se incluyó una modificación en el Código Penal peruano sobre los delitos ambientales.
«Hasta el 2015 solo eran delitos si las especies sustraídas o sobre las que existía información falsa eran especies protegidas. A partir de noviembre de 2015 se incluye a todas las especies, no solo las protegidas y, más bien, las protegidas se convierten en un agravante para determinar las penas», explica Guzmán.
Guzmán menciona el caso del barco Yacu Kallpa, la embarcación intervenida en Iquitos en el año 2015 con un cargamento de madera de origen ilegal. «El Yacu Kallpa marcó un hito en este tema».
Finalmente, Guzmán señala que con el portal elaborado por Proética «la sociedad civil está cumpliendo un rol activo y de vigilancia ante un Estado lento y con actuaciones contradictorias. Ahora nos toca a los entes operativos valernos de esa información para mejorar la gestión».
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En esta investigación periodística transfronteriza colaboraron, además:
Reportería: Sarena Snider, Ian James Hodgson
Producción: Luisa Fernanda López Arias
Audiencias: José Luis Peñarredonda
Administración: Emiliana García
Análisis de datos: Rigoberto Carvajal
Webmaster: Diego Arce
Ilustraciones: Miguel Méndez
Animación: Pardix
Edición de video: Luis Gabriel Morales
